Un juez federal condenó a 92 años de prisión a José Luis Abarca Velázquez, ex alcalde de Iguala, por el delito de secuestro de seis integrantes del Movimiento Campesino Unidad Popular. Sin embargo, fue absuelto del cargo de delincuencia organizada debido a falta de pruebas de su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos.

La sentencia fue dictada por Samuel Ventura Ramos, juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales, y se encuentra bajo apelación tanto por la defensa como por el Ministerio Público Federal. Además de la condena de prisión, Abarca Velázquez deberá pagar una multa de 920 mil 700 pesos o cumplir 15 mil jornadas de trabajo comunitario.

El caso está relacionado con el secuestro de seis personas, entre ellas Arturo Hernández Cardona, ocurrido en mayo de 2013 en Iguala. Aunque el caso había sido archivado anteriormente por falta de pruebas, se reactivó después de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa en 2014, cuando se obtuvieron nuevas declaraciones que implicaban a Abarca Velázquez en el secuestro.

Cabe mencionar que José Luis Abarca y su esposa también enfrentan cargos por delincuencia organizada y delitos contra la salud en un expediente adicional presentado por la Fiscalía General de la República. Además, el ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, ha sido sujeto a proceso penal por desaparición forzada y delincuencia organizada, basado en testimonios que vinculan a Abarca y su esposa con el grupo criminal Guerreros Unidos.

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Luego de que la semana pasada les cumplimentaran nuevas órdenes de aprehensión, un juez federal del Estado de México dictó auto de formal prisión contra el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud, por supuestos nexos con el grupo criminal Guerreros Unidos.

De igual forma, el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, Enrique Beltrán Santes, procesó al ex secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores Velázquez, por los probables delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada.

De acuerdo con las investigaciones, Abarca Velázquez y Pineda Villa fueron acusados por el testigo protegido con nombre clave “Juan”, identificado como el exjefe de sicarios de Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, alias “El Gil”, quien aseguró que José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda brindaron protección a esa organización criminal.

Para imputar a Abarca y a Pineda Villa, Fiscalía General de la República (FGR) también utilizó como datos de prueba los testimonios de la testigo colaboradora con nombre clave “Karla”, mientras que contra Felipe Flores, han declarado alrededor de 20 testigos en el sentido de que el exfuncionario también otorgaba protección a Guerreros Unidos.

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Por falta de pruebas, un juez federal, con sede en Tamaulipas, absolvió al expresidente municipal de Iguala, Guerrero, José Luis Abarca Velázquez, del caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, Abarca seguirá recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano porque está acusado de otros delitos, como delincuencia organizada, lavado de dinero y del homicidio del activista Arturo Hernández.

De acuerdo con fuentes federales, el titular del Juzgado Tercero de Distrito de procesos penales federales de Matamoros determinó que la Fiscalía General de la República no presentó las pruebas suficientes para vincular al político con el secuestro y desaparición de los jóvenes.

En agosto pasado, el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, acusó que quienes ordenaron la desaparición de los normalistas fueron José Luis Abarca y líderes del grupo criminal Guerreros Unidos, en coalición con otras autoridades.

“Estamos diciendo; quienes dieron la orden. Participa A1, presuntamente José Luis Abarca, los dirigentes de Guerreros Unidos, y en coalición con algunas otras autoridades, que es lo que forma parte de la investigación.

“Tenemos evidencia de la coalición de autoridades donde A1 y líderes de Guerreros Unidos ordenaron recuperar la mercancía y darles su merecido y un escarmiento ejemplar a los estudiantes”, aseguró Encinas.

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Un tribunal federal concedió un amparo a María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y ordenó cancelar el auto de formal prisión emitido en su contra para que nuevamente declare en la acusación por delincuencia organizada por la que permanece en prisión.

El Tercer Tribunal Colegiado en materia Penal del Estado de México confirmó la decisión del Juez Séptimo de Distrito en materia de Amparo y Juicios Federales de la entidad para conceder el amparo a la ex primera dama de Iguala, señalada por supuestos vínculos con los Guerreros Unidos, grupo relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, la resolución no implica que Pineda Villa será puesta en libertad, pues los magistrados ordenaron revisar los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores que la Procuraduría General de la República (PGR) presentó en su contra.

“La autoridad responsable deje insubsistente el auto de formal prisión dictado el once de marzo de dos mil diecinueve, abra un nuevo plazo constitucional, en el que lleve a cabo nuevamente la diligencia atinente a la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa, en caso de que no existan en la causa penal los nombres y datos de identificación de los testigos colaboradores con claves "Mateo" y "X", requiera al agente del Ministerio Público de la Federación que consignó la averiguación previa que dio origen el proceso penal 12/2017, de su control, para el efecto de que proporcione el nombre real y todos los datos personales de los aludidos testigos colaboradores en el lapso que se estime prudente”, señalaron.

Además, requirieron al juez Tercero de Distrito de Procesos Penales federales del Estado de México para que “tomando en cuenta el término constitucional para resolver la situación jurídica, recabe nuevamente la declaración preparatoria de María de los Ángeles Pineda Villa”, sobre la acusación de delincuencia organizada que pesa en su contra.

Esto, debido a que los magistrados señalaron que el juez debe hacerle saber todos los derechos que tiene en el proceso y, de manera clara y precisa, le debe informar los delitos por los que está acusada, los hechos por los que se le acusa y quiénes la señalan como probable responsable.

“En la inteligencia que, deberá hacérsele saber la identidad de los testigos colaboradores con nombre clave "Mateo" y "X", cuya identidad hasta la etapa de averiguación previa era reservada; así como cualquier otro dato, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción III, Constitucional, y 154 del Código Federal de Procedimientos Penales, a efecto de que la procesada antes mencionada esté en aptitud de defenderse al respecto, todo lo anterior, con la finalidad de que la encausada no sólo conozca quién o quiénes realmente declararon en su contra, así como de los hechos concretos que se le atribuyen, sino que también pueda preparar su defensa”, indicaron.

Una vez hecho esto, el juez Tercero de Distrito deberá resolver nuevamente si emitirá auto de formal prisión en su contra o no.