Integrantes del Frente Nacional Obradorista (FNO) instalaron tres carpas en la entrada principal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para recabar 150 mil firmas y solicitar la renuncia de la ministra presidenta, Norma Lucía Piña Hernández, quien el 18 de abril, junto a siete ministros invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

A los costados de la Corte fueron colocadas vallas metálicas de color naranja y se apostaron decenas de Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), y elementos de la Guardia Nacional (GN) transitaban discretamente por las inmediaciones.

Las personas que se acercaban a las mesas para preguntar sobre la intención de las firmas comentaron a EL UNIVERSAL que los miembros del FNO les manifestaron que debían presentar su credencial para votar, con la finalidad de anotar el nombre y número; argumentaron que las firmas recabadas serán entregadas a la Corte, además prevén realizar una marcha, aunque todavía no definen la fecha. En una de las mesas vendían Amlitos, playeras y tazas con la figura del Mandatario.

La fachada de la SCJN fue tapizada de cartulinas con varias leyendas: “Fuera Norma Piña y su banda de corruptos, ladrones, traidores al pueblo de México”; “Mexicanos no hay que dormirnos… no más PRI-AN, no más saqueadores al país”, y “Fuera ministros ratas y corruptos”.

“Fuera Norma Piña", dicen mantas en plantón afuera de la Corte

En las escaleras de la Corte colocaron una manta con la leyenda: “El Pueblo Pone y el Pueblo Quita” Art. 39 Constitucional. En la misma manta se observa el escudo del Frente Nacional Obradorista con la leyenda: “Defensores de la 4T en contra de la corrupción. ¡Fuera neoliberales!”

En la puerta pegaron una manta: “Presidenta de la Suprema Corte de Injusticia” y de fondo los partidos PAN, PRI y PRD.

En el transcurso de la mañana de ayer, un adulto mayor con la ayuda de un altavoz llamó a los transeúntes a apoyar el movimiento: “Pasen a firmar, hay que remover a este Poder Judicial corrompido, han convertido la justicia en un negocio… la justicia en México la tocan y la venden, puros moches en los ministerios públicos, ya queremos que se vayan… que vayan a hacerle compañía a Genaro García Luna”, expresó.

Dijo que deseaban rodear todo el inmueble, pero no se los permitieron y que conseguirían sillas para los adultos mayores.

De forma intermitente los integrantes utilizaron el altavoz, a las 15:00 horas otro sujeto se colocó en las escaleras y dijo que aún hay gente que tiene esperanza en el PRI, PAN y PRD porque recibieron beneficios y ahora los privilegiados son ancianos y niños.

“Estamos luchando para quitar a esta clase de servidora pública que es la ministra Norma Piña… en vez de ayudar al pueblo está ayudando a los narcotraficantes, como Francisco García Cabeza de Vaca [que] ya le quitó la orden de aprehensión, ya liberó a Rosario Robles por esa demanda de 5 mil millones de pesos que desaparecieron en Sedesol.

“Liberó cuentas de Genaro García Luna… luchamos por los mexicanos, ayudando a nuestro mandatario. El pueblo debe de quitar a los jueces y poner otros, estamos buscando firmas para sacar a la narcoministra, es tiempo que México despierte”, insistió.

Una mujer tomó el altavoz y expresó que los ministros sólo van a calentar el sillón y a sentirse superiores, “mientras el pueblo se muere de hambre, ¿Qué está pasando? La desigualdad en México es terrible, ¿por qué tanta desigualdad? Por eso tantos ladrones, algunos estamos aquí y nadie nos paga, venimos porque queremos justicia. Malditos aquellos políticos que con sus palabras dicen defender a su patria y con sus hechos la traicionan”.

No es la primera vez que los simpatizantes de Morena realizan un plantón; el 21 de marzo demandaron la renuncia de la ministra presidenta y también recolectaron firmas y pegaron cartulinas en la entrada de la Corte acusándola de estar contra la democracia.

En la sesión del pasado 20 de abril, la Suprema Corte de Justicia dio un plazo de más de ocho meses para que se cumpla el traspaso de la GN a la Sedena. El 1 de enero de 2024, la GN ya tiene que estar bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) será la institución encargada de resolver la denuncia contra el ex ministro Arturo Zaldívar por presuntas faltas administrativas. 

En un comunicado, la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aclararon que esta última institución no tiene las facultades para investigar al ministro de la corte. 

Indicaron que conforme a la normativa que rige la actuación del CJF, es competencia de la presidenta de la corte Norma Piña Hernández, pronunciarse sobre la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.

Explicaron que de conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del CJF que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa, incluyendo las anónimas.

Por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados.

“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”.

Denuncia contra Arturo Zaldívar

El 9 de abril, la presidenta de la SCJN y del CJF, Norma Piña, dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, al ministro en retiro Arturo Zaldívar, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas.

“En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex ministro. En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal".

“Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”.

De igual manera, por acuerdo de la ministra Norma Piña se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente.

Jueces y ministros respaldan a Norma Piña 

Los jueces y magistrados federales del país manifestaron su apoyo a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, tras el anuncio de su antecesor en el cargo, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, de iniciar un juicio político por la investigación que inició en su contra y también ex colaboradores.

A través de un comunicado de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), señalaron que el juicio político ha sido recurrente para intimidar a los juzgadores de manera constante.

“El juicio político es un instrumento constitucional para hacer efectivas sanciones a servidores públicos en casos específicos; pero su uso ha sido recurrente para intimidar a las y los juzgadores de manera constante".

“En ese entendido, resulta paradójico que se pretenda iniciar una campaña difamatoria contra la ministra presidenta, por cumplir con la obligación que los ciudadanos le demandan: cerrar espacios a actos probables de corrupción y de influir en las decisiones jurisdiccionales para beneficiar a una de las partes”, señalaron.

Por ello, rechazaron cualquier intento de vincular su obligación de someter a investigaciones administrativas denuncias que son de su conocimiento por probables actos irregulares, como una estrategia maquinada para incidir en el proceso electoral y, lo más grave, actuar contra una candidata en específico.

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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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En un giro legal intrigante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está considerando revertir un amparo que permitía el matrimonio o concubinato con dos o más personas. Esta medida, otorgada hace tres años en Puebla, se basó en la protección constitucional de diversas formas de familia. 

No obstante, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone revocar esta sentencia, argumentando que las relaciones poliamorosas no son socialmente predominantes y podrían generar desigualdades. El debate destaca la necesidad de regulaciones claras en caso de que el poliamor crezca en la sociedad, planteando el riesgo de desventajas, especialmente para mujeres y niños. 

La resolución propuesta destaca las advertencias internacionales sobre la poligamia, señalando que puede derivar en desigualdades graves y afectar negativamente el bienestar económico de mujeres e hijos. La legalidad del poliamor en México está en una encrucijada.

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La senadora Laura Ballesteros (MC) propuso reformar los artículos 76, 95 y 96 de la Constitución para establecer los requisitos para ocupar el cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), como contar con cuando menos 15 años de experiencia en actividad jurídica, por ejemplo.

“No podemos permitir que a este tribunal constitucional lleguen personas que no cuentan con la capacidad, ni con la experiencia requerida para el cargo, por el solo hecho de ser leales al Presidente de la República, un poder no puede ser sumiso a otro. En la Corte se ocupa capacidad y experiencia, no abyección”, aseguró la legisladora.

El proyecto establece que para ser ministro, el aspirante no debe haber sido titular de un organismo administrativo descentralizado o desconcentrado, jefe o jefa del SAT, comisionado o consejero de algún órgano constitucional autónomo, gobernador o gobernadora del banco central.

O estar a cargo de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, titular de una empresa de participación estatal mayoritaria, titular de una empresa productiva del Estado, candidatos a cargos de elección popular, dirigentes de partidos políticos, o magistrada o magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

“La autonomía y la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el país es fundamental, para hacer valer la tan ansiada justicia que nos deben y la democracia que seguimos construyendo, pero sobre todo para garantizar los derechos de todas y todos los mexicanos”, dijo Ballesteros en tribuna.

La iniciativa presentada por la senadora de MC, también establece que para la designación de ministros de la SCJN, se tomarán en consideración las conclusiones de los foros ciudadanos de expertos en el tema judicial que deberán organizarse para el análisis y designación.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, con opinión de la Comisión de Justicia, de la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.

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Ante el pleno del Senado, Lenia Batres Guadarrama rindió protesta como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras ser designada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Este 14 de diciembre, Eduardo Ramírez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), informó que el Senado le notificó sobre la designación de Lenia Batres como nueva ministra de la SCJN, en sustitución de Arturo Zaldívar, quien hace unas semanas presentó su renuncia al cargo. 

Conforme a lo estipulado en la Constitución, Ana Lilia Rivera, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, le tomó protesta a Batres Guadarrama, quien permanecerá en el cargo durante los siguientes 15 años. 

Lenia Batres fue designada por el titular del Poder Ejecutivo, luego de que en el Senado no se alcanzara la mayoría calificada para elegir a una de las integrantes de la segunda terna enviada por López Obrador. 

“Designo de manera directa a la C, Lenia Batres Guadarrama como ministra de la Suprema Corte, cargo que durará 15 años a partir de esta fecha, como lo establece el artículo 94 párrafo décimo cuarto de la Constitución, lo que por este conducto hago del conocimiento de esta soberanía”, se lee en el oficio enviado por el Presidente. 

📌 La presidenta de la Mesa Directiva del #SenadoMexicano, @AnaLiliaRivra, toma protesta a @LeniaBatres como ministra de la @SCJN. pic.twitter.com/LFGIWpAA3A

— Senado de México (@senadomexicano) December 14, 2023

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