Jorge Humberto González Bocardo, exjefe de Operaciones de Diconsa, fue detenido por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital de Coahuila, por delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero en el caso de los desvíos en Segalmex.

Se trata del noveno implicado, de 22, aprehendido por su presunta participación en pagos ilícitos por la cantidad de 142 millones 440 mil 883 pesos, por una supuesta adquisición de 7 mil 840 toneladas de azúcar, que nunca se entregaron a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).

La semana pasada, la FGR obtuvo de un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, orden de captura en contra de 22 personas vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, por el desfalco multimillonario al patrimonio de Segalmex, antes Conasupo.

Al momento han sido detenidos Carlos Antonio Dávila Amerena, exjefe Jurídico de Diconsa y Segalmex; Roberto Rivera Ramos, exsubgerente de Adquisiciones de Granos y Azúcar; Laura Patricia Hernández Rojas, excoordinadora de la Gerencia de Presupuesto de Linconsa; Simón Escobar Copca, jefe de almacén en Querétaro; Artemio Gutiérrez Rodríguez, subjefe de Operativo de Diconsa en Querétaro.

La FGR también reportó la detención de Jorge Saúl Romero Valencia, José Miguel Ojeda Antonio y Gonzalo Mora Nateras, vinculado con la empresa Servicios Integrales Carregie, que contrató Segalmex para la entrega de la azúcar.

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Tras la controversia generada por la declaración del jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Felipe de Jesús Gallo, sobre México como "campeón de fentanilo", la Fiscalía General de la República (FGR) aclaró que se trató de "una palabra inadecuada". Ante esto, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su respaldo a Gallo, asegurando que no fue de mala fe.

Durante su conferencia matutina, López Obrador indicó que Gallo está inmerso en el tema del control de precursores químicos y que es comprensible que, al tomar la palabra en un evento sobre el tema, pueda utilizar términos no adecuados. Destacó la labor coordinada de la FGR, las Fuerzas Armadas y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en el control de insumos utilizados en la elaboración de drogas.

La FGR, por su parte, señaló que Gallo se disculpó públicamente por el malentendido y aseguró que la Agencia de Investigación Criminal cuidará puntualmente la información que emita para evitar futuras situaciones similares.

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Tras el ataque armado en la Fiscalía General de la República en Tijuana, la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que las investigaciones las realiza la FGR y que hasta el momento han indicado el arribo de elementos de la Ciudad de México para participar en la investigación. 

Por su parte, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade, explicó que desde el momento del ataque ocurrido el pasado sábado, la dependencia estuvo atenta a los hechos, sin embargo, es la propia FGR que llevan a cabo los trabajos de investigación. 

¨Estamos coadyuvando con lo que se requiere, es un tema donde les hemos dado su espacio por la secrecía de las investigaciones que ellos llevan de delitos del fuero federal¨, expresó Andrade.

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La Aduana de Hong Kong logró detectar lo que han denominado como "el mayor caso de tráfico a gran escala de metanfetamina sólida" en un misterioso cargamento que llegó desde México al punto de revisión de Kwai Chung el pasado 26 de octubre.

De acuerdo con un comunicado emitido por las autoridades de la ciudad asiática, la Aduana seleccionó e inspeccionó un contenedor de envío que llegó desde el país azteca y declaró que contenía 611 bolsas de productos marinos. 

Tras la inspección con rayos X, funcionarios de la dependencia localizaron un lote de presunta metanfetamina disfrazada de conchas de caracoles en 104 bolsas de nailon.

El total del cargamento pesaba aproximadamente 1.1 toneladas y tiene un valor estimado en el mercado de 640 millones de yuanes, lo equivalente a más de 80 millones de dólares estadunidenses.

Durante una conferencia de prensa, funcionarios de la Aduana de Hong Kong exhibieron el cargamento de productos marinos que se encontraba en costales que llevaban impreso el logo de  la Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como el escudo nacional. 

El comandante del equipo de inspección a cargo, Wang Jixiang, declaró que el contenedor en el que fue enviado el cargamento tenía 40 pies de largo y que la dirección del transportista estaba ubicada en México.

La decisión de inspeccionarlo se tomó luego de que autoridades catalogaran a América del Sur como "una fuente importante de tráfico de drogas".

Además de los rayos X, funcionarios de la Aduana se percataron de que algunas de las conchas de caracoles tenían una apariencia distinta a las auténticas, por lo que se descubrió que contaban con una capa exterior cubierta con cera que al interior llevaba la droga cristalina prensada con la forma del producto marino.

Las conchas de caracoles falsas fueron sometidos a una prueba rápida que mostró una reacción prositiva a la metanfetamina.

Luego de más de diez días de vigilancia fue arrestado un hombre de 27 años a las afueras de un Edificio Industrial, a quien se le identificó como miembro clave de la red de tráfico de drogas cuyas responsabilidades iban desde recibir mercancías hasta mantenerlas en almacenes y emaquetarlas.

Agentes de la Aduana de Hong Kong también aprehendieron a un conductor y a un gerente de almacen de 60 y 54 años de edad respectivamente.

El pronunciamiento de Segalmex 

Ante el escándalo en el que se vio envuelta la paraestatal luego de la conferencia de prensa que encabezaron autoridades de Hong Kong, Leonel Cota Montaño -titular de Segalmex- compartió un comunicado a través de sus redes sociales.

En dicho documento, fechado el 7 de noviembre de 2023, Segalmex aclaró que no realiza exportaciones de productos a ningún país, por lo que se deslindaron de cualquier mal uso que se haga de las siglas de la dependencia en otros territorios.

El organismo descentralizado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural también dio a conocer que se realizarán las denuncias penales ante las autoridades correspondientes por los hechos que pudieran ser constitutivos de uno o varios delitos contra quienes resulten responsables por el mal uso de su imagen.

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Roberto Salcedo Aquino, titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), explicó que los "montos de irregularidades" en las cuentas públicas 2019 y 2020 en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) es de 9 mil 500 millones de pesos y no de 15 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa del presidente López Obrador, el secretario recordó que, en agosto de 2022, los actos de fiscalización a Segalmex dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos que fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“La cifra de 15 mil millones de pesos que se ha manejado recientemente en la opinión pública, como los presuntos montos de las irregularidades en Segalmex, Liconsa y Diconsa, no es precisa y no está fundado. Como se informó en agosto de 2022, los actos de fiscalización dieron lugar a observaciones relacionadas con 9 mil 500 millones de pesos, de los cuales 6 mil millones de pesos fueron señalados por la SFP y 3 mil 500 millones de pesos por la ASF.

“Es importante puntualizar que las observaciones resultantes de un proceso de fiscalización son señalamientos que el ente auditado debe aclarar, por lo que esas observaciones no pueden ser consideradas daños patrimoniales hasta en tanto no se hubiesen agotado las instancias previstas para su aclaración, documentación o el resarcimiento de los daños. Esto es así porque las observaciones son conclusiones preliminares de lo que los auditores tuvieron a la vista y que requieren mayor información, evidencias, aclaraciones y precisiones para solventarlas o para dejar en firme una presunta responsabilidad”.

Roberto Salcedo Aquino indicó que las evidencias adicionales aportadas por las tres entidades se analizan caso por caso, para esclarecer si las observaciones se determinaron porque en su momento no fueron puestos a disposición de los auditores los documentos justificativos y comprobatorios del gasto, o porque corresponden a presuntas irregularidades que pueden constituir faltas administrativas o actos delictivos.

“Segalmex, Liconsa y Diconsa están recopilando evidencias para aclarar las observaciones, pues la información estaba dispersa, como lo informé en su momento, en las diversas oficinas de las entidades en los estados de la república. Es así que la SFP ha recibido información de 2 mil millones de pesos de los 6 mil observados cuya procedencia está en proceso de dictaminación.

“Asimismo, la ASF ha recibido otras evidencias en relación con las observaciones pendientes de atender. Se espera que, con la documentación aportada, el monto observado de 9 mil 500 millones de pesos por ambas instancias fiscalizadoras se reduzca sustancialmente”.

“Todo lo que no se aclare dará lugar a un proceso de investigación, con objeto de determinar si existieron faltas administrativas graves, que serán turnadas al Tribunal Federal de Justicia Administrativa; o probables hechos ilícitos que, en su caso, se convertirán en denuncias penales que serán presentadas ante la FGR. En esta fase de investigación administrativa se encuentran 37 expedientes”.

En Palacio Nacional, el titular de la SFP reiteró que los montos observados no pueden ser considerados como daños patrimoniales hasta que se emita una resolución por parte de la autoridad competente.

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