La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró en la segunda entrega de la Cuenta Pública de 2021 irregularidades en materia de seguridad que ascienden hasta los mil 93 millones de pesos.

En suma, con las anomalías detectadas en la primera parte de la Cuenta Pública de 2021 que fue entregada en julio pasado, las policías de las alcaldías, municipios y de los estados tienen pendiente por aclarar el paradero de mil 343 millones 804 pesos.Esto corresponde a las auditorías que fueron sometidos 101 municipios alrededor del país, cuatro alcaldías de la Ciudad de México y 25 estados, que hasta el momento no han justificado el gasto de dichos recursos.

Cada una de las localidades auditadas ha gastado, en promedio, más de 13 millones 304 mil pesos de los que la dependencia a cargo de David Colmenares no conoce el destino o para qué fueron utilizados.

De acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2021, todas estas irregularidades se encontraron en la implementación del gasto obtenido por parte del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal del que hace entrega el gobierno federal para aumentar la capacidad de respuesta de las demarcaciones para cubrir las demandas generales −y no sólo en seguridad− de la población.

El Fondo se determina anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Federación por un monto equivalente al 2.35 por ciento de la recaudación federal que es repartido en las 32 entidades del país. Además de esa aportación federal, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México tienen acceso a bienes otorgados por las secretarías de Hacienda a nivel local para el combate a la inseguridad.

En este informe que fue entregado de manera virtual por parte del auditor Superior de la Federación, se detalla que la policía municipal que más irregularidades presentó durante el año pasado fue el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, con 166 millones de pesos.

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La Secretaría de Salud (Ssa) tiene irregularidades financieras por 168 millones 369 mil pesos, según reveló la segunda entrega del informe de la Cuenta Pública 2021 que presentó el pasado viernes la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la Cámara de Diputados.

En el documento que hizo entrega el auditor David Colmenares vía remota se encontró que la dependencia a cargo de Jorge Alcocer presentó gastos no justificados en cinco apartados, entre ellos el manejo de hospitales y desembolsos por Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Dentro de las 13 auditorías realizadas por la dependencia se ubicó un aparente desfalco por 98 millones 489 mil pesos correspondiente a la gestión financiera del Hospital Regional de Alta Especialidad de la Península de Yucatán.

Entre las irregularidades encontradas en dicho hospital, la Auditoría Superior de la Federación señaló dos que tienen que ver con el manejo de los insumos, bienes y servicios.

Por una parte, indicó que la institución carece de controles para resguardar y entregar los materiales y provisiones, y tampoco lleva un control del inventario “lo que impidió la presentación confiable de los registros en los estados financieros”.

Asimismo, advirtió que los procedimientos de contratación carecen de supervisión por parte de los administradores del contrato, ya que no se acreditó la prestación de los servicios acordados en al menos seis contratos.

Por estas inconsistencias la ASF emitió una recomendación, seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos Pliegos de Observaciones a la Secretaría de Salud, pues a pesar de los probables desvíos por casi 100 millones de pesos, el Hospital de la Península de Yucatán no demostró tener el personal de confianza suficiente en mandos medios y superiores.

En cuanto a las Tecnologías de la Información y la Comunicación o TIC, la Auditoría determinó que la Secretaría de Salud debe aclarar el destino de 24 millones 586 millones de pesos relacionados con los servicios de arrendamiento de equipo informático; de mantenimiento y de aplicaciones sustantivas; así como de servicios de telecomunicaciones.

Los resultados de la revisión a las cuentas de la Ssa por parte de la ASF encontraron que hubo deficiencias en la administración de contratos, principalmente en la falta de soporte de los servicios proporcionados por los proveedores y en la supervisión y seguimiento por parte del administrador del contrato del cumplimiento de las actividades acordadas.

Esto es que en contratos como el identificado con el número DGRMSG-DCC-S-020-2020 se estime un probable daño al erario por más de 19 millones de pesos debido a que se “carece de la evidencia que valide que todas las órdenes de servicio generadas durante 2021 con el proveedor, fueron cerradas a satisfacción de las áreas usuarias; que se cuenta con sus entregables, así como con la documentación probatoria que valide la ejecución de las actividades de mantenimiento y desarrollo”.

La ASF consideró que las inconsistencias fueron lo suficientemente graves para ameritar 17 recomendaciones y tres Pliegos de Observaciones, pero ninguna promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria.

Los 45 millones 294 mil pesos de los que la Auditoría Superior desconoce el paradero son por irregularidades en el Instituto Nacional de Salud Pública, donde se advirtieron posibles desfalcos por 35 millones 860 mil pesos.

También en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, por dos millones 266 mil pesos; el Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapa, por 13 millones 167 mil.

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El gobierno de Baja California inició su colaboración con la Auditoria Superior de la Federación (ASF) para comenzar con los trabajos del programa de Auditoría COLMENA hacia los municipios de la entidad. 

Olga Alcalá Pescador, Procuradora Fiscal del Estado, indicó que esta nueva modalidad de auditoría, llamada COLMENA, tiene la particularidad central, que versa sobre focalizar el acto de fiscalización no a un universo, sino a un acto en particular. 

Con la nueva forma de trabajar se tiene contemplado un incremento sin precedentes de cobertura de fiscalización en los municipios, por lo que los representantes de cada uno estuvieron presentes en el arranque de los trabajos. 

En la reunión se contó con la presencia de los enlaces de la ASF, la subsecretaria de Finanzas de la Secretaría de Hacienda, Maricela Díaz López; y la titular de la Unidad de Cuenta Pública, Mirna Quintero; así como los representantes de Mexicali, Roger Roberto Sosa, tesorero y Sergio Iturrios, contador general; del municipio de Tijuana, Raymundo Vega Andrade, tesorero; por parte de Playas de Rosarito, Manuel Zermeño Chávez, el tesorero y Gabriela Rosales Govea, la subdirectora de Inversión y Cuenta Pública; mientras que de parte de Ensenada estuvo presente Vicente Maldonado del Toro, como tesorero y de Tecate, Erika Romina Cassio González, la coordinadora de Cuenta Pública.

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Esta tarde la Sindicatura Procuradora Municipal, suspendió provisionalmente al jefe de arrastres municipales, David Emiliano Hernández Villela, por inconsistencias en una auditoria realizada por esa autoridad al Departamento de Supervisión de Arrastre y Almacenamiento de Vehículos.

De acuerdo con información en poder de CADENA NOTICIAS, la Sindicatura realizó una "Auditoría Integral", del 1 de octubre del 2021 al 25 de enero del 2022 donde detectaron observaciones, algunas de carácter grave.

Como la falta del título de propiedad o registro en los expedientes para la liberación de automóviles de procedencia extranjera o mejor conocidos como "carros chocolate", así como la carta de posesión otorgada por un notario público.

También se encontró que la dirección en este período entregó carros a personas que no acreditaron su propiedad. 

En el documento donde se le notificó a Hernández Villela, de la suspensión preventiva se aclaró que el personal de la Sindicatura encontró estas inconsistencias constantemente. 

En lo que la Sindicatura Procuradora Municipal determina si la suspensión es definitiva, Hernández Villela seguirá recibiendo el 30 por ciento de su sueldo, así como la cobertura total de los servicios médicos municipales para él y sus dependientes.

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Sergio Tamai Quintero, activista mexicalense, quien acompañó este martes al gobernador Jaime Bonilla a “liberar” la caseta de cobro de la autopista Tijuana-Ensenada, en Playas de Tijuana, asegura que ahora pugnarán porque en la autopista La Rumorosa se cobre únicamente cuota de recuperación y termine el “saqueo” a que se somete a los usuarios.

Explicó originalmente ése fue el acuerdo, al permitir el cobro en ésa vialidad, ya que recordó, no hay vía de acceso gratuita a Mexicali, en específico, en el tramo entre La Rumorosa y Mexicali.

Tamai está solicitando a la autoridad estatal una auditoria y evaluación de los recursos que recibe el Fideicomiso que opera la autopista.

Que no tenga ganancia, únicamente que salga para al mantenimiento, afirma.

También considera que si Bonilla intervino en Playas de Tijuana, que está regida por el Gobierno Federal, en el caso de La Rumorosa, con más razón puede mejorar la situación de los usuarios, tratándose de un Fideicomiso a cargo del gobierno del estado.

Actualmente se pagan 24 pesos por automóviles en La Rumorosa, pero el costo aumenta considerablemente cuando se trata de transporte pesado y de pasajeros.

 El ex auditor de Chihuahua, Jesús Esparza Flores, fue detenido en Chiapas y será trasladado este sábdo por la noche a esta ciudad para ser presentado ante un juez y se le fincarán cargos penales por presuntamente haber manipulado resultados de diversas auditorias que tuvo a su cargo con el fin de encubrir actos de corrupción del ex gobernador César Duarte.

Esparza renunció a su cargo en enero pasado, un mes después que el diputado presidente de la Comisión de Fiscalización, Jorge Soto, presentara una denuncia administrativa y una penal en su contra, bajo el argumento que se tenían pruebas de alteraciones a distintas Cuentas Públicas para ocultar millonarios desfalcos al erario.

Hasta la noche de este sábado no hay un informe oficial de su arresto, pero fuentes de la Fiscalía revelaron que desde hace unos días un grupo especial de la corporación se trasladó hasta Chiapas y ubicó a Esparza, y ayer por la noche apoyados por personal de la Procuraduría chiapaneca ejecutaron la orden de aprehensión.

Jesús Esparza fue el encargado de auditar el manejo de recursos que hizo la administración de Cesar Duarte, sin embargo, en su momento fue notoriamente conocida la cercanía entre ambos, al grado que la hija del ex auditor era la encargada del manejo de redes sociales del ex mandatario.