El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó al INE admitir la queja del PRI y de su líder Alejandro Moreno, en contra de la posible “emisión de calumnia en propaganda electoral y/o de discurso de odio” contra el dirigente del Partido Revolucionario Institucional y atribuida a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, y otros servidores públicos de dicha administración estatal, por actos derivados en un programa de televisión denominado Martes del Jaguar.

El INE había desechado la queja por considerar que ya había sido materia de análisis en la suspensión provisional ordenada por un juez como consecuencia de un trámite de demanda de amparo presentada por el dirigente del partido político.

De esta manera se revocó el desechamiento, por considerar que el amparo y el análisis sobre posibles medidas cautelares del INE, contra la gobernadora y su programa, son asuntos distintos que no interfieren entre sí. 

Ante las protestas de policías estatales en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa de la gobernadora Layda Sansores, ofreciendo todo su apoyo y confianza a la funcionaria.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador recomendó a los policías que no se dejen manipular, advirtiendo sobre la presencia de una "mano negra" con propósitos politiqueros por parte de corruptos.

“Todo nuestro apoyo a Layda Sansores, que lo resuelvan allá. Dejar de manifiesto que le tenemos todo, toda nuestra confianza a la gobernadora Layda Sansores. Recomendaría a los policías de Campeche que lleguen a un acuerdo con Layda, que es una gobernadora honesta, de buenos sentimientos, y que no se dejen manipular, porque hay `mano negra´ de los politiqueros."

El presidente instó a los "manipuladores" de estas protestas a jugar limpio, advirtiendo que sus acciones se les revertirán y tendrán un efecto de bumerán.

“A los manipuladores también mandarles un mensaje que jueguen limpio, o sea, se ven mal pero además se les revierte porque todo eso que hacen tienen un efecto de bumerán”.

López Obrador exhortó a los policías de Campeche a tener confianza en la gobernadora y aseguró que cualquier abuso de autoridad será castigado.

“Que le tengan confianza a Layda si hubieron abusos de autoridad se van a castigar”, garantizó antes de retirarse.

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En el marco de la marcha en apoyo a los policías, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, pidió cancelar la marcha que se realizaría este viernes 22 de marzo en su apoyo y el de Marcela Muñoz Martínez, actual secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

A través de su cuenta de X, la gobernadora por Morena explicó que la marcha no abona a la solución del conflicto, pues dijo que la causa de los policías es legítima por lo que no quería que el conflicto se confunda con un asunto electoral.

"Una marcha no resuelve este problema. Lo importante es continuar con el diálogo. Estamos avanzando", escribió.

Sansores también expresó su agradecimiento por el apoyo que le han demostrado; sin embargo, pidió que respeten su decisión.

Agradezco mucho la solidaridad y las muestras de cariño.

Les pido a todos que cancelen la marcha. No considero que abone a la solución del conflicto.

Una marcha no resuelve este problema. Lo importante es continuar con el diálogo. Estamos avanzando.

La causa de los policías…

— Layda Sansores (@LaydaSansores) March 22, 2024

¿Por qué inició el conflicto con los policías?

Tras el motín ocurrido el pasado 15 de marzo en el centro penitenciario de Kobén debido a que varios reos estaban siendo reubicados y los policías fueron obligados a entrar sin protección, los oficiales empezaron un reclamo para tener equipo para su protección y mejor trato de sus mandos.

A causa del conflicto 10 de elementos resultaron golpeados y lesionados. Por ello pedían nuevas garantías a su trabajo y el cese de mandos medios policíacos que de acuerdo con sus declaraciones, los maltrataban.

También aseguraban que la titular de la SSPC, Marcela Muñoz Martínez, hizo caso omiso a sus demandas y por ello se vieron obligados a tomar las instalaciones de la corporación policíaca.

A raíz de dichas demandas el pasado miércoles 20 de marzo manifestantes recorrieron las calles para exigir la renuncia de Marcela Muñoz, esto tras la negativa de la gobernadora de destituirla luego de las críticas y el paro laboral.

En la marcha de respaldo a los policías estuvieron los diputados tanto de MC como del PRI, así como gente de la alcaldía de Campeche, emanada de MC, y los candidatos de ambos partidos.

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Cientos de ciudadanos campechanos tomaron las calles de esta ciudad en apoyo a los policías que mantienen en resguardo las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en protesta por malos tratos y falta de garantías en su labor.

Además, los inconformes marcharon y llegaron hasta el palacio de gobierno para exigir la renuncia de la gobernadora Layda Elena Sansores, quien por la tarde había ratificado a Marcela Muñoz Martínez en la titularidad de la corporación policiaca.

La mandataria había dicho que la protesta de los policías, que desde el sábado pasado dejaron de patrullar y vigilar la ciudad, era auspiciada por gente de Movimiento Ciudadano y del PRI.

En la marcha se sumaron decenas de personas que en palacio de gobierno gritaban “¡Fuera Marcela! ¡Fuera Layda!”.

Después de pasar por las instalaciones del palacio de gobierno, los manifestantes marcharon a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en donde se sumaron en apoyo al paro policiaco.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cometió violencia política de género en contra de diputadas federales del PRI, por lo que debe ser inscrita en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.

El asunto se originó porque las diputadas federales del PRI denunciaron a la gobernadora de Campeche por expresiones difundidas en un episodio del programa “Martes del Jaguar", en las que aseguró que algunas legisladoras enviaron fotografías íntimas al presidente de este partido, Alejandro Moreno, a cambio de favores políticos.

En ese momento, la Sala Superior determinó que los derechos de las diputadas del PRI fueron afectados y ordenó la adopción de medidas para proteger y reparar dichas afectaciones.

En tanto, la Sala Regional Especializada determinó que hubo violencia política de género en perjuicio de las diputadas, lo cual llevó a la imposición de sanciones económicas a las personas responsables y a su inclusión en el registro de personas sancionadas.

En la impugnación del caso, la Sala Superior confirmó que las expresiones que fueron denunciadas sí constituyeron violencia política de género y reafirmó la necesidad de inscribir a la gobernadora y las demás personas responsables en el registro de personas sancionadas, por un periodo que deberá determinar la Sala Especializada.

Por otra parte, se acordó no imponer medidas de reparación ya que estas fueron aprobadas en un asunto anterior.

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La alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, presentó siete denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ de CdMx) contra su antecesora Layda Sansores, actual gobernadora de Campeche, y ex servidores públicos de la demarcación, por presuntas irregularidades en su gestión.

Limón García acusó que el daño al erario por estas presuntas irregularidades es de casi 120 millones de pesos y destacó que podrían configurar los delitos de ejercicio abusivo de funciones, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito y corrupción.

"Estas denuncias son por tres programas sociales, con un daño de 70.8 millones de pesos, tres contratos de adquisiciones y servicios que suman un daño de 40 millones de pesos y un convenio con una asociación civil, con un daño de 8.2 millones de pesos.

"Todo este dinero era, y todo este dinero justamente desaparecido, era de programas sociales que tendrían que haberse destinado a la población más vulnerable de la alcaldía, más, considerando que era tiempo de pandemia, por eso estamos aquí denunciando y dando cuenta de ello", expuso.

Lía Limón detalló que los programas sociales utilizados para presuntamente desviar recursos son; “Mercomuna”, “Promoción del autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria” y “Promotores del Desarrollo Social”.

"No hay evidencia que los recursos hayan llegado a quienes estaban destinados, porque no se realizó un censo para determinar la condición de vulnerabilidad y el padrón no cuenta con la información que exige la ley”, apuntó.

Entrevistada afuera del búnker de la institución capitalina tras presentar las denuncias, la alcaldesa expuso que una de las denuncias es por un contrato de servicios firmado en 2020 con Walther David Patrón Bacab, actual titular de la Unidad de Comunicación Social de Campeche.

Explicó que el objetivo fue un servicio de difusión del quehacer gubernamental en internet y redes sociales por casi 3.4 millones de pesos, pero afirmó que el contrato fue simulado, debido a que no hay evidencia de que se dio ese servicio.

Lía Limón dijo que no tiene confianza en la Fiscalía capitalina, encabezada por Ernestina Godoy, pero señaló que es su deber como servidora pública denunciar estos hechos.

“No, no hay confianza en la fiscalía, porque lo único que ha demostrado la fiscal es que es una fiscal carnal. Lo único que ha demostrado la fiscal, es, insisto, que persigue a la oposición, pero no a la corrupción, eso lo ha demostrado día tras día. Por lo tanto, no, no hay confianza, pero sí tenemos el deber de hacer estas denuncias”, afirmó.

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