Estrenan la aplanadora con reforma judicial
En medio de protestas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 05 de febrero.
La presentación de 610 reservas al dictamen duró más de 12 horas, es decir, comenzó a las 16:00 horas y concluyó a las 4:20 de esta madrugada.
El proyecto quedó avalado por 359 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 135 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.
En el debate, los guindas aseguraron que no engañaron a nadie, pues desde las campañas previo a la elección del 02 de junio, prometieron a la ciudadanía que si les daban mayoría avalarían las reformas constitucionales del primer mandatario.
En contraste, la oposición denunció una reforma mal hecha, producto de la venganza contra un poder que no sucumbió ante el Ejecutivo.
La sesión inició a las 16:10 horas, pero se decretó un receso luego de que el diputado panista, Elías Lixa, solicitó más tiempo porque los diputados de ese partido tenían dificultad para ingresar, toda vez que todos los accesos del deportivo Magdalena Mixhuca fueron cerrados para evitar el ingreso de manifestantes.
A las 16:40 horas, se reanudó la sesión con la presencia de 372 diputados, sin embargo, legisladores de oposición denunciaron que el acto era ilegal, a pesar de que previamente el cambio de sede se avaló en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y en la Mesa Directiva por voto ponderado de la mayoría.
"Esta asamblea es ilegal, no sabemos siquiera si todos los que están aquí son parte del poder legislativo. Estamos en contra de este atraco a la nación", recriminó el diputado de MC, Gildardo Pérez Gabino.
Rubén Moreira, coordinador del PRI, explicó que todos los partidos votaron en contra del cambio de sede y en contra de que se juntaran las dos sesiones que ya estaban programadas en una sola, y exigió: "Hay dos resoluciones que consideramos que se deben acatar. Estamos aquí de manera precautoria porque esta reforma está en suspensión".
Tras las inconformidades, Morena y aliados votaron a mano alzada dar continuidad a la sesión, al tiempo que rechazaron dos peticiones de moción suspensiva del PAN y MC.
Germán Martínez Cázares, del partido albiazul, pidió a la mayoría parlamentaria recular de último momento, y argumentó que "no se vale una condena a todos el poder judicial".
"No es cierto que todos los jueces son corruptos, ¿dónde están las denuncias? los jueces no han soltado criminales, aquí el único que ha soltado a un criminal confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, se llama Andrés Manuel López Obrador", aseveró.
Juan Zavala, del Partido Naranja, puntualizó que en el dictamen "es una reforma superficial y caprichosa que surge de la venganza".
Yerico Abramo Masso, del PRI, agregó que la elección de jueces y ministros por elección popular "es un modelo que no tiene ni pies ni cabeza", y que además tendrá un costo presupuestal "no medible, no explicable, y no aplicable".
Ataviados con playeras con la leyenda "soy resistencia", y mantas con la leyenda
"Sin justicia no hay futuro", la bancada del PAN pasó a respaldar a la diputada Paulina Rubio y al diputado Saúl Téllez.
La legisladora albiazul acusó que la reforma judicial es el pago a los magistrados del Tribunal Electoral, producto de un soborno a cambios de la sobrerrepresentación que les otorgaron.
"Les brindaron una mayoría porque sobornaron a los magistrados del Tribunal electoral y hoy es el día del pago, hoy les toca pagarles. ¿Cuánto les costó su curul? Nada menos que dejar en el cargo a los magistrados del Tribunal Electoral hasta 2027 y prometerles ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", denunció.
Agregó que la causa de la mencionada reforma es la V de venganza que el Presidente de la República inició contra el poder judicial; "un poder judicial que no sucumbió, que no se dobló y que no se agachó como ustedes comprenderán"
Al grito de "resistencia", "resistencia", Téllez Hernández advirtió que quienes impongan los perfiles que serán electos por voto popular, será "un poder judicial que pertenece a la red de corrupción de Arturo Saldívar".
Tras los reclamos, morenistas y aliados salieron a defender el proyecto.
Mary Carmen Bernal, del PT, dijo que la forma actual de impartir justicia es una herencia de los gobiernos neoliberales, "que es costosa, elitista, humillante, lenta, misógina, clasista, racista y corrupta", mientras que el diputado Juan Luis Carrillo, del PVEM, aseguró que quienes se oponen al proyecto, "son muchos trabajadores que han sido engañados por quienes ostentan privilegios y se aferran a mantenerlos a toda costa".
La diputada morenista Claudia Rivera, sostuvo que la reforma respetará derechos laborales, perfiles profesionales y compromisos internacionales, por lo que dijo que con ello "busco convencer a uno que otro de oposición".
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