En un plazo de 24 horas, Petróleos Mexicanos (Pemex) debe reintegrar el pago de la pensión post-mortem a María Amparo Casar Pérez, así lo ordenó un juez federal que le concedió a la presidenta de la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCI) una suspensión de plano en el amparo que tramitó contra la suspensión del beneficio económico.

Desde enero de 2005, la académica es pensionada vitalicia de Pemex, pero desde la primera quincena de marzo la paraestatal omitió el pago de su pensión, ya que para Pemex es un cobro indebido, porque su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García, no habría fallecido por accidente de trabajo.

Por ello, Casar Pérez recurrió a la protección de la justicia y aunque el juez se declaró incompetente para seguir conociendo del asunto, resolvió que el patrón no puede suspenderse unilateralmente el pago de la pensión cuando se activa ese derecho.

“A menos que exista ordenamiento firme jurisdiccional o administrativo, en el que se le hubiere respetado a la quejosa el derecho de defensa, que ordenara la cancelación del pago de la pensión, ya que, una vez generado el derecho a percibir esos beneficios, constituyen derechos adquiridos por los beneficiarios del extinto trabajador y no pueden suspenderse unilateralmente por el patrón”, resolvió.

En su demanda de amparo, María Amparo Casar afirmó que con la suspensión de la pensión su “subsistencia se verá comprometida” y que la fecha no ha sido notificada, en modo alguno, de algún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem de la que es beneficiaria.

“Dicha pensión, simplemente, se dejó de pagar, de manera unilateral y sin notificación alguna- sin fundamentación ni motivación, evidentemente”, indicó.

En su escrito señaló que dicha decisión representa una acción deliberada y no una simple omisión, ya que a la fecha no ha sido notificada, en modo alguno, de algún acto en el que Pemex ordene la suspensión del pago de la pensión post-mortem.

Mencionó que la pensión se dejó de pagar a partir de la primera quincena de marzo de este año, sin fundamentación, ni motivación.

Sin embargo, el impartidor de justicia se declaró incompetente para seguir conociendo la demanda de garantías de María Amparo Casar, por lo que ordenó turnar el expediente a un juzgado en materia administrativa.

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La Secretaría de Salud ya especificó día y hora para valorar el estado físico de 16 menores amparados para recibir la vacuna contra Covid-19, sin embargo, afirma no contar con el biológico.

Así lo explicó Hassan Franco Ruíz, Presidente del Colegio de Abogados de Tijuana, quien agregó, que el día de hoy ya se realizaron en el Centro de Salud de Mariano Matamoros, evaluaciones a los menores que obtuvieron un amparo para recibir el biológico.

Sin embargo, dijo, la Secretaría de Salud en el Estado, respondió que acatará la orden del Juez de distrito, y en tanto llega la vacuna Pfizer, que es la idónea para este sector de la sociedad, avanzará con la revisión de los jóvenes, que en promedio tienen 17 años de edad.

Franco Ruiz aclaró que por consiguiente, se hizo de conocimiento al juez federal sobre el incumplimiento, ‘’incluso fue la propia Secretaría de Salud local la que informó al juez de distrito, para que a su vez sea quien dé vista a la federación y la orden de la federación sea que entreguen las vacunas pero bajo un apercibimiento de multa, porque la que está incumpliendo no es Salud del estado sino la federación’’.

El Presidente del Colegio de Abogados Tijuana, concluyó diciendo que Salud del Estado, continuará con la evaluación de la salud de los menores, para dejarlos en lista de espera para cuando llegue el biológico, sean vacunados.  

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El tribunal Federal de justicia frena el intento de Jaime Bonilla por reubicar la biblioteca pública Benito Juárez así como las oficinas del Instituto de cultura de Baja California.

Esto luego de que el tribunal suspendió de manera definitiva la cancelación del convenio firmado por el entonces gobernador José Guadalupe Osuna Millán y que el pasado 5 de agosto, Jaime Bonilla anunciaría la disolución del convenio con el Patronato Zócalo 11 de Julio.

De acuerdo con lo determinado por el juez federal, Bonilla Valdez no podrá desmantelar ni construir ni cambiar el proyecto de la plaza cívica Zócalo 11 de julio. Tampoco puede alterar los edificios contemplados tales como el Instituto de cultura, el anfiteatro, la biblioteca y el parque.

El gobernador arguyó que por cuestiones de interés social y de orden público procedía con la cancelación del convenio entre el gobierno del Estado y el patronato. Además señaló la supuesta falta de transparencia en los recursos proveídos por el erario federal y estatal.

Esta resolución se dio a través de un amparo indirecto contra los actos del gobernador constitucional de Baja California en la persona de Jaime Bonilla Valdés bajo el expediente 465/2020.

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Dolores Padierna Luna, confirmó que el juez de control del Reclusorio Sur, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, quien vinculó a proceso a Rosario Robles, es su sobrino.

"Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar", dijo.

A través de una serie de mensajes en Twitter, la legisladora sostuvo que Delgadillo Padierna es un funcionario honesto quien llegó a su cargo por méritos propios. "Tiene una carrera limpia y como se ha demostrado en otros casos no recibe ni acepta consignas. Él únicamente es un juez de vinculación a proceso pero no le corresponde juzgar ni sentenciar a los imputados", indicó la legisladora. 

Sostuvo que en lo que se refiere a lo personal cada cual respeta sus ámbitos de trabajo. "No mezclamos asuntos. Nos une el respeto a la justicia y el amor a México. A él no se le puede descalificar a priori por sus apellidos sino que se le debe valorar por su trabajo", señaló Padierna Luna. Previamente, la diputada había evitado dar declaraciones sobre el tema, al encontrarse con reporteros tras una reunión en la sala de juntas de la mesa directiva del Senado.

Con respecto a las versiones periodísticas relacionadas con el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna aclaro que él es hijo de mi hermana Guadalupe. Que los casos que le han correspondido atender le han sido asignados al azar.

— Dolores Padierna (@Dolores_PL) August 15, 2019

Un juez federal dictó auto de libertad a favor de ocho implicados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos al sujeto señalado de ordenar levantar y asesinar a los estudiantes.

El juez primero de distrito de procesos penales con residencia en Matamoros, Tamaulipas, decretó la libertad de estos ocho sujetos por falta de elementos para procesar con las reservas de ley por el delito de delincuencia organizada. Es decir que la Procuraduría General de la República (PGR) podrá seguir investigando y de encontrar más pruebas en contra de los beneficiados podría volver a solicitar su aprehensión.

El acuerdo fue notificado por un juez al segundo tribunal unitario del decimonoveno circuito en los expedientes de Salvador Reza Jacobo, Felipe Rodríguez Salgado, Miguel Ángel Landa Baena, Hildardo López Astudillo. Sin embargo, no especificó que enfrentan otros delitos.

Hildardo Lopez Astudillo conocido como "El Gil", ha sido identificado por la PGR como el líder de los "Guerreros Unidos" quien supuestamente ordenó el plagio de los normalistas ocurrido la noche del 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala, Guerrero.

De acuerdo con la investigación de la PGR los quejosos supuestamente llevaron a los estudiantes a un basurero en el municipio de Cocula, Guerrero, en donde los mataron y cremaron sus cuerpos.

Esta versión conocida como "la verdad histórica" fue cuestionada en junio pasado por el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito que en los juicios de amparo promovidos por estos implicados en el secuestro de los estudiantes ordenó reponer sus procedimientos penales, porque alegaron haber sido torturados para confesar los hechos.

Asímismo la sentencia del colegiado ordenó la creación la Comisión de la Verdad para la investigación del caso Iguala, misma que no ha sido posible ejecutar porque la SCJN no ha resuelto las impugnaciones presentadas por autoridades en contra de esta decisión.