El candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato, Jorge Rodríguez Medrano, conocido popularmente como “El pastelero” y propietario del canal local TV 8, ha generado controversia tras ingresar ilegalmente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal. El objetivo de su incursión fue liberar a su jefe de prensa, Héctor “N”, quien había sido detenido minutos antes por participar en una pelea y alterar el orden público.

El incidente se hizo público mediante un video captado por una cámara de vigilancia de la policía municipal. En las imágenes, se observa a elementos de la Guardia Nacional ingresando sin permiso a las instalaciones policiales, acompañados por Rodríguez Medrano. El candidato desciende de un vehículo y se dirige al jefe de la Guardia Nacional que lo custodia.

#INDIGNANTE 🔴| El Candidato de Morena a la alcaldía de Guanajuato Jorge Medrano utilizó a la @GN_MEXICO_ para ir a liberar a su jefe de prensa quien había sido detenido por policías municipales.

Así entró la @GN_MEXICO_ al lugar donde llevaban al detenido, dejando en ridículo… pic.twitter.com/JKpOsPe2j0

— Libro Negro (@Libro_negro_) May 26, 2024

En el video, se puede ver cómo Rodríguez Medrano camina hacia la puerta de acceso de las instalaciones policiales. Un elemento de la dependencia abre la puerta e ingresa sin autorización, seguido por “El pastelero” y otros dos hombres.

Este acto ha generado críticas y preocupación sobre el uso indebido de la influencia y el poder político para interferir en procedimientos legales y de seguridad. La incursión de la Guardia Nacional en colaboración con el candidato de Morena plantea serias cuestiones sobre la independencia y la integridad de las instituciones encargadas de mantener el orden y la seguridad en el municipio.

Hasta el momento, no se ha emitido una declaración oficial por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal o la Guardia Nacional sobre el incidente.

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Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

A través de un video que circula en redes sociales, Ángela María Barba Ascencio solicitó la intervención del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, para poder recuperar a su hijo de 9 años, pues su expareja sentimental –quien es hermano de dos integrantes del gabinete estatal y cuñado de la diputada federal Mirza Flores– mantiene la custodia del menor a pesar de que presuntamente lo golpea y existe un dictamen pericial que lo califica como no apto para cuidarlo.

En su denuncia pública, la mujer señaló que a pesar de las denuncias interpuestas contra su expareja Ángel Ulises Preciado López, éstas no caminan y él se jacta de que ello ocurre porque está protegido por sus hermanos y su cuñada.

Indicó que tras separarse de su expareja, el pequeño convivía con ambos de manera regular, pero Preciado López se negó a firmar un acuerdo para formalizar la convivencia y el 6 de febrero de 2021 decidió ya no dejar que viera a su madre.

“Me aventó contra la reja y me dijo que tenía que verlo por la vía legal; por ocho meses no puede ver a mi hijo”, señaló Ángela María y explicó que después de eso se le permitió verlo durante cinco fines de semana.

“Mi expareja es una persona extremadamente agresiva, tiene tres denuncias penales por violencia, abuso infantil y violación; de los cinco fines de semana que tuvimos de convivencia en casa, su papá una vez me lo entregó lleno de moretones, descalabrado y en el otro había pasado cuatro días en el hospital”, denunció la mujer en el video, donde se incluyen fotos de las heridas del menor.

Dijo que Ángel Ulises Preciado López se ha valido de trucos legales para evitar que se haga una evaluación psicológica del niño e insistió en que existe un dictamen pericial en el que el DIF Zapopan señala que no es una persona apta para cuidar al menor.

“De forma irregular le fue otorgada la custodia provisional ya que miembros de tu gabinete, Alain Fernando (Preciado López), subsecretario de Gobierno; Jesús Isaac (Preciado López), asesor de consejeros, quien además es pareja sentimental de la diputada federal Mirza Flores, son hermanos y cuñada de mi expareja y están evitando se haga justicia. El mismo Ángel Ulises, se ha jactado en innumerables ocasiones de estar protegido por el Estado debido a su parentesco con dichas figuras políticas”, señaló Ángela María.

En el video que circula en redes sociales, la mujer hizo responsable a Ángel Ulises Preciado López y a sus abogados de cualquier daño que puedan sufrir ella, su familia y los abogados que la ayudan, pues han recibido amenazas.

El juez estadunidense Brian Cogan sentenció a 10 años de cárcel a Iván Reyes Arzate, La Reina, ex comandante de la Policía Federal, quien el 19 de octubre del 2021 se declaró culpable de delito de distribución internacional de cocaína. 

Cogan tomará como crédito los dos años que el ex funcionario cercano a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, lleva preso por lo que le restan ocho años de reclusión. 

En un momento de la audiencia, tanto los fiscales como la defensa, negaron que La Reina fuera testigo colaborador de la fiscalía. Sin embargo, el juez Cogan le extraño que el gobierno sugiriera una pena tan corta para un cargo de narcotráfico. 

"Soy un hombre que no huye de sus responsabilidades", dice Reyes Arzate 

En una carta que leyó frente al juez, Reyes Arzate se definió como "un hombre que no huye de sus responsabilidades" y recalcó que se vino a entregar pese a que otros le recomendaban que no lo hiciera. 

El ex comandante pidió disculpas a su familia y amigos, a lo que Cogan le respondió que debido a sus actividades "usted mismo los puso en riesgo". 

El fiscal Ryan Harris se quejó de la dificultad de poner policías locales en los países donde se hallan las empresas del narcotráfico "pues es muy fácil que acepten sobornos de los cárteles". 

Mark DeMarco, abogado de La Reina, pidió al juez que recomiende a la Oficina de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), una cárcel en el sureste de Estados Unidos para que Reyes Arzate pase el resto de su condena ahí. 

La defensa del ex funcionario había dicho que “una sentencia mínima obligatoria de cinco años era suficiente” argumentando que una pena más larga crearía disparidades con sentencias aplicadas a “otros funcionarios corruptos”. 

​Iván Reyes Arzate era el oficial de más alto rango de la Unidad de Información Sensible de la Policía Federal y como tal el principal punto de contacto para el intercambio de información entre el personal policial estadunidense y mexicano. 

La Reina debía ser puesto en libertad el 27 de enero de 2020 para ser deportado a México tras haber cumplido la sentencia de los cargos en Illinois, pero el 23 de enero de 2020, un gran jurado en Brooklyn emitió un dictamen acusándolo de conspiración para distribuir cocaína por el cual fue arrestado antes de su liberación. 

Desde que presentaron este nuevo dictamen, los fiscales de Brooklyn aceptaron que les importaba la figura de Iván Reyes Arzate para ser testigo en contra de su jefe, Genaro García Luna, procesado en la misma Corte y cuyo juicio está programado para iniciar en octubre de este año. 

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La auto asignación de agentes estatales para seguridad privada a beneficio de exfuncionarios y sus familias, debe de investigarse y ser sancionada en caso de encontrar irregularidades, expuso el diputado Diego Echevarría Ibarra.

Ante el pleno legislativo, emitió y fue aprobado por la mayoría de los legisladores el punto de acuerdo dirigido a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, para que instruya y dé seguimiento a las investigaciones a través de la Secretaría de Honestidad y de la Función Pública que encabeza Rosina del Villar Casas.

Donde además de la auto asignación de agentes para seguridad personal de Amador Rodríguez Lozano y Jesús Núñez Camacho, que integraban el sistema estatal penitenciario, se de curso a investigar los hechos de una denuncia por presunta corrupción al interior de las penitenciarías del Estado. 

 

Echevarría Ibarra puntualizó que la denuncia fue interpuesta por la organización Ciudadanos por la Dignificación del Sistema Estatal Penitenciario quienes reclaman actos de corrupción como el cobro para entrega de bases laborales, solicitud de cuotas a los familiares para beneficios de los internos o asignar comodidades, incluso cobro para acceder a la libertad a través del indulto o la preliberación. 

También puntualizó que la asignación de 3 agentes para Rodríguez Lozano como ex secretario general de gobierno y a Núñez Camacho como ex comisionado del sistema, además de dos agentes para sus familias por turno, es injustificada. Además, se asignaron directamente tres días antes de terminar la anterior administración, 2 automóviles oficiales con recursos públicos para mantenimiento y gasolina para cada uno de ellos.

El diputado del PAN, criticó que los ex funcionarios del gobierno de Jaime Bonilla hayan justificado el gasto al sentir riesgo de vida por presos vinculados a organizaciones criminales del narcotráfico o por terrorismo, cuando el sistema estatal penitenciario se aprobó hace apenas 18 meses y Núñez Camacho asumió el cargo durante únicamente 6 meses, pretendiendo una protección mínima de un año.

 
 "Está acción es un evidente abuso del poder que implica desvío de recursos públicos, además de constituir un acto inmoral por donde se vea, ante las necesidades que existen en materia penitenciaria y de seguridad pública" remarcó el legislador.

El padre de Octavio Ocaña señaló que la policía que le habría robado una esclava y el celular a su hijo, sería también la que le disparó.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Imagen Noticias, el empresario Octavio Pérez, indicó que le habían informado las autoridades del Estado de México que ya había detenidos por la muerte de su hijo y que la policía que señalaron días anteriores de haber robado al actor, sería quien le disparó al actor.

“Ya hoy ya cayeron los primeros… hay una policía involucrada que dicen que es la que le dispara y es la que roba el teléfono, la información, ya el teléfono lo tengo yo gracias a Dios, pero ya le habían robado la información, son cosas íntimas, le robaron una esclava, un reloj”.

El papá del actor aprovechó para pedir que se "limpie" de corrupción a la policía desde abajo y destituir a quienes estén involucrados en actos ilícitos. Además le solicitó al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, dar la cara y esclarecer los hechos. 

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