Las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa por el presunto plagio de su tesis de licenciatura cuando estudió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron clasificadas como “confidencial” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“…dar a conocer la existencia de alguna denuncia en contra de la persona identificada por el particular, constituye información confidencial que afecta su esfera privada, puesto que podría generar una percepción negativa de ésta, sin que se hubiere probado su responsabilidad”, detalla la repuesta de la Corte a una petición de información.
Un ciudadano solicitó a la Corte dar a conocer el número de quejas, denuncias o cualquier recurso promovido ante el Alto Tribunal, en relación con los señalamientos de plagio presuntamente cometido por la ministra.
Dar información de ministra podría afectarla
Sin embargo, el Comité de Transparencia de la SCJN señaló que la información es susceptible de generar un prejuicio e impactar en el espacio social, laboral y personal de la persona mencionada.
“En otras palabras, el hecho de revelar el dato sobre la existencia o inexistencia de recursos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la persona que menciona la solicitud implica un riesgo razonable de que se genere una percepción negativa de su persona, afectando el ámbito de su vida privada”, apuntó.
Asimismo, existe la posibilidad de afectar los derechos de presunción de inocencia y de una debida defensa, ya que en tanto no exista un pronunciamiento definitivo por la autoridad competente, se expone a la persona señalada.
“En este sentido, se podrían vulnerar los derechos del debido proceso de la persona involucrada, comprometiendo no sólo el proceso a lo largo de todas sus etapas, sino también la posición procesal de dicha persona al exponerla, previa y públicamente, como denunciada por hechos constitutivos de alguna falta administrativa, en este caso, por los hechos mencionados en la solicitud…”, añadió.
En septiembre pasado una jueza federal determinó no continuar con el estudio del amparo que promovió Yasmín Esquivel, quien impugnó la reforma que entró en vigor en abril de este año del Estatuto General de la UNAM.
Dicha reforma establece el mecanismo para anular aquellos certificados, diplomas, títulos y grados académicos emitidos por la casa de estudios, cuando se acredite que el alumno o graduado no cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable, o bien, si se acredita que en su actuar haya prestado o recibido ayuda para la titulación y/o examen de grado.
Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa, indicó que en este asunto existe una causa de improcedencia, ya que la ministra “no acreditó” que la vigencia de dicho estatuto le cause algún perjuicio, “aunado a que tampoco demostró la existencia de un acto concreto de aplicación en su contra”. Por tal motivo, sobreseyó la demanda de garantías.
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