“Pude salir con mucho esfuerzo, pero salí” así narra la mexicana Patricia Leal su experiencia durante la estampida en Itaewon, en Corea del Sur, que dejó un saldo de 146 personas fallecidas y al menos 100 heridos esto en entrevista con “A la Una” con Salvador García Soto en El Heraldo Radio.

Declaró que desde temprano fue a Itaewon ubicado en Seúl porque intuyó que habría mucha gente, el barrio se caracteriza por ser el punto más concurrido para celebrar Hallowen y este era el primer año que se celebraía sin restricciones desde el inicio de la pandemia.

“Cuando salí como de entre toda la multitud de ese callejoncito se escuchaban muchas ambulancias, la gente que estaba llegando todavía era irreal, o sea el metro estaba atascadísimo” narró Patricia Leal.

La joven explicó que “el tema con Itaewon es que es super chiquito, una pequeña callecita con varios bares, antros, etcétera y el acceso es a través de callejoncitos o calles muy pequeñas… justo donde paso la tragedia, es una calle muy chiquita tiene un ancho como de 4 metros”.

 “En la mañana que me desperté, tenía muchos mensajes de amigos y de familiares desde México, ya vi la gravedad del asunto”, compartió Patricia Leal.

Patricia Leal compartió las posibles causas del incidente

Respecto a la causa del accidente compartió que "se dice por acá en las noticias que la gente intentó ir hacia algún lugar porque decían que había una celebridad en unos de los lugares”. Hasta el momento las autoridades surcoreanas informaron que Lee Ji Han, actor y participante del reality show "Produce 101" perdió la vida en la estampida, pero no han corroborado que ese sea el motivo de la tragedia.

“Otros dicen que era porque en algún momento se escuchó como una explosión y la gente se asustó, se empezaron a apachurrar, aparte hubo gente que cayó y fue como un efecto domino, también se especula que fue un poco porque Itaewon no es totalmente plano, esa callecita es como de bajadita que esto también ayudo que hubiera gente que se cayera" añadió la mexicana.

“Se siente como un ambiente como bien lúgubre por acá si había mucha gente que obviamente está yendo hacia el lugar con flores, muchos lugares no abrieron hoy, algunos eventos se pospusieron, es bastante triste” puntualizó Patricia Leal.

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El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol fue puesto bajo custodia policial este jueves por segunda vez por varios cargos relacionados con el antes y el después de su fallido intento de imponer la ley marcial en el país el pasado mes de diciembre.

El juez Nam Se-jin, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, emitió de madrugada una orden de arresto contra el exmandatario, solicitada por el fiscal especial Cho Eun-suk, alegando preocupación de que pudiera destruir pruebas vinculadas a su procesamiento penal.

El equipo de la fiscalía liderado por Cho solicitó la orden de detención por cinco cargos: obstrucción especial de deberes oficiales, violación de la ley del Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), abuso de autoridad para obstruir derechos, falsificación de documentos oficiales y destrucción o manipulación de registros públicos.

Yoon y sus abogados asistieron en la víspera a la audiencia por la petición y rechazaron todas las acusaciones, antes de que el expresidente fuera trasladado al Centro de Detención de Seúl, en Uiwang, al sur de la capital, donde estuvo esperando al fallo y sería posteriormente puesto bajo custodia de las autoridades.

Es la segunda vez que Yoon es detenido. Su primer encarcelamiento se produjo el pasado enero, cuando ya estaba suspendido de sus funciones como presidente tras su "impeachment" por parte del Parlamento, pero antes de ser destituido oficialmente.

Yoon fue destituido en abril al declararse inconsitucional su decreto de estado de excepción. Según la investigación dirigida por Cho, Yoon trató de legitimar esa acción mediante una serie de decisiones y maniobras que sustentan el arresto.

Entre las acusaciones más relevantes figura la manera en que Yoon convocó y condujo la reunión de gabinete previa a la declaración de la ley marcial. Según los fiscales, el 3 de diciembre de 2024 citó únicamente a 10 de los 19 ministros del gabinete, todos considerados leales a su causa, excluyendo deliberadamente a los restantes para impedir que pudieran oponerse o cuestionar su decisión.

La reunión duró menos de cinco minutos y fue presentada como un trámite formal para legitimar su proclamación del estado de excepción, pese a que la Constitución exige deliberación plena del gabinete.

Posteriormente, un funcionario presidencial, también imputado en la investigación, habría falsificado las actas para aparentar que la reunión duró 40 minutos y se realizó con mayor participación y debate del que realmente hubo.

Asimismo, Yoon habría instruido a su portavoz para medios extranjeros difundir declaraciones falsas de que el decreto de ley marcial no violaba el orden constitucional y que los legisladores no habían sido restringidos para entrar a la Asamblea Nacional y votar por la suspensión del estado de emergencia.

Otras acusaciones detallan que Yoon dijo en enero a su personal de seguridad que desenfundaran sus armas en caso de un intento de detención en su contra para intimidar a los agentes.

También se le imputa haber ordenado al entonces subjefe del SSP la eliminación de los registros de canales cifrados usados por militares implicados y, adicionalmente, se señala que se redactaron documentos antedatados para dar apariencia de legalidad a la ley marcial, los cuales luego fueron destruidos.

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El presidente surcoreano, Lee Jae-myung, dijo este viernes que recompensar el patriotismo es una responsabilidad y un deber de la nación, y se comprometió a brindar una "compensación especial" a quienes sacrifican su vida por la patria.

Se compromete con el personal militar

Lee hizo estos comentarios durante su primer discurso en un memorial como mandatario desde que asumiera la presidencia este pasado miércoles, concretamente en una ceremonia en el Cementerio Nacional de Seúl con motivo del Día Nacional de los Caídos.

"Recompensar el patriotismo es el mínimo reconocimiento al sacrificio y la dedicación", dijo el presidente surcoreano, que añadió que buscará mejorar las compensaciones otorgadas a quienes se sacrificaron por proteger al país y también las condiciones laborales del personal militar, los bomberos y los policías.

"Mejoraremos las condiciones de trabajo de los uniformados para que puedan proteger a la nación y a su gente sin preocupaciones", declaró el mandatario.

Aboga por nación pacífica

A la ceremonia de hoy asistieron 4 mil personas, entre ellos familiares de los cuatro militares fallecidos el mes pasado en el accidente de un avión patrulla de la Armada.

Lee abogó por construir una nación "donde la devoción por todos se honre por encima de cualquier otra cosa" y llamó a reformar los valores nacionales, superando el antiguo orden, al decir que "quienes lucharon por la independencia sufrieron durante generaciones, mientras que quienes colaboraron con los colonizadores prosperaron".

Lee no mencionó durante su discurso ni a Corea del Norte ni temas diplomáticos, pero se comprometió a construir un país pacífico.

"Construir una nación pacífica libre de la preocupación de la guerra y una sociedad segura donde la vida cotidiana esté asegurada es la forma más noble de responder a su honorable sacrificio y dedicación", dijo el presidente surcoreano, que tras su llegada al poder ha vuelto a abrir la puerta al diálogo con Pionyang.

El país vecino no se ha pronunciado sobre la proposición, pero sus muestras de apoyo incondicional a Rusia coincidiendo con su investidura, consolida un nuevo escenario geopolítico que complica cualquier intento de acercamiento intercoreano.

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El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, quien está apartado del cargo, salió de prisión un día después de que un tribunal de Seúl canceló su arresto para permitirle enfrentar su juicio por rebelión en libertad.

Después de salir caminando de un centro de detención cercano a Seúl, Yoon saludó, cerró los puños e hizo una profunda reverencia ante sus seguidores, que coreaban su nombre y ondeaban las banderas surcoreana y estadounidense. Yoon subió a una camioneta negra que lo llevaría a su residencia presidencial en la capital.

Presidente destituido de Corea del Sur defiende su mandato en juicio

En un comunicado distribuido por sus abogados, Yoon dijo que “agradece la valentía y la decisión tomada por el Tribunal del Distrito Central de Seúl para corregir una ilegalidad”, en una aparente referencia a las disputas jurídicas en torno a su detención. También agradeció a sus simpatizantes y pidió a aquellos que se encuentran en una huelga de hambre contra su juicio político que le pongan fin.

Yoon fue arrestado y acusado por la fiscalía en enero por un decreto promulgado el 3 de diciembre para imponer la ley marcial, que sumió al país en una gran crisis política. La Asamblea Nacional, que está controlada por la oposición, votó a favor de abrir un juicio político en su contra, lo que hizo que fuese suspendido del cargo.

El Tribunal Constitucional delibera si lo destituye formalmente o lo reinstaura en el cargo. Si confirma su cese, habrá unas elecciones generales para nombrar a un sucesor en un plazo de dos meses.

El Tribunal del Distrito Central de Seúl dijo el viernes que aceptó la solicitud de Yoon para su liberación, citando la necesidad de abordar las dudas sobre la legalidad de las investigaciones en su contra. Los abogados del mandatario han acusado a la agencia investigadora que lo detuvo antes de su arresto formal de carecer de autoridad legal para investigar los cargos de rebelión.

El tribunal de Seúl también dijo que el período legal de su arresto formal expiró antes de que fuese acusado.

La liberación de Yoon se produjo luego de que los fiscales decidieron no apelar la decisión emitida por el tribunal de Seúl. La ley surcoreana permite que los fiscales sigan manteniendo bajo custodia a un sospechoso mientras están en el proceso de una apelación, incluso después de que su arresto sea cancelado por una corte.

El principal partido de oposición, el Partido Demócrata, que encabezó los esfuerzos para destituir a Yoon el 14 de diciembre, arremetió contra la decisión de los fiscales y afirmó que eran los “secuaces” de Yoon, un antiguo fiscal general. El vocero del partido, Cho Seung-rae pidió al Tribunal Constitucional que destituya a Yoon lo más pronto posible para evitar más malestar y ansiedad del público.

En el centro de las críticas públicas a Yoon por su decreto de ley marcial estuvo el envío de cientos de soldados y policías a la Asamblea Nacional tras poner al país bajo gobierno militar. Algunos altos mandos militares y policiales enviados a la asamblea han declarado que Yoon les ordenó retirar a los legisladores para frustrar una votación parlamentaria sobre el decreto. Yoon ha dicho que su objetivo era mantener el orden.

Finalmente, un número suficiente de legisladores consiguió entrar en la sala de la asamblea y votó unánimemente a favor de anular el decreto de Yoon.

Los investigadores han alegado que el decreto de ley marcial de Yoon equivalía a rebelión. Si es declarado culpable de ese delito, se enfrentaría a la pena de muerte o a cadena perpetua. Yoon goza de inmunidad presidencial en la mayoría de los procesos penales, pero eso no cubre cargos graves como rebelión y traición.

Yoon ha dicho que no tenía intención de mantener la ley marcial durante mucho tiempo, ya que sólo pretendía informar al público del peligro del Partido Demócrata, que obstruyó su agenda y destituyó a muchos funcionarios de alto rango y fiscales. En su anuncio de ley marcial, Yoon llamó a la asamblea “guarida de criminales” y “fuerzas antiestatales”.

La división entre conservadores y liberales en Corea del Sur es grave, y las concentraciones a favor o en contra de la destitución de Yoon han dividido las calles de Seúl. Según los expertos, sea cual sea la decisión del Tribunal Constitucional, es seguro que la división se agravará.

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Las autoridades surcoreanas solicitaron el lunes una orden judicial para detener al presidente destituido Yoon Suk Yeol mientras investigan si su breve decreto de ley marcial del 3 de diciembre constituyó una rebelión.

La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que dirige una pesquisa conjunta con la policía y las autoridades militares sobre el tema, confirmó que solicitó la orden a la Corte del Distrito Occidental de Seúl. Los investigadores planean interrogar a Yoon por cargos de abuso de autoridad y de orquestar una rebelión.

Yoon Kap-keun, el abogado del presidente, denunció el intento de detención y presentó una impugnación ante la misma corte, argumentando que la solicitud de la orden era inválida. También afirmó que la agencia anticorrupción carece de autoridad legal para investigar cargos de rebelión. Sin embargo, evitó responder cómo respondería el equipo legal si la corte aprueba la orden de detención contra el presidente.

"Un presidente en funciones no puede ser procesado por abuso de poder", dijo el abogado. "Por supuesto, hay opiniones académicas diferentes sobre si se puede investigar a un presidente por abuso de poder y algunos afirman que las investigaciones son posibles. Pero incluso cuando se permiten investigaciones, la opinión predominante es que deben ejercerse con la máxima restricción".

La agencia anticorrupción no respondió de inmediato a los comentarios del abogado. Han Min-soo, portavoz del grupo opositor progresista Partido Democrático, pidió a la corte que emitiera la orden, diciendo que la detención de Yoon Suk Yeol sería el primer paso hacia "poner fin a la rebelión y restaurar la normalidad".

La solicitud de la orden se produjo después de que Yoon ha desoído varias solicitudes del equipo de investigación conjunto y de la fiscalía para comparecer a interrogatorio. También ha bloqueado el allanamiento de sus oficinas.

Aunque Yoon tiene el privilegio presidencial de inmunidad frente a procesos penales, tales protecciones no se extienden a acusaciones de rebelión o traición.

No está claro si el tribunal aprobará la orden o si Yoon puede ser obligado a comparecer para ser interrogado.

Según las leyes del país, los lugares potencialmente vinculados a secretos militares no pueden ser tomados o allanados sin el consentimiento de la persona a cargo, y es poco probable que Yoon abandone voluntariamente su residencia si al hacerlo corre el riesgo de ser detenido. También hay preocupaciones sobre posibles enfrentamientos con el servicio de seguridad presidencial de Yoon si las autoridades intentan detenerlo por la fuerza.

Los poderes presidenciales de Yoon fueron suspendidos después de que la Asamblea Nacional aprobara a mediados de mes someterlo a juicio político por su imposición de la ley marcial, que duró sólo unas horas pero ha desencadenado semanas de agitación política, obstruido labores diplomáticas y sacudido los mercados financieros.

El destino de Yoon ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que ha comenzado las deliberaciones sobre si remover formalmente a Yoon del cargo o reinstaurarlo.

La Asamblea Nacional votó la semana pasada también para someter a juicio político al primer ministro, Han Duck-soo, quien había asumido el papel de presidente en funciones después de la suspensión de los poderes de Yoon, por su renuencia a llenar tres vacantes del Tribunal Constitucional antes de la revisión del caso de Yoon.

El nuevo líder interino del país es el vice primer ministro Choi Sang-mok, quien también es ministro de finanzas.

Para poner fin formalmente a la presidencia de Yoon, al menos seis jueces del Tribunal Constitucional de nueve miembros deben votar a favor. Actualmente hay tres asientos vacantes tras jubilaciones, y un tribunal completo podría hacer más probable la condena.

Choi, quien ha manejado la respuesta del gobierno a un accidente aéreo el domingo que mató a 179 personas, aún no ha dicho si tiene la intención de nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional.

En una investigación criminal separada sobre Yoon, las autoridades ya han arrestado a su ministro de defensa, al jefe de policía y a comandantes militares involucrados en el intento de hacer cumplir el decreto de ley marcial, que recordaba a los días de los líderes autoritarios que el país no había visto desde la década de 1980.

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La oposición de Corea del Sur acusó el lunes al partido gobernante de orquestar un “segundo golpe” de Estado al aferrarse al poder y negarse a un juicio político contra el presidente Yoon Suk Yeol por declarar la ley marcial. La policía dijo estar considerando la posibilidad de prohibirle a Yoon que viaje.

“No importa cómo traten de justificarlo, la esencia permanece intacta: esto es un acto ilegal e inconstitucional de una segunda insurrección y un segundo golpe de Estado”, dijo el líder del Partido Democrático (PD) Park Chan-dae, al pedir al partido de gobierno “detener esto de inmediato”. Asimismo, exigió el arresto inmediato e investigación de Yoon.

“Suspender las funciones presidenciales de Yoon es el único proceso que se ajusta a la Constitución, y cualquier otra medida es inconstitucional y no es más que otro acto de insurrección”, coincidió Kim Min-seok, legislador del PD.

Por su parte, la policía declaró que estudiará la posibilidad de imponer una prohibición de viajar al presidente Yoon para investigarle por cargos relacionados con su efímera declaración de la ley marcial la semana pasada.

La policía tampoco descartó interrogar a Yoon en persona.

“No hay restricciones humanas o físicas para el objeto de una investigación”, dijo Woo Jong-soo, un alto cargo policial, a los periodistas durante una reunión informativa, informó la agencia noticiosa Yonhap.

Lee también Corea del Sur: Líder del partido gobernante pide “rápida suspensión” del presidente; afirma es un “gran peligro”

Más temprano, el primer ministro Han Duck-soo y el líder del oficialista Partido del Poder Popular (PPP) Han Dong-hoon celebraron una rueda de prensa conjunta y afirmaron que Yoon no participará en los asuntos de Estado, incluida la diplomacia, ni siquiera antes de su marcha, y que el primer ministro dirigirá los asuntos de Estado hasta la “pronta” y “ordenada” marcha de Yoon.

“A pesar de este consenso entre Yoon, el primer ministro y el líder del PPP, Han, esta forma inconstitucional de gobernar no se permite ni por un minuto”, dijo Kim, afirmando que “la insurrección de Yoon está llevando ahora a otra rebelión de Han Dong-hoon, Han Duck-soo y la fiscalía”.

El PD también advirtió de que el jefe del PPP sería objeto de investigación por sus reuniones con Yoon, “que lideró la insurrección”.

El partido de la oposición pidió que se prive a Yoon de su poder de mando en el ejército, y prometió aprobar una investigación de un abogado especial por cargos de traición contra el presidente y otros funcionarios.

Además, informó Yonhap, el PD prometió presentar una moción de destitución cada semana, interrumpiendo las sesiones extraordinarias para saltarse la norma que impide volver a presentar el mismo proyecto de ley durante la misma sesión.

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