Fueron los legisladores federales y no el presidente Andrés Manuel López Obrador los que propusieron modificaciones a la ley para que las cuentas bancarias que llevan seis años sin que nadie las reclame, se destinen al ámbito de la seguridad.

De esta manera, el jefe del Ejecutivo federal, se desmarcó de la polémica iniciativa de ley aprobada por la Cámara de Diputados y pidió que no le echen la culpa de "querer confiscar o bolsear a la gente".

"No son iniciativas del Ejecutivo, yo no envié esta iniciativa, porque los legisladores tienen la facultad para presentar iniciativas (...) ni sabía; me doy cuenta, porque empiezan a echarme la culpa", indicó desde la mañanera de este jueves.

De paso, López Obrador solicitó a los legisladores tomar su tiempo para revisar los cambios a la ley, en la que no descarta que estén metidos los dueños de los bancos, por lo que sugirió que mejor los recursos de las cuentas que rebasan los diez mil millones de pesos se utilicen para programas sociales.

"Pido con todo respeto al poder legislativo que informen y que se profundice más sobre el tema (...) yo diría no, que sea para personas con discapacidad, para adultos mayores, para la salud y también mucho ojo —porque cuando empezó la campaña esta, además de que todo es culpa de nosotros— no dudo, también advierto que haya intereses de los bancos, porque hay mucho dinero que va quedando en los bancos y cuando menos lo hacen sudar a ese dinero que ya no reclama nadie" destacó el presidente.

En suma, ese fue el llamado del presidente a los senadores, quienes en los próximos días deberán decidir si avalan la reforma al artículo 61 de la ley de instituciones de crédito o realizan algunas modificaciones a su contenido.

De acuerdo con el origen de la iniciativa fue el líder de los diputados de Morena, Ignacio Mier Velasco, y la diputada, Juanita Guerra, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Cámara los que promovieron la reforma, misma que fue turnada a Comisiones Unidas de Hacienda y de Seguridad, más se le dispensaron todos los trámites para ser discutida en un tiempo récord.

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Al cierre de agosto de 2022 el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento ascendió a 21 mil 334 millones de pesos, dinero que podría pasar a financiar la seguridad nacional, y de los cuales, 30 por ciento de estos recursos se encuentran en Citibanamex, revelaron datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

En un comunicado, la Comisión informó que recibe periódicamente información referente al saldo y número de productos de captación de las instituciones de banca múltiple, entre los que se encuentra la Cuenta Global de Captación sin Movimiento.

​Más del 90 por ciento de los recursos que se consideran “abandonados” en el sistema financiero están concentrados en seis instituciones bancarias, que son Citibanamex, BBBVA, Banorte, Santander, HSBC y Scotiabank. 

Se trata de los recursos que después de seis años sin ser reclamados pasan a la beneficencia pública, según el artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, mismos que ahora podrían ser utilizados para financiar la estrategia de seguridad nacional como parte de la iniciativa que fue aprobada en la Cámara de Diputados y que ahora se encuentra en el Senado. 

En un comunicado, la CNBV indicó que Citibanamex tiene 30.4 por ciento de los recursos que son enviados a la cuenta global de captación sin movimientos, cifra que asciende a 6 mil 477 millones de pesos; BBVA concentra 27.6 por ciento, con un monto de 5 mil 882 millones; y en Banorte la cifra llega a 3 mil 374 millones o 15.8 por ciento del total. 

Mientras que Santander cuenta con 2 mil 241 millones o el equivalente al 10.5 por ciento del total; HSBC concentra 5.2 por ciento o una cifra de mil 116 millones y Scotiabank suma 963 millones o 4.5 por ciento del total. 

Al cierre del octavo mes del año, el saldo de la Cuenta Global de Captación sin Movimiento (CGCSM) representó 0.3 por ciento de la captación tradicional de las instituciones de banca múltiple.

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La estrategia del presidente, Andrés Manuel López Obrador, para “bancarizar” a población vulnerable económicamente y que ha permanecido alejada de instituciones bancarias, continua y se espera que para finales de este sexenio se cumpla al 100 por ciento con dicho compromiso. 

El delegado único del Gobierno de México en Baja California, Jesús Ruíz Uribe, sostuvo que en la entidad se cumple con las expectativas y para el siguiente año se estima que la totalidad de los pagos de programas sociales que sostiene el gobierno de la República se realicen por medio de los Bancos del Bienestar.

El funcionario manifestó que en el estado se espera entrega al mediano plazo un total de 300 tarjetas del Banco que el Gobierno de México creo este sexenio.

Respecto a las sucursales del Banco del Bienestar, Ruíz Uribe indicó que en Baja California serán 27, trece ya funcionan actualmente y en ellas ya comienzan a cobrar parte de los adultos mayores que se encuentran en el programa de apoyos financieros de 65 y más.

La Cámara de Diputados aprobó este martes la iniciativa que presentada por Ignacio Mier Velazco, junto con la legisladora Juanita Guerra Mena, para que los recursos abandonados en instituciones bancarias sean tomados por el gobierno y se destinen a la seguridad pública.

El documento fue avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones. La iniciativa pasará al Senado para su discusión.

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Con 483 votos a favor y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para disponer de los recursos de cuentas bancarias inactivas durante seis años o más, a fin de utilizarlos para el equipamiento de las corporaciones de seguridad pública, tanto del orden federal como de estados y municipios. 

La propuesta suscrita por el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, y su correligionaria Juanita Guerra, prevé recuperar poco más de 10 mil millones de pesos abandonados en el sistema financiero, en muchos casos por el crimen organizado.

De acuerdo con las modificaciones al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, 45 por ciento de los recursos recuperados corresponderían al gobierno federal; 30 por ciento, a las entidades federativas, y 25 por ciento a los municipios. 

Al presentar la iniciativa ante el pleno y pedir la dispensa de trámites para discutirla y votarla de inmediato, el coordinador de la mayoría parlamentaria de Morena, Ignacio Mier, precisó que dichos fondos serán exclusivamente para equipamiento, infraestructura policial, uniformes, botas y chalecos. 

“Hay que decirlo claramente: en el sistema financiero se alojan, se depositan recursos que no tienen origen lícito, que provienen, las más de las veces, de la delincuencia organizada. Hay un ejemplo que hemos expuesto en la exposición de motivos, donde uno de los bancos reconoció que tenía una cuenta por más de mil 900 millones de pesos donde había la certeza que provenían de recursos de procedencia ilícita”, dijo. 

La legislación prevé que las cuentas inactivas por más de tres años pasarán a formar parte de una cuenta global y transcurridos otros tres años sin movimientos, quedan prescritas y los fondos cuyo monto no rebase los 51 mil pesos pasan a la beneficencia pública.

El proyecto señala que los recursos, así como intereses y rendimientos generados por los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, “prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia”.

Las instituciones de crédito estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, puntualiza el proyecto.

Detalla que, al no existir poseedor originario cierto, las obligaciones sobre el bien financiero depositado quedan extintas y un recurso ocioso se convierte así en un “valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”.

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El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Instituciones de Crédito para disponer de los recursos de cuentas bancarias inactivas durante seis años o más, a fin de utilizarlos para fortalecer las corporaciones de seguridad tanto del orden federal como de estados y municipios. 

La propuesta suscrita por el coordinador de la bancada morenista, Ignacio Mier, y su correligionaria Juanita Guerra, prevé que se podrá disponer de los fondos cuyo plazo de reclamación haya prescrito, sin precisar que se trate de recursos del crimen organizado. 

Al presentar la iniciativa en tribuna, Guerra remarcó la necesidad de utilizar, para el combate a la delincuencia, los recursos concentrados en las llamadas cuentas globales de las instituciones bancarias, tras permanecer inactivas seis años. 

“Los recursos de la cuenta global no son de nadie, son bienes financieros mostrencos, incluso algunos de ellos de la delincuencia organizada que optó por su abandono, a fin de no ser ubicados; es por ello que, en este vacío legal, (…) debemos utilizarlo en tareas de seguridad pública”, dijo.

La iniciativa turnada a comisiones para su dictamen señala que los recursos, así como intereses y rendimientos generados por los depósitos e inversiones en la cuenta global, con excepción de aquellos previamente destinados a la beneficencia pública, “prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar a las políticas y acciones de combate a la delincuencia”. 

Las instituciones de crédito estarán obligadas a enterar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública dentro de un plazo máximo de 15 días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el supuesto previsto en este párrafo. 

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito, es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados, por lo que no se afectan las garantías constitucionales”, puntualiza el proyecto.

 Detalla que, al no existir poseedor originario cierto, las obligaciones sobre el bien financiero depositado quedan extintas y un recurso ocioso se convierte así en un “valioso y poderoso mecanismo de fortalecimiento institucional de las corporaciones encargadas del combate a la delincuencia y el mantenimiento de la paz y la estabilidad social”.

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