La Fiscalía General de la República (FGR) procedió penalmente en contra de los directivos del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño y Antonio “N”.
Esto luego de los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, por el incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, el 27 de marzo.
De acuerdo a la FGR, los directivos incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
La FGR también procedió penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
En el caso de la empresa de seguridad privada (Camsa) y al propio INM, la dependencia señaló que ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
En su comunicado, dice que "los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados".
Además, dice la FGR, omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
“Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia.
“Por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
Fue el lunes 27 de marzo cuando un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, originado en las celdas, arrojó el saldo de 40 muertos.
Por la noche, medios locales lograron tomar fotografías de cuerpos apilados en la calle, cubiertos con mantas, y la cifra de muertos rápidamente osciló entre 10, 20, luego 39.
El punto de quiebre vino al día siguiente, cuando se reveló un video donde se observa ya el fuego dentro de las celdas y a al menos dos empleados, custodios del Instituto Nacional de Migración Mexicano que salen de escena, dejando a los migrantes morir.
Adán Augusto López, secretario de Gobernación, culpó a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, de la filtración del video y dijo además que el canciller Marcelo Ebrard era el responsable de la política migratoria mexicana. Por la noche, Ebrard llamó a no politizar la tragedia y pidió hacer a cada quien lo que corresponde.
Gobiernos de Centroamérica, en especial de El Salvador exigieron a México renuncias por la muerte de los migrantes, incluso el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que estos países tenían razón en exigir justicia, y no descartaba ceses.
El padre Solalinde, defensor de migrantes, dijo la semana pasada a medios fuera de Palacio Nacional que se había entrevistado con el presidente López Obrador, y que afinaban una propuesta para desaparecer el Instituto Nacional de Migración y en su lugar fundar un nuevo organismo. Dijo que no le correspondía hablar de la permanencia o no de Garduño al frente del INM.
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