La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un plazo de ocho meses a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para regresarle el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que por mandato del artículo 21 constitucional le corresponde.

Por mayoría de nueve votos contra dos, de los ministros Arturo Zaldívar y Yasmín Esquivel, el pleno aprobó la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para que la sentencia que anuló la transferencia de la corporación a la Sedena, surta efectos a partir del 1 de enero del próximo año, fecha en que inicia la recta final del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Dicho plazo, consideró González Alcántara Carrancá, permitirá a las dependencias involucradas realizar gradualmente el reajuste en el control administrativo, presupuestal y operativo de la Guardia Nacional, que debe estar adscrita a la SSPC, dependencia del ramo de la seguridad pública.

“Este plazo permitirá llevar a cabo el reajuste mencionado, en forma plena, paulatina y ordenada”, expuso el ministro.

González Alcántara Carrancá afirmó que con esta prórroga también se privilegia la certeza jurídica en el control y la operación de la corporación que seguirá al mando de un militar retirado, así como en el estatus jurídico de sus integrantes y asegura las provisiones necesarias.

“Con esta prórroga en el surtimiento de los efectos propuestos se va a privilegiar la certeza jurídica en el control y la operación de la Guardia Nacional, así como en el estatus jurídico de quienes la componen, asegurando y respetando la integración de las provisiones necesarias para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la Federación”, indicó el ministro.

La ministra Ana Margarita Ríos Farjat afirmó que el plazo de ocho meses da oportunidad para que se realicen los cambios necesarios y los que pudieran surgir, derivado de la decisión que tomó el pleno de invalidar el traslado de la Guardia Nacional al Ejército, que ha sido duramente criticada por el presidente López Obrador, varios secretarios del gobierno federal y legisladores de Morena.

Tras resolver los efectos de la sentencia sobre la transferencia de la Guardia Nacional, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciaron el análisis de la acción de inconstitucionalidad 62/2019 que el entonces titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, presentó contra la totalidad de la Ley de la Guardia Nacional, por presuntas “omisiones legislativas relativas”, así como contra diversos artículos, como el 9, en su fracción XXXVI, que otorga atribuciones a ese cuerpo policiaco para resguardar las estaciones migratorias y a los extranjeros que se encuentren en ellas, a petición de Instituto Nacional de Migración (INM).

De entrada, la mayoría del pleno declaró infundadas las acusaciones de la CNDH relativas a que el Congreso fue omiso al no contemplar en la Ley de la Guardia Nacional la coordinación y colaboración de la institución policial con autoridades estatales y municipales, así como por no establecer reglas para determinar las aportaciones de los estados y municipios cuando solicitan la colaboración de la Guardia Nacional (GN).

“Del análisis completo de la ley es posible advertir que el Congreso sí contempló en diversos artículos la manera en que será costeada la operación de la Guardia Nacional”, señaló el ministro Javier Laynez Potisek.

“Dispone principalmente que los recursos humanos, económicos y materiales de operación de la Guardia Nacional están a cargo de la Federación, pero excepcionalmente los convenios de colaboración que se suscriben con la Secretaría del ramo de Seguridad Pública y las entidades van a contener y ahí es donde se pactarán las aportaciones que en su caso deberán hacer éstos cuando la Guardia realice tareas competencia local”, añadió.

De igual forma, el pleno de la Suprema Corte determinó infundados los señalamientos de la CNDH, en la acción de inconstitucionalidad, referentes a que en la Ley de la Guardia Nacional no se establecieron criterios de evaluación de sus integrantes.

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El diputado Jorge Ramos Hernández, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Protección Civil del Congreso de Baja California, expresó su preocupación tras los hechos ocurridos en el fraccionamiento Chapultepec, donde una pareja de médicos fue víctima de un robo presuntamente por parte de individuos con insignias oficiales.

Ramos Hernández calificó como muy lamentable que una corporación que cuenta con un 74 por ciento de aprobación a nivel nacional se vea afectada por prácticas como esta. Agregó que, aunque las imágenes y videos de los vecinos muestran vehículos con la misma logística y posible participación de efectivos, las autoridades correspondientes, tanto estatal como federal, serán las encargadas de analizar y confirmar esta información.

El legislador señaló que muchos de los videos y datos recopilados en la zona son valiosos y serán utilizados por la Fiscalía para esclarecer los hechos y dar transparencia a la ciudadanía. Sin embargo, aclaró que esperará la confirmación oficial antes de hacer afirmaciones definitivas.

Preocupa particularmente la posibilidad de que criminales utilicen insignias oficiales para cometer delitos, por lo que, en respuesta a esta problemática, el congreso aprobó una iniciativa para castigar con severidad el uso ilícito de insignias que corresponden a los cuerpos de seguridad.

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La Guardia Nacional en coordinación con la Policía Municipal de Tijuana realizó un operativo interinstitucional para retirar cámaras de videovigilancia instaladas en la vía pública, en la Delegación Presa Rural. La acción se llevó a cabo del 13 al 15 de enero de 2026, en diversos puntos desde la Avenida Tehuacán hasta la Calle Retorno de las Yucas.

Como resultado, se lograron desinstalar 133 cámaras, incluyendo 14 PTZ (giratorias) y 119 fijas, que quedaron bajo resguardo de las autoridades. La operación fue posible gracias a trabajos de inteligencia y vigilancia, realizados por personal de la Guardia Nacional, quienes localizaron y aseguraron cada dispositivo.

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La Cámara de Diputados aprobó en lo general, con 349 votos a favor y 132 en contra, una nueva Ley de la Guardia Nacional que elimina su carácter civil, la convierte en Fuerza Armada Permanente bajo el mando de la Sedena y permite que militares ocupen cargos públicos o de elección popular con licencia especial del Ejecutivo.

El dictamen establece que dicha licencia concluirá al término del mandato presidencial que la haya otorgado. Diputados del PAN, PRI y MC acusaron que esta reforma profundiza la militarización de la vida pública y representa un riesgo para las libertades ciudadanas.

Desde la tribuna, legisladores de oposición calificaron la medida como el “fin del Estado civil mexicano” y anunciaron recursos legales para frenar la reforma. Morena y aliados desecharon las mociones en contra y defendieron que la Guardia Nacional sigue el modelo de otras corporaciones previamente integradas por fuerzas armadas.

La reforma aún deberá pasar al Senado para su discusión y votación final.

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Elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte emitido por la Central de Radio, en el que se alertaba sobre una persona que había ingresado desnuda a un domicilio en la colonia Nueva Tijuana.

Al arribar al lugar, los oficiales fueron abordados por la parte reportante, quien explicó que momentos antes, se encontraba en su casa con su hija y nieto cuando un hombre desconocido rompió la chapa de la puerta e ingresó completamente desnudo.

Los residentes gritaron y pidieron al intruso que se retirara, logrando que saliera del departamento. Sin embargo, el sujeto intentó ingresar al departamento contiguo, causando daños en la cerradura, y posteriormente bajó por las escaleras intentando esconderse.

Gracias a la denuncia, los oficiales localizaron y aseguraron al individuo, quien fue identificado como Rigoberto “N”, de 39 años. El sujeto, que se desempeña como sargento activo de la Guardia Nacional asignado a la aduana de Tijuana, fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para las diligencias del caso.

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El gobierno de México retiró la concesión del Parque Bicentenario a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, S.A. de C.V. tras la muerte de dos fotógrafos durante el festival AXE Ceremonia el pasado 5 de abril.

En la declaratoria de rescate por causas de utilidad pública publicada en el Diario Oficial, se explica que a partir de hoy el inmueble estará a cargo de la Secretaría de Cultura del gobierno federal con el fin de llevar a cabo un “nodo cultural-ambiental” en el sitio.

“Se declara el rescate por causa de utilidad e interés público del Título de Concesión N° TC-05/2018/A y su instrumento modificatorio TC-05/2018/A-1 emitidos en favor de la persona moral denominada OPERADORA DE PROYECTOS DE ENTRETENIMIENTO NLP S.A DE C.V., relativos al inmueble federal denominado "Parque Bicentenario" con Registro Federal Inmobiliario 9-20863-7”, señala.

El pasado 5 de mayo, durante la realización del festiva AXE Ceremonial, dos fotorreporteros identificados como Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas, murieron tras el colapso de una estructura metálica. Tras estos hechos la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se revisaría y en su caso retiraría la concesión a la empresa que administraba el parque, lo cual se oficializó esta mañana con la publicación en el Diario Oficial.

En este contexto, la autoridad recordó que los concesionarios tienen la obligación de preservar el inmueble y garantizar la seguridad e integridad de quienes lo visitan, lo cual no ocurrió en dicho festival.

“Es el caso que, el 5 de abril de 2025 durante un evento en el "Parque Bicentenario" se suscitó un incidente que atentó contra la integridad de las personas que acudieron, es decir, el Concesionario dejó de prever las medidas apropiadas para asegurar la integridad de los asistentes al evento”, señala.

Por tanto, la declaratoria especifica que la empresa tiene 15 días hábiles para solicitar el retiro y disposición de los bienes y equipo, de los cuales acredite la propiedad, siempre que estos no sean afectos al objeto del inmueble y cuando los mismos no fueren útiles a la Federación. También se le da un plazo de 90 días para presentar la documentación necesaria para calcular la indemnización que recibirá por el retiro de la concesión.

En tanto, las autoridades aseguraron que la Secretaría de Cultura cuenta con todas las facultades y atribuciones para que se le destine el predio, al asegurar que en este se desarrollará y ampliará la oferta cultural para la ciudad y el país.

Y explicaron que esta dependencia cuenta con amplia experiencia en la administración de espacios culturales como el Centro Nacional de las Artes, el Complejo Cultural Los Pinos, el Museo Nacional de los Ferrocarriles y el Parque Cultural Chapultepec.

“Se declara por causa de interés público, la creación de un nodo cultural-ambiental, con exposiciones, talleres y actividades que fortalezcan la educación cultural y ecológica, que pueda aprovechar todo el espacio del parque en beneficio de la sociedad, asegurando la conservación de elementos naturales y de la propiedad pública”, señala.

Guardia Nacional toma Parque Bicentenario

Durante la madrugada, elementos de la Guardia Nacional, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSP), tomó posesión del Parque Bicentenario en Miguel Hidalgo.

El dispositivo se conformó de por al menos un centenar de elementos policiales que se apostaron en cada una de las entradas del Parque Ecológico con la finalidad de controlar los accesos al mismo.

Al interior del parque hay personal federal revisando las instalaciones y el estado del mismo. También fue recuperado por la autoridad federal el Parque Ecológico 18 de Marzo a espaldas del Bicentenario.

Sheinbaum va por impedir la especulación privada en el Parque Bicentenario 

La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó el compromiso de su gobierno con la recuperación de espacios públicos al anunciar el relanzamiento del Parque Bicentenario, un área de 55 hectáreas que fue objeto de concesión en los últimos momentos del sexenio de Enrique Peña Nieto.

En sus declaraciones, Sheinbaum subrayó la importancia del parque como un bien común, destinado a fortalecer el acceso a la cultura y la preservación del patrimonio.

"Las razones de utilidad reafirman el acceso a la cultura, el resguardo al patrimonio, y en ese sentido, todo bajo la norma de la Secretaría de Cultura", expresó.

Además, señaló que se buscará integrar promotores que operen bajo lineamientos normativos, con el fin de equilibrar la oferta privada y el acceso público.

Sheinbaum enfatizó que su administración trabajará para que el Parque Bicentenario se mantenga como un espacio público accesible, sin estar bajo el control de empresas privadas.

"Vamos a fortalecer la parte pública para trabajar con el gobierno y facilitar otro tipo de oferta de manera que sea colectiva. Se trata del rescate de un bien común que no esté en manos de una empresa que lucra", afirmó.

Con este relanzamiento, se busca que el parque se convierta en un modelo de gestión que permita su desarrollo sostenible, garantizando el disfrute de la ciudadanía y evitando la especulación privada.

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