El Instituto Nacional Electoral (INE) informó que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una segunda demanda de controversia constitucional en contra del Plan B de la reforma electoral.

El nuevo recurso judicial controvierte la segunda parte del llamado Plan B, del 2 de marzo pasado, cuando entró el vigor el decreto que reformó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la expedición de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho recurso se suma a la controversia constitucional que ya había sido presentada por el INE el 1 de febrero, en contra de la primera parte del Plan B, que consiste en el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2022.

En un comunicado, el INE detalló que mediante la controversia constitucional se busca defender no sólo la autonomía del instituto, sino el Estado democrático establecido en la Constitución, “ante el cúmulo de violaciones constitucionales detectadas en aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales”.

“En la demanda presentada hoy, se solicita al Máximo Tribunal del país que otorgue una suspensión y, en tanto se pronuncia sobre el fondo de las controversias, se interrumpa la aplicación de la reforma y, por lo tanto, de sus efectos, de manera particular por lo que hace a la afectación a los derechos fundamentales de quienes integran el Instituto Nacional Electoral y a los derechos políticos de la ciudadanía”, aseguró el organismo.

La nueva controversia se basa en cuatro ejes fundamentales, a saber: la violación al debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, la vulneración a la autonomía e independencia del INE por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, la vulneración a las condiciones de equidad y de otros principios que deben regir las contiendas electorales y la afectación inconstitucional de los derechos laborales del personal del INE que provoca dicha reforma.

El Instituto argumentó que se violó el debido proceso legislativo por parte del Congreso de la Unión, pues se dio trámite urgente a una iniciativa que por disposición legal no podía ser sometida al mismo, no respetó el principio de publicidad, ni mucho menos el deliberativo que rige al órgano legislativo, impidiendo la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

Esto, alegó el INE ante la SCJN, impactó en la calidad democrática de la reforma.

En segundo término, consideró que se vulneró la autonomía e independencia del instituto por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, por lo que el INE demandó la invalidez de gran parte de la reforma, ya que afirmó que se está invadiendo su esfera competencial por parte de legisladores y del presidente de la República y el secretario de Gobernación.

Además, alegó la reforma contiene cambios que afectan la certeza en los procedimientos que conforman el proceso electoral en sus diversas etapas y que el Plan B desmantela la estructura orgánica y afecta los derechos laborales de todo el personal del Instituto, así como la eliminación de aproximadamente el 85 por ciento de las plazas del Servicio Profesional Electoral.

“El instituto tiene plena confianza en que con el análisis constitucional que realizará la Suprema Corte de Justicia de la Nación se restaurará el orden constitucional, al determinar la invalidez de la reforma”, aseguró.

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, adelantó que su grupo parlamentario impulsará a una iniciativa de reforma para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sean elegidos por votación ciudadana.

En conferencia de prensa, el líder guinda explicó que ese será el tema central durante la reunión que la fracción parlamentaria sostendrá este martes con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Detalló que el dirigente nacional propondrá que se incorpore a la agenda de trabajo una iniciativa que regrese esta facultad al pueblo de México, “y que no sean los partidos quienes definan a los magistrados”.

En su conferencia mañanera de este martes en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que propondrá una reforma al Poder Judicial para que los ministros de la Corte sean electos "por el pueblo".

Al opinar sobre el marco del fallo de la Corte contra las reformas del Plan B a las leyes secundarias en materia electoral avaladas por el Congreso nacional, el diputado expresó que se trató de una miopía jurídica, que pierde de vista el fondo de las modificaciones en beneficio de la población.

“Ellos se fueron sobre nuestro Reglamento, la manera en que nos organizamos, no se fueron al fondo, si la ley era buena o mala; si mejoraba la vida pública en México, si mejoraba la relación del Gobierno con los medios de comunicación; si los medios tenían la oportunidad de garantizar el derecho de las y los mexicanos a estar informados”, señaló.

Ignacio Mier, lamentó que la Suprema Corte se haya mantenido al margen en 2013, cuando se aprobó, en 12 minutos y sin discusión, la reforma que hizo perder a la nación su soberanía energética.

En contraste, el también presidente de la Junta de Coordinación Política expresó que las reformas en materia electoral se discutieron por 18 horas y conforme a los lineamientos de la Cámara de Diputados.

En ese orden de ideas, manifestó que los procesos para la deliberación en el Palacio Legislativo están apegados a la ley y deben respetarse por otras instituciones y soberanías.

Declaró que la Corte no planteó una discusión sobre controversias legales o jurídicas de las reformas en materia electoral, sino sobre el procedimiento en el Poder Legislativo, al que se invadió.

Aunque aseguró que se acatará la resolución de la Corte, declaró que se actuó de manera vergonzosa ante los ojos de las y los mexicanos, motivo por el cual es necesario que cada persona exprese su opinión de manera abierta.

“Quedarnos callados es convertirnos en cómplices de algo que está lastimando y lacerando al país, porque no dicen nada de los más de 600 mil pesos que ganan, no dicen nada de sus fideicomisos que son multimillonarios”, declaró.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó oficialmente al Senado de la República de la decisión del pleno de declarar inconstitucional la primera parte del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca eliminar atribuciones y desmantelar al INE.

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, publicó en sus redes sociales el oficio donde la SCJN ordena informar al Senado de lo que el legislador calificó de “histórica” decisión del máximo tribunal.

“La SCJN ya nos notificó la decisión histórica de declarar inconstitucional la primera parte del Plan B”, expuso.

“Siempre confiamos en que la razón estaba de nuestro lado, hoy celebramos que así sea y que en México se haga valer la división de poderes”, agregó Castañeda.

Lamentan “berrinche” de AMLO

Legisladores de Movimiento Ciudadano y de Acción Nacional en la Comisión Permanente lamentaron el “berrinche” y los ataques del presidente Andrés Manuel López Obrador, luego de la decisión de la Corte de invalidar la primera parte del llamado plan B.

“No me extraña que el Presidente haga un berrinche público porque la Corte haya ejercido su facultad de control constitucional y mantener el equilibrio y división de poderes”, expuso Clemente Castañeda.

“Tampoco me extraña que el Presidente, frente a lo que no puede controlar amenace con desaparecer. No es la primera vez que lo intenta: así lo quiere hacer con el INE, con el INAI y ahora con la SCJN”, agregó.

“Lo que me sorprende es que el Presidente piense que en el 2024, con una nueva expresión de la voluntad popular en las urnas, va a cambiar la Constitución. Eso es no entender el proceso democrático y creer perversamente que su legitimidad se va a prolongar hasta el siguiente gobierno”, agregó.

Por su lado, senadores y diputados federales del PAN lamentaron el llamado al plan C de López Obrador, que señalaron es inviable porque requiere mayoría calificada y lamentaron el clima de linchamiento y agresiones que está alentando contra los ministros de la SCJN.

Jorge Triana Tena dijo que el actual gobierno federal no está acostumbrado a que cada poder ejerza sus facultades, por lo que condenó las declaraciones del Presidente contra la SCJN y la doble moral con la que se ha manejado.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro Arturo Zaldívar votó contra el Plan B en materia electoral porque sufrió presiones del bloque conservador y, por tanto, dijo que no está decepcionado de su desempeño.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, sin embargo, el mandatario dijo que es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo.

–¿Qué piensa del voto de Zaldívar?

“Pues lo mismo”, respondió.

–¿Está decepcionado?

“No, no, no, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones de el bloque conservador que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía, es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, la oligarquía”, señaló.

Y es que Zaldívar fue uno de los nueve ministros de la Suprema Corte que ayer votaron por validar el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, para anular el plan B en materia electoral.

Zaldívar argumentó que el poco tiempo que tuvieron los legisladores para analizar y discutir a fondo las características de la reforma provocó que diera su voto por invalidar el Plan B.

López Obrador acusó que durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se entregó el Poder Judicial al PAN.

“Abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Creel, por Gómez Mont, todos los abogados conservadores, recomendaban jueces, magistrados, ministros y están completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes, muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”, dijo.

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Un golpe para la '4T', la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró anticonstitucional, la primera parte del 'Plan B' de la reforma electoral.

Con 9 a favor y 2 en contra, el máximo tribunal de justicia del país validó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que existieron “claras violaciones” constitucionales durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de AMLO.

Dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, el presidente López Obrador o los legisladores del bloque afín al gobierno federal podrían volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley, aunque ahora, de querer que sean legitimadas deberán seguir el procedimiento legislativo adecuado y los tiempos quizá no alcance para su aplicación en la elección presidencial de 2024.

"Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, en mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio, me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los Poderes de la Unión sino también nuestra serenidad ante infundios y rumores.

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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfilaron invalidar por mayoría la primera parte del plan B de la reforma electoral.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña se posicionaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se expresaron en contra.

Corte desecha solicitud de Consejería de Presidencia ante discusión del Plan B

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad.

A unas horas de que la SCJN discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.

A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.

Al tratarse de un poder derivado “sin legitimación popular”, la Consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.

“De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, advirtió.

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