El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no habrá descuentos salariales ni despidos a los trabajadores que están en paro de labores en contra la reforma al Poder Judicial.

Como adelantó El Universal, el presidente López Obrador confirmó que la Secretaría de Hacienda solicitó al Consejo de la Judicatura Federal dejar de cubrir los salarios del personal y despedir a quienes están en paro contra la reforma al Poder Judicial.

“Si (sabía), pero además lo saben los del Poder Judicial, ellos saben que no pueden detener el funcionamiento del Poder Judicial, quien tiene que ver eso, a quien le corresponde atender este asunto es al Consejo de la Judicatura”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este jueves 22 de agosto en Palacio Nacional.

A pregunta expresa, el Presidente dijo que desconocía que Hacienda solicitó el no pagar los salarios o despedir a los trabajadores en paro, pero dijo que de ser necesario, se podría corregir para no afectar a los trabajadores.

“Si es necesario lo corregimos, es que también los servidores públicos tienen que actuar así por su responsabilidad, pero en este caso la libertad tiene que estar por delante”, indicó.

Hacienda envió un documento a la Secretaría de Gobernación y al Poder Judicial para pedirle al Consejo de la Judicatura dejar de pagar los salarios de quienes se están manifestando e incluso destituir a quienes se mantengan en paro.

El presidente López Obrador señaló que ayer se llevó a cabo una reunión y no llegaron a nada porque el Consejo de la Judicatura Federal está presidido por la ministra Norma Lucía Piña Hernández: “Por eso hace falta la reforma”.

El presidente López Obrador dijo que su gobierno está en favor de los trabajadores para que se manifiesten libremente, pero les pidió una autocrítica y que no se dejen manipular.

“Mejor hago un llamado a los que se están manifestando recapaciten, que entren en razón, que no se dejen manipular y que si hubiese alguna afectación a sus intereses, presenten específicamente porque ellos están en contra”, mencionó.

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Durante la conmemoración del Día de Muertos, Arturo Palomares Toledo, coordinador del Movimiento Testimonio y Esperanza, leyó un pronunciamiento en honor al sistema judicial mexicano. Señaló que la reciente reforma judicial, aprobada caprichosamente, ha intensificado la polarización política, socavado la autonomía del Poder Judicial y carece de diálogo con la sociedad civil.

"Hoy, mientras recordamos a nuestros fieles difuntos, también despedimos simbólicamente a un sistema judicial que ha sido enterrado bajo escombros de ocurrencias. Pedimos su descanso en paz", afirmó Palomares, al tiempo que hizo un llamado a promover un sistema judicial más justo y participativo.

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Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) convocan a una protesta este 15 de octubre a las 11:00 AM en el parque en la esquina de Gobernador Rico y Boulevard Cuauhtémoc. 

La manifestación responde a lo que consideran un ataque al Poder Judicial por parte del gobierno de Morena, tras la implementación de una "tómbola" que vulnera la independencia judicial. De acuerdo a la convocatoria, la concentración inicial será a las 11:00 horas seguida de una marcha que dará inicio a las 11:30 AM, finalizando a la 1:00 PM.

Invitan a los participantes a llevar camisetas, pancartas, y demás materiales de apoyo. "La unión es nuestra fortaleza", afirmaron los organizadores, instando a todos a defender sus derechos laborales y la autonomía judicial.

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Los jueces y magistrados que se mantenían en paro laboral acordaron reanudar actividades; sin embargo, continúan con el rechazo a la reforma judicial.

"En seguimiento a los recientes acontecimientos relacionados con la defensa de la independencia judicial y los derechos de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, informamos los resultados del ejercicio democrático de consulta efectuado entre las personas juzgadoras federales", informaron en redes.

En la encuesta, se realizó la pregunta "¿Estás de acuerdo con la reanudación de labores a partir del 16 de octubre de 2024, realizando ahora otro tipo de actividades de protesta?".

Los resultados arrojaron: 684 votos a favor de la reanudación de labores, realizando otras modalidades de protesta y 572 votos en contra, optando por continuar la suspensión.

Así lo compartió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes después de los resultaron optaron por iniciar con otras formas de protesta a partir del miércoles 16 de octubre.

Y aclaran que existe una porción significativa de personas juzgadoras que considera oportuno reanudar las labores jurisdiccionales, sin dejar de lado continuar con la oposición a la reforma.

Los resultados fueron recabados por las Direcciones Regionales la asociación, quienes advierten  que "la diversidad de opiniones entre las personas juzgadoras sobre la forma de proceder, ya sea reanudando o suspendiendo actividades", es un claro reflejo de la unidad por la que se rigen.

"La totalidad de juezas, jueces, magistradas y magistrados estamos comprometidos y en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, la división de poderes, y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, por lo que daremos continuidad y fuerza a las acciones legales nacionales e internacionales emprendidas", señalan en un comunicado.

Así mismo la asociación de jueces y magistrados exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que bajo el principio de máximo garante del Estado de Derecho, otorgue equilibrio institucional y de derechos humanos, además que se pronuncie con firmeza sobre la reforma judicial recién aprobada. 

🟡#COMUNICADO Como resultado del ejercicio democrático de consulta, efectuado entre las personas juzgadoras federales, se reanudan las labores jurisdiccionales, aunque variando las formas de manifestación y protesta. pic.twitter.com/2sd4afftG7

— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 12, 2024

"La SCJN sabrá proteger los principios que nos rigen y salvaguardar los derechos fundamentales de las y los mexicanos", afirman.

Mientras tanto los juzgadores federales, también exigieron al Consejo de la Judicatura Federal la observancia puntual a las determinaciones de suspensión emitidas por los titulares del Poder Judicial, "con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional a que está obligado" y piden regresar la legalidad y respeto de la división de poderes.

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La reforma judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador, aprobada este miércoles, convierte a México en el primer país que elegirá a todos sus jueces por voto popular.

La iniciativa fue impulsada en el marco de un enfrentamiento entre López Obrador y la Suprema Corte, que ha bloqueado leyes que ampliaban la participación del Estado en el sector energético y dejaban la seguridad ciudadana en manos de los militares.

Claves para entender la reforma judicial

Te presentamos las claves de la reforma al Poder Judicial, que se aprobó gracias a las amplias mayorías que obtuvo Morena en las elecciones del 2 de junio, en las que fue elegida presidenta la izquierdista Claudia Sheinbaum.

1. Elección popular

La parte medular y más controvertida es la elección popular de jueces y ministros, incluidos los de la Suprema Corte.

Serán elegidos en comicios extraordinarios, en 2025 y 2027, entre candidatos propuestos paritariamente por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Hasta ahora los miembros de la Suprema Corte eran propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado, mientras el Consejo de la Judicatura Federal nombraba a jueces y magistrados tras exámenes y concursos de méritos.

López Obrador asegura que la elección busca limpiar de corrupción a la justicia, pero la oposición, oenegés y Estados Unidos sostienen que socava la independencia judicial y deja a los jueces a merced del narcotráfico, que ya incide en la política.

2. Caso único

La proyectada elección de unos mil 600 jueces y magistrados federales, y de los miembros de la Suprema Corte, es un caso único.

"No existe en otros países", señala Margaret Satterthwaite, relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de jueces y abogados, y crítica del proyecto.

Si bien en Estados Unidos algunos estados eligen a los jueces locales, el caso más parecido al mexicano es el de Bolivia, donde los magistrados de las altas cortes son elegidos por voto popular. Sin embargo, un consejo de la judicatura designa allí a los jueces ordinarios.

Pero la independencia de los magistrados de elección ha quedado en entredicho en medio de la disputa entre el presidente Luis Arce y su mentor y ex mandatario socialista Evo Morales (2006-2019).

3. Cirugía a la Suprema Corte

La reforma reduce el número de ministros de la Suprema Corte de once a nueve, mientras su encargo pasa de 15 a 12 años.

Asimismo, elimina la pensión vitalicia que reciben los ministros al cumplir su período y prohíbe que sus integrantes ganen más que el presidente, una medida ya existente pero que no se cumple.

4. Nuevo órgano de supervisión

La reforma elimina el Consejo de la Judicatura Federal, que administra y vigila la conducta de los funcionarios judiciales, y ordena la creación de un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.

Ese tribunal evaluará e investigará el desempeño de los jueces, podrá remitir eventuales casos criminales a la Fiscalía y solicitar juicios políticos a los juzgadores ante la Cámara de Diputados.

En México, donde diariamente se cometen unos 80 homicidios, la impunidad supera 90 por ciento, según la Suprema Corte, que ha llamado la atención sobre la necesidad de mejorar las capacidades de los órganos investigativos antes que impulsar una "demolición" del poder judicial.

5. Jueces sin rostro

La reforma incorpora a los jueces sin rostro o anónimos para preservar su seguridad e identidad en procesos contra el crimen organizado.

Sin embargo, esa figura es criticada por la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, al considerar que impide conocer la idoneidad y competencia de los juzgadores.

La medida ha sido aplicada en otros países de la región. En Colombia se adoptó a finales de los años 1980 para enfrentar una escalada terrorista del narcotráfico, en medio de cuestionamientos a su eficacia para proteger a los magistrados y garantizar la justicia.

En El Salvador, como parte del estado de excepción promovido por el presidente Nayib Bukele, se ha permitido a las autoridades detener sin orden judicial a miles de supuestos pandilleros que luego son presentados a jueces sin rostro que pueden ampliar la detención provisional.

Activistas de derechos humanos denuncian que en medio de esas redadas han caído muchos inocentes.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que la reforma que propuso vaya a “demoler” al Poder Judicial, como aseguró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández.

“(Limpiar) Igual que en los otros poderes, ella usó la palabra demolición, pero pues no se va a destruir nada, al contrario”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este lunes 9 de septiembre en Palacio Nacional.

Insistió en que al igual que el Poder Ejecutivo y Legislativo, se debe limpiar al Poder Judicial porque está podrido de corrupción.

El presidente López Obrador señaló que en este sexenio se logró reformar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo, pero el Poder Judicial sigue siendo "un enigma".

“Al grado que la misma presidenta (del Poder Judicial) ayer reconoce que el 45% de los 40 mil trabajadores del Poder Judicial son familiares, es el poder de la familia, es el DIF, el nepotismo a todo lo que da”, declaró López Obrador.

Criticó que los jueces, magistrados y ministros comenten violaciones a la Constitución y dijo que este martes informará cómo protegen a delincuentes de cuello blanco y delincuencia organizada.

“Hay quienes dicen, 'pero por qué se va a reformar el Poder Judicial' o esto al extremo ‘la demolición’, me acordé de una frase de Zarco que en la Reforma decía: 'se debía destruir con una mano y construir con la otra'”, dijo.

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