Las comisiones unidas de Hacienda y Estudios Legislativos, Segunda del Senado, aprobaron las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para extinguir 13 fideicomisos que acumulaban más de 15 mil millones de pesos, ello con el voto de Morena y sus aliados.

En medio de una sesión con acusaciones la oposición a los morenistas de “títeres del Presidente” se aprobó con 19 votos a favor, 13 en contra y dos abstención. El dictamen fue turnado de inmediato al pleno legislativo donde se prevé que este mismo martes se discuta y apruebe.

Los cambios que adicionan un segundo párrafo al artículo 223 de la legislación, establecen que:

“En el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al Fondo Económico para el Mejoramiento de la Administración de Justicia”.

Rafael Espino, senador de Morena y presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, rechazó las acusaciones de ser “títere” del Presidente, por lo que si bien se pronunció en contra de los altos privilegios de la alta burocracia judicial, se abstuvo en su voto.

Claudia Anaya, senadora del PRI a nombre de llamado bloque de contención, propusieron posponer la votación del dictamen, hasta tener mayores elementos.

La senadora sin partido, Claudia Ruiz Massieu, lamentó que con esta reforma se atente contra la independencia del Poder Judicial y el cumplimiento de sus funciones que son esenciales para el Estado democrático.

Además, de que se vulnerarán la autonomía y autodeterminación del Poder Judicial y su encomienda de ser freno y contrapeso para los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Félix Salgado, senador de Morena, afirmó que el Poder Judicial usó los recursos de estos fideicomisos de manera facciosa, onerosa y fuera de la ley.

Gustavo Madero, senador del Grupo Plural, pidió “no caigamos en presiones para dictaminar sin el debido proceso legislativo, medidas tan importantes que pueden tener afectaciones para terceros” y acusó de “un madruguete” para aprobarla hoy mismo en el pleno.

La panista Minerva Hernández, lamentó que el objetivo del presidente sea aniquilar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser la única voz de mando.

Sin embargo, reconoció que seis de estos fideicomisos afectan derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial.

Consideró que es inconstitucional esta situación, porque se merma la fuerza laboral y se alteran los principios constitucionales de una justicia pronta y expedita.

Aseveró que las aportaciones de los trabajadores a estos fideicomisos, están garantizadas y anunció que se aplicará una disposición retroactiva para evitarles un perjuicio.

La morenista Imelda Castro, dijo que lo importante de esto es recortar privilegios que tenían los poderes públicos, en este caso, los altos mandos del Poder Judicial, lo que va en contra de una justicia pronta y expedita.

“Para nosotros está claro en Morena, votar a favor de la desaparición de estos fideicomisos. Setenta y seis millones de pesos para el mantenimiento de casas de magistrados y jueces, ¡por favor!”.

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Durante la conmemoración del Día de Muertos, Arturo Palomares Toledo, coordinador del Movimiento Testimonio y Esperanza, leyó un pronunciamiento en honor al sistema judicial mexicano. Señaló que la reciente reforma judicial, aprobada caprichosamente, ha intensificado la polarización política, socavado la autonomía del Poder Judicial y carece de diálogo con la sociedad civil.

"Hoy, mientras recordamos a nuestros fieles difuntos, también despedimos simbólicamente a un sistema judicial que ha sido enterrado bajo escombros de ocurrencias. Pedimos su descanso en paz", afirmó Palomares, al tiempo que hizo un llamado a promover un sistema judicial más justo y participativo.

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Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) convocan a una protesta este 15 de octubre a las 11:00 AM en el parque en la esquina de Gobernador Rico y Boulevard Cuauhtémoc. 

La manifestación responde a lo que consideran un ataque al Poder Judicial por parte del gobierno de Morena, tras la implementación de una "tómbola" que vulnera la independencia judicial. De acuerdo a la convocatoria, la concentración inicial será a las 11:00 horas seguida de una marcha que dará inicio a las 11:30 AM, finalizando a la 1:00 PM.

Invitan a los participantes a llevar camisetas, pancartas, y demás materiales de apoyo. "La unión es nuestra fortaleza", afirmaron los organizadores, instando a todos a defender sus derechos laborales y la autonomía judicial.

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Los jueces y magistrados que se mantenían en paro laboral acordaron reanudar actividades; sin embargo, continúan con el rechazo a la reforma judicial.

"En seguimiento a los recientes acontecimientos relacionados con la defensa de la independencia judicial y los derechos de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, informamos los resultados del ejercicio democrático de consulta efectuado entre las personas juzgadoras federales", informaron en redes.

En la encuesta, se realizó la pregunta "¿Estás de acuerdo con la reanudación de labores a partir del 16 de octubre de 2024, realizando ahora otro tipo de actividades de protesta?".

Los resultados arrojaron: 684 votos a favor de la reanudación de labores, realizando otras modalidades de protesta y 572 votos en contra, optando por continuar la suspensión.

Así lo compartió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes después de los resultaron optaron por iniciar con otras formas de protesta a partir del miércoles 16 de octubre.

Y aclaran que existe una porción significativa de personas juzgadoras que considera oportuno reanudar las labores jurisdiccionales, sin dejar de lado continuar con la oposición a la reforma.

Los resultados fueron recabados por las Direcciones Regionales la asociación, quienes advierten  que "la diversidad de opiniones entre las personas juzgadoras sobre la forma de proceder, ya sea reanudando o suspendiendo actividades", es un claro reflejo de la unidad por la que se rigen.

"La totalidad de juezas, jueces, magistradas y magistrados estamos comprometidos y en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, la división de poderes, y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, por lo que daremos continuidad y fuerza a las acciones legales nacionales e internacionales emprendidas", señalan en un comunicado.

Así mismo la asociación de jueces y magistrados exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que bajo el principio de máximo garante del Estado de Derecho, otorgue equilibrio institucional y de derechos humanos, además que se pronuncie con firmeza sobre la reforma judicial recién aprobada. 

🟡#COMUNICADO Como resultado del ejercicio democrático de consulta, efectuado entre las personas juzgadoras federales, se reanudan las labores jurisdiccionales, aunque variando las formas de manifestación y protesta. pic.twitter.com/2sd4afftG7

— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 12, 2024

"La SCJN sabrá proteger los principios que nos rigen y salvaguardar los derechos fundamentales de las y los mexicanos", afirman.

Mientras tanto los juzgadores federales, también exigieron al Consejo de la Judicatura Federal la observancia puntual a las determinaciones de suspensión emitidas por los titulares del Poder Judicial, "con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional a que está obligado" y piden regresar la legalidad y respeto de la división de poderes.

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La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada este miércoles, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular.

La iniciativa fue impulsada en el marco de un enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte, que ha bloqueado leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.

Claves para entender la reforma judicial

Te presentamos las claves de la reforma al Poder Judicial, que se aprobó gracias a las amplias mayorías que obtuvo Morena en las elecciones del 2 de junio, en las que fue elegida presidenta la izquierdista Claudia Sheinbaum.

1. Elección popular

La parte medular y más controvertida es la elección popular de jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte.

Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras exámenes y concursos de méritos.

López Obrador asegura que la elección busca limpiar de corrupción a la justicia, pero la oposición, oenegés y Estados Unidos sostienen que socava la independencia judicial y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.

2. Caso único

La proyectada elección de unos mil 600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte, es un caso único.

"No existe en otros países", señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.

Si bien en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.

Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y ex mandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

3. Cirugía a la Suprema Corte

La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.

Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumple.

4. Nuevo órgano de supervisión

La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.

En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera 90 por ciento, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos investigativos antes que impulsar una "demolición" del poder judicial.

5. Jueces sin rostro

La reforma incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.

Sin embargo, esa figura es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los juzgadores.

La medida ha sido aplicada en otros países de la región. En Colombia se adoptó a finales de los años 1980 para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico, en medio de cuestionamientos a su eficacia para proteger a los magistrados y garantizar la justicia.

En El Salvador, como parte del estado de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele, se ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a miles de supuestos pandilleros que luego son presentados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional.

Activistas de derechos humanos denuncian que en medio de esas redadas han caído muchos inocentes.

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En medio de protestas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 05 de febrero.

La presentación de 610 reservas al dictamen duró más de 12 horas, es decir, comenzó a las 16:00 horas y concluyó a las 4:20 de esta madrugada.

El proyecto quedó avalado por 359 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 135 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

En el debate, los guindas aseguraron que no engañaron a nadie, pues desde las campañas previo a la elección del 02 de junio, prometieron a la ciudadanía que si les daban mayoría avalarían las reformas constitucionales del primer mandatario.

En contraste, la oposición denunció una reforma mal hecha, producto de la venganza contra un poder que no sucumbió ante el Ejecutivo.

La sesión inició a las 16:10 horas, pero se decretó un receso luego de que el diputado panista, Elías Lixa, solicitó más tiempo porque los diputados de ese partido tenían dificultad para ingresar, toda vez que todos los accesos del deportivo Magdalena Mixhuca fueron cerrados para evitar el ingreso de manifestantes.

A las 16:40 horas, se reanudó la sesión con la presencia de 372 diputados, sin embargo, legisladores de oposición denunciaron que el acto era ilegal, a pesar de que previamente el cambio de sede se avaló en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y en la Mesa Directiva por voto ponderado de la mayoría.

"Esta asamblea es ilegal, no sabemos siquiera si todos los que están aquí son parte del poder legislativo. Estamos en contra de este atraco a la nación", recriminó el diputado de MC, Gildardo Pérez Gabino.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, explicó que todos los partidos votaron en contra del cambio de sede y en contra de que se juntaran las dos sesiones que ya estaban programadas en una sola, y exigió: "Hay dos resoluciones que consideramos que se deben acatar. Estamos aquí de manera precautoria porque esta reforma está en suspensión".

Tras las inconformidades, Morena y aliados votaron a mano alzada dar continuidad a la sesión, al tiempo que rechazaron dos peticiones de moción suspensiva del PAN y MC.

Germán Martínez Cázares, del partido albiazul, pidió a la mayoría parlamentaria recular de último momento, y argumentó que "no se vale una condena a todos el poder judicial".

"No es cierto que todos los jueces son corruptos, ¿dónde están las denuncias? los jueces no han soltado criminales, aquí el único que ha soltado a un criminal confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, se llama Andrés Manuel López Obrador", aseveró.

Juan Zavala, del Partido Naranja, puntualizó que en el dictamen "es una reforma superficial y caprichosa que surge de la venganza".

Yerico Abramo Masso, del PRI, agregó que la elección de jueces y ministros por elección popular "es un modelo que no tiene ni pies ni cabeza", y que además tendrá un costo presupuestal "no medible, no explicable, y no aplicable".

Ataviados con playeras con la leyenda "soy resistencia", y mantas con la leyenda

"Sin justicia no hay futuro", la bancada del PAN pasó a respaldar a la diputada Paulina Rubio y al diputado Saúl Téllez.

La legisladora albiazul acusó que la reforma judicial es el pago a los magistrados del Tribunal Electoral, producto de un soborno a cambios de la sobrerrepresentación que les otorgaron.

"Les brindaron una mayoría porque sobornaron a los magistrados del Tribunal electoral y hoy es el día del pago, hoy les toca pagarles. ¿Cuánto les costó su curul? Nada menos que dejar en el cargo a los magistrados del Tribunal Electoral hasta 2027 y prometerles ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", denunció.

Agregó que la causa de la mencionada reforma es la V de venganza que el Presidente de la República inició contra el poder judicial; "un poder judicial que no sucumbió, que no se dobló y que no se agachó como ustedes comprenderán"

Al grito de "resistencia", "resistencia", Téllez Hernández advirtió que quienes impongan los perfiles que serán electos por voto popular, será "un poder judicial que pertenece a la red de corrupción de Arturo Saldívar".

Tras los reclamos, morenistas y aliados salieron a defender el proyecto.

Mary Carmen Bernal, del PT, dijo que la forma actual de impartir justicia es una herencia de los gobiernos neoliberales, "que es costosa, elitista, humillante, lenta, misógina, clasista, racista y corrupta", mientras que el diputado Juan Luis Carrillo, del PVEM, aseguró que quienes se oponen al proyecto, "son muchos trabajadores que han sido engañados por quienes ostentan privilegios y se aferran a mantenerlos a toda costa".

La diputada morenista Claudia Rivera, sostuvo que la reforma respetará derechos laborales, perfiles profesionales y compromisos internacionales, por lo que dijo que con ello "busco convencer a uno que otro de oposición".

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