Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas de gestación el plazo legal para interrumpir un embarazo, anunció el Ministerio de Salud el viernes, en un momento en que este derecho está siendo objetado en varias partes del mundo.

"Después de 50 años, es hora de que cambien las reglas sobre el aborto y de que reforcemos el derecho de las mujeres a decidir", declaró la ministra, Sophie Løhde, en un comunicado.

​"A partir de ahora, las mujeres tendrán el tiempo y el derecho de reflexionar sobre qué hacer", celebró Camilla Rathke, presidenta de la Asociación Médica Danesa, a la agencia de noticias Ritzau.

Las jóvenes danesas de entre 15 y 17 años también podrán abortar sin el consentimiento de sus padres.

La interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es legal en Dinamarca desde 1973. El Consejo ético recomendó recomendó a finales del año pasado ampliar el plazo a 18 semanas, como en Suecia.

El proyecto de ley, respaldado por la oposición de izquierda, deberá pasar por el Parlamento, donde se espera que sea adoptado por una amplia mayoría. En ese caso, la normativa entrará en vigor el 1 de junio de 2025.

En Europa occidental, los países que permiten los abortos más tardíos son Reino Unido y Países Bajos, con 24 semanas, e Islandia, con 22 semanas.

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Entre gritos de “Guanajuato es provida”, el Congreso del Estado volvió a rechazar la iniciativa para despenalizar el aborto voluntario. Con 19 votos en contra y 17 a favor, la propuesta fue descartada por quinta ocasión en un periodo de siete años, manteniendo vigente el marco penal que castiga el aborto inducido con penas de seis meses a tres años de prisión.

En la sesión del 4 de diciembre se sometieron a votación tres dictámenes: dos impulsados por diputadas de Morena, Eugenia García Oliveros y Edith Moreno Valencia, y uno de la legisladora de Movimiento Ciudadano, Sandra Alicia Pedroza Orozco. Las iniciativas buscaban reconocer el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva y garantizar su autonomía corporal, siguiendo parámetros establecidos por organismos como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El marco presentado subrayaba que los derechos sexuales y reproductivos obligan a los gobiernos a respetar, proteger y garantizar el acceso a servicios de salud, información y decisiones libres sobre la reproducción. La permanencia del aborto como delito —señalaban las promoventes— perpetúa estigmas, inhibe la atención médica oportuna y expone a mujeres y personas gestantes a situaciones de riesgo.

La diputada Sandra Alicia Pedroza recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya determinó que el Código Penal de Guanajuato vulnera derechos fundamentales, por lo que instó al Congreso a corregir la legislación. Aseguró que su propuesta busca evitar la criminalización y disminuir la mortalidad materna. “Busco justicia y busco dignidad, que se nos deje de perseguir”, sostuvo.

En contraste, la diputada Karol Jared González Márquez defendió la postura provida señalando que su voto parte de la protección de la vida desde la concepción. Argumentó que en Guanajuato no hay mujeres encarceladas por abortar y que mantener la penalización permite a las autoridades actuar ante casos de abuso, explotación o redes que lucren con embarazos no deseados.

Las iniciativas también destacaban que la autonomía reproductiva se ve vulnerada no solo por la criminalización del aborto, sino también por prácticas como impedir el acceso a anticonceptivos, ejercer coacción sexual, discriminar por orientación sexual o identidad de género y limitar la autodeterminación de personas con discapacidad.

Pese a estos argumentos, la mayoría del Congreso optó nuevamente por mantener sin cambios la legislación vigente. Con esta votación, Guanajuato continúa siendo uno de los estados donde el aborto inducido sigue penalizado salvo en casos de violación o riesgo para la salud de la mujer, y el debate legislativo queda abierto para futuras discusiones.

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El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) confirmó que, a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), sus clínicas de salud comenzarán a brindar procedimientos de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a las aseguradas que lo necesiten.

Con esta medida, se garantiza que las pacientes recibirán atención médica sin ser juzgadas, discriminadas o revictimizadas, además de contar con seguimiento, apoyo emocional y psicológico si así lo requieren.

¿Cuándo entra en vigor la medida?

El acuerdo entra en vigor este viernes 24 de enero de 2025 y será incluido en la Normateca Electrónica Institucional del ISSSTE después de cinco días hábiles tras su publicación en el DOF.

Clínicas del ISSSTE donde se podrá interrumpir el embarazo

El procedimiento estará disponible en las unidades médicas del ISSSTE ubicadas en los estados donde la interrupción del embarazo está despenalizada, los cuales son:

• Ciudad de México
• Baja California
• Baja California Sur
• Colima
• Hidalgo
• Oaxaca
• Veracruz
• Quintana Roo
• Puebla
• Jalisco
• San Luis Potosí
• Zacatecas
• Estado de México
• Chiapas
• Sinaloa
• Guerrero
• Michoacán
• Coahuila
• Aguascalientes

Requisitos para acceder al procedimiento en el ISSSTE

Hasta el momento, el único requisito solicitado es el Consentimiento Firmado por la persona usuaria, el cual será proporcionado por la clínica donde se realice el procedimiento.

El ISSSTE garantizará la atención médica integral, maximizando el bienestar físico, psicológico y social de las pacientes. Asimismo, se brindará orientación preventiva, asesoramiento sobre libertad reproductiva y consentimiento informado, además de apoyo emocional y psicológico.

Todo el personal médico del instituto será capacitado para ofrecer un entorno seguro y propicio para las pacientes, además de proteger sus datos personales y garantizar la confidencialidad de la información.

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El Congreso del estado aprobó este 15 de julio despenalizar el aborto en Puebla en medio de una votación entre pronunciamientos de rechazo y protestas.

Las reformas al Código Penal que evitan penas si el procedimiento se realiza en las primeras 12 semanas de gestación contó con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

La tensión se vivió desde antes del comienzo de la Sesión Ordinaria en donde se abordó el punto, con la protesta de grupos a favor y en contra de la despenalización.

Fueron los grupos provida los que entre empujones y gritos buscaron impedir el acceso de diputados al recinto.

A algunos, incluso, se les condicionó el acceso para que se comprometieran a no votar al tema ese día para garantizar un parlamento abierto más.

Ya en la sesión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió poner a consideración que se retirara el punto sobre la despenalización del aborto de la orden del día y que se votaran por separado algunos artículos, pero fue rechazada.

Al final se votó en lo general y se reservaron algunos artículos para discutir en lo particular.

Antes de que los diputados votaran, los diferentes legisladores panistas expusieron pronunciamientos en contra.

En ellos transmitieron el sonido de un corazón de feto a las 10 semanas, cuestionaron los efectos del aborto en las mujeres y aseguraron que donde se ha aprobado han incrementado delitos, sobre todo los relacionados con la violencia hacia la mujer.

En las críticas también lamentaron que se hagan más cargas de trabajo al sistema de salud que tiene deficiencias y sin considerar temas presupuestales.

Al saber la votación a favor, activistas que defienden los derechos de las mujeres celebraron afuera del Congreso de Puebla.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La organización Sí Hay Mujeres en Durango planea buscar estrategias legales, interponer un amparo o promover acciones de inconstitucionalidad, luego de que el Congreso de ese estado rechazó el dictamen que promovía la despenalización del aborto.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización, subrayó que seguirán buscando recursos legales para continuar con la lucha en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como ha sucedido en otros estados.

Hace un año, la organización Sí Hay Mujeres en Durango presentó una iniciativa popular, que estuvo acompañada de 7 mil 700 firmas. Sin embargo, alrededor de las cuatro de la mañana del jueves, el dictamen de la iniciativa fue rechazado.

La presidenta de la organización dijo que lo que quedaba era armonizar el Código Penal con el criterio de la Corte, luego que se dictaminara desde la más alta esfera judicial que una mujer no podía ir a la cárcel por interrumpir el embarazo.

La iniciativa contó con el voto a favor de seis diputados y diputadas de Morena, pero el resto, legisladores del PRI y PAN, principalmente, votaron en contra. Hubo 15 rechazos y dos abstenciones.

“Nos sentimos decepcionadas del Congreso, de los diputados del PRI y del PAN que votaron en contra. Es muy triste, se trataba de una iniciativa popular”, comentó Hernández Camargo.

Para la activista y defensora de los derechos humanos, es decepcionante que los diputados y diputadas trasladen sus creencias personales al ejercicio público y político: “No dejan en casa sus creencias”, criticó la activista.

La votación ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana y al respecto, Hernández Camargo consideró que fue una táctica dilatoria para provocar que los grupos feministas y proaborto presentes, se cansaran, pero no lo hicieron, permanecieron nueve horas en el Poder Legislativo estatal.

Por la mañana, inconformes realizaron pintas a las instalaciones del Congreso.

Piden se pronuncie gobernador

Hernández Camargo hizo un llamado al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, para que se pronuncie sobre el tema de la despenalización del aborto.

Recordó que cuando el mandatario estatal hizo el decreto para avalar los matrimonios igualitarios, provocó que el Congreso actuara.

“Vemos que influye mucho en los diputados del PRI. Queremos un pronunciamiento igual para que se respete y se armonice la ley”, comentó.

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