El anestesiólogo de Los Cabos, Baja California Sur, Darwin Aguirre Castro, investigado por la Fiscalía General de la República e imputado por la compra fentanilo de uso médico, logró un amparo para la suspensión de la prisión preventiva oficiosa decretada por un juez federal.

Según comunicó la defensa jurídica del doctor, esta noche se notificó que se le concedió un amparo por lo que “se suspendió la absurda medida cautelar de prisión preventiva oficiosa”, indicó el abogado Antonio Juárez Navarro.

Refirió que con lo anterior, el médico ya no deberá presentarse en 36 horas que ordenó el juez para ser encarcelado y podrá esperar a la siguiente audiencia.

“Mañana tendremos a las 10 am una audiencia para una nueva revisión y análisis de la medida cautelar”, expuso en un breve comunicado.

Ayer el juez de control, en audiencia inicial dictó la medida cautelar, misma que fue considerada “absurda y violatoria de derechos humanos y de la presunción de inocencia”, según consideró la defensa.

Por lo anterior, solicitaron un plazo de 144 horas para presentar pruebas y continuar con la audiencia el día martes; no obstante, a la par se interpusieron recursos para revocar esta medida.

El abogado explicó a EL UNIVERSAL que al considerar esta medida exagerada, incluso que va en contra de las determinaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha pedido al Gobierno de México que se abstenga de aplicarla, toda vez que está en desuso, también interpusieron varios recursos legales.

“Nos parece absurda la medida por que el doctor siempre ha cumplido con sus obligaciones procesales. No existe ninguna situación que justifique la decisión del juez y por eso es consternante para la sociedad y para el gremio médico y usuarios de servicios médicos”, dijo en entrevista la mañana de este viernes.

Y es que el doctor fue citado ayer para la audiencia inicial y continuaría el próximo martes, pero el juez decidió decretar la prisión preventiva, situación que sorprendió y generó descontento y reacciones en el gremio médico nacional.

Su defensa insistió en que la autoridad judicial pudo haber decretado otra medida, dado que el doctor no tiene antecedentes penales, y siempre ha cumplido con lo solicitado por la autoridad -afirmó-. Por ello, recalcó que el caso pareciera ya una “persecución” y lamentó el impacto que puede tener para todo el gremio médico.

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Con la iniciativa de reforma a las leyes de salud y el código penal del Estado, los médicos en Baja California que no expliquen a cabalidad el alcance y posibles consecuencias de cualquier intervención quirúrgica, serán sujetos de pena corporal y sanción económica. 

El diputado Ramón Vázquez Valadez explicó que la pena de cárcel podría ir de 6 meses hasta 5 años tras las rejas a quienes practiquen cualquier intervención sin el consentimiento firmado con toda la información del procedimiento a realizarse para evitar especulaciones en todo caso. 

Hoy el Turismo Médico cobra capital importancia en nuestro Estado y lo posiciona a nivel nacional y global como una potencia en el ramo, y tenemos que generar legislación pertinente, que le de seguridad tanto a pacientes como a los mismos médicos.

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Tres médicos involucrados en la muerte de la niña Camila fueron detenidos en San Luis Potosí. El caso de la menor sacudió al país luego de que "muriera dos veces", pues fue declarada muerta, pero en su funeral despertó.

Camila Roxana Martínez Mendoza, de tres años, fue declarada muerta dos veces en menos de 24 horas y tras los hechos se inició una investigación.

Ante la negligencia, la Fiscalía del estado detuvo a Horacio, de 53 años de edad; Selene, de 30, y a Lidia, de 33, quienes son acusados de homicidio culposo, por omisión médica.

De acuerdo con las autoridades, una doctora fue detenida en el vecino estado de Zacatecas. Sus colegas, en San Luis Potosí.

Cabe recordar que los hechos ocurrieron en el Hospital Básico Comunitario del poblado de Salinas Hidalgo, el pasado 17 de agosto.

Una mujer de nombre Mary Jane Mendoza llegó a la clínica con su hija pequeña, quien padecía fiebre y vómitos, así como diarrea.

La niña fue dada de alta y solamente se le administró paracetamol. Pero poco más tarde, la madre de familia regresó porque la menor había empeorado.

Acto seguido, los médicos de la clínica pública anunciaron la muerte de Camila, víctima de diarrea severa, deshidratación y un shock hipovolémico, lo cual quedó asentado en una primera acta de defunción.

Destrozada, la familia se fue a velar a Camila. Pero ya en el ataúd, una enfermera, cercana a la familia, se percató que la niña vivía, y fue sacada de la caja con el cuerpo helado.

La menor no soportó las condiciones del entorno y murió. La segunda acta de defunción refiere un edema cerebral y deshidratación.

Los detenidos vivirán su proceso privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social de La Pila, en la capital del estado, pero de hallárseles culpables, podría pasar hasta 25 años presos.

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