Elementos de la Policía de investigación de la Procuraduría de Justicia de Hidalgo detuvieron al exalcalde de Nopala, Luis Enrique Cadena, quien se encontraba prófugo de la justicia tras ser investigado por uso ilícito de atribuciones y facultades agravado.

Luis Enrique Cadena es señalado por el desvío de 71 millones de pesos, dentro de la Estafa siniestra.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el exedil fue aprehendido y trasladado al centro de reinserción social de Pachuca.

Se dio a conocer que la detención se realizó luego de un cateo en una de sus propiedades, ubicada en calle Álvaro Obregón, en el centro del municipio de Nopala.

Luis Enrique Cadena anunció limpiaría su imagen en programa de TV

Ayer el ex alcalde había utilizado sus redes sociales para señalar que este participa en un programa de mesa de diálogo, dónde aclararía su proceso y la Estafa siniestra.

“Romper el silencio no es más que un paso contundente en esta lucha por esclarecer está perversa operación, por recuperar lo que le pertenece a mi pueblo, pero sobre todo por defender el honor de mi persona y mi gobierno”.

"'Prefiero de heredar a mis hijas pobreza pero no deshonra' AMLO" (sic), destacó Luis Enrique Cadena.

El morenista fue implicado en la llamada estafa siniestra donde participaron 15 alcaldes, para desviar recursos extraordinarios que habían sido enviados al Estado. En su caso se le señaló la malversación de 71 millones de pesos.

El 29 de noviembre debía de presentarse ante el juzgado para declarar sobre su situación, sin embargo alegó tener covid por lo que no asistió y posteriormente se dio a conocer que se había fugado.

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La trama de corrupción en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), Liconsa y Diconsa, que asciende a más de 12 mil millones de pesos, duplica a la de la llamada Estafa maestra, en la que se desviaron 5 mil millones de pesos en contratos ilegales a universidades en el sexenio anterior.

Desde 2020 cuando se destapó el desfalco en los organismos que venden y compran productos de primera necesidad para la población, las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), en el que es considerado el mayor desvío de recursos públicos en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, avanzan a paso lento.

De los 53 señalados, de los cuales 29 son funcionarios y exfuncionarios, el único procesado hasta el momento es René Gavira Segreste, director de Administración y Finanzas de Segalmex entre 2019 y 2020, quien supuestamente operó una red de corrupción a través de contratos irregulares en Seguridad Alimentaria Mexicana, entonces dirigida por Ignacio Ovalle Fernández, hoy director del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).

Por segunda ocasión, Gavira Segreste fue vinculado a proceso por uso indebido de recursos públicos en el caso de corrupción de Segalmex, con el beneficio de la libertad condicional; solamente se le impuso la presentación quincenal a la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional para la firma del libro de procesados, la prohibición de salir de la Ciudad de México y la Zona Metropolitana, y no acercarse a los testigos.

Una jueza con residencia en el Reclusorio Norte lo procesó por su probable responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades en la modalidad de que el servidor público ilícitamente otorgue autorizaciones con contenido económico.

En abril del año pasado, René Gavira se presentó por primera vez ante un juez, que lo procesó por la presunta colocación de 950 millones de pesos de Segalmex en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) para la adquisición de bonos bursátiles, lo que está prohibido por la ley.

De acuerdo con la FGR, Gavira Segreste habría firmado en 2019 un contrato de renovación, en calidad de apoderado legal y titular de Administración y Finanzas, en el que autorizó adquisiciones ilícitas de contenido económico con recursos públicos, contraviniendo la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Este es uno de varios casos que se encuentran en investiPara la FGR, el exfuncionario es una figura central ante la supuesta red de corrupción que operó en los primeros dos años del sexenio en el organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), involucrada en la entrega de contratos irregulares, contrataciones con empresas fantasma, simulación en la adquisición de leche, trigo y granos básicos, y la venta de productos de primera necesidad a firmas privadas por debajo de los precios de garantía establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El caso primero se investigó en la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción y después pasó a la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, donde se indaga como ilícitos en esa materia.

En agosto pasado, el secretario de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo Aquino, reportó que los daños al erario en Segalmex, Liconsa y Diconsa ascienden a alrededor de 9 mil 500 millones de pesos, por lo que se presentaron 38 denuncias ante la FGR por los delitos de uso ilícito de facultades y atribuciones.

Las denuncias, precisó el funcionario en Palacio Nacional, las presentaron la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la FGR.

Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) estima en 12 mil millones de pesos el desfalco en Seguridad Alimentaria Mexicana, Diconsa y Liconsa entre 2019 y 2020, por lo que presentó dos denuncias ante la fiscalía general de la nación contra René Gavira, con otra causa penal por el probable uso indebido de recursos públicos asignados a Segalmex, precisó la fiscalía.

Durante el 2022, a través de la Canaco, se han registrado más de trescientas quejas sobre estafas hacia pasajeros de cruceros turísticos que atracan en Ensenada, denunciaron Octavio de la Torre de Stéffano y Rafael Chávez Montaño, presidente y vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos. 

Será a través de una aplicación móvil, explicaron, como se combatirá el flagelo, en donde el usuario al acceder a la herramienta digital, le hará llegar la información sin intermediarios, al representante de la Profeco en Ensenada, para que actué inmediatamente.  

“Estaban hablando de más de 300 quejas en promedio, de las que nos enterábamos. No saben a dónde ir. El problema con la denuncia es que debe tratarse con cierto anonimato y que sepas dónde denunciar”, comentó el presidente de la Torre de Stéffano consideró que incrementarán las denuncias y, con el tiempo, reducirán las acciones por parte de los abusadores. 

En conferencia de prensa, Salvador Segura García, vicepresidente de Turismo de la cámara, presentó el código QR que podrá ser usado por los turistas y consumidores locales, con el fin de denunciar en forma rápida cualquier irregularidad.

El presidente Andrés Manuel López Obrador alertó a los ciudadanos sobre el uso de aplicaciones digitales que son usadas por criminales, conocidos como “montadeudas” para extorsionar.

“No hay que dejarse sorprender, no a los montadeudas y tener mucho cuidado”, advirtió el mandatario.

En su conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo dijo que este tema de los montadeudas es como las cajas de ahorro que se instalaban en los pueblos, que para obtener clientela empezaban a pagar tasas de ahorro altas y de repente desaparecían.

"No caer en esas trampas y vamos a investigar le voy a pedir a Ricardo Mejia -subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana- que haga una investigación y hable con ustedes, sobre esto y otros mecanismos que hay para estafar”.

López Obrador recordó que han usado su nombre para tratar de engañar a funcionarios públicos.

Una vez le hablaron al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para decirle que yo estaba necesitado de un dinero que si podía ayudar, que depositara en una cuenta, cosas así, hay que andar a la vivas”, dijo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador decretó oficialmente la abrogación de la Cruzada Nacional contra el Hambre, programa estrella del gobierno de Enrique Peña Nieto y que estuvo a cargo de Rosario Robles, ex titular de Sedesol y Sedatu, hoy detenida, acusada por presunto ejercicio indebido del servicio público en el penal de Santa Martha Acatitla.

Este programa ha sido señalado como uno por los cuales se desviaba dinero público en la llamada “Estafa Maestra”.

En un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el titular del Ejecutivo federal, por medio de la Secretaría de Bienestar, aseguró que la Cruzada no cumplió con su objetivo de alimentar a la población en pobreza extrema. 

Se argumenta que en diciembre de 2019 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la auditoría a la cruzada, en la que señalaba que ésta no había cumplido con su objetivo, por lo que sugería a la dependencia federal, incluso, suspenderla.

La ASF, indica el anteproyecto, señaló que persistieron las deficiencias en los diseños normativo, programático, presupuestal y de evaluación de la cruzada, observadas desde su puesta en marcha en 2013, y que sólo se atendieron las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, es decir, 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 en condición de pobreza extrema.

“El 16 de diciembre de 2019, la ASF, presentó los resultados finales y observaciones preliminares de la "Auditoría de Desempeño número 288-DS" sobre la CNCH señalando específicamente en el dictamen de dicha auditoría que debido a que, al cierre de 2018, la citada Cruzada no cumplió con su objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación", reiteraba la sugerencia a la Secretaría de Bienestar de que corrija, modifique o suspenda la CNCH.

“En el resultado 14 de la auditoría señalada, el citado órgano fiscalizador señaló que, de acuerdo con la información registrada en el Sistema de Focalización de Desarrollo, la población identificada en condición de pobreza extrema alimentaria se incrementó en 12.9%, al pasar de 6 millones 974 mil personas en 2014 a 7 millones 873 mil en 2018”.

El decreto señala que en esta auditoría, se informó que la Cruzada Nacional contra el Hambre solo atendieron todas las carencias que presentaron 9 mil 700 personas, lo que representó únicamente el 0.1% de las 7 millones 873 mil 400 personas en condición de pobreza extrema, que se registraban en ese momento.

“Lo que implica que la CNCH no cumplió con su objetivo de "Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en pobreza multidimensional extrema".

Con base en estos argumentos, el presidente López Obrador consideró que “ya no resulta necesario seguir contando con el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente decreto”.

En el decreto se instruye que la Secretaría de Bienestar deberá de proporcionar cuando se le solicite, la información que sobre en sus archivos, sobre los procedimientos y asuntos pendientes, relativos a las actividades del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre y sus componentes.

El ex oficial mayor de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Emilio Zebadúa señaló que el dinero desviado a través de la Estafa Maestra supuestamente se utilizaría para pagar deudas y compromisos de la campaña electoral del ex presidente, Enrique Peña Nieto.

La declaración de Zebadúa fue mencionada por la Fiscalía General de la República (FGR) durante la audiencia inicial, realizada por videoconferencia, en la que imputó a Enrique González Tiburcio, ex subsecretario de Ordenamiento Territorial de Sedatu, por uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la Estafa Maestra.

Esta es la primera vez en una causa penal relacionada con este caso que la Fiscalía ofrece como dato de prueba la declaración de Zebadúa quien solicitó convertirse en testigo colaborador para obtener un criterio de oportunidad.

La FGR indicó que Zebadúa declaró que desde 2012 y bajo las órdenes de Rosario Robles se inició una estrategia de suministro de recursos públicos de la Secretaría de Hacienda autorizados por Luis Videgaray por más de mil 267 millones de pesos.

Estos recursos fueron asignados a través de la “Cruzada contra el Hambre” pero serían utilizados para el pago de deudas y compromisos de la campaña electoral de 2012 de Enrique Peña Nieto.

Zebadúa afirmó a la FGR que Rosario Robles Berlanga tuvo conocimiento de las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación sobre los convenios de colaboración con entidades públicas a través de los cuales se desviaron recursos en la Estafa Maestra.

Por estas irregularidades, Rosario Robles está vinculada a proceso por ejercicio indebido del servicio público pues la FGR la señaló de tener conocimiento de las mismas y no hacer nada para evitarlas ni informar a su superior jerárquico, es decir, al ex presidente Enrique Peña Nieto.

En la audiencia, la Fiscalía no mencionó si ya le fue otorgado el criterio de oportunidad a Zebadúa.

Los fiscales solicitaron al juez vincular a proceso a González Tiburcio a quien señalaron por firmar un convenio entre la Sedatu y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero de Hidalgo en enero de 2016 para la realización de diversos servicios para el Centro Ciudad de las Mujeres por un total de 185 millones 839 mil pesos.

Un mes después de la firma del convenio, la Universidad subcontrató los servicios a dos empresas privadas, este esquema de subcontrataciones es conocido como la Estafa Maestra.

Por ello, la Fiscalía consideró que los recursos entregados a las empresas subcontratadas, más de 42 millones de pesos a Contabilidad y Soluciones INNER y más de 139 millones a Asesores Contables Administrativos VICMA, fueron desviados pues dos años después la Sedatu entregó al Centro Ciudad de las Mujeres una computadora con una aplicación que no era funcional y cuyo desarrollo formaba parte del servicio contratado con la Universidad.

La defensa solicitó la duplicidad del término constitucional a 144 horas para presentar datos de prueba a su favor como tres dictámenes diferentes para desacreditar la acusación.

El juez concedió el plazo solicitado, por lo que el próximo sábado realizará la continuación de la audiencia para resolver la situación jurídica del ex subsecretario.