Una jueza federal frenó por ahora la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en terrenos del Vivero Nezahualcóyotl, de 33 mil metros cuadrados, en la alcaldía Xochimilco, al considerar que se trata de una superficie declarada área natural protegida.

Sandra de Jesús Zúñiga, titular del Juzgado Quinto de Distrito en materia Administrativa, concedió a habitantes de pueblos, barrios y colonias de Xochimilco la suspensión definitiva en el juicio de amparo que tramitaron contra el decreto del Gobierno de la Ciudad de México, por el que desincorporó una fracción de terreno del Vivero Nezahualcóyotl, para instalaciones de la corporación.

En diciembre del año pasado, un grupo de habitantes de la alcaldía Xochimilco, recurrieron a la protección de la justicia, con acompañamiento legal del Centro Prodh, para reclamar la omisión de las autoridades capitalinas de realizar consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada; su derecho a la tierra y al territorio; el derecho colectivo de los pueblos originarios a un territorio libre de militarización y a que las instituciones encargadas de las tareas de seguridad pública sean de carácter civil, además del derecho a un medio ambiente sano.

Por lo que, a finales de enero, la jueza Quinta de Distrito en materia Administrativa admitió la demanda de amparo y ordenó como medida cautelar la suspensión provisional para efectos de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar el decreto de desincorporación, lo que implica la imposibilidad de que se construyan las instalaciones de la Guardia Nacional en el Vivero Nezahualcóyotl.

En consecuencia, este lunes la juzgadora ordenó la suspensión definitiva, con lo que las autoridades quedaron impedidas, por ahora, para continuar con el proyecto de construcción del cuartel de la Guardia Nacional en esa zona de la capital del país.

Ante el fallo judicial, los habitantes de Xochimilco hicieron un llamado al Poder Judicial de la Federación para que supervise que esta medida sea respetada por todas las autoridades incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que 25 elementos de la Guardia Nacional fueron asesinados en Jalisco durante los enfrentamientos que siguieron al operativo de alto impacto en Tapalpa, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

El funcionario señaló que, tras la acción encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, se desataron reacciones violentas de grupos criminales en distintas entidades del país.

De acuerdo con el reporte oficial, se registraron 85 bloqueos carreteros en estados como Baja California, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas, además de incendios en gasolineras, bancos y diversos establecimientos.

Jalisco concentró la mayor violencia.

García Harfuch indicó que Jalisco fue el estado con más ataques, al contabilizarse 18 bloqueos en vías federales y seis agresiones directas contra autoridades.

“En estos hechos, además de los 25 guardias nacionales, murieron un custodio y un agente de la Fiscalía estatal. También se contabilizaron 30 integrantes de la delincuencia organizada abatidos”, informó.

En Michoacán se reportaron 13 agresiones adicionales, con saldo de cuatro presuntos delincuentes muertos y 15 elementos de seguridad lesionados.

Instalan centro de mando inmediato.

El gabinete de seguridad instaló un centro de mando con participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

Tras el despliegue operativo, al cierre del día los bloqueos fueron retirados y la movilidad restablecida en las zonas afectadas.

García Harfuch destacó la actuación de las fuerzas armadas y reiteró que la prioridad del gobierno federal es proteger a la población y preservar la paz, subrayando que México cuenta con instituciones sólidas para enfrentar a la delincuencia organizada.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor y 132 en contra, una nueva Ley de la Guardia Nacional que elimina su carácter civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Sedena y permite que militares ocupen cargos públicos o de elección popular con licencia especial del Ejecutivo.

El dictamen establece que dicha licencia concluirá al término del mandato presidencial que la haya otorgado. Diputados del PAN, PRI y MC acusaron que esta reforma profundiza la militarización de la vida pública y representa un riesgo para las libertades ciudadanas.

Desde la tribuna, legisladores de oposición calificaron la medida como el “fin del Estado civil mexicano” y anunciaron recursos legales para frenar la reforma. Morena y aliados desecharon las mociones en contra y defendieron que la Guardia Nacional sigue el modelo de otras corporaciones previamente integradas por fuerzas armadas.

La reforma aún deberá pasar al Senado para su discusión y votación final.

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Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte emitido por la Central de Radio, en el que se alertaba sobre una persona que había ingresado desnuda a un domicilio en la colonia Nueva Tijuana.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron abordados por la parte reportante, quien explicó que momentos antes, se encontraba en su casa con su hija y nieto cuando un hombre desconocido rompió la chapa de la puerta e ingresó completamente desnudo.

Los residentes gritaron y pidieron al intruso que se retirara, logrando que saliera del departamento. Sin embargo, el sujeto intentó ingresar al departamento contiguo, causando daños en la cerradura, y posteriormente bajó por las escaleras intentando esconderse.

Gracias a la denuncia, los oficiales localizaron y aseguraron al individuo, quien fue identificado como Rigoberto “N”, de 39 años. El sujeto, que se desempeña como sargento activo de la Guardia Nacional asignado a la aduana de Tijuana, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

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