La apertura del juicio en la primera acusación contra el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa, fue frenada por un juez por tiempo indefinido.

Y es que el titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en materia Penal, Antonio González García, otorgó al exprocurador una suspensión definitiva en el amparo que tramitó para que la Fiscalía General de la República (FGR) lo apoye para obtener 15 datos de prueba para desvirtuar las imputaciones de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.

"R E S U E L V E: ÚNICO. SE CONCEDE la suspensión definitiva al quejoso de iniciales de conformidad con el considerando segundo de esta interlocutoria", determinó el referido juzgador.

El exgobernador de Hidalgo requiere averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas desde 2014, cuando se registró la desaparición de los normalistas, tanto por la extinta PGR como ahora la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero, por su presunta responsabilidad en actos de tortura a miembros del grupo criminal "Guerreros Unidos", señalados como autores de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, Guerrero.

Para los abogados de Murillo Karam esos datos son necesarios para acreditar su teoría del caso, así como para refutar las pruebas de descargo y las imputaciones que imperan en contra del exprocurador.

Cabe recordar que en la primera causa penal abierta en el caso Ayotzinapa contra Jesús Murillo por los mencionados delitos, la Fiscalía General de la República solicitó a un juez imponerle una pena de 82 años de prisión y multa de 1 millón 792 mil 400 pesos.

El juez de control con residencia en el Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, programó para septiembre la audiencia intermedia, la cual podría llevarse a cabo, aunque si continúa vigente la suspensión definitiva, la apertura del juicio ya no se llevaría cabo.

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Jesús Murillo Karam, ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), salió del hospital para enfrentar sus procesos en prisión domiciliaria.

El 4 de abril, un Tribunal Federal otorgó una suspensión provisional al ex procurador general de la República, con lo que se modificó la medida cautelar.

Ayer, el juez de control Juan José Hernández Leyva, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria.

Se otorgó un plazo de 24 horas para que el ex funcionario entregara su pasaporte y visa, además, le fue prohibido acercarse a algún aeropuerto.

Con vigilancia y sin brazalete electrónico: así será la prisión domiciliaria de Murillo Karam

Murillo Karam deberá estar bajo vigilancia permanente de la Guardia Nacional y de la Fiscalía General de la República (FGR); no podrá tener contacto con gente relacionadas al caso y tendrá un registro de las personas que lo visiten.

Se consideró que la portación de un brazalete electrónico, así como la confiscación de sus bienes, sería una medida de resguardo improcedente.

Tribunal cambió medida cautelar contra ex titular de la PGR

En los últimos meses, el ex funcionario ha estado en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco, pero ha sido trasladado a hospitales cuando se agrava su salud y después vuelve a la Torre Médica.

El 4 de abril, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito resolvió el recurso de revisión incidental 28/2024, interpuesto por el ex funcionario en el proceso que se le sigue por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo.

Cabe recordar que Rodríguez Salgado fue señalado por la entonces PGR como sicario de 'Guerreros Unidos', a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En noviembre de 2023, José Rivas González, Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, también modificó la medida cautelar impuesta al ex funcionario, en el primer proceso que enfrenta por los presuntos delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, derivados del caso Ayotzinapa.

La mayoría de los integrantes del Primer Tribunal Colegiado coincidieron que el artículo 166 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una excepción para que la aplicación de la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico, bajo las medidas de protección que procedan, en aquellos supuestos en que el imputado sea mayor de 70 años o que padezca una enfermedad grave.

Los magistrados señalaron que Murillo Karam padece una enfermedad grave y tiene más de 75 años.

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La Fiscalía General de la República (FGR) solicitará en abril una condena de 82 años de prisión contra el extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Se preveía que este miércoles, los fiscales del caso hicieran la acusación formal contra Murillo Karam, quien permanece en la Torre Médica de Tepepan; sin embargo, un juez federal aplazó para abril de este año la audiencia de acusación, por segunda ocasión.

La diligencia, programada para el 24 de enero, fue diferida porque la defensa del exfuncionario en el sexenio de Enrique Peña Nieto continúa recabando entrevistas y datos de prueba a favor de su defendido, reportaron funcionarios federales.

En septiembre pasado, la defensa de Jesús Murillo Karam solicitó posponer por primera ocasión la audiencia, debido a que estaban en curso diversos juicios de amparo.

Cabe recordar que el juez de control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, José Rivas González, concedió en noviembre del año pasado prisión domiciliaria a Murillo Karam, por su avanzada edad y su estado de salud.

No obstante, el extitular continúa su proceso en la Torre Médica del penal de Tepepan, en Xochimilco, debido a que enfrenta un segundo proceso penal por el delito de tortura en contra de Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, señalado por la entonces PGR como sicario de Guerreros Unidos, a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

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La Fiscalía General de la República (FGR) impugnará “de inmediato” la resolución de prisión domiciliaria dictada a favor de Jesus Murillo Karam por el caso Ayotzinapa, anunció este 5 de noviembre.

La Fiscalía adelantó que presentará la queja ante el Consejo de la Judicatura Federal contra José Rivas González, el juez que dictó la resolución, para “los efectos administrativos que sean aplicables”.

La FGR denunció el actuar de Rivas González pues, aseguró, el juez les dio menos de tres horas para prepararse para una audiencia de revisión de medidas cautelares en el caso que se sigue contra quien fuera titular de la ahora extinta Procuraduría General de Justicia.

Además, la audiencia se programó a unas cuantas horas del día feriado del 2 de noviembre, criticó la dependencia.

Debido a su precario estado de salud, un juez federal decretó prisión domiciliaria a favor del ex procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, solo por el proceso que enfrenta por los presuntos los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia en el caso Ayotzinapa.

Sin embargo, el ex funcionario no podrá salir, ya que enfrenta otro proceso donde le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva, motivo por el cual continuará internado en la Torre Médica de Tepepan.

Fuentes cercanas al caso comentaron que ayer se celebró una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte donde el juez de control José Rivas González determinó modificar la medida cautelar de prisión preventiva, tomando en cuenta su edad y su delicado estado de salud.

Asimismo, el juzgador ordenó la colocación de un brazalete electrónico y que la prisión domiciliaria la enfrente en su domicilio de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

En este caso se determinó aplazar hasta enero del próximo año la audiencia donde la Fiscalía General de la República (FGR) pretende acusar formalmente a Murillo Karam, y solicitar una condena de 82 años de cárcel por su probable responsabilidad en dichos delitos.

Asimismo, en abril del presente año, la FGR imputó por segunda ocasión a Murillo Karam, ahora por su presunta responsabilidad en la tortura de la que supuestamente fue víctima Felipe Rodríguez Salgado, El Cepillo, señalado en la pasada administración por la PGR como sicario de Guerreros Unidos, a quien se responsabilizó de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Dicha audiencia se realizó a puerta cerrada, a petición de la FGR y fue presidida por Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur.

Este último caso, es el que frena en estos momentos que Murillo Karam vaya a casa, porque deberá solicitarse una audiencia para buscar el cambio de medida cautelar.

La verdad histórica de la PGR 

El ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto fue detenido en agosto de 2022 al ser acusado por los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia en el caso Ayotzinapa.

El 28 de enero de 2015, Jesús Murillo Karam aseguró que la “verdad histórica” era que los 43 normalistas “fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan”, en Cocula.

“Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, declaró el funcionario hace siete años.

Murillo Karam aseguró que las pruebas eran contundentes y no dejaban lugar a duda de que el ex presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, su esposa María de los Ángeles Pineda Villa y Sidronio Casarrubias Salgado eran los líderes de la organización criminal Guerreros Unidos y ordenaron a los policías de su localidad y Cocula entregar a los estudiantes a un grupo de sicarios para matarlos.

La verdad histórica fue refutada en abril de 2012 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado con residencia en Tamaulipas, mismo que ordenó crear la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del Caso Iguala porque aseguró que la indagatoria de la PGR no fue “imparcial” e independiente y había indicios de que los principales acusados fueron torturados.

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El exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, sumó una segunda vinculación a proceso por el caso Ayotzinapa, por el que está preso en el Reclusorio Norte.

La madrugada de este sábado, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la morenista Dolores Padierna, procesó a Murillo Karam por el delito de tortura y desaparición de personas en agravio de Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", sicario de Guerreros Unidos implicado en la desaparición de los 43 normalistas.

En reanudación de la audiencia de imputación, que se realizó a puerta cerrada, los fiscales de la Unidad Especializada para la Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA) de la FGR, acusaron al exprocurador de ordenar actos de tortura contra "El Cepillo" para presuntamente inculparse y que fueron videograbados.

La defensa del priísta lamentó la determinación del juez de Control, "pese a no existir pruebas de la participación del licenciado en los hechos".

Delgadillo Padierna no vinculó a proceso a Murillo Karam por el delito de coalición de servidores públicos, del que también la Fiscalía General de la República lo acusó.

El juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, misma que cumple desde agosto del año pasado en el Reclusorio Norte por diversa causa penal relacionada con el caso Ayotzinapa.

En agosto de 2022, el juez de Control del Reclusorio Norte, Marco Antonio Fuerte Tapia, vinculó a proceso a Murillo Karam al considerarlo presunto autor material de los delitos de desaparición forzada de personas, tortura y contra la administración de la justicia, en el caso Ayotzinapa.

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