La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará que se gire orden de aprehensión contra ocho personas señaladas como presuntamente responsables de la muerte de 39 migrantes que estaban recluidos en la Estancia Provisional Migratoria de Ciudad Juárez.

En conferencia de prensa Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la FGR, detalló que en las próximas horas se solicitarán las primeras cuatro órdenes de aprehensión por los delitos de homicidio, lesiones y abuso de autoridad.

Herrerías Guerra explicó que una de ellas será en contra de una persona migrante señalada por iniciar el fuego dentro de la estación migratoria, a quien ya se tiene localizada; dos contra personal de migración y una contra un guardia de la empresa de seguridad privada.

Aclaró que en el curso de las investigaciones podría contarse con elementos para fincar responsabilidades también por los probables delitos de abuso de autoridad y malos tratos.

La fiscal rechazó dar más detalles de las investigaciones debido a que esta en curso el procedimiento para obtener las ordenes de aprehensión.

"No se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie": Rosa Icela Rodríguez

En rueda de prensa en Palacio Nacional, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, informó que se tienen identificadas a ocho personas como probables responsables de los hechos: dos agentes federales, uno del Instituto Nacional de Migración (INM) y cinco de la corporación privada a cargo de la seguridad, quienes dijo que todas estas personas ya están rindiendo su declaración ministerial.

Rosa Icela Rodríguez detalló que está en constante comunicación con el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, responsable de la investigación, para evitar que haya impunidad.

"No se ocultarán los hechos ni se protegerá a nadie", afirmó la secretaria de Seguridad, quien aseguró que se castigará la violación a los derechos humanos.

La encargada de Seguridad corroboró que hasta el momento se contabilizan 39 migrantes fallecidos y 27 lesionados en Ciudad Juárez hasta el momento.

Asimismo, la titular de la SSPC afirmó que el gobierno federal reprueba la mala actuación de servidores públicos que no se apegaron a los protocolos.

“Decir también que el Comisionado del INM, recorrió hospitales de Ciudad Juárez para conocer el estado de salud de los migrantes a quienes ofreció apoyo”.

La funcionaria señaló que de los 27 heridos, 14 de ellos se encuentran en el IMSS y seis están en un estado grave. Destacó que de ninguna manera se esconderán los hechos y no se protegerá a nadie.

Indicó que 11 heridos están en el Hospital General de Chihuahua, 10 de ellos están graves y uno delicado. Asimismo, en el ISSSTE hay dos personas estables.

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 El Instituto Nacional de Migración (INM) condenó de manera enérgica el ataque armado perpetrado contra las instalaciones de la estancia migratoria en Tijuana, Baja California, ocurrido la noche del pasado 8 de abril. 

Según informes del INM, en las imágenes del atentado se puede observar a una persona vestida de negro que desciende de un vehículo compacto y se aproxima a las oficinas administrativas portando un arma de fuego, disparando directamente hacia ellas. Afortunadamente, en el momento del suceso no se encontraba laborando personal administrativo en el lugar.

#TarjetaInformativa 📄 @INAMI_mx condena el ataque con arma de fuego en contra de las instalaciones de la estancia migratoria en #Tijuana, Baja California ocurrido la noche del 8 de abril de 2024.
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— INM (@INAMI_mx) April 9, 2024

El INM ha tomado medidas inmediatas al presentar una denuncia ministerial y solicitar la presencia de peritos de la Fiscalía General de la República en la entidad para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Asimismo, el instituto reafirmó su compromiso de trabajar por una migración segura, ordenada y regular conforme a la ley.

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El Instituto Nacional de Migración (INM) ha tomado la decisión de separar de sus funciones a dos agentes migratorios que se desempeñaban en la Oficina de Representación en Baja California, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) iniciara una investigación por presuntos actos ilícitos en los que estarían involucrados.

Según informó Jesús Alejandro Ruiz Uribe, delegado federal de Programas para el Bienestar de Baja California, uno de los funcionarios laboraba en la garita "El Chaparral" en Tijuana, mientras que el otro desempeñaba funciones administrativas en la Oficina de Representación.

El Instituto Nacional de Migración (INM) informó que de 2017 a 2023 se han abierto 119 investigaciones contra agentes de esa institución acusados de presuntas “conductas irregulares” contra migrantes, entre ellas extorsión, pero clasificó como información reservada el nombre de los funcionarios acusados, por un periodo de cinco años.

En una solicitud de información vía Ley de Transparencia hecha por EL UNIVERSAL, se pidió al organismo detallar la fecha, lugar, descripción de queja, nacionalidad del denunciante y si hubo alguna sanción contra los funcionarios acusados. Sin embargo, la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación señaló que no contaba con la información desagregada como se le solicitó.

“La cantidad de denuncias del periodo de 2017 a 2023 de las cuales la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación tuvo conocimiento y canalizó al Órgano Interno de Control (OIC) en el INM respecto de conductas aparentemente irregulares cometidas por personas servidoras públicas adscritas a las Oficinas de Representación del INM con la finalidad de que ese órgano fiscalizador en el ejercicio de sus atribuciones conociera los hechos y en su caso determinara la procedencia de realizar las investigaciones correspondientes e iniciar los procedimientos de responsabilidad administrativa respectivos, siendo éstas 119 quejas contenidas en un total de 2 mil 348 fojas”, expuso.

El INM informó que se clasificaron como información reservada los nombres de los agentes migratorios al argumentar que su difusión podría ser susceptible a alguna persecución por parte del crimen organizado por desempeñar actividades en materia de control y regulación migratoria, existiendo “un probable daño real, demostrable e identificable”.

Sostuvo que los agentes migratorios pudieran llegar a ser privados de su libertad o incluso perder la vida a manos de la delincuencia.

“Al revelarse el nombre de los funcionarios se pone en riesgo su vida y seguridad, lo que representaría su identificación plena, haciendo factible que cualquier persona pueda atentar en su contra y cometer actos ilícitos que pongan en riesgo su vida y seguridad personal”, asevera.

Ayer El Gran Diario de México informó que dos agentes del INM fueron captados en video mientras cobraban sobornos a migrantes durante una verificación en la caseta 156, Ojo Zarco, de la carretera Guadalajara-Tepic. Tras mostrar el video al INM informó que ordenó la baja inmediata de ambos elementos y se levantó la denuncia ante la FGR.

En la solicitud de información, Migración argumentó que la publicación de los nombres de los agentes federales de Migración o los servidores públicos con funciones operativas los coloca en un “grave riesgo” y que podría afectar su honorabilidad y su derecho a la presunción de inocencia.

“Hasta en tanto el OIC determine la procedencia o no de algún procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra se debe de garantizar el derecho a la presunción de inocencia de los servidores públicos, ya que incluso con la publicidad de sus nombres se podría afectar la oportunidad de llevar a cabo alguna de las garantías del debi-do proceso”, indicó.

El pasado 6 de abril EL UNIVERSAL reveló que en el Instituto Nacional de Migración agentes y funcionarios aprovechan cualquier oportunidad para obtener dinero de los migrantes y extorsionarlos sin importar su nacionalidad, pues, de acuerdo con testimonios de extranjeros y de integrantes de ONG, les cobran para dejarlos salir de las estaciones, por artículos para servicios básicos (higiene personal) e incluso existen “tienditas” en los centros de detención para vender productos hasta al triple de su costo normal.

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Tras el fin del Título 42, el Instituto Nacional de Migración (INM) ordenó a todas sus oficinas de todo el país no otorgar ningún permiso que autorice el tránsito de migrantes por el país, además de reconocer que no hay estancias para su alojamiento, luego que el miércoles pasado ordenara cerrar 33 estancias provisionales

En la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este viernes en Palacio Nacional se difundió una ficha informativa de medidas, tras el fin del Título 42.

“(El INM) también ordenó a todas las oficinas de migración en todos los estados no otorgar Formatos Múltiples Migratorios, ni otro documento que autorice el tránsito por el país”, se señala.

En el documento se lee que el INM alertó que ante la modificación del Título 42 y el cierre de las 33 estancias migratorias a nivel nacional los rescates masivos pueden tornarse violatorios a los derechos humanos “al no contar con un lugar para dar alojamiento a los extranjeros”.

“También informó que los traslados se realizarán de manera inmediata, ya sea por vía terrestre o aérea en los cuales tendrán que ir acompañados por tres agentes migratorios”, se indica.

La ficha informativa también refiere que en ambos lados de la frontera, las diversas fuerzas de seguridad inhibieron de forma eficiente los intentos de cruces masivos, así como los actos de violencia en contra del personal e instalaciones de los puentes internacionales tras el Título 42.

Se detalla que este jueves 11 de mayo se repatriaron a México 942 personas migrantes; 909 de Venezuela; 17 de Cuba; 15 de Guatemala y uno de Haití.

En la zona fronteriza del norte del país se contabilizó el jueves la presencia de 26 mil 560 migrantes; 10 mil en Ciudad Juárez; 7 mil en Reynosa; 5 mil 500 en Matamoros; 3 mil en Tijuana; 360 en Nogales; 420 en Piedras Negras, y 280 en Ciudad Acuña.

Se indica que el 10 de mayo, Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) detuvo a 11 mil 126 migrantes en la frontera con México, mientras que el INM rescató a 5 mil 499 migrantes irregulares.

El Título 42 era una norma sanitaria activada bajo la administración del expresidente republicano Donald Trump para supuestamente frenar la pandemia de Covid y que permitía expulsar automáticamente a casi todos los migrantes que llegan sin visa o documentación necesaria para entrar.

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La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo este jueves a tres de los cuatro funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM), a quienes se les giró orden de aprehensión este mismo día por su presunta vinculación directa en el incendio en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez.

Se trata del jefe de Recursos Materiales del INM, Eduardo Apodaca Magallanes; el coordinador del Grupo Beta Protección Migrante, Juan Carlos Meza Cumplido; la agente Migratoria, Cecilia Rivera Tena.

Por lo que, sólo falta por ser detenido el delegado del INM, contraalmirante retirado, Salvador González Guerrero, quien no han sido localizado por los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) comisionados para ejecutar los mandamientos judiciales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), Meza Cumplido fue detenido este jueves en Ciudad Juárez, frente a la Unidad Administrativa del Gobierno de Chihuahua y el camellón central.

En tanto, los agentes ministerial le cumplimentaron la orden de captura a Cecilia Rivera Tena, en la localidad de Ascensión.

Ambos están siendo trasladados para ser puestos a disposición del juez que los requiere.

Así ocurrió el incendio en INM en Ciudad Juárez

El pasado 28 de marzo, migrantes que fueron detenidos como parte de un operativo para retirarlos de las calles, donde algunos de ellos estaban viviendo o pedían dinero para mantenerse, se manifestaron en la Estación Migratoria de Ciudad Juárez luego de que se supiera que serían deportados o enviados a otras estaciones migratorias.

En el módulo se encontraban 68 personas, todos hombres adultos, ya que las mujeres y niños fueron llevados a un lugar aparte.

Al iniciar la protesta, dos agentes que se encontraban custodiando cerraron el módulo y fueron a pedir apoyo, de acuerdo con versiones de paramédicos.

Durante la protesta, los migrantes quemaron algunos colchones, lo que inició el incendio que dejo 40 fallecido.

En redes sociales se viralizó un video donde se observa que los migrantes quedaron encerrados en las celdas.

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