El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que luego de la entrevista que tuvo el embajador de México en Perú con el expresidente Pedro Castillo, este ratificó su solicitud de asilo por lo que se han iniciado las consultas con las autoridades peruanas.

A través de Twitter, el canciller indicó que el Embajador Pablo Monroy se reunió con Castillo quien estaba acompañado de su abogado en el Centro Penitenciario, donde se le vio bien físicamente.

Ebrard detalló que la solicitud se recibió la madrugada de este jueves, misma que hizo pública en redes sociales.

En la solicitud, el abogado del expresidente de Perú indica que se le ha negado la comunicación con su cliente, por lo que calificó que Castillo se encuentra en grave riesgo. Por ello la solicitud de que se resguarde su vida e integridad.

Embajador de México en Perú visita a Pedro Castillo en centro penitenciario

El embajador de México en Perú, Pablo Monroy, llegó este jueves la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes), donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo, informaron medios peruanos, que captaron la llegada del diplomático.

El embajador llegó en un vehículo diplomático, se estacionó por unos momentos para realizar las gestiones de su ingreso, y luego entró rápidamente.

En su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Castillo lo llamó el miércoles por teléfono para pedirle protección.

"Habló aquí, a la oficina, para que me avisaran que iba hacia la embajada pero seguramente ya tenían intervenido su teléfono. Que iba a solicitar el asilo, que si le abrían la puerta de la embajada", señaló el gobernante izquierdista.

El mandatario mexicano aceptó el pedido y ordenó a la misión diplomática actuar “con apego a la tradición de asilo”. En tal sentido, pidió nuevamente que se respeten los derechos del exmandatario -destituido tras ordenar el cierre del Parlamento- y su familia.

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El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Ernesto Álvarez, reafirmó este lunes que "no es posible" ingresar a la residencia de la Embajada de México en Lima para detener a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien está asilada en esa sede diplomática, a pesar de que en la víspera el presidente José Jerí dejó abierta esa posibilidad.

Álvarez, quien es jurista y presidió el Tribunal Constitucional (TC) peruano, dijo que tanto él como el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, saben "de manera técnica" que "no es posible tratar de sustraer del ámbito de la sede diplomática a una persona, por más emotividad o por más que sea requerida por la justicia peruana".

En una entrevista publicada este domingo por el diario El Comercio, Jerí declaró que si las autoridades peruanas tienen que entrar a la sede diplomática mexicana para detener Chávez, quien es procesada por el fallido golpe del Estado del ex presidente Pedro Castillo, eso se hará.

"Si se tiene que ingresar a la embajada mexicana, se hará", remarcó el gobernante.

Al respecto, Álvarez aseguró que Jerí "lo que ha hecho es expresar el sentimiento de la mayoría de los peruanos" que, según consideró, rechazan que se haya otorgado el asilo político a Chávez cuando es procesada por un delito común.

"No es posible de que una persona que está siendo investigada por un delito común, por un delito que ha sido evidenciado en la televisión (esté asilada en una embajada)", sostuvo.

La situación de Chávez

Chávez se encuentra desde hace tres semanas en la Embajada de México, país que le ha otorgado asilo político, lo que llevó al Gobierno de Perú a anunciar la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales.

La Justicia de Perú ordenó el pasado viernes su captura internacional y prisión preventiva por cinco meses porque consideró que es "palpable" el peligro de fuga, por su inasistencia al control del registro biométrico y a las audiencias judiciales.

Jerí también reiteró que su país aún no se va a pronunciar sobre la posible entrega del salvoconducto que debe recibir Chávez para salir del país y reiteró que existe un "mal uso del asilo político".

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que cualquier intento del Gobierno de Perú por ingresar a su embajada para detener a Chávez constituiría una "violación grave" del derecho internacional y de la soberanía mexicana.

La presidenta recordó el precedente del ingreso a la Embajada de México en Ecuador, ocurrido en abril de 2024, cuando fuerzas policiales y militares ecuatorianas irrumpieron en la sede para capturar al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

A pesar de ello, Sheinbaum reiteró que su gobierno apuesta por la vía diplomática para resolver cualquier diferencia y dijo que "el diálogo siempre es lo mejor".

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El diputado federal, Gerardo Fernández Noroña presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, por el asalto a la embajada de México, en Ecuador.

Esto luego la detención del ex vicepresidente Jorge Glas, quien se encontraba en la Embajada de México en Quito.

Noroña manifestó que en el asalto a la Embajada se violentó la ley de asilo, la cual México le habría otorgado al ex funcionario ecuatoriano, quien fue torturado durante su detención.

Aseveró que no existía una orden de aprehensión contra Glas y la detención al interior de la Embajada mexicana se convierte en un asunto de jurisdicción nacional.

“Estamos pidiendo la detención y extradición del presidente Novoa por el secuestro de un asilado que es el ex vicepresidente Jorge Glas es un asunto fuerte, es una violación muy grave, no sólo a las leyes internacionales.

“También a la propia legislación de nuestro país que aplica insisto en cualquier Embajada en México en el mundo y estamos dirigiendo esta denuncia al Fiscal General de la República, esperamos que se lleve a cabo esta solicitud”, remarcó.

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La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).

La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.

Castillo ya purga 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

Organización criminal comenzó en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirma

Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.

La fiscal agregó que esto fue "agravado por su condición de líder" y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.

En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego "vendrían a conformar el gabinete en la sombra".

Meza dijo que la presunta organización tenía una "estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar" y que esta posición "era presuntamente asumida por Pedro Castillo".

El "propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones", dijo.

A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta "antes de que asuma la Presidencia" y la organización "buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública".

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Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), familiares del ex presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 18 meses de prisión preventiva en una prisión de Lima, comentaron que éste se encuentra "delicado de salud".

​Vilma Vásquez, una de las sobrinas de Castillo, dijo que les informó a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "sobre la injusticia que se está cometiendo" contra el expresidente de 53 años.

"Está delicado de salud, le hablo por lo que he visto", dijo Vásquez a periodistas luego de la reunión, junto a otros familiares del ex mandatario izquierdista, con los miembros de la CIDH en un hotel el distrito residencial de San Isidro.

Vásquez refirió que los familiares del ex mandatario están sufriendo persecución, aunque no identificó quienes los acosan. "Pedimos que haya justicia y que sea muy transparente todo".

Castillo, que gobernó el país casi 17 meses, fue destituido y arrestado el 7 de diciembre luego de anunciar en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, en una acción fuera del orden constitucional.

Este hecho gatilló fuertes protestas pidiendo principalmente elecciones anticipadas, que en casi dos semanas han dejado al menos 22 muertos, según las autoridades.

El ex mandatario se encuentra recluido en un penal dentro de una base policial, ubicado al este de la ciudad de Lima, donde también se encuentra ex presidente Alberto Fujimori que cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos.

Castillo ha negado las acusaciones en su contra de "rebelión y conspiración" y en un mensaje por Twitter hace unos días solicitó a la CIDH que "interceda" en su caso.

Una misión de la CIDH está en Lima desde el martes y se ha reunido con representantes de organismos políticos, sociales, del Gobierno y el Congreso para recoger información sobre la crisis.

La esposa de Castillo y sus dos hijos menores llegaron el miércoles a México, cuyo gobierno les otorgó asilo, una decisión que ha generado una crisis diplomática con Perú.

El gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció esta semana la expulsión del embajador mexicano en Lima. Antes había llamado en consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, países gobernados por líderes de izquierda que han mostrado su apoyo a Castillo.

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El comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, entregó este miércoles documentos migratorios que acreditan su legal estancia en México, a la señora Lilia Paredes, esposa del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo Terrones, así como a sus dos hijos menores de edad, una niña y un niño.

La familia del exmandatario, que se encontraba en la embajada de México en Perú, arribó a la Ciudad de México procedente de Lima, luego de que el gobierno mexicano le concedió asilo político y las autoridades peruanas le extendieron el salvoconducto correspondiente para que pudiera viajar.

En su cuenta de Twitter, el Instituto Nacional de Migración (INM) publicó cuatro fotografías en las que aparece Francisco Garduño haciendo entrega de sus documentos migratorios a los tres familiares del expresidente Pedro Torres.

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