El Pleno del Senado de la República de México ha aprobado el procedimiento que regirá la selección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Este acuerdo establece un proceso claro, en el cual la Comisión de Justicia verificará los requisitos constitucionales de las candidatas de la segunda terna, que son Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y Eréndira Cruz Villegas.

La Comisión convocará a las candidatas para que respondan preguntas, y luego presentará un dictamen al Pleno respecto a los requisitos de elegibilidad. Este dictamen se publicará con al menos 24 horas de antelación a la sesión en la que se tomará la decisión.

La presidenta de la Mesa Directiva convocará a las candidatas que cumplen con los requisitos para que realicen exposiciones sobre la idoneidad de sus candidaturas, con un límite de 20 minutos cada una. La votación por cédula seguirá, y la candidata elegida por mayoría calificada asumirá inmediatamente el cargo.

En el caso de que ninguna candidata alcance la mayoría constitucional en la primera votación, se realizará una segunda votación de inmediato. Si ninguna candidata logra la mayoría en la segunda votación, la terna se considerará rechazada, y se comunicará al Ejecutivo federal para una designación directa.

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Las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos, aprobaron la extinción de siete organismos autónomos.

Se derogan las disposiciones relativas al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu), Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH).

El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, alertó que esta iniciativa atenta en contra de los mismos derechos que hicieron posible estos avances.

“Estamos frente a una propuesta que debilita a la gente, eliminando los mecanismos que nos han permitido defendernos, informarnos, indignarnos y con esa indignación, tomar decisiones”.

El senador de Morena, Ignacio Mier, admitió que lo que se está haciendo es “desmantelar”, “claramente lo decimos todo un andamiaje simulado en beneficio de intereses económicos y de la oligarquía que son aquellas familias más poderosas nacionales y extranjeras, que se quedaron con el 80 por ciento del patrimonio nacional y provocaron la pobreza más escandalosa que haya tenido este continente, apenas 30 años, estamos recuperando para beneficio de México y las instituciones establecidas en la Constitución”.

El senador del PT, Gonzalo Yáñez dijo que no es gratuito que la mayoría de los organismos autónomos se crearon en el cenit de la era neoliberal.

"¿Autónomos de quién? Sí autónomos del Estado, sí autónomos del pueblo, pero no autónomos de los dueños del dinero", agregó.

La senadora del PRI, Claudia Anaya, pidió a Morena y sus aliados no legislar con prisas.

“El tema de la prisa es que estos organismos, todos ellos tienen que dar certeza a distintos sectores, si me permiten voy a separar los organismos en partes, en una parte quiero poner a Mejoredu y a Coneval. En otra quiero poner a Ifetel a Cofece, a la Comisión Reguladora de Energía y a la Nacional de Hidrocarburos, y en otra más quiero poner al INAI. ¿Para qué los voy a separar así? Miren, creo que el tema de Mejoredu y Coneval, a quien más daña y a quien más lastima es a nosotros mismos, porque son órganos que nos evalúan, no es que se dupliquen funciones, Mejoredu evalúa la política que diseña la SEP”, explicó.

Su compañera Carolina Viggiano destacó que “también otros órganos que hoy quieren desaparecer han generado muchos beneficios para la democracia y para las libertades, para el acceso a nuestros derechos, y debo decir que la mayoría de estos órganos, incluso afortunadamente, no desaparecen el Banco de México, que tiene un siglo”.

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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Esta tarde, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un nuevo respaldo a la comunidad cinematográfica mexicana, al determinar que la desaparición del FIDECINE en 2020, ordenada desde el Ejecutivo, fue inconstitucional.

La decisión se dio en el seno de la Primera Sala del máximo tribunal mexicano, en donde, además y por unanimidad de los cinco ministros, se votó porque el gobierno federal no puede dar menos protección y apoyo a lo que se había alcanzado hasta ese año para el cine nacional.

El FIDECINE es un fideicoimiso que por dos décadas apoyó la producción de 230 largometrajes, 159 de ellos de directores debutantes, como “No se aceptan devoluciones”, “Una película de huevos” y “Kilómetro 31”, las cuales hasta hace cuatro años habían devuelto a las arcas federales 83 millones de pesos, contra los 24 millones recibidos para ser hechas.

Esta nueva sentencia se suma a la del año pasado, cuando la Segunda sala también determinó que era inconstitucional la desaparición del FIDECINE.

Eduardo de la Parra, abogado de los cineastas, se mostró satisfecho por el fallo.

“Esta sentencia, a diferencia de la de la Segunda Sala, entra a fondo a la prohibición de regresividad, de que el nivel de protección ya alcanzado en los derechos culturales no puede ser destruido o disminuido por nuevas leyes, que es lo que hace mas relevante este asunto y por la votación se convierte en jurisprudencia”, señala el jurista.

La jurisprudencia significa que, en casos similares, la sentencia tendría la misma consideración.

En un comunicado oficial, el Alto Tribunal informa que deliberó que en la eliminación del Fidecine existe un menoscabo injustificado en los derechos a la participación cultural, abundando que las razones dadas por el legislativo para acabar con el fideicomiso y otros más, son vagas y carecen de fundamento.

En su momento se aseguró que la extinción de más de 100 fideicomisos fue para que con esos recursos se afrontara la crisis sanitaria derivada por el Covid-19, así como por una opacidad en el uso de recursos.

“No se demostró que existiera un mal manejo de los recursos que integran al FIDECINE, ni que faltara a sus obligaciones de transparencia o contabilidad”, se lee en el documento de la SCJN.

Desde 2021 la figura gubernamental en dar apoyos es el Focine el cual, a diferencia del Fidecine, no se encuentra en la ley.

En agosto pasado, la Segunda Sala ordenó al Congreso a restituir los apoyos en la ley dando como plazo diciembre, cosa que no ocurrió.

Actualmente el asunto se encuentra en la Cámara de Senadores, que pidió una extensión del plazo para discutir el tema y de ahí pasar a la Cámara Baja.

“(Ahora es) Esperar a ver los efectos de la sentencia, porque pueden ser similares o diferentes a los de la Segunda Sala”, comentó De la Parra.

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En un giro legal intrigante, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) está considerando revertir un amparo que permitía el matrimonio o concubinato con dos o más personas. Esta medida, otorgada hace tres años en Puebla, se basó en la protección constitucional de diversas formas de familia. 

No obstante, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propone revocar esta sentencia, argumentando que las relaciones poliamorosas no son socialmente predominantes y podrían generar desigualdades. El debate destaca la necesidad de regulaciones claras en caso de que el poliamor crezca en la sociedad, planteando el riesgo de desventajas, especialmente para mujeres y niños. 

La resolución propuesta destaca las advertencias internacionales sobre la poligamia, señalando que puede derivar en desigualdades graves y afectar negativamente el bienestar económico de mujeres e hijos. La legalidad del poliamor en México está en una encrucijada.

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