El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzó Córdova, aseguró que el organismo recurrirá a todas las instancias legales que tenga a su alcance para impedir que el Plan B de la reforma electoral lo destruya, pues dijo que se trata de una reforma enraizada en fobias y rencores del pasado.

“Como lo he dicho en múltiples ocasiones, recurriremos a todas las instancias legales a nuestro alcance, a través de todos los medios jurídicos que la Constitución prevé, para impedir que esta reforma destruya lo que tanto trabajo le ha costado edificar a la sociedad mexicana”, advirtió.

Al participar en la firma de un convenio entre el PRI y el INE, para dotar al partido de una herramienta digital de afiliación, Córdova lamentó la entrada en vigor de las leyes que reducen la operatividad del instituto.

“Esta reforma dinamita el edificio democrático que nos ha permitido tener el periodo más amplio de estabilidad política, gobernabilidad democrática y paz pública, sin conflictos post electorales en toda la historia del país, justamente la historia de los nueve años recientes.

“Quizá sea la reforma electoral más regresiva de la historia del país, enraizada en fobias y en rencores del pasado, construida sin los consensos mínimos que todo cambio en las reglas del juego debería tener para garantizar la adecuada recreación de la democracia”, dijo.

Córdova informó que la batalla constitucional comenzó hoy, pues además de la controversia constitucional promovida por el INE, que se ha sumado a la de distintos partidos políticos, en contra de las normas de este llamado Plan B que entraron en vigor el 27 de diciembre pasado; también ya interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral “para restablecer el orden constitucional e impedir que una mayoría tiránica, autoritaria desde el Congreso de la Unión, sin seguir los cauces institucionales previstos para ello, que son, precisamente el juicio político, haya cesado a quien es nuestro Secretario Ejecutivo”.

El consejero presidente confió en que se restablezca el orden constitucional y Edmundo Jacobo regrese a ocupar el cargo que tiene su sustento en la Carta Magna.

“Estoy seguro que el licenciado Edmundo Jacobo volverá a ocupar el lugar que le corresponde en la mesa del Consejo por haber sido designado por el órgano constitucionalmente competente para ello que es el propio Consejo General.

“Inició ya una batalla jurídica en la que tendremos la certeza de contar con todos los elementos de la razón, de la justicia y de la Constitución de nuestro lado”, afirmó el consejero.

Advirtió que la batalla puede ser prolongada y compleja, “pero lo haremos con la absoluta convicción de que al final el orden constitucional y democrático que ha sido el resultado de una construcción colectiva de generaciones de mexicanas y mexicanos, de muy distintas orientaciones políticas que coincidieron en la necesidad de contar con herramientas y reglas que nos permitan democráticamente la disputa y el acceso al poder de manera pacífica, prevalecerá y, con ello, también nuestra democracia”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum pidió revisar y sanear el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027, tras señalamientos sobre presuntas irregularidades en contratos y sobreprecios durante administraciones anteriores.

La mandataria cuestionó la gestión de exfuncionarios electorales, entre ellos Lorenzo Córdova, al considerar que pudieron existir prácticas administrativas que favorecieron negocios particulares mediante contratos con proveedores.

Durante sus declaraciones, Sheinbaum sostuvo que el INE debe garantizar elecciones limpias, transparencia en el manejo de recursos y austeridad, además de cumplir con su responsabilidad de proteger la voluntad ciudadana.

También mencionó a Edmundo Jacobo Molina, quien ocupó durante varios años la Secretaría Ejecutiva del instituto, y cuestionó la supervisión de los procedimientos administrativos durante su gestión.

La presidenta señaló que corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía General de la República investigar los posibles actos irregulares y determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.

Finalmente, Sheinbaum consideró que las autoridades actuales del INE deben revisar sus gastos y procesos internos antes de los comicios de 2027. Los señalamientos contra exfuncionarios no constituyen, por sí mismos, una determinación de responsabilidad.

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Una investigación sobre presuntas prácticas monopólicas en la contratación de materiales electorales ha generado al menos 69 notificaciones dirigidas a empresas proveedoras del Instituto Nacional Electoral (INE) y de organismos públicos locales electorales (OPLE). El procedimiento comenzó durante la presidencia de Lorenzo Córdova y continuó bajo la gestión de Guadalupe Taddei, con señalamientos relacionados con posibles acuerdos entre proveedores para limitar la competencia.

De acuerdo con los registros de la Comisión Nacional Antimonopolio y de la extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la investigación se inició formalmente el 7 de julio de 2022, bajo el expediente IO-003-2021. Entre las compañías señaladas aparecen Cajas Graf, Formas Finas y Materiales, Corporativo Zeg y Diseño, Reconstrucción y Comunicación, vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas. La notificación más reciente, fechada el 22 de octubre, solicita a las empresas presentar sus argumentos respecto de diligencias probatorias adicionales.

El titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados sobre posibles irregularidades en los procesos de contratación, entre ellas simulación de competencia entre proveedores, presunta colusión para incrementar precios y modificaciones al objeto social de algunas empresas poco antes de participar en licitaciones. También señaló deficiencias en los estudios de mercado utilizados para justificar la adjudicación de contratos.

Según los datos presentados por el funcionario, las empresas investigadas acumularon contratos por aproximadamente 2 mil 461 millones de pesos con el INE y distintos organismos electorales estatales. La investigación busca determinar si existieron acuerdos para manipular los procedimientos de contratación pública y afectar la competencia en el suministro de documentación y materiales electorales. Hasta el momento, las notificaciones forman parte del procedimiento administrativo y no constituyen, por sí mismas, una resolución definitiva de responsabilidad.

Fuente: Información basada en los registros de la Comisión Nacional Antimonopolio, la Plataforma Nacional de Transparencia y las declaraciones del Órgano Interno de Control del INE proporcionadas en el reporte original.

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Tijuana-. Ante el anuncio de la renuncia de Guadalupe Taddei Zavala a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), Coparmex Tijuana sostuvo que la salida del cargo no debe cerrar las investigaciones ni sustituir la rendición de cuentas.

En un posicionamiento, la organización pidió a las autoridades competentes realizar una investigación exhaustiva, imparcial y transparente, y llevar las indagatorias hasta sus últimas consecuencias legales, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Coparmex planteó que las pesquisas no deben limitarse a quien encabezó el Instituto, sino abarcar áreas administrativas, contrataciones, proveedores y personas servidoras públicas que pudieran estar involucradas. También consideró necesario esclarecer posibles conflictos de interés, encubrimientos u omisiones.

El organismo exhortó a que la sucesión se realice con rapidez y apego al marco constitucional, acompañada de una evaluación pública y rigurosa de los perfiles. A su juicio, el proceso debe proteger la autonomía del INE y evitar acuerdos partidistas que puedan comprometerla.

De cara a las elecciones de 2027, Coparmex afirmó que es fundamental dar continuidad a la organización electoral y garantizar que la ciudadanía tenga certeza de que su voto será respetado y contabilizado correctamente.

“Desde COPARMEX defendemos un INE autónomo, íntegro y sólido. Exigir cuentas a quienes lo conducen contribuye a protegerlo y a recuperar la confianza ciudadana”, señaló la organización.

El comunicado concluye que la renuncia no debe dar por cerrado el caso y que la verdad, la justicia y la imparcialidad electoral deben orientar los próximos pasos.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como una buena decisión la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), aunque advirtió que su salida no debe poner fin a las investigaciones sobre posibles conflictos de interés y presuntas irregularidades administrativas dentro del organismo.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal sostuvo que es necesario realizar una auditoría para esclarecer los señalamientos relacionados con el manejo de recursos públicos, posibles abusos y privilegios durante la gestión de Taddei.

“Se tiene que hacer una investigación, tiene que haber una auditoría para ver las sospechas, abusos o privilegios”, expresó Sheinbaum, al señalar que cualquier irregularidad deberá ser investigada por las autoridades correspondientes.

La presidenta también descartó que la salida de Taddei, en medio de un proceso electoral iniciado en septiembre, represente un riesgo para la democracia mexicana. Explicó que existe un procedimiento legal mediante el cual la Cámara de Diputados deberá llevar a cabo la designación de quien ocupe la presidencia del organismo electoral.

Sheinbaum insistió en que las instituciones deben mantenerse libres de sospechas de corrupción y reiteró que las investigaciones deberán centrarse en posibles conflictos de interés y en el uso de recursos públicos.

No obstante, rechazó las críticas dirigidas a la vida personal de Guadalupe Taddei y cuestionó los comentarios que calificó como ataques machistas difundidos durante el fin de semana en redes sociales.

La mandataria señaló que los posibles actos irregulares deben investigarse, pero consideró inaceptable utilizar la situación para promover burlas o agresiones personales contra una mujer.

“Si hay un mal manejo de recursos que se investigue, pero esta burla de una mujer no está bien”, manifestó.

En relación con el presupuesto del INE para 2027, Sheinbaum indicó que corresponderá a la Cámara de Diputados revisar y, en su caso, ajustar los recursos solicitados por el organismo electoral.

Finalmente, consideró que el presupuesto propuesto resulta excesivo y planteó que podría tomarse como referencia el gasto ejercido durante 2024, actualizado conforme a la inflación, para evitar incrementos que considere injustificados.

La renuncia fue anunciada por Taddei el 25 de octubre, con la intención de formalizarla ante la Cámara de Diputados el día 26. La información fue confirmada mediante un comunicado del propio INE. 

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Luego de que el Senado de la República aprobara el llamado Plan B de reforma electoral sin incluir su propuesta sobre la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, aunque se avalaron medidas clave para reducir privilegios en el servicio público, la decisión de excluir ese mecanismo no beneficia al país.

“Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra… pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores)”, expresó.

Señaló que el Senado respaldó los cambios prioritarios de su iniciativa, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos públicos, pero dejó fuera la modificación relacionada con la consulta de revocación.

Sheinbaum explicó que la propuesta no buscaba obligar a realizar una revocación de mandato en 2027, sino ampliar la posibilidad de que este ejercicio democrático pudiera efectuarse en un momento distinto al cuarto año de gobierno.

Detalló que la intención era permitir que la consulta pudiera realizarse también en el tercer año del sexenio, coincidiendo con procesos electorales, siempre y cuando fuera solicitada mediante firmas ciudadanas.

“No es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero… y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas”, aclaró.

Sheinbaum considera que existió temor político en votación del Plan B

Desde su perspectiva, el rechazo legislativo respondió a temores políticos de los partidos, quienes consideraron que la presencia de la presidenta en la boleta podría influir en los resultados electorales, pero descartó que esto pudiera influir.

“Probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta… fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían… aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”, sostuvo.

Añadió que, a su juicio, durante el debate legislativo no se presentaron argumentos sólidos para impedir que el mecanismo pudiera aplicarse en 2027 o en futuros gobiernos.

“De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo… que tuviera argumentos suficientes para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033”, afirmó.

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