La libertad de Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta está manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que aún no se pronuncia sobre la impugnación de la FGR contra el amparo otorgado al michoacano en octubre de 2023.

Y es que, en diciembre de 2023, el máximo tribunal del país admitió a trámite el recurso de revisión que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo de Alejandro Gertz Manero, tramitó para echar abajo la resolución del Primer Tribunal Colegiado de Apelación que dejó sin efecto la sentencia de 45 años dictada en 1994 contra Aburto Martínez por el delito de homicidio calificado.

La presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández turnó la impugnación de la FGR al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien deberá presentar a la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un proyecto de sentencia para su análisis y votación.

De acuerdo con los registros de la SCJN, el amparo directo en revisión con número de expediente 6917/2023 sigue en estudio y en espera del proyecto de sentencia del ministro Pardo Rebolledo.

De esta manera el futuro procesal de Aburto Martínez está en manos de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quienes conforman la Primera Sala de la Suprema Corte.

El Primer Tribunal Colegiado de Apelación dejó sin efecto la condena de 45 años contra Mario Aburto Martínez, y ordenó dictar una nueva conforme a lo que establecía el Código Penal de Baja California, en la época en la que ocurrió el magnicidio en Lomas Taurinas, Tijuana.

Al momento de los hechos, registrados el 23 de marzo de 1994, el delito de homicidio doloso se castigaba en Baja California con una pena de 15 a 30 años de prisión, por lo que la nueva sentencia contra Aburto Martínez no deberá exceder los 30 años, y se daría por cumplida para finales de marzo de 2024.

De acuerdo con la sentencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación, el delito de homicidio calificado, que se le imputa Mario Aburto, fue “juzgado conforme a las disposiciones del Código Penal Federal, lo cual, de manera respetuosa, no es compartido por este tribunal colegiado, en virtud de que tanto el juez de la causa como la autoridad responsable debieron observar la competencia excepcional de conexidad y no federalizar el ilícito de homicidio calificado, sino juzgarlo conforme a las disposiciones del Código Penal del Estado de Baja California, pues ese ilícito corresponde al fuero estatal”.

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Una jueza federal desechó la demanda de amparo que Mario Aburto Martínez, asesino confeso del excandidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, tramitó para evitar que la Fiscalía General de la República (FGR) congele la investigación por presunta tortura en su contra.

Paloma Xiomara González, titular del juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, acordó ayer dejar sin efecto la demanda de garantías del michoacano, determinación que se hizo publica este miércoles en la lista de acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

“Fecha resolución inicial 09/04/2024. Sentido resolución inicial Desechamiento”, resolvió la jueza.

En marzo pasado, Aburto Martínez, preso en un penal federal de Guanajuato, buscó la protección de la justicia federal contra la decisión de la Fiscal Especial del Delito de Tortura de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción contra exservidores públicos que supuestamente lo torturaron después de ser detenido el 23 de marzo de 1994.

Reclamó a la jueza “la consulta de determinación del no ejercicio de la acción penal” en el caso de presunta tortura en su contra.

En febrero pasado, la Fiscalía General de la República resolvió en definitiva no iniciar procedimiento penal contra exfuncionarios señalados por supuestos actos de tortura contra Mario Aburto Martínez, después de ser detenido y encarcelado por el asesinato de Colosio Murrieta.

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Hace exactamente 30 años, México fue testigo de uno de los eventos más trágicos y conmocionantes de su historia reciente: el asesinato de Luis Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, durante un mitin de campaña en Lomas Taurinas, en la ciudad de Tijuana, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia de México fue asesinado a tiros, dejando una profunda cicatriz en el tejido político y social del país.

El impacto de este acto resonó más allá de las fronteras de México, sacudiendo los cimientos de la política nacional y generando un profundo sentimiento de indignación y tristeza en la población. Colosio, un político carismático y prometedor, se había destacado por su discurso de cambio y renovación dentro del PRI, lo que lo convirtió en una figura esperanzadora para muchos mexicanos.

Sin embargo, su vida fue truncada de manera violenta, dejando a su familia, amigos y seguidores sumidos en el dolor y la incertidumbre. A lo largo de estos 30 años, el asesinato de Colosio ha sido objeto de múltiples investigaciones, teorías y especulaciones, pero las preguntas sobre los motivos y los responsables aún persisten, sin una respuesta definitiva.

El legado de Luis Donaldo Colosio perdura en la memoria colectiva de México, recordándonos la fragilidad de la democracia y la importancia de la lucha por la justicia y la verdad.

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El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo se declaró impedido para conocer la impugnación que presentó la Fiscalía General de la República (FGR) con la cual busca evitar que Mario Aburto Martínez, asesino del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, recupere su libertad en marzo de este año.

En listas judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se dio a conocer hoy que el ministro hizo llegar su impedimento a la Primera Sala, la cual tiene pendiente resolver el recurso de revisión interpuesto por la fiscalía.

La Sala ya admitió a trámite el impedimento del ministro y éste fue turnado para su estudio a la ministra Loretta Ortiz Ahlf, para que presente un proyecto a la Primera Sala, es decir, para que se vote si está o no impedido Pardo Rebolledo.

Antes de ser designado ministro de la Corte, en 2011, Pardo Rebolledo como juez federal, en 1996, declaró inocente a Othón Cortés, quien fue señalado por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) de ser el segundo tirador en el homicidio de Luis Donaldo Colosio.

Othón Cortés se desempeñaba como chofer del candidato priista en Tijuana, Baja California, el 23 de marzo de 1994. La PGR lo aprehendió un año después y en 1996 recuperó su libertad tras demostrarse su inocencia.

En 2019, Othón Cortés anunció que llevaría su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado Mexicano lo compensará, pero falleció en abril de 2020.

En diciembre de 2023, la Corte admitió a trámite el recurso de la FGR con el cual impugna el amparo otorgado a Mario Aburto Martínez y que abrió la puerta para que recupere su libertad en marzo próximo.

La presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, turnó el expediente Jorge Mario Pardo Rebolledo para su estudio.

El amparo concedido por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito permitiría al magnicida recobrar su libertad cuando cumpla 30 años preso, es decir el 23 marzo de 2024, o incluso antes.

El Ministerio Público Federal solicitó a la Corte revisar el caso porque, dijo que, el crimen cometido contra el político es un delito del orden federal y no local.

Asimismo, que el tribunal no analizó correctamente la jurisdicción federal porque no se trató de un homicidio del fuero común local, sino que, de conformidad con el artículo 10 del Código Federal de Procedimientos Penales, correspondía, por su magnitud y consecuencias, a las autoridades federales conocer de ese delito.

De igual manera, que el Tribunal Colegiado introdujo de manera unilateral un tema que no estaba en la petición original del amparo de Mario Aburto, “ignorando la magnitud y las consecuencias de un hecho delictivo que afectó gravemente a la democracia de México, al proceso electoral para la Presidencia de la República, así como al avance en materia de participación ciudadana, que quedaron gravemente lastimados en todo el país”.

La FGR puntualizó que, además, el Tribunal Colegiado omitió dar vista y escuchar a las víctimas directas e indirectas de este delito, dejando en estado de indefensión al Estado mismo, a sus instituciones, y a las personas individuales afectadas, lo cual debe ser restituido.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió hoy 30 de enero de 2024 al alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, quien pidió el indulto para Mario Aburto Martínez, encarcelado por la muerte de su padre en 1994, y dijo "no puedo hacerlo", además, aseguró que se mantendrá la investigación.

La Fiscalía General de la República (FGR) fijó postura, luego de que un juez frenara el intento de reabrir el caso Colosio, por la posibilidad de un segundo tirador involucrado en el magnicidio del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, en marzo de 1994

La fiscalía consideró que el juez quebrantó los principios obligatorios de valoración y análisis de pruebas presentadas, las cuales, de acuerdo con la fiscalía, implican a Jorge Antonio “S”, agente del CISEN, quien tenía asignado cubrir al candidato presidencial, y que además fue liberado en aquellos momentos.

Para la FGR esto fue un evidente encubrimiento delictivo, en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, entonces subdirector operativo en el CISEN y quien lo rescató en Tijuana. 

¿Qué respondió AMLO a Colosio Riojas?

El alcalde de Monterrey, Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, pidió al presidente de México que indulte a Mario Aburto, asesino confeso de su padre, "que ponga un carpetazo final a este asunto".

Sin embargo, este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió al alcalde de Monterrey, durante su conferencia en Palacio Nacional, y argumentó que "se trata de un asunto de Estado".

López Obrador describió que el 21 de marzo de 1994 se reunió con Luis Donaldo Colosio, "cené con él; el 22 pasó a Sonora y de Sonora a Baja California Sur, y el 23 fue a Tijuana y ahí lo asesinan".

"Aprovecho para contestarle al hijo de Luis Donaldo Colosio que me pide que yo indulte (a Mario Aburto), quiero contestar de que no puedo hacerlo."

López Obrador retomó los dicho del alcalde de Monterrey y reconoció que "sé que él ya no quiere, ni sus familiares, saber nada de esto que fue terrible, pero se trata de un asunto de Estado, y yo quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar".

Y enfatizó en que "yo no voy a dar un carpetazo a un asunto así".

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que existió un segundo tirador en el homicidio del candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, en el que participó un agente del CISEN.

Sin embargo, un juez federal rechazó ordenar su aprehensión, por lo que dijo que apelará la resolución, porque en este asunto también está involucrado Genaro García Luna.

Indicó que hace 20 días el Juez Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales Jesús Alberto Chávez Hernández, actuó con evidente parcialidad, quebrantando los principios obligatorios de valoración y análisis del gran acervo de pruebas presentada por la FGR, que implican a Jorge Antonio “S”.

El señalado era el agente del CISEN asignado a cubrir al candidato presidencial, y quien fue liberado en aquellos momentos, en un evidente encubrimiento delictivo en el que estuvo vinculado directamente Genaro García Luna, quien era Subdirector Operativo en el propio CISEN y fue quien lo rescató en Tijuana, Baja California. 

Las pruebas presentadas por la FGR en contra de Jorge Antonio ‘S’ demuestran su presencia en el lugar del homicidio, en el mismo momento del crimen, cuando hubo un diferencia de segundos entre ambos disparos.

“Todas las pruebas aportadas por la FGR, y en especial las de análisis de sangre demuestran que en la ropa de dicho acusado se encontró el tipo de sangre de la víctima".

“Las pruebas de rodizonato señalan que el acusado, en ese lapso, disparó un arma, y ninguna de las pruebas de descargo lo han podido favorecer”, apuntó.

Asimismo, dijo que un gran número de testimoniales señalan al acusado en el lugar de los hechos, al momento de los disparos, del cual huyó; y niegan que él haya ayudado a transportar a Luis Donaldo Colosio cuando estaba herido,

Añadió que un buen número de testimoniales también ratifican su detención cuando traía la ropa manchada con sangre de la víctima; “mientras que también se encuentra debidamente probado que el CISEN de la Secretaría de Gobernación mandó al acusado para que estuviera en el lugar de los hechos, para después encubrirlo y sacarlo de Tijuana de manera urgente y subrepticia”.

La dependencia aseguró que el video en el que quedó registrado el primer disparo, y al cual el juez le pretende dar valor frente a todo el acervo de pruebas aportadas, estaba ubicado hacia el primer tirador, es decir, Mario Aburto Martínez, y no dirigido hacia el segundo, que se hallaba en un ángulo totalmente distinto, razón por la cual no podía observarse.

“Y no existe ningún video dirigido hacia el área donde estaba dicho segundo tirador, motivo por el cual esa prueba no puede favorecer, en modo alguno, al responsable de ese segundo disparo”.

Mencionó que el juez llegó hasta el extremo “de emitir consideraciones de orden personal en contra del Ejecutivo Federal, lo cual es absolutamente inadmisible en un proceso de esta importancia, demostrando así que los delitos de carácter político, al igual que los de grandes despojos patrimoniales vinculados con gobiernos anteriores, se obstaculizan judicialmente para impedir que la justicia los alcance”.

A pesar de todos estos obstáculos para procurar justicia, advirtió que interpondrá un recurso de apelación, “como lo ha hecho en todos los casos en que ha sido necesario, ya que esta institución confía en que el Poder Judicial Federal actuará con estricto apego a derecho, en consideración de la trascendencia de un delito de tan alta gravedad, como el que se cometió en contra de la vida del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio”.

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