A las 00:00 horas de este miércoles, Jueces y magistrados se integraron de manera oficial al paro nacional en contra de la reforma al poder judicial del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con lo anterior, quedaron formalmente suspendidas las actividades en todos los órganos del Poder Judicial de la Federación.

En conferencia de prensa desde la sede de San Lázaro del Poder Judicial de la Federación, la Jueza Juana Fuentes Velázquez, Directora Nacional de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), aseguró que la reforma presidencial representa una amenaza a la estabilidad de la nación.

"Esta reforma no solo amenaza la justicia; amenaza la estabilidad misma de nuestra nación. Sin una justicia independiente, las inversiones se verán afectadas, la confianza en nuestras instituciones se desmoronará, y los derechos humanos quedarán a merced de una maquinaria estatal centralizada y autoritaria", declaró.

Ante cientos de trabajadores, quienes gritaban "el poder judicial no va a caer, no va caer", la jueza aseguró que nos encaminamos hacia una crisis constitucional sin precedentes, una crisis que, de no ser detenida, dejará cicatrices profundas en nuestro tejido social.

"Este intento de concentración del poder en una sola persona no solo es una afrenta directa a la independencia judicial, sino también un golpe mortal a la democracia que tantos, antes que nosotros, lucharon por establecer y proteger", aseveró.

La titular de la Jufed dijo que está demostrado que cuando el poder se concentra en manos de unos pocos, "la justicia se convierte en un instrumento de opresión, y los derechos de los ciudadanos quedan relegados al capricho de quienes ostentan el poder".

"Como custodios de la ley, es nuestra responsabilidad levantarnos contra cualquier intento de subyugar la justicia a los intereses políticos", sentenció.

Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación se sumaron hoy en punto de las 00:00 HRS del 21 de Agosto al paro de labores en protesta por la ley de modificación al poder judicial. Fotos: Francisco Rodríguez

Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación se sumaron hoy en punto de las 00:00 HRS del 21 de Agosto al paro de labores en protesta por la ley de modificación al poder judicial. Fotos: Francisco Rodríguez

El paro nacional, explicó, representa un acto legítimo de resistencia contra esta reforma, y adelantó que no será levantado "hasta que ésta sea desechada, para dar paso a la construcción de una reforma integral del sistema de justicia, a la que sin duda alguna nos sumaríamos".

"El futuro de nuestro país está en juego, y no permitiremos que la justicia sea sacrificada en el altar del poder. Que nuestra voz se escuche alta y clara: la justicia no se vende, no se subyuga, y no se silencia. En nombre de la justicia, en nombre de la libertad, nos levantamos hoy y siempre", concluyó.

En el manifiesto, publicado en su página oficial, la Jufed puntualiza que "bajo ningun concepto la suspensión de actividades será causal de delito, de procedimientos de juicio político no responsabilidad administrativa".

Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación se sumaron hoy en punto de las 00:00 HRS del 21 de Agosto al paro de labores en protesta por la ley de modificación al poder judicial. Fotos: Francisco Rodríguez

Integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de circuito y jueces de distrito del poder judicial de la federación se sumaron hoy en punto de las 00:00 HRS del 21 de Agosto al paro de labores en protesta por la ley de modificación al poder judicial. Fotos: Francisco Rodríguez

¿Cuándo inició el paro?

El pasado lunes 19 de agosto trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro indefinido de labores como protesta por la reforma al Poder Judicial, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al grito de "todos somos uno, y uno somos todos", empleados de la institución empezaron la detención de actividades en punto de las 00:00 horas del lunes.

Sin embargo, el aviso no tomó a nadie por sorpresa, pues el aviso se hizo desde el pasado 13 de agosto cuando la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) advirtió paro nacional si no se detenía la discusión sobre la reforma judicial.

Sedes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en la Ciudad de México como el edificio en San Lázaro, Revolución, Las Flores, Prisma y Diamante son algunas de las que se encuentran en paro de labores.

Por otra parte trabajadores del PJF de estados como Chiapas, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Cd. Juárez, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, Mérida, Campeche, Coahuila, Durango, Guanajuato, Puebla, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas y San Luis Potosí también se sumaron al paro en protesta a la reforma.

¿Qué piensa AMLO al respecto?

El presidente López Obrador durante su mañanera aseguró que los trabajadores están en su derecho de manifestarse; sin embargo, señaló que si saben que hay corrupción solo van a servir de "paleros".

AMLO reiteró que la reforma judicial no afecta a los trabajadores, sino que les beneficia, remarcó que su gobierno no está en contra de ellos sino de los privilegios y corrupción dentro de la institución.

“Y lo que queremos es corregir, que desaparezca la corrupción en el Poder Judicial sobre todo arriba, la corrupción que llevan a cabo jueces, magistrados y ministros. Aclaro, no todos, pero sí muchos de ellos que dejan en libertad a delincuentes, tanto del crimen organizado como a delincuentes de cuello blanco", remarcó.

Este 20 de agosto el mandatario tocó nuevamente el tema del paro durante su conferencia matutina y expresó que que es ilegal e incluso podría servir para manifestar "de forma sarcástica que los jueces, magistrados y ministros no van a dejar en libertad a delincuentes".

Explicó que con la protesta "no va a pasar nada" pues a la mayoría de ciudadanos no les importa el paro de labores. Aunado a esto dijo que a su gobierno no le toca sancionar esto, sino a al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existan amenazas contra integrantes del Poder Judicial, luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, denunciara presuntos ataques y presiones a jueces durante su informe.

En su declaración, Sheinbaum afirmó:

“Es falso que desde el Ejecutivo, ni el Presidente ni en nuestra parte, haya habido ninguna amenaza a una persona juzgadora. Lo importante es que los jueces y magistrados también son servidores públicos y deben actuar con transparencia”.

Sheinbaum critica el régimen de corrupción y el nepotismo

Sheinbaum señaló que lo que está en juego son dos proyectos de nación: regresar al régimen de corrupción y privilegios o continuar con la transformación del país. Aseguró que el informe de Piña parecía defender las viejas prácticas del pasado:

“¿Qué está defendiendo con su informe? Pues el régimen pasado”.

En cuanto a la carrera judicial, Sheinbaum cuestionó el nepotismo que, según ella, persiste en el Poder Judicial.

“El 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos y amigos. Lo dijo la propia Norma Piña y también lo han documentado organizaciones como ‘Mexicanos Contra la Corrupción’ en ‘El Poder Familiar’”, añadió.

Respecto al presupuesto asignado al Poder Judicial, Sheinbaum aseguró que no se afectarán los derechos laborales de los trabajadores:

“Se hizo el cálculo de cuánto requieren el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial, y está establecido en ese monto. Que sepan los trabajadores que todos sus derechos laborales serán respetados”.

El contexto: los dichos de Norma Piña

El pasado martes, Norma Piña denunció durante su informe los ataques y amenazas que, según ella, enfrentan jueces por fallos en contra del gobierno. Además, exhortó a que la reforma judicial no sea para destruir, sino para construir un sistema más eficiente.

Claudia Sheinbaum, en respuesta, reiteró su postura de avanzar hacia un Poder Judicial transparente, criticando la corrupción, el nepotismo y los privilegios de administraciones anteriores.

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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, denunció que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido víctimas de amenazas, agresiones y de una falsa narrativa que fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo porque el Alto Tribunal recuperó su papel autónomo hace dos años.

En su segundo y último Informe de Labores, dijo que el gobierno federal enfocó su ataque contra el PJ, pero no propuso una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra actualmente en ruinas.

Aseguró que el punto de quiebre fue el tema de la Guardia Nacional (GN), ya que se intensificaron las amenazas y agresiones hacia los ministros del máximo tribunal de justicia, por invalidar el traslado de dicho cuerpo policiaco a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante los Plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informe al que también asistieron la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), la ministra dedicó alrededor de 30, de los casi 40 minutos de su discurso, para denunciar diversos actos.

“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como debería corresponder a cada juez— de un proyecto político dominante”, expresó.

En segundo lugar, se refirió al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominó prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.

“Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por su invalidez, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el ‘escudo de seguridad nacional’, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal”, manifestó.

En tercer lugar, citó al denominado “Plan B”, cuando el 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad.

“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, enfatizó.

REFORMA JUDICIAL

Después, agregó, se impulsó la reforma judicial en 2024, y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de nuestra Constitución.

“Desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.

Piña Hernández admitió que se necesitaba una reforma, pero enfatizó que no se podía caer en la salida fácil.

“El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.

“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente -ajeno a los vaivenes de la política- es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.

Antes de culminar el evento, la ministra Lenia Batres Guadarrama escribió en redes sociales que el informe de Piña Hernández, eran los “últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”.

Al informe acudieron los ex presidentes de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los ministros en retiro Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y la ministra Margarita Luna Ramos.

Durante la conmemoración del Día de Muertos, Arturo Palomares Toledo, coordinador del Movimiento Testimonio y Esperanza, leyó un pronunciamiento en honor al sistema judicial mexicano. Señaló que la reciente reforma judicial, aprobada caprichosamente, ha intensificado la polarización política, socavado la autonomía del Poder Judicial y carece de diálogo con la sociedad civil.

"Hoy, mientras recordamos a nuestros fieles difuntos, también despedimos simbólicamente a un sistema judicial que ha sido enterrado bajo escombros de ocurrencias. Pedimos su descanso en paz", afirmó Palomares, al tiempo que hizo un llamado a promover un sistema judicial más justo y participativo.

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Trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) convocan a una protesta este 15 de octubre a las 11:00 AM en el parque en la esquina de Gobernador Rico y Boulevard Cuauhtémoc. 

La manifestación responde a lo que consideran un ataque al Poder Judicial por parte del gobierno de Morena, tras la implementación de una "tómbola" que vulnera la independencia judicial. De acuerdo a la convocatoria, la concentración inicial será a las 11:00 horas seguida de una marcha que dará inicio a las 11:30 AM, finalizando a la 1:00 PM.

Invitan a los participantes a llevar camisetas, pancartas, y demás materiales de apoyo. "La unión es nuestra fortaleza", afirmaron los organizadores, instando a todos a defender sus derechos laborales y la autonomía judicial.

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Los jueces y magistrados que se mantenían en paro laboral acordaron reanudar actividades; sin embargo, continúan con el rechazo a la reforma judicial.

"En seguimiento a los recientes acontecimientos relacionados con la defensa de la independencia judicial y los derechos de quienes integramos el Poder Judicial de la Federación, informamos los resultados del ejercicio democrático de consulta efectuado entre las personas juzgadoras federales", informaron en redes.

En la encuesta, se realizó la pregunta "¿Estás de acuerdo con la reanudación de labores a partir del 16 de octubre de 2024, realizando ahora otro tipo de actividades de protesta?".

Los resultados arrojaron: 684 votos a favor de la reanudación de labores, realizando otras modalidades de protesta y 572 votos en contra, optando por continuar la suspensión.

Así lo compartió la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, quienes después de los resultaron optaron por iniciar con otras formas de protesta a partir del miércoles 16 de octubre.

Y aclaran que existe una porción significativa de personas juzgadoras que considera oportuno reanudar las labores jurisdiccionales, sin dejar de lado continuar con la oposición a la reforma.

Los resultados fueron recabados por las Direcciones Regionales la asociación, quienes advierten  que "la diversidad de opiniones entre las personas juzgadoras sobre la forma de proceder, ya sea reanudando o suspendiendo actividades", es un claro reflejo de la unidad por la que se rigen.

"La totalidad de juezas, jueces, magistradas y magistrados estamos comprometidos y en pie de lucha por la defensa de nuestros derechos humanos, la división de poderes, y el fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho, por lo que daremos continuidad y fuerza a las acciones legales nacionales e internacionales emprendidas", señalan en un comunicado.

Así mismo la asociación de jueces y magistrados exhorto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que bajo el principio de máximo garante del Estado de Derecho, otorgue equilibrio institucional y de derechos humanos, además que se pronuncie con firmeza sobre la reforma judicial recién aprobada. 

🟡#COMUNICADO Como resultado del ejercicio democrático de consulta, efectuado entre las personas juzgadoras federales, se reanudan las labores jurisdiccionales, aunque variando las formas de manifestación y protesta. pic.twitter.com/2sd4afftG7

— Juzgadoras y Juzgadores Federales (@jufed_org) October 12, 2024

"La SCJN sabrá proteger los principios que nos rigen y salvaguardar los derechos fundamentales de las y los mexicanos", afirman.

Mientras tanto los juzgadores federales, también exigieron al Consejo de la Judicatura Federal la observancia puntual a las determinaciones de suspensión emitidas por los titulares del Poder Judicial, "con la finalidad de dar cumplimiento al mandato constitucional a que está obligado" y piden regresar la legalidad y respeto de la división de poderes.

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