El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que intervino para que cinco ministros de la SCJN votaran para declarar constitucional el que la Guardia Nacional se mantuviera en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pero fracasó.

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador recordó que, en abril pasado, cuando se declaró inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a Sedena, se necesitaban solo cuatro votos de los ministros para invalidar el recurso de impugnación.

“Meten el recurso para declarar inconstitucional y yo dije: ahora sí me voy a meter porque esto sí es importantísimo. Hablo con cinco, con los cuatro que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba para garantizar los cuatro votos. Uno por uno”, reconoció.

En los cinco años de la presente administración el Jefe del Ejecutivo ha señalado que no interviene en las decisiones del Poder Judicial, porque el Poder Ejecutivo “ya no es el poder de los poderes”.

“No saben lo que me costó porque ya venían actuando mal, ya habían demostrado ser chuecos, pero esto vale que hable yo con ellos para explicarles la importancia que tiene. Hablé con los cinco, pues con dos no pude”.

Sin mencionarlos por nombre, refirió que los ministros José Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos Farjat –propuestos por el Mandatario- “no me dijeron que no ahí, de manera muy hipócrita”.

Los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel –las dos últimas propuestas por el Presidente- fueron quienes que se pronunciaron en favor de mantener la Guardia Nacional adscrita en la Defensa Nacional.

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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La presidenta Claudia Sheinbaum descartó este miércoles la posibilidad de iniciar un juicio político contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que renunciaron a sus cargos recientemente. La mandataria señaló que esta medida sería responder a una “provocación”, en tanto considera que los ministros buscan provocar una reacción del gobierno federal en medio de lo que describen como decisiones más políticas que jurídicas.

“Nos están provocando”, afirmó Sheinbaum desde su conferencia en Palacio Nacional. “Quieren que la Presidenta los lleve a juicio político… no lo vamos a hacer, por más que estén violando la Constitución, que es lo que ellos quieren”, subrayó.

Sheinbaum expresó su confianza en que algunos de los ministros “recordarán sus clases y su historia” y reconsiderarán las decisiones que están tomando, las cuales describieron como inclinadas a favor de ciertos grupos de interés. “Ellos y ella saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México”, añadió.

La presidenta Sheinbaum descartó llevar a juicio político a las y los ministros de la SCJN 🧑‍⚖️ por intentar legislar sobre la reforma al #PoderJudicial.

"Nos están provocando", dijo. pic.twitter.com/G9rcXumwMs

— IMER Noticias (@IMER_Noticias) October 31, 2024

La declaración se da en un contexto de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, especialmente después de la reciente aprobación en la Cámara de Diputados de una reforma de supremacía constitucional, la cual pretende incorporar algunos principios de la Ley de Amparo en la Constitución. . Este paso, según Sheinbaum, establece la primacía de los derechos constitucionales y de los congresos estatales sobre cualquier legislación secundaria.

Sheinbaum pidió paciencia y subrayó la importancia de esperar a que la reforma sea ratificada por los congresos locales y después revisada por la Suprema Corte. “Una vez que se tome una decisión, nosotros podremos hacer un planteamiento, pero no nos adelantemos”, concluyó.

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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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Tras levantar el paro contra la reforma judicial, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó este martes sus actividades jurisdiccionales sin abordar ese tema.

Pasadas las 13:00 horas, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión para después ordenar al secretario del pleno someter a votación el acta de la última sesión pública que tuvieron, celebrada el 2 de septiembre del año en curso.

Acto seguido, los 11 ministros iniciaron la revisión de una acción de inconstitucionalidad presentada en 2023 por diputados del Congreso de Tamaulipas contra un decreto por el que se reformaron disposiciones de la Ley de Aguas y legislación diversa para dicha entidad.

Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz Ahfl pidió retirar de la lista el proyecto en el que proponía declarar infundada la impugnación mencionada, y discutirlo hasta que se resolvieron otros relacionados.

“Como lo señala la ministra ponente esta acción (de inconstitucionalidad) depende de lo que se decide en diversas acciones de inconstitucionalidad, entre las 177/2023 y acumulada.

“En consecuencia, como lo solicita, queda retirado este asunto hasta que veamos las acciones mencionadas. En consecuencia, voy a proceder a levantar la sesión y convocó a las señoras ministras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión”, señaló Piña Hernández, a las 13:21 horas de este martes.

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Por unanimidad de votos, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó levantar el paro de labores, tras la aprobación de la reforma judicial, por lo que el próximo martes reanudarán actividades.

Entrevistada al salir del edificio de la SCJN, la ministra Yasmín Esquivel Mossa informó que en sesión privada realizada este jueves, los once ministros decidieron regresar a sesionar el próximo 17 de septiembre, luego de dos semanas de paro en apoyo a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación inconformes con la reforma judicial.

"Tuvimos ya una sesión privada en la cual se determinó que se reanudan las actividades el próximo martes 17 de septiembre".

Aclaró que la reanudación de actividades, es exclusiva para la Corte, porque en el caso de los magistrados y jueces es el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, el que deberá decidir.

"No se tocó ese tema en la sesión privada de este momento en el Pleno de la Corte. Nada sobre el Consejo ni nada sobre la reanudación de actividades por parte de jueces y magistrados. Este es un tema que compete al Consejo y seguramente el Consejo tomará su determinación en la próxima sesión que tenga", dijo a pregunta expresa.

Esquivel Mossa afirmó que aunque no se tocó el tema del retiro de cadenas en las puertas de acceso de la Corte, "es obvio que deban retirarse, toda vez que se reanudan actividades normales a partir del próximo martes".

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