“Sí mi comandante, Miguel Ángel no quiere entender, a los dos los quiero muertos, allá se los mando, ya muertos vamos a poder trabajar bien”, fueron las palabras que, de acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), refirió la presidenta municipal de Amanalco, María Elena Martínez Robles, al pedir presuntamente apoyo a líderes criminales de La Familia Michoacana para asesinar al síndico Miguel Ángel Lara de la Cruz.
Este domingo en los juzgados del penal de Santiaguito, del municipio de Almoloya de Juárez, se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de la edil como parte del Operativo Enjambre —que se desplegó el viernes y fueron detenidos siete funcionarios municipales por sus presuntos nexos con el crimen organizado—, en la que un juez declaró prisión preventiva justificada por riesgo de fuga.
En la carpeta de investigación se establece que la munícipe habría ordenado el homicidio del síndico, y de su chofer Guillermo Gerónimo Roque, ante presuntas disputas por el control político y económico del municipio.
Los conflictos comenzaron tras la definición de María Elena como candidata, después como alcaldesa, y tras el supuesto incumplimiento de acuerdos políticos con el síndico.
Según la indagatoria, la administración municipal mantenía comunicación con líderes de este grupo delictivo identificados como: El 85, El Pelón y El Fresa, a quienes informaba sobre operativos de fuerzas federales, recibía instrucciones y pagaba cantidades de dinero.
Pese a los supuestos acuerdos que se tenían con la organización delictiva, los conflictos entre la edil y el síndico estallaron el 25 de enero de 2023, cuando María Elena solicitó apoyo a La Familia para deshacerse de la figura del político.
Tras esta comunicación, ese mismo día, la presidenta solicitó al síndico que acudiera a Zacazonapan para asuntos de la administración; a la mitad del camino fueron levantados y un día después, el 26 de enero de 2023, fueron encontrados muertos en el camino Tenancingo Luvianos.
La audiencia que se extendió por más de seis horas destacó por la presencia descompuesta de la edil María Elena, quien mostraba una chamarra negra, cabello amarrado y un rostro demacrado.
Mientras, en Tenango del Valle, a Eraclio Campuzano, director de Seguridad Pública de Tejupilco, y a Manuel, director de Seguridad Pública de Amanalco, se les dictó la prisión preventiva justificada.
Eraclio es acusado de secuestro exprés con la finalidad de cometer extorsión en agravio de una vendedora de jugos y cocteles, a quien amenazó, persiguió y le exigió el pago de 10% de su venta o el pago mínimo de mil pesos cada viernes por órdenes de la organización criminal La Familia Michoacana.
En la audiencia de Manuel, se le acusó de secuestro exprés con la finalidad de cometer robo, en contra de dos vendedoras de postres, quienes dijeron que el comisario les dijo que trabajaba para La Familia Michoacana.
También fue decretada la medida cautelar de prisión preventiva justificada al director operativo de la Policía Municipal de Ixtapaluca, Rodolfo Chávez, así como al policía tercero Roberto Malpica, por el delito de secuestro exprés con la finalidad de cometer extorsión en contra de una comerciante de esa localidad.
Omar, el subdirector de la policía de Naucalpan, quedó en prisión preventiva justificada, acusado de extorsión a un automovilista.
Ellery Guadalupe, director del DIF del municipio de Tonatico, también quedó en prisión acusado del delito de secuestro con fines de extorsión.
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