El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, anunció que para evitar una crisis en 2024 por la existencia de dos Congresos al mismo tiempo, por la reforma constitucional de 2014, se podría reformar el artículo 65 de la Carta Magna, y establecer que la LXV Legislatura terminará el 1 de septiembre del próximo año.

“Hay una iniciativa viable, que es la de reformar el art. 65 para establecer que la fecha de toma de posición o de protesta y de instalación del Congreso General sea el 1 de septiembre como tradicionalmente se ha dado, es decir, regresar las cosas a su estado original”, explicó.

Afirmó que la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados ya analiza una iniciativa al respecto; y que la Jucopo emitirá un exhorto para que se le dé trámite y apruebe antes de que concluya el receso legislativo.

Dijo que la Cámara Baja la podría aprobar “la primera semana de septiembre y remitirla de inmediato al Senado de la República, y finalmente a los congresos estatales”.

“Esperamos tenerla lista antes de que termine el mes de noviembre o diciembre”, manifestó.

Mier Velazco aseguró que el periodo de la LXV Legislatura debe terminar el 31 de agosto de 2024; sin embargo, en la Constitución sólo se establece la fecha de inicio de los periodos de sesiones ordinarias, el 1 de septiembre, “excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta Constitución, en cuyo caso se reunirá a partir del 1o. de agosto”.

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El pleno de la Cámara de Diputados comenzó la discusión en lo general de la reforma que propone la extinción de siete organismos autónomos, en medio de críticas por parte de la oposición y especialistas.

El proyecto impulsado por la Comisión de Puntos Constitucionales incluye la desaparición de instituciones como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). También prevé la eliminación del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Propuesta de Morena para reestructuración

En respuesta a las críticas, la mayoría parlamentaria de Morena propuso una reserva al dictamen que contempla la creación de un órgano descentralizado con independencia técnica para asumir las funciones de la Cofece y el IFT en materia de regulación económica y telecomunicaciones.

El coordinador morenista, Ricardo Monreal, explicó que el nuevo organismo estará adscrito a la Secretaría de Economía, pero contará con personalidad jurídica y patrimonio propios, manteniendo su autonomía técnica y operativa.

“Con esta modificación, se respeta la independencia técnica y todas las funciones de la Cofece y el IFT, pero bajo una nueva figura jurídica como órgano descentralizado”, precisó Monreal.

Posicionamientos enfrentados

Mientras los legisladores de Morena y sus aliados defienden la reforma como una medida para optimizar recursos y reducir duplicidad en funciones gubernamentales, la oposición ha cuestionado la desaparición de organismos clave, argumentando que la medida compromete la transparencia y la competencia económica en el país.

Especialistas también han expresado preocupaciones sobre el impacto que podría tener esta reforma en el cumplimiento de compromisos internacionales, como el T-MEC, y en la independencia de las instituciones.

El debate en lo general podría extenderse a lo largo de las próximas horas, con la posibilidad de reservas adicionales que busquen modificar algunos puntos del dictamen. Se espera que la reforma pase a votación próximamente, determinando el futuro de estos organismos autónomos.

La reforma sigue generando un intenso debate político y social, reflejando las diferencias en torno al modelo de gobernanza y transparencia que debe prevalecer en el país.

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El pleno del Senado aprobó un acuerdo para aprobar por la vía del fast track la reforma judicial ya que cuando se reciba la minuta de la Cámara de Diputados se turnará de inmediato a las comisiones competentes quienes darán celeridad para emitir los dictámenes para su aprobación.

Durante la primera sesión ordinaria, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña ordenó la lectura del acuerdo que no fue cuestionado por la oposición.

Se destaca que en el caso excepcional se reciban fuera de la sesión plenaria minutas del Senado, la presidencia de la Mesa Directa las turnará de inmediato a las comisiones competentes y dará a cuenta al pleno en la sesión inmediata.

Una vez que las comisiones la reciban se avocaran de manera inmediata al estudio, análisis, valoración y discusión y en su caso se pueda generar el dictamen con la celeridad que ameritan los asuntos.

En cuanto las comisiones generen los dictamen correspondientes, se publicarán de inmediato en la Gaceta del Senado y se pondrán a consideración del pleno legislativo.

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Por unanimidad, el senador electo de Morena, Adán Augusto López Hernández, será el próximo coordinador de la bancada guinda en el Senado, mientras que Gerardo Fernández Noroña presidirá la Cámara Alta.

Durante la plenaria de senadores de Morena, desde el Hotel Royal, en la alcaldía Tlalpan, las y los legisladores federales electos eligieron por consenso al ex secretario de Gobernación y al todavía diputado del PT.

Gerardo Fernández Noroña será el primer presidente del Senado durante la LXVI Legislatura, por su parte, Adán Augusto López Hernández coordinará los trabajos de la fracción parlamentaria.

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La Cámara de Diputados suspendió la discusión de la reforma para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar, después de que la bancada del PAN denunció cambios indebidos al dictamen aprobado el lunes por la Comisión de Seguridad Social.

La Mesa Directiva presidida por Marcela Guerra acordó con los líderes parlamentarios citar al pleno hasta el próximo lunes para reiniciar el debate, una vez que se haya revisado el dictamen aprobado en comisiones y el publicado en la Gaceta Parlamentaria.

“El dictamen que aprobamos el pasado lunes no es el dictamen que se discute esta tarde. Algunos duendes nocturnos por ahí hicieron al menos una docena de modificaciones al dictamen y estamos denunciando esas inconsistencias”, acusó la legisladora panista Rocío González desde la tribuna.

En redes sociales, el también legislador albiazul Jorge Triana exhibió uno de los cambios en el documento, mediante el que se considera el traspaso de las cuentas activas de trabajadores de más de 70 años al Fondo de Pensiones para el Bienestar, y no solo las inactivas.

“Los ‘duendes nocturnos’ se aparecen en la cámara. Mañosamente y a escondidas, Morena modificó el dictamen aprobado por la comisión de Seguridad Social, volviéndolo aún más nocivo. La confiscación de Afores también se aplicará a trabajadores en activo. Tramposos y traidores”, remarcó.

Ante los señalamientos de Acción Nacional, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, solicitó a la diputada presidenta Marcela Guerra declarar un receso para revisar el dictamen y evitar mayor rispidez en la discusión.

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La presidenta de la Mesa Directiva, Marcela Guerra Castillo, dio por recibidas de manera oficial, 18 iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar a la Constitución y dos iniciativas de reforma a diversas leyes.

En la sesión ordinaria de este jueves, Guerra Castillo turnó 17 proyectos constitucionales a la Comisión de Puntos Constitucionales para dictamen, y a las comisiones de Medio ambiente, salud, justicia, economía, Pueblos Indígenas, Presupuesto, Bienestar, reforma, Hacienda, Infraestructura, Juventud, transparencia, y vivienda para opinión.

Asimismo, la reforma electoral se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reforma Política Electoral y de Gobernación, para dictamen, mientras que la comisión encargada de dictaminar la Reforma al ISSSTE será la de Seguridad Social, y la reforma para simplificación orgánica será dictaminada por la comisión de Gobernación.

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