En Palacio Nacional lo bautizaron como “El Porfirito”, pero él se defiende. Edmundo Jacobo volvió a la silla de la Secretaría Ejecutiva del INE que ha ocupado por 14 años, tras haber logrado el primer revés legal al Plan B de la reforma electoral que ordenó su despido inmediato.

Estuvo sin empleo 11 días y volvió para quedarse hasta el 2026, periodo por el que fue electo constitucionalmente. Y aunque estaba seguro de su restitución, reconoce que la nueva presidencia e integración del Consejo General pueden someter a votación su cargo y entonces sí, removerlo si así lo deciden.

Se dice contento no porque le devolvieron el empleo, “sino porque la Constitución prevalece”. Advierte que no le preocupan los apodos que le propine el presidente Andrés Manuel López Obrador, pide un debate de altura, más allá de los apodos chistosos y los insultos, y presume estar más preparado que nunca para encabezar la batalla jurídica contra esta reforma que reitera, es inconstitucional.

​Dicen en las mañaneras que volvió al INE “El Porfirito”

Dicen muchas cosas. Yo he insistido: creo que el presidente está mal enterado. Hubiera sido para mí un honor haber trabajado con el doctor José Woldenberg en aquel IFE de la transición, pero no, yo llegué al Instituto Federal Electoral a invitación del doctor Leonardo Valdés, el 5 de junio de 2008. Y mi mandato podrá ir sólo hasta el 2026, ni un año más, ni un mes más, ni un día más porque la norma es muy clara.

¿Qué dice de esta polarización hacia su figura?

En primer lugar, quisiera que el nivel de debate fuera otro y no con epítetos que pueden sonar muy simpáticos. No pretendo entrar en un debate de esa naturaleza, he tratado de hacer mi trabajo de la mejor manera posible y agradecería mucho que mi trayectoria, que mi trabajo sea juzgado por los resultados, lo demás puede ser simpático pero no abona a la deliberación que este país y la ciudadanía merecemos ante lo que está sucediendo y a lo que viene.

¿Cómo lo recibieron en su regreso?

La verdad, muy contento, ¿Por qué no decirlo? No solamente porque yo haya podido regresar a esta oficina, es lo de menos, sino porque la Constitución y la ley se hicieron prevalecer.

Y también muy claro de que aquí apenas empezamos, es un largo periplo que nos va a llevar hasta que la Corte resuelva. En esto no se vale relajarse, no se vale confiarse, en esto hay que trabajar todos los días con convicción, porque esto es una causa, es la causa de la democracia.

Volví hoy, ya con la resolución notificada, aunque sabíamos el sentido del colegiado el jueves y de la jueza el viernes, por prudencia jurídica, política, que eso hay que cuidar todas las formas, por respeto a la ley y a las instancias decidimos esperar.

¿Cómo fue esta semana fuera del INE?

Lo primero que hago, siendo consistente con mi trayectoria y con mi trabajo en esta institución, es clamar por que se respete el Estado de Derecho en nuestro país.

Es a lo que me avoqué en estos días, y a seguir desde lejos los trabajos de la institución porque yo sabía que iba a regresar pronto. Y uno no puede despegarse de esta posición tan compleja y tiene uno que estar enterado para que no hubiera ninguna dilación en el momento en el que yo regresara al cargo.

Falta la resolución del Tribunal Electoral que ya generó rispidez.

Yo sólo interpuse estos dos recursos para que se me restituyera en el cargo como ha sucedido, lo hice como ciudadano. Conocí por medio de MILENIO la propuesta de la magistrada Otálora y espero que confirme y sea consistente con lo que en materia administrativa se me otorgó, son dos instancias del Poder Judicial, con responsabilidades y alcances distintos, pero hay en este caso, algo que se relaciona entre las dos instancias y espero que ellos también me den la razón por los derechos civiles que he interpuesto.

Ahora que regresa ¿cómo se retoma la defensa del INE?

Claro, el 25 de enero, por unanimidad se instruyó a la Secretaría Ejecutiva para que interpusiera, así se dice, todos los recursos legales al alcance para controvertir lo que muchos de los miembros del Consejo denominaron la inconstitucionalidad del Plan B.

Y se llama Plan B porque hubo un Plan A que buscaba reformar la Constitución y no se logró porque no obtuvo la mayoría que se requería en el Congreso, para hacer una reforma de ese alcance, después vino un Plan B que por la vía legal, de una manera un poco disfrazada buscaba volver al Plan A y eso es lo que estamos contraviniendo, cada vez que estudiamos y estudiamos con mucho cuidado todas las propuestas asociadas al Plan B, encontramos una serie de contradicciones contra la Carta Magna.

En medio de la batalla jurídica, también le va a tocar despedir y dar la bienvenida a las nuevas consejerías.

Yo espero que sea tomando en consideración el perfil que se requiere, que quien llegue aquí no sólo debe conocer la materia electoral, tiene que hacer honor al cuidado de la autonomía y la independencia de esta institución, eso es clave. Parecerían frases sueltas, no, no, no, aquí hay que tomarse en serio. Eso hay que hacerlo valer, se dice fácil, pero hay que vivir aquí las largas deliberaciones, discusiones y en ocasiones sí, las presiones.

Las instituciones son fuertes pero las personas que toman las decisiones en las instituciones tienen que honrar esa trayectoria y cuidarlo.

La nueva presidencia y a la nueva integración del Consejo sí podría evaluar su permanencia.

Sí, y ellos y ellas tendrán que juzgar mi trayectoria, son quienes sí tienen facultad para evaluar. Claro que pueden evaluar mi permanencia y acataré tal cual, eso sí es constitucional.

Aquí nunca descansamos y estamos listos para lo que viene, esta institución no para y está lista para trabajar en las más difíciles decisiones. 

¿Qué le dice a la ciudadanía ante todas estas críticas y quienes han tomado el apodo de Porfirito?

No, no lo soy, creo que hay que decirle a la gente por encima de eso, la verdad, lo digo con claridad. La política se entiende como el espacio donde se resuelven las diferencias de una manera civilizada, no con insultos. Yo no voy a caer en ese juego.

Tengo muchos años en esto, me han nombrado de muchas maneras y yo espero que sea mi trabajo y mi trayectoria lo que me juzgue y merezca la opinión calificada de quienes quieran emitirla, los apodos van, los apodos vienen.

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Luego de dos meses de suspensiones, este miércoles se aprobó la instalación de la comisión especial encargada de la organización de la elección del Poder Judicial, con lo que se reanudan los trabajos en el Instituto Nacional Electoral (INE).

La Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024–2025 está integrada por las consejeras Norma de la Cruz, Rita Bell López y presidida por Jorge Montaño.

“La realización de este proceso electoral ha sido muy compleja por todo lo que reviste, pero no tengo la menor duda de que contamos con un equipo no sólo de directivos, sino también en las juntas locales en cada una de las entidades federativas, así como también en cada una de las 300 juntas distritales, quienes impulsarán el desarrollo y organización de ese proceso mediante el trabajo en conjunto”, señaló el consejero Jorge Montaño.

Reconoció que el camino por delante es difícil, pero aseguró que el INE sabe hacer elecciones, como lo ha hecho anteriormente.

“Estoy convencido de que saldremos una vez más con buenos resultados en este proceso electivo”, afirmó.

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Tres magistraturas del Tribunal Electoral determinaron, en definitiva, que ninguna autoridad o Poder de la Unión puede paralizar la elección judicial, por lo que las 280 suspensiones y las sanciones que implicaría para el INE “no tienen ningún efecto”, decisión con la que blindaron al Consejo General y al Senado para continuar de inmediato.

“Es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de algunas de las etapas. El Senado de la República, el INE y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

“Por lo que, ninguna autoridad, Poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral judicial. Por tanto, las autoridades, poderes y órganos del Estado quedan vinculadas en términos de esta ejecutoria”, sentenció la Sala Superior de manera definitiva e inatacable.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el Instituto Nacional Electoral solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una nueva sentencia de acción declarativa, en la que se posicionaran sobre las suspensiones que tienen paralizada la elección judicial, y las consecuencias económicas y penales con las que los jueces de distrito han amagado al Consejo General en caso de reactivarla.

Con un proyecto del magistrado Felipe Fuentes, la mayoría de la Sala Superior determinó otorgar una medida cautelar declarando que estas suspensiones no tienen ningún efecto electoral, por lo que el INE debe retomar la organización pues de lo contrario, estaría incumpliendo sus obligaciones constitucionales.

“Para responder la pregunta a si tienen efectos las suspensiones decretadas que pretenden paralizar la organización del proceso electoral, la respuesta es que no tienen ningún efecto.

“Las y los juzgadores de amparo no deben intervenir en una cuestión que está reservada para este Tribunal Electoral y, en consecuencia, sus determinaciones carecen de validez en este campo, ya que van en contra del mandato constitucional”.

Fuentes Barrera expuso que ninguna de las sanciones que los jueces han advertido pueden ser un motivo para que las autoridades ordenadas constitucionalmente a realizar el proceso judicial, incumplan sus obligaciones.

“Las medidas o sanciones decretada para inhibir las atribuciones que tienen encomendados el senado, el INE y otras autoridades, no pueden tener un impacto en materia electoral ni pueden configurar un obstáculo para impedir que la elección siga su curso, por ello, este Tribunal debe resolverlo para que siga. Debemos ser claros, en esta materia, un proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad”.

Sin embargo, la magistrada presidenta, Mónica Soto, aseguró que su voto no implicaba pronunciarse sobre la validez de las suspensiones judiciales, sino únicamente abarca un pronunciamiento en cuanto a las obligaciones constitucionales en materia electoral que tiene el INE.

“De manera preliminar pero enfática, quiero señalar que las razones que sustentan el sentido de mi voto no implican un análisis y menos aún un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de las determinaciones emitidas por diversas autoridades no electorales, pues su revisión compete a otras autoridades a través de las vías correspondientes.

“En lo que aquí nos pronunciamos es en lo que tiene qué ver con procesos electorales”.

Y pidió “dejar claro” que “la reforma constitucional ya se dio, la Constitución es vigente, es un proceso en desarrollo y ya no es viable detenerlo”, por lo que ninguna autoridad puede “pretender incumplir o retrasar” las obligaciones que la Carta Magda le impone al INE.

En lo que coincidió el magistrado Felipe de la Mata quien además citó el reciente decreto de supremacía constitucional, con lo que dijo, es inviable cualquier acción que busque suspender la reforma judicial.

“A partir de la publicación de la supremacía constitucional en la que se impuso la no impugnabilidad, resuelta inviable constitucionalmente que a través de suspensiones se genere una situación de incertidumbre y afectación generalizada del proceso electoral. Esto es, resulta inviable que por la acción suspensiva o cautelar a través de acciones improcedentes.

“Todas las autoridades implicadas se encuentran impedidas constitucionalmente para frenar el proceso porque están obligados constitucionalmente a hacerlo y a hacerlo en los términos precisados en la misma, que resuelva además, inimpugnable y así ya lo determinó la Suprema Corte al sobreseer siete controversias constitucionales”.

Janine y Reyes acusan a TEPJF de extralimitarse y caer en contradicciones 

La magistrada Janine Otálora fue la primera en pronunciarse en contra, al reiterar su posicionamiento de la primera acción declarativa emitida por la Sala Superior, en donde consideró que el Tribunal Electoral debía esperar al pronunciamiento de las acciones de inconstitucionalidad que todavía tiene en trámite al Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pues sostuvo a diferencia del Tribunal Electoral, la Corte sí tiene competencia para opinar sobre suspensiones judiciales, por lo que sostuvo, que al Sala Superior en lugar de resolver, sólo agrava el enredo litigioso.

“El aplazamiento permitiría que la Corte se pronuncie como máxima intérprete de la Constitución par establecer con carácter vinculante el criterio que debe ceñir y al que deben apegarse el resto de autoridades, incluida esta Sala Superior. La propuesta busca dejar sin efectos las suspensiones y a la vez sin viabilidad de acatamiento, pero a su vez, sin tocarlas porque este Tribunal no tiene competencia para revocarlas, por lo tanto, es que sólo la Suprema Corte puede resolver.

“El proyecto propone abrir la posibilidad de que el INE deje de observar las determinaciones y atribuciones de órganos jurisdiccionales competentes, de aprobarse, esta decisión abonará al entramado litigioso en materia del Poder Judicial”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que este pronunciamiento de la Sala Superior “propicia la incertidumbre jurídica” y además, exhibió es contraria a lo que esta misma mayoría ha resuelto desechando decenas de demandas de jueces alegando que el Tribunal Electoral no tiene competencia, pero en este caso, sí entra al fondo y se posiciona.

“La propuesta está extralimitando las competencias de la Sala Superior al conocer de manera directa o indirecta, las suspensiones en materia de amparo y esa determinación es equivalente a invalidar las decisiones de jueces de distrito, lo que claramente escapa de las competencias de este tribunal e implicar en ello a este pleno es no atender el mecanismo legal para contravenir ese tipo de determinaciones.

“Mientras se han desechado demandas de juzgadores o del propio Consejo de la Judicatura, a las que no se les dio trámite porque el Tribunal no es competente para conocer este tipo de controversias o demandas de suspensiones de amparos. Así, no se pueden emitir medidas cautelares como lo pide el INE, sus pretensiones no son viables pero lo que hace el proyecto es entrar al análisis de manera directa”.

Ambas magistraturas tuvieron respuesta de Mónica Soto quien rechazó los señalamientos y defendió que la sentencia de la Sala Superior se apegaría a la materia electoral.

“Contrario a lo que se ha manifestado aquí, de manera alguna considero que este Tribunal esté excediendo sus atribuciones, pues la existencia de esta institución es atender los temas que tengan qué ver con cualquier elección.

“Quiero reiterar hoy, como en ocasiones anteriores, este Tribunal está resolviendo con estricto apego a la letra de nuestra Carta Magna, no concibo una duda siquiera, de que una sentencia pueda afectar el entramado litigioso, cuando el objetivo es resolver ese entramado con apego a nuestras competencias. Pretender esperar a otra instancia no compete porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos, estaríamos violentando las obligaciones que tenemos”.

Así, nuevamente con una sentencia apenas con tres votos a favor, se determinó que el INE puede reactivar la elección judicial de inmediato, sin que lo limite alguna suspensión judicial y sin que puedan aplicarle las consecuencias administrativas, económicas o penales que los jueces han impuesto.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo la ceremonia cívica con la que dio inicio al Proceso Electoral del Poder Judicial para elegir a jueces, ministros y magistrados.

La ceremonia, encabezada por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, tuvo la presencia de 10 consejerías, con la ausencia de Uuc-kib Espadas, e invitados especiales.

Taddei ofrece transparencia

Al tomar la palabra, Guadalupe Taddei afirmó que este proceso electoral inédito se realizará de forma transparente y con reglas claras para todos los participantes.

"Ya iniciamos y estamos listos para la organización de este proceso extraordinario, que no quede dudas trabajaremos con el mismo profesionalismo que nos ha dado reconocimiento nacional e internacional, y lo más importante, que nos ha servido para ganarnos la confianza de todos y todas los mexicanos", sostuvo.

Afirmó que los mecanismos de vigilancia y control del Instituto garantizarán la integridad del proceso electoral, el cual calificó como un paso trascendental en nuestra historia democrática.

"Celebramos la oportunidad de fortalecer el estado de derecho a través de un proceso electoral transparente y legítimo. Les aseguro que las reglas serán claras y equitativas para todos los participantes", aseveró.

Trabajadores inconformes

Los trabajadores del Poder Judicial se manifestaron en las Instalaciones del INE mientras se realizaba la ceremonia cívica que encabezó Taddei para dar inicio al proceso electoral para elegir a jueces, ministros y magistrados.

“INE de orgullo nacional a palero presidencial”, señalaron los manifestantes, y comentaron que el proceso electoral es un retroceso nacional y “solo es una simulación la elección de jueces y magistrados”.

“Venezuela destituyó a sus jueces y así empezó la dictadura”, mostraron en una de sus pancartas.

“¡Por una justicia imparcial, no a la reforma judicial!” y “¡Justicia por elección es simulación!”, consignaron.

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Por primera vez desde su creación en 1990, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sesionará el lunes 23 de septiembre sin la participación de representantes de partidos políticos para organizar la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte a realizarse en junio de 2025.

La reforma del Poder Judicial aprobada en el Congreso de la Unión establece que para mantener la neutralidad en la organización de las elecciones judiciales, el INE debe preparar dichas elecciones sin la participación de militantes de partidos políticos y en coordinación con el Poder Legislativo.

¿Qué establece la reforma judicial? 

La reforma establece que: “en los casos de sesiones extraordinarias urgentes que se celebren para tratar asuntos relacionados con los procesos para renovar cargos del Poder Judicial, el Consejo General se integrará únicamente por una consejera o consejero presidente, 10 consejeros y consejeras electorales, con derecho de voz y voto, y una secretaria o secretario ejecutivo, con derecho de voz”.

Para cumplir este mandato, el Consejo General sesionó de manera extraordinaria el jueves 19 de septiembre para aprobar, en menos de 10 minutos, los cambios necesarios que le permitan iniciar el lunes los trabajos de organización y coordinación para que se lleve a cabo la primera elección de jueces, magistrados y ministros en la historia de México.

Este 23 de septiembre, a las 8:45 horas, se instalará el Consejo General del INE y se emitirá la declaratoria del inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, se instruirá la elaboración del plan integral de trabajo, un calendario del proceso electoral y las actividades necesarias para la modificación del presupuesto para el ejercicio 2025.

¿Qué pasará durante la sesión del lunes? 

Además, en la sesión del lunes se sellará un acuerdo para la creación de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con lo que se dará inicio de manera formal el proceso de organización electoral judicial.

En un hecho inédito, la sesión del Consejo General se realizará sin la participación de representantes de los partidos políticos. Cabe mencionar que, al momento de su fundación, en 1990, el máximo órgano de dirección del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) contaba con una composición muy distinta a la actual.

En ese entonces, el presidente del Consejo General era el secretario de Gobernación y participaban seis consejeros electorales que debían garantizar total independencia partidista, pero que eran propuestos directamente por el entonces presidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

¿Qué pasará en la sesión del lunes? 

Además, el máximo órgano de IFE contaba con la participación de un director y secretario general, dos diputados y dos senadores que representaban a los dos grupos parlamentarios más numerosos de cada cámara y un representante partidista de cada partido político.

Hasta la reforma de 1994 se integró la figura de los consejeros ciudadanos y se establece la salida del secretario de Gobernación en el Consejo General, por lo que la integración de este órgano quedó conformada por el consejero presidente y ocho consejeros electorales, con derecho a voz y voto.

Además, se instruyó la integración con derecho de voz de un secretario general, consejeros del Poder Legislativo y representantes de cada partido político con registro.

Dicha conformación se mantuvo así durante 20 años, hasta que en 2014 se determinó que el Consejo General pasara de tener nueve a 11 consejeros electorales, los cuales serían elegidos por la Cámara de Diputados, y los demás representantes de los partidos políticos mantendrían su derecho de voz en el consejo.

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El Instituto Nacional Electoral (INE) comenzó con la planeación de las elecciones locales en Durango y Veracruz de 2025 y, a petición de Morena, señaló que hará los ajustes correspondientes ante la concurrencia con la elección del Poder Judicial.

La Comisión Temporal para el seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2024-2025 aprobó los primeros acuerdos relacionados con esta elección, donde se elegirán 39 municipios en Durango y 212 en Veracruz que deberán ser avalados ante el Consejo General del INE.

Al respecto, el representante de Morena, Jaime Castañeda, pidió agregar a los acuerdos un punto adicional que prevea las modificaciones que deberán realizarse con base a la reforma al Poder Judicial, ya que esta plantea que los partidos políticos no pueden participar en la discusión, y choca con la organización del proceso electoral local.

“Esa restricción tiene un problema cuando existe concurrencia, como es el caso de esta comisión y este proceso. Quisiera hacer una reflexión para que quedara abierta la posibilidad en el programa de trabajo, sin violar la reserva constitucional de diferenciar los procesos donde las representaciones podemos participar y no podemos participar”, apuntó.

“En Veracruz y en Durango vamos a tener concurrencia de esa elección con esta (del Poder Judicial). Por ejemplo, la integración de la mesa directiva de casilla, pues esta configuración es para la elección normal. Pregunta: ¿esta será para la otra elección?”, cuestionó.

Sobre los materiales electorales, Castañeda añadió que “si va a haber capacitación, insaculación y una integración con estrategia de capacitación, pues todos estos documentos podrían tener una doble impresión. Entonces, de aquí a la aprobación de esto, debería haber una revisión”.

Como parte de los acuerdos, la comisión determinó “agregar las precisiones que correspondan al programa de trabajo y respetar la instrumentación del proceso electoral para el Poder Judicial concurrente con las entidades de Durango y Veracruz”.

La presidenta de la comisión, Norma de la Cruz, señaló que una vez que tengan los detalles de cómo será el proceso electivo del Poder Judicial, podrán realizar los ajustes necesarios.

La comisión aprobó el Plan de trabajo que contempla los objetivos generales y específicos de la comisión y el calendario de actividades mensual.

También avaló las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral, en las que se establecen los requisitos, plazos e información general para la recepción de solicitudes, así como la posibilidad de observar el voto anticipado y prisión preventiva.

Otro acuerdo aprobado fueron los modelos de materiales didácticos y de apoyo para la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral, así como el modelo de guía para las y los observadores electorales, que incluyen la información básica para los ciudadanos sorteados; modelo de guía para observadores electorales; carta de notificación a la ciudadanía sorteada; la hoja de datos para la capacitación a funcionarios de casilla; nombramientos para funcionarios de casilla.

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