El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la decisión de la SCJN de invalidar su Plan B de reforma electoral los convierte en un “supremo poder conservador” con una actitud política de protección de delincuentes de cuello blanco.

“Yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta que era los que dominaba en México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. como ya no pueden dominar en el Ejecutivo, en el Legislativo esa minoría está encumbrando al Poder Judicial convirtiéndolo en un supremo poder conservador, ahí es donde se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país”.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la VII Región Militar de esta ciudad, el presidente López Obrador dijo que no hará lo mismo que el expresidente Ernesto Zedillo (PRI), que hizo una reforma para renovar a la Corte.

“No, porque nosotros sí respetamos la división y el equilibrio de poderes algo que ellos no están cumpliendo. Está en una actitud de intromisión… Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, magistrados y ministros corruptos, tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque qué es eso que un poder intervenga en los procesos internos de otro”.

“Dirijan que son autónomos e independientes y si hay corrupción existe el CJF y no tiene que intervenir el Poder legislativo”

Aseguró que si tomará la misma decisión que Zedillo, que en la práctica desapareció a la Corte para renovarla con otros ministros, sus adversarios pondrían el grito en el cielo, porque así son los conservadores son muy hipócritas.

“Dirían: se trata de una dictadura, no, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país, hasta 2018, cuando el pueblo dijo basta”.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio el tiro de gracia a las reformas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, denominadas plan B.

Con los votos en contra de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz, una mayoría califica de nueve ministros determinó invalidar la totalidad del plan B por violaciones graves en el proceso legislativo de aprobación.

“Resulta claro, evidente que se violó el principio de deliberación democrática porque no había manera de que los legisladores conocieran ni siquiera superficialmente el texto de lo que estaban votando”, señaló el ministro ponente Javier Laynez Potisek.

Dan "tiro de gracia" a plan B de reforma electoral

Al señalar que el decreto impugnado pasó por el mismo proceso legislativo que la primera parte de las reformas electorales analizadas, el ministro Juan Luis González Alcántara señaló que lo procedente es invalidar la segunda parte.

“Compartió los mismos vicios legislativos que este tribunal pleno ya declaró por mayoría calificada que tienen un potencial invalidante por su grave afectación al principio de democracia deliberativa, que debe regir todos los trabajos legislativos. Por lo tanto, por congruencia y también por convicción, debe pronunciarme a favor de la invalidez del decreto impugnado, por las violaciones al proceso legislativo”.

En contraste, la ministra Yasmín Esquivel Mossa consideró que invalidar la segunda parte del plan B de la reforma electoral solamente por vicios legislativos, resta credibilidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que se enfoca cada vez más en este tipo de “exámenes superficiales”.

Al anunciar su voto en contra de anular más de 450 normas electorales impulsadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, Esquivel Mossa afirmó que la misión del máximo tribunal del país va más allá de verificar si los legisladores cumplieron con su reglamento parar procesar una ley.

“Las ministras y ministros estamos llamados a revisar la regularidad constitucional de los contenidos del orden jurídico nacional porque esta función es la que efectivamente redunda en el equilibrio de los poderes de la unión”, sostuvo

Ante el pleno, la ministra señaló que erigirse como gestores de las buenas prácticas parlamentarias, es una aportación limitada para lo que la Constitución exige a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la de poner fin a los conflictos.

“Quedarnos en este tipo de exámenes superficiales, los cuales, por cierto, cada vez más frecuentes, me parece que nos resta credibilidad especialmente en esta materia, la electoral en la que los actores políticos y la ciudadanía esperan de la Suprema Corte una labor sustantiva, de mayor profundidad y no de un mero cotejo y palomeo de los formalismos procedimentales que acontecen en el deber cotidiano de los órganos legislativos, cuyos integrantes, como todos sabemos, tienen su propias dinámicas de trabajo”, arremetió.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el ministro Arturo Zaldívar votó contra el Plan B en materia electoral porque sufrió presiones del bloque conservador y, por tanto, dijo que no está decepcionado de su desempeño.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, sin embargo, el mandatario dijo que es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo.

–¿Qué piensa del voto de Zaldívar?

“Pues lo mismo”, respondió.

–¿Está decepcionado?

“No, no, no, es que hay un entorno muy conservador, muchas presiones, muchas presiones de el bloque conservador que tiene pues uno de sus brazos en la abogacía, es muy difícil encontrar abogados que defiendan al pueblo, son minoría, porque a todos los formaron para proteger intereses de las minorías, la oligarquía”, señaló.

Y es que Zaldívar fue uno de los nueve ministros de la Suprema Corte que ayer votaron por validar el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, para anular el plan B en materia electoral.

Zaldívar argumentó que el poco tiempo que tuvieron los legisladores para analizar y discutir a fondo las características de la reforma provocó que diera su voto por invalidar el Plan B.

López Obrador acusó que durante los sexenios de Carlos Salinas y Ernesto Zedillo se entregó el Poder Judicial al PAN.

“Abogados propuestos por Diego Fernández de Ceballos, por Creel, por Gómez Mont, todos los abogados conservadores, recomendaban jueces, magistrados, ministros y están completamente al servicio del bloque conservador, que es sinónimo, que es el equivalente a una pandilla de rufianes, muy corruptos, y eso impide que nuestro país vaya más rápido hacia la prosperidad con justicia”, dijo.

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Un golpe para la '4T', la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró anticonstitucional, la primera parte del 'Plan B' de la reforma electoral.

Con 9 a favor y 2 en contra, el máximo tribunal de justicia del país validó el proyecto presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán, quien afirmó que existieron “claras violaciones” constitucionales durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales de AMLO.

Dado que no fue necesario referirse al fondo del asunto, el presidente López Obrador o los legisladores del bloque afín al gobierno federal podrían volver a presentar una iniciativa con estas mismas reformas de ley, aunque ahora, de querer que sean legitimadas deberán seguir el procedimiento legislativo adecuado y los tiempos quizá no alcance para su aplicación en la elección presidencial de 2024.

"Esta Suprema Corte está para servir a la sociedad haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, en mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone conforme a nuestro leal saber y entender y con alto espíritu de servicio, me parece que ahí radica no sólo el equilibrio de los Poderes de la Unión sino también nuestra serenidad ante infundios y rumores.

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Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfilaron invalidar por mayoría la primera parte del plan B de la reforma electoral.

Los ministros Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y Norma Lucía Piña se posicionaron a favor de la declaración de la invalidez de la primera parte del Plan B.

Las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz se expresaron en contra.

Corte desecha solicitud de Consejería de Presidencia ante discusión del Plan B

Por unanimidad, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal de impedir al ministro Alberto Pérez Dayán de votar en la acción de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como el plan B, por una falta de imparcialidad.

A unas horas de que la SCJN discutiera el proyecto que invalida la primera parte del Plan B en materia electoral, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal advirtió que, en caso de invalidarlo, el Máximo Tribunal estaría sustituyendo al Congreso de la Unión.

A través de un comunicado, la Consejería acusó que el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán privilegia los formalismos por encima “de la verdadera justicia de fondo”, con lo que se viola el artículo 17 constitucional.

Al tratarse de un poder derivado “sin legitimación popular”, la Consejería señaló que la Corte no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión.

“De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos.

“Se hace un llamado a las ministras y los ministros de la SCJN para que actúen con responsabilidad y privilegien la solución del verdadero conflicto constitucional de las normas impugnadas por encima de las formalidades de trámite a las que hace referencia el proyecto de sentencia”, advirtió.

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El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analizará el próximo lunes el proyecto de sentencia del ministro Alberto Pérez Dayán, que plantea invalidar la primera parte del plan B de la reforma electoral por violaciones graves al proceso legislativo.

De esta manera, el máximo tribunal de justicia decidió no aplazar el tema como se lo propuso la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, al considerar que los ministros deben resolver primero impugnaciones a la Ley de Comunicación Social, pendientes desde 2018, año en que se expidió la norma.

En sesión privada este jueves, los ministros determinaron que la Suprema Corte tiene la obligación de resolver el asunto antes de que inicie el periodo electoral federal, toda vez que el tema se planteó como electoral.

El miércoles, la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República afirmó que el objetivo del aplazamiento era evitar que se emitieran sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica.

Indicó que la Ley de Comunicación Social fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por el PAN y el PRI, lo que fue cuestionado por la oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por considerar que hubo violaciones al proceso legislativo.

“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, señaló la Consejería Jurídica.

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