La libertad de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta está manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún no se pronuncia sobre la impugnación de la FGR contra el amparo otorgado al michoacano en octubre de 2023.

Y es que, en diciembre de 2023, el máximo tribunal del país admitió a trámite el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tramitó para echar abajo la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 contra Aburto Martínez por el delito de homicidio calificado.

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández turnó la impugnación de la FGR al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia para su análisis y votación.

De acuerdo con los registros de la SCJN, el amparo directo en revisión con número de expediente 6917/2023 sigue en estudio y en espera del proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo.

De esta manera el futuro procesal de Aburto Martínez está en manos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes conforman la Primera Sala de la Suprema Corte.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación dejó sin efecto la condena de 45 años contra Mario Aburto Martínez, y ordenó dictar una nueva conforme a lo que establecía el Código Penal de Baja California, en la época en la que ocurrió el magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana.

Al momento de los hechos, registrados el 23 de marzo de 1994, el delito de homicidio doloso se castigaba en Baja California con una pena de 15 a 30 años de prisión, por lo que la nueva sentencia contra Aburto Martínez no deberá exceder los 30 años, y se daría por cumplida para finales de marzo de 2024.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, el delito de homicidio calificado, que se le imputa Mario Aburto, fue “juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal”.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abordará mañana el caso de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, quien pretendía recobrar su libertad en marzo de este año.

Funcionarios del Alto Tribunal revelaron que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentará un proyecto donde uno de los temas principales que se analizarán es si el juez de amparo tenía la obligación de haber llamado a juicio a las víctimas u ofendidos, es decir, a los familiares del extinto candidato, en calidad de terceros interesados.

En marzo de este año, la ministra Margarita Ríos Farjat retiró el proyecto que proponía declarar fundado el recurso de reclamación interpuesto por el homicida y que, de haber sido aprobado, le hubiera dejado el camino abierto a su libertad el 24 de marzo tras haberse cumplido 30 años del crimen.

No obstante, el ministro González Alcántara pidió más tiempo para estudiar la propuesta ante la trascendencia del caso.

Los funcionarios explicaron que, en caso de que la Sala considere que debió llamarse a las víctimas y ofendidos en calidad de terceros interesados, se deberá reponer el proceso solo en el juicio de amparo, para que se les escuche.

El caso llegó a la Corte porque la Fiscalía General de la República (FGR) interpuso un amparo directo en revisión, la última carta que tiene contra la sentencia que amparó a Mario Aburto.

En diciembre de 2023, la presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, pero él se declaró impedido, ya que, en 1996, como juez federal, declaró inocente a Othón Cortés, señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

La FGR busca echar abajo la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito que ordena al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Apelación del Estado de México revocar la sentencia de 45 años de cárcel y dictar una nueva tomando como base la pena que prevalecía en el Código Penal de Baja California en 1994, la cual contemplaba una condena máxima de 30 años por el delito de homicidio.

En sus alegatos, el Ministerio Público Federal argumentó que el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado mismo, a sus instituciones y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido.

Hijo de Colosio 

En enero de este año, el entonces alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador indultar a Mario Aburto.

Aseguró que el caso ha estado “muy manoseado”, por lo cual pidió que se le dé carpetazo al caso del asesino de su padre.

“Cada tres a seis años sale, 'vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso, vamos a reabrir el caso'. Yo creo que antes deberían de salir a explicar qué es lo que quieren lograr. Este asunto ha estado ya muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que estén dando, no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal de sacar una raja política. Apelando a la compasión del Presidente yo digo que mejor indulte a Mario Aburto, que lo indulte, que dé un carpetazo final, que permite que tanto mi familia como México sanemos”, declaró.

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Una jueza federal desechó la demanda de amparo que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tramitó para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) congele la investigación por presunta tortura en su contra.

Paloma Xiomara González, titular del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acordó ayer dejar sin efecto la demanda de garantías del michoacano, determinación que se hizo publica este miércoles en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Fecha resolución inicial 09/04/2024. Sentido resolución inicial Desechamiento”, resolvió la jueza.

En marzo pasado, Aburto Martínez, preso en un penal federal de Guanajuato, buscó la protección de la justicia federal contra la decisión de la Fiscal Especial del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción contra exservidores públicos que supuestamente lo torturaron después de ser detenido el 23 de marzo de 1994.

Reclamó a la jueza “la consulta de determinación del no ejercicio de la acción penal” en el caso de presunta tortura en su contra.

En febrero pasado, la Fiscalía General de la República resolvió en definitiva no iniciar procedimiento penal contra exfuncionarios señalados por supuestos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, después de ser detenido y encarcelado por el asesinato de Colosio Murrieta.

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Hace exactamente 30 años, México fue testigo de uno de los eventos más trágicos y conmocionantes de su historia reciente: el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, durante un mitin de campaña en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México fue asesinado a tiros, dejando una profunda cicatriz en el tejido político y social del país.

El impacto de este acto resonó más allá de las fronteras de México, sacudiendo los cimientos de la política nacional y generando un profundo sentimiento de indignación y tristeza en la población. Colosio, un político carismático y prometedor, se había destacado por su discurso de cambio y renovación dentro del PRI, lo que lo convirtió en una figura esperanzadora para muchos mexicanos.

Sin embargo, su vida fue truncada de manera violenta, dejando a su familia, amigos y seguidores sumidos en el dolor y la incertidumbre. A lo largo de estos 30 años, el asesinato de Colosio ha sido objeto de múltiples investigaciones, teorías y especulaciones, pero las preguntas sobre los motivos y los responsables aún persisten, sin una respuesta definitiva.

El legado de Luis Donaldo Colosio perdura en la memoria colectiva de México, recordándonos la fragilidad de la democracia y la importancia de la lucha por la justicia y la verdad.

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El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con la cual busca evitar que Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, recupere su libertad en marzo de este año.

En listas judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio a conocer hoy que el ministro hizo llegar su impedimento a la Primera Sala, la cual tiene pendiente resolver el recurso de revisión interpuesto por la fiscalía.

La Sala ya admitió a trámite el impedimento del ministro y éste fue turnado para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, para que presente un proyecto a la Primera Sala, es decir, para que se vote si está o no impedido Pardo Rebolledo.

Antes de ser designado ministro de la Corte, en 2011, Pardo Rebolledo como juez federal, en 1996, declaró inocente a Othón Cortés, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Othón Cortés se desempeñaba como chofer del candidato priista en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. La PGR lo aprehendió un año después y en 1996 recuperó su libertad tras demostrarse su inocencia.

En 2019, Othón Cortés anunció que llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Mexicano lo compensará, pero falleció en abril de 2020.

En diciembre de 2023, la Corte admitió a trámite el recurso de la FGR con el cual impugna el amparo otorgado a Mario Aburto Martínez y que abrió la puerta para que recupere su libertad en marzo próximo.

La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio.

El amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito permitiría al magnicida recobrar su libertad cuando cumpla 30 años preso, es decir el 23 marzo de 2024, o incluso antes.

El Ministerio Público Federal solicitó a la Corte revisar el caso porque, dijo que, el crimen cometido contra el político es un delito del orden federal y no local.

Asimismo, que el tribunal no analizó correctamente la jurisdicción federal porque no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito.

De igual manera, que el Tribunal Colegiado introdujo de manera unilateral un tema que no estaba en la petición original del amparo de Mario Aburto, “ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México, al proceso electoral para la Presidencia de la República, así como al avance en materia de participación ciudadana, que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.

La FGR puntualizó que, además, el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado mismo, a sus instituciones, y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió hoy 30 de enero de 2024 al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien pidió el indulto para Mario Aburto Martínez, encarcelado por la muerte de su padre en 1994, y dijo "no puedo hacerlo", además, aseguró que se mantendrá la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura, luego de que un juez frenara el intento de reabrir el caso Colosio, por la posibilidad de un segundo tirador involucrado en el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994

La fiscalía consideró que el juez quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentadas, las cuales, de acuerdo con la fiscalía, implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN, quien tenía asignado cubrir al candidato presidencial, y que además fue liberado en aquellos momentos.

Para la FGR esto fue un evidente encubrimiento delictivo, en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, entonces subdirector operativo en el CISEN y quien lo rescató en Tijuana. 

¿Qué respondió AMLO a Colosio Riojas?

El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente de México que indulte a Mario Aburto, asesino confeso de su padre, "que ponga un carpetazo final a este asunto".

Sin embargo, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al alcalde de Monterrey, durante su conferencia en Palacio Nacional, y argumentó que "se trata de un asunto de Estado".

López Obrador describió que el 21 de marzo de 1994 se reunió con Luis Donaldo Colosio, "cené con él; el 22 pasó a Sonora y de Sonora a Baja California Sur, y el 23 fue a Tijuana y ahí lo asesinan".

"Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte (a Mario Aburto), quiero contestar de que no puedo hacerlo."

López Obrador retomó los dicho del alcalde de Monterrey y reconoció que "sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado, y yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar".

Y enfatizó en que "yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así".