El presidente Andrés Manuel López Obrador envío a la Cámara de Diputados una propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), para reorganizar el funcionamiento, atribuciones y responsabilidades de magistrados de dicho órgano, plantea entre otros aspectos, ampliar de tres a cuatro años la presidencia, grabar las sesiones, dotar de atribuciones a la Sección Tercera especializada en sanciones a servidores públicos y la obligatoriedad de guardar absoluta confidencialidad de los casos.

Adicionalmente prevé nuevas causales para la remoción de los magistrados, entre las que sobresalen tener “notoria ineptitud o descuido” en el desempeño de sus funciones, no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo de la función judicial, acosar u hostigar sexualmente valiéndose de su posición jerárquica sobre otra persona de su entorno laboral o intervenir para la contratación de parientes, cónyuges o concubinas en órganos jurisdiccionales o áreas administrativas del tribunal.

La iniciativa turnada a las Comisiones de Justicia y de Transparencia y Anticorrupción para su análisis y dictamen establece la obligación de los servidores públicos del TFJA de guardar “absoluta reserva y confidencialidad de la información” de los procedimientos que se substancien a fin de evitar faltas administrativas.

Adicionalmente prevé nuevas causales para la remoción de los magistrados Foto: Especial

Evidencia de reuniones

Plantea además que las sesiones del tribunal puedan ser grabadas a fin de tener evidencia precisa de lo que ocurre en las reuniones, con lo cual, señala la iniciativa, se privilegiará la transparencia en las funciones del organismo.

En caso de que la propuesta del titular del Ejecutivo sea aprobada en San Lázaro, el TFJA podrá conocer sobre la terminación del servicio de agentes del Ministerio Público, peritos e integrantes de las instituciones policiales federales, mientras el pleno resolvería asuntos de responsabilidades en que se involucre a las y los magistrados de salas regionales,

También propone que los integrantes de la Sección Tercera del TFJA sean elegibles para ocupar la presidencia del tribunal y en donde la persona decana tendrá preferencia para la nominación correspondiente, situación que el texto vigente no está permitida.

El proyecto incorpora la obligación de los magistrados de razonar sus votos particulares dentro de los diez días siguientes a la fecha de la sesión que emita la sentencia correspondiente.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un decreto para fortalecer la transparencia en el Gobierno federal, con el objetivo de ampliar la información pública disponible, actualizar mensualmente los contratos gubernamentales y hacer más accesibles los datos relacionados con las filiales de Pemex y CFE, auditorías y procesos de fiscalización.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que el decreto busca ir más allá de las obligaciones actuales de la Ley General de Transparencia y consolidar el principio de máxima publicidad en la administración pública.

La funcionaria informó que, tras la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia (Inai) y la transferencia de sus funciones a la Secretaría de Anticorrupción, la Plataforma Nacional de Transparencia fue estabilizada y contará con nuevas herramientas para facilitar la consulta, descarga y análisis de la información. Además, anunció que en un plazo máximo de 30 días hábiles se incorporarán nuevos contenidos de interés público.

Buenrostro detalló que el decreto se estructura en cuatro ejes principales: contrataciones públicas, filiales de Pemex y CFE, fiscalización y auditorías, así como una invitación a los demás poderes y órdenes de gobierno para adoptar el principio de máxima publicidad.

Entre las principales medidas destaca que todos los contratos del Gobierno federal dejarán de publicarse de forma trimestral y estarán disponibles cada mes, con el propósito de mantener actualizada la información sobre adquisiciones y obras públicas.

Asimismo, las empresas filiales de Pemex y CFE deberán transparentar información adicional, incluyendo estados financieros, informes presentados ante autoridades extranjeras, reglas de gobierno corporativo, políticas de operación y contratos.

En materia de fiscalización, el Gobierno también difundirá datos sobre los programas anuales de auditoría, estadísticas, seguimiento a observaciones y el padrón de despachos de auditores externos.

La administración federal adelantó además que propondrá reformas a la Ley General de Transparencia para limitar las causales de reserva de información únicamente a asuntos de interés público y seguridad nacional, privilegiando la publicación de versiones públicas cuando sea posible.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum afirmó que el nuevo esquema permitirá garantizar el acceso a la información sin los costos que representaba el Inai, organismo que, según señaló, implicaba un gasto superior a mil millones de pesos anuales.

"Es transparencia total del Gobierno de México", afirmó la mandataria, al señalar que con el decreto ya no quedará a criterio de los servidores públicos decidir qué información puede hacerse pública, sino que existirán lineamientos claros para definir cuándo procede una reserva por razones de seguridad nacional o por la existencia de procedimientos administrativos o judiciales en curso.

Finalmente, Sheinbaum anunció que al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso enviará una iniciativa para incorporar el contenido del decreto a la Ley General de Transparencia, con el fin de convertir estas disposiciones en obligaciones permanentes para el Gobierno federal.

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El Ayuntamiento de Tijuana que encabeza la alcaldesa Montserrat Caballero fue reconocido en el Foro de Infraestructura Abierta: Datos Abiertos para Transparentar la Obra Pública en México.

Con cinco obras postuladas, Tijuana fue en el municipio que más proyectos de obra colocó, recibiendo así el primer lugar en materia de infraestructura abierta.

Este evento es parte de una iniciativa promovida por el INAI, México Evalúa, Infraestruture Transparency Initiative, Open Contracting Partnership, Comisión de Estado Abierto y de Transparencia Proactiva, el cual busca contribuir a la generación, administración y divulgación de datos y documentos sobre los proyectos de infraestructura y las contrataciones que se llevan a cabo durante su desarrollo.

Durante su ponencia en el panel “De la teoría a la práctica”, la alcaldesa Montserrat Caballero destacó la importancia de la apertura de datos a la ciudadanía y la rendición de cuentas en cualquier obra de infraestructura. 

“En Tijuana no había transparencia por los gobiernos anteriores y hoy vemos las consecuencias: edificios que se caen, puentes que colapsan, pero ahora (con infraestructura abierta) mejoramos la calidad de vida de los ciudadanos”, expresó.

Apuntó también que con la rendición de cuentas, a los ciudadanos se les brinda certeza jurídica de qué es lo que se hace con su dinero y quiénes y cómo serán los responsables de trabajar las obras que les brindarán dignidad y seguridad en materia de infraestructura.

El XXlV Ayuntamiento participa desde febrero 2022 en la iniciativa Infraestructura Abierta, que a lo largo de más de un año constó de siete etapas.

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Como histórico calificó la Alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, la firma de Declaratoria de Municipio Abierto, con lo que se sientan las bases para encabezar una gestión pública responsable, receptiva e incluyente. 

Sostuvo que habrá de encabezar un gobierno transparente, aperturando la participación ciudadana y rendición de cuentas, ‘’porque estoy convencida que al firmar esta declaratoria, se generará un nuevo modelo de gobernanza que permita transformar las instituciones municipales”.

La mandataria municipal señaló que este modelo de Gobierno Abierto, tiene como objetivo que la ciudadanía tenga un papel fundamental en la toma de decisiones para que coadyuve evaluando el actuar del gobierno y su desempeño. 

Y sostuvo que como Presidenta Municipal, tiene la obligación y responsabilidad de trabajar con la mayor transparencia y apertura gubernamental.

En el evento estuvo Adrián Alcalá Méndez, Comisionado Coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia (INAI); Conrado Macfarland Valenzuela, Director General de Transparencia en Tijuana; David Ruvalcaba Flores, regidor presidente de la Comisión de Transparencia; Jesús Alberto Sandoval Franco, Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California (ITAIPBC). 

También asistieron Rafael Leyva Pérez, Síndico Procurador, integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción; y Francisco Rubio Rangel, Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

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Luego de que la empresa consulta  Mitofsky señalará que el actual alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, se encuentra liderando las preferencias a la gubernatura de Baja California en 2021,  señaló que lo que la gente quiere es que no ande perdiendo la cabeza en otros temas.

“Yo soy respetuoso de todas las encuestas que salgan, Y lo vuelvo a repetir: Los ciudadanos lo que quieren es que uno esté trabajando, que no ande perdiendo la cabeza en otras cosas, que se enfoque en las tareas que tiene pendientes el municipio y que se gobierne para solucionarles, a eso nos vamos a dedicar”, dijo Arturo González Cruz.

El presidente municipal acudió esta mañana a la inauguración de un par de obras en la delegación Cerro Colorado,  una en la Ampliación Guaycura y otra en el Florido primera sección. Ambos trabajos pertenecen al Ramo 33.

A consecuencia del recorte presupuestal en el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Baja California (Itaipbc), se ha dificultado la labor de revisión de sujetos obligados.

Lucía Miranda Gómez, comisionada presidente del itaipbc, detalló que la disminución de presupuesto fue de dos millones de pesos.

En el 2019 el recurso asignado al Itaipbc fue de 15 millones de pesos, sin embargo, para el 2020 el presupuesto fue de solo 13 millones de pesos.

Cabe mencionar que el 2019 fue el último año de la administración panista de Francisco Vega de Lamadrid y el 2020 es el primero, de dos años de la gestión del morenista Jaime Bonilla Valdez.

Señaló que el Itaipbc realiza la revisión y verificación de 152 portales de transparencia de los sujetos obligados, estado, municipio, paratestales, paramunicioales, sindicatos, partidos políticos, entre otros.

Indicó que para realizar esta labor el Itaipbc tiene una plantilla de 24 personas, entre ellas cinco verificadores, tres en Tijuana y dos en Mexicali.

La comisionada presidente del Itaipbc comentó otra de las dificultades que han enfrentado es la rotación de personal en las dependencias.

Explicó que con el cambio de administración, el 60 % de los enlaces de transparencia fueron renovados, lo que hace más laboriosa la alimentación de datos de los portales.

Miranda Gómez añadió que para poder cumplir con las labores del Itaipbc se han tenido que recortar algunos servicios básicos, como telefonía y combustible.

Para finalizar, la comisonada presidente lamentó que se haya dado un recorte presupuestal en lugar de un aumento, para impulsar la transparencia gubernamental.