La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la última tarea en su lista de retos constitucionales que planea instaurar en México, a menos de dos años de que termine su mandato.

La reforma ha generado polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno. También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque favorecerían al actual partido en el poder.

El mandatario defendió una de las disposiciones más controvertidas de la reforma, que implicaría elegir por voto popular a los consejeros del nuevo instituto electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

El presidente ha argumentado que esto es “para garantizar elecciones limpias y libres” y para que estas autoridades electorales, “imparciales”, en lugar de “ser nombradas por las cúpulas del poder económico y el poder político, las elija el pueblo”

Los ‘taches’ de la reforma electoral

Integralia Consultores presentó en su informe “Implicaciones de la reforma electoral” una serie de puntos que advierten sobre puntos contraproducentes que podrían derivarse tras la aprobación de la reforma.

Se socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales: elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil. En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas.

Grandes costos: conseguir los fondos para desplegar una campaña nacional en busca del voto puede implicar varios millones de pesos (o decenas): quien compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos

Se modifica radicalmente el sistema de representación: en contraste a lo que había anunciado el presidente López Obrador, la propuesta elimina a los legisladores de mayoría relativa y los sustituye con puros de representación proporcional con base en listas estatales.

Distorsión de representantes: diputados y senadores serían elegidos mediante listas estatales, con lo cual se eliminan las diferencias de la representatividad que es base del bicameralismo y del federalismo

Se pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos: sin financiamiento público en años no electorales, los partidos políticos son vulnerables y se convierten en maquinarias para ganar elecciones.

Coaliciones en duda: la iniciativa es omisa respecto de este tema; no queda claro cómo se compaginaría el sistema de listas con las alianzas entre partidos. Podría implicar, en los hechos, una desaparición de las coaliciones.

Reducción de tiempo en radio y TV: la iniciativa elimina 18 minutos de programación para el Estado durante procesos electorales y reduce a 10 por ciento de la totalidad del tiempo, el espacio con el que cuenta la autoridad electoral para la difusión de mensajes de carácter informativo y promoción del voto.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que su grupo parlamentario impulsará a una iniciativa de reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por votación ciudadana.

En conferencia de prensa, el líder guinda explicó que ese será el tema central durante la reunión que la fracción parlamentaria sostendrá este martes con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que el dirigente nacional propondrá que se incorpore a la agenda de trabajo una iniciativa que regrese esta facultad al pueblo de México, “y que no sean los partidos quienes definan a los magistrados”.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que propondrá una reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Corte sean electos "por el pueblo".

Al opinar sobre el marco del fallo de la Corte contra las reformas del Plan B a las leyes secundarias en materia electoral avaladas por el Congreso nacional, el diputado expresó que se trató de una miopía jurídica, que pierde de vista el fondo de las modificaciones en beneficio de la población.

“Ellos se fueron sobre nuestro Reglamento, la manera en que nos organizamos, no se fueron al fondo, si la ley era buena o mala; si mejoraba la vida pública en México, si mejoraba la relación del Gobierno con los medios de comunicación; si los medios tenían la oportunidad de garantizar el derecho de las y los mexicanos a estar informados”, señaló.

Ignacio Mier, lamentó que la Suprema Corte se haya mantenido al margen en 2013, cuando se aprobó, en 12 minutos y sin discusión, la reforma que hizo perder a la nación su soberanía energética.

En contraste, el también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó que las reformas en materia electoral se discutieron por 18 horas y conforme a los lineamientos de la Cámara de Diputados.

En ese orden de ideas, manifestó que los procesos para la deliberación en el Palacio Legislativo están apegados a la ley y deben respetarse por otras instituciones y soberanías.

Declaró que la Corte no planteó una discusión sobre controversias legales o jurídicas de las reformas en materia electoral, sino sobre el procedimiento en el Poder Legislativo, al que se invadió.

Aunque aseguró que se acatará la resolución de la Corte, declaró que se actuó de manera vergonzosa ante los ojos de las y los mexicanos, motivo por el cual es necesario que cada persona exprese su opinión de manera abierta.

“Quedarnos callados es convertirnos en cómplices de algo que está lastimando y lacerando al país, porque no dicen nada de los más de 600 mil pesos que ganan, no dicen nada de sus fideicomisos que son multimillonarios”, declaró.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó oficialmente al Senado de la República de la decisión del pleno de declarar inconstitucional la primera parte del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar atribuciones y desmantelar al INE.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, publicó en sus redes sociales el oficio donde la SCJN ordena informar al Senado de lo que el legislador calificó de “histórica” decisión del máximo tribunal.

“La SCJN ya nos notificó la decisión histórica de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B”, expuso.

“Siempre confiamos en que la razón estaba de nuestro lado, hoy celebramos que así sea y que en México se haga valer la división de poderes”, agregó Castañeda.

Lamentan “berrinche” de AMLO

Legisladores de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional en la Comisión Permanente lamentaron el “berrinche” y los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la decisión de la Corte de invalidar la primera parte del llamado plan B.

“No me extraña que el Presidente haga un berrinche público porque la Corte haya ejercido su facultad de control constitucional y mantener el equilibrio y división de poderes”, expuso Clemente Castañeda.

“Tampoco me extraña que el Presidente, frente a lo que no puede controlar amenace con desaparecer. No es la primera vez que lo intenta: así lo quiere hacer con el INE, con el INAI y ahora con la SCJN”, agregó.

“Lo que me sorprende es que el Presidente piense que en el 2024, con una nueva expresión de la voluntad popular en las urnas, va a cambiar la Constitución. Eso es no entender el proceso democrático y creer perversamente que su legitimidad se va a prolongar hasta el siguiente gobierno”, agregó.

Por su lado, senadores y diputados federales del PAN lamentaron el llamado al plan C de López Obrador, que señalaron es inviable porque requiere mayoría calificada y lamentaron el clima de linchamiento y agresiones que está alentando contra los ministros de la SCJN.

Jorge Triana Tena dijo que el actual gobierno federal no está acostumbrado a que cada poder ejerza sus facultades, por lo que condenó las declaraciones del Presidente contra la SCJN y la doble moral con la que se ha manejado.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro Arturo Zaldívar votó contra el Plan B en materia electoral porque sufrió presiones del bloque conservador y, por tanto, dijo que no está decepcionado de su desempeño.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, sin embargo, el mandatario dijo que es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo.

–¿Qué piensa del voto de Zaldívar?

“Pues lo mismo”, respondió.

–¿Está decepcionado?

“No, no, no, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones de el bloque conservador que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía, es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, la oligarquía”, señaló.

Y es que Zaldívar fue uno de los nueve ministros de la Suprema Corte que ayer votaron por validar el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, para anular el plan B en materia electoral.

Zaldívar argumentó que el poco tiempo que tuvieron los legisladores para analizar y discutir a fondo las características de la reforma provocó que diera su voto por invalidar el Plan B.

López Obrador acusó que durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se entregó el Poder Judicial al PAN.

“Abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Creel, por Gómez Mont, todos los abogados conservadores, recomendaban jueces, magistrados, ministros y están completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes, muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”, dijo.

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Un golpe para la '4T', la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró anticonstitucional, la primera parte del 'Plan B' de la reforma electoral.

Con 9 a favor y 2 en contra, el máximo tribunal de justicia del país validó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que existieron “claras violaciones” constitucionales durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de AMLO.

Dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, el presidente López Obrador o los legisladores del bloque afín al gobierno federal podrían volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley, aunque ahora, de querer que sean legitimadas deberán seguir el procedimiento legislativo adecuado y los tiempos quizá no alcance para su aplicación en la elección presidencial de 2024.

"Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, en mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio, me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los Poderes de la Unión sino también nuestra serenidad ante infundios y rumores.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo lunes el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo.

De esta manera, el máximo tribunal de justicia decidió no aplazar el tema como se lo propuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al considerar que los ministros deben resolver primero impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, pendientes desde 2018, año en que se expidió la norma.

En sesión privada este jueves, los ministros determinaron que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes de que inicie el periodo electoral federal, toda vez que el tema se planteó como electoral.

El miércoles, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que el objetivo del aplazamiento era evitar que se emitieran sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.

Indicó que la Ley de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por el PAN y el PRI, lo que fue cuestionado por la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al proceso legislativo.

“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, señaló la Consejería Jurídica.

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