En medio de protestas, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma judicial propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el pasado 05 de febrero.

La presentación de 610 reservas al dictamen duró más de 12 horas, es decir, comenzó a las 16:00 horas y concluyó a las 4:20 de esta madrugada.

El proyecto quedó avalado por 359 votos a favor por parte de Morena, PT y PVEM, así como 135 sufragios en contra del PRI, PAN y MC.

En el debate, los guindas aseguraron que no engañaron a nadie, pues desde las campañas previo a la elección del 02 de junio, prometieron a la ciudadanía que si les daban mayoría avalarían las reformas constitucionales del primer mandatario.

En contraste, la oposición denunció una reforma mal hecha, producto de la venganza contra un poder que no sucumbió ante el Ejecutivo.

La sesión inició a las 16:10 horas, pero se decretó un receso luego de que el diputado panista, Elías Lixa, solicitó más tiempo porque los diputados de ese partido tenían dificultad para ingresar, toda vez que todos los accesos del deportivo Magdalena Mixhuca fueron cerrados para evitar el ingreso de manifestantes.

A las 16:40 horas, se reanudó la sesión con la presencia de 372 diputados, sin embargo, legisladores de oposición denunciaron que el acto era ilegal, a pesar de que previamente el cambio de sede se avaló en la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) y en la Mesa Directiva por voto ponderado de la mayoría.

"Esta asamblea es ilegal, no sabemos siquiera si todos los que están aquí son parte del poder legislativo. Estamos en contra de este atraco a la nación", recriminó el diputado de MC, Gildardo Pérez Gabino.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, explicó que todos los partidos votaron en contra del cambio de sede y en contra de que se juntaran las dos sesiones que ya estaban programadas en una sola, y exigió: "Hay dos resoluciones que consideramos que se deben acatar. Estamos aquí de manera precautoria porque esta reforma está en suspensión".

Tras las inconformidades, Morena y aliados votaron a mano alzada dar continuidad a la sesión, al tiempo que rechazaron dos peticiones de moción suspensiva del PAN y MC.

Germán Martínez Cázares, del partido albiazul, pidió a la mayoría parlamentaria recular de último momento, y argumentó que "no se vale una condena a todos el poder judicial".

"No es cierto que todos los jueces son corruptos, ¿dónde están las denuncias? los jueces no han soltado criminales, aquí el único que ha soltado a un criminal confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, se llama Andrés Manuel López Obrador", aseveró.

Juan Zavala, del Partido Naranja, puntualizó que en el dictamen "es una reforma superficial y caprichosa que surge de la venganza".

Yerico Abramo Masso, del PRI, agregó que la elección de jueces y ministros por elección popular "es un modelo que no tiene ni pies ni cabeza", y que además tendrá un costo presupuestal "no medible, no explicable, y no aplicable".

Ataviados con playeras con la leyenda "soy resistencia", y mantas con la leyenda

"Sin justicia no hay futuro", la bancada del PAN pasó a respaldar a la diputada Paulina Rubio y al diputado Saúl Téllez.

La legisladora albiazul acusó que la reforma judicial es el pago a los magistrados del Tribunal Electoral, producto de un soborno a cambios de la sobrerrepresentación que les otorgaron.

"Les brindaron una mayoría porque sobornaron a los magistrados del Tribunal electoral y hoy es el día del pago, hoy les toca pagarles. ¿Cuánto les costó su curul? Nada menos que dejar en el cargo a los magistrados del Tribunal Electoral hasta 2027 y prometerles ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación", denunció.

Agregó que la causa de la mencionada reforma es la V de venganza que el Presidente de la República inició contra el poder judicial; "un poder judicial que no sucumbió, que no se dobló y que no se agachó como ustedes comprenderán"

Al grito de "resistencia", "resistencia", Téllez Hernández advirtió que quienes impongan los perfiles que serán electos por voto popular, será "un poder judicial que pertenece a la red de corrupción de Arturo Saldívar".

Tras los reclamos, morenistas y aliados salieron a defender el proyecto.

Mary Carmen Bernal, del PT, dijo que la forma actual de impartir justicia es una herencia de los gobiernos neoliberales, "que es costosa, elitista, humillante, lenta, misógina, clasista, racista y corrupta", mientras que el diputado Juan Luis Carrillo, del PVEM, aseguró que quienes se oponen al proyecto, "son muchos trabajadores que han sido engañados por quienes ostentan privilegios y se aferran a mantenerlos a toda costa".

La diputada morenista Claudia Rivera, sostuvo que la reforma respetará derechos laborales, perfiles profesionales y compromisos internacionales, por lo que dijo que con ello "busco convencer a uno que otro de oposición".

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La presidenta Claudia Sheinbaum negó que existan amenazas contra integrantes del Poder Judicial, luego de que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, denunciara presuntos ataques y presiones a jueces durante su informe.

En su declaración, Sheinbaum afirmó:

“Es falso que desde el Ejecutivo, ni el Presidente ni en nuestra parte, haya habido ninguna amenaza a una persona juzgadora. Lo importante es que los jueces y magistrados también son servidores públicos y deben actuar con transparencia”.

Sheinbaum critica el régimen de corrupción y el nepotismo

Sheinbaum señaló que lo que está en juego son dos proyectos de nación: regresar al régimen de corrupción y privilegios o continuar con la transformación del país. Aseguró que el informe de Piña parecía defender las viejas prácticas del pasado:

“¿Qué está defendiendo con su informe? Pues el régimen pasado”.

En cuanto a la carrera judicial, Sheinbaum cuestionó el nepotismo que, según ella, persiste en el Poder Judicial.

“El 50% de los que trabajan en el Poder Judicial son primos, hermanos, cuñados, hijos y amigos. Lo dijo la propia Norma Piña y también lo han documentado organizaciones como ‘Mexicanos Contra la Corrupción’ en ‘El Poder Familiar’”, añadió.

Respecto al presupuesto asignado al Poder Judicial, Sheinbaum aseguró que no se afectarán los derechos laborales de los trabajadores:

“Se hizo el cálculo de cuánto requieren el Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial, y está establecido en ese monto. Que sepan los trabajadores que todos sus derechos laborales serán respetados”.

El contexto: los dichos de Norma Piña

El pasado martes, Norma Piña denunció durante su informe los ataques y amenazas que, según ella, enfrentan jueces por fallos en contra del gobierno. Además, exhortó a que la reforma judicial no sea para destruir, sino para construir un sistema más eficiente.

Claudia Sheinbaum, en respuesta, reiteró su postura de avanzar hacia un Poder Judicial transparente, criticando la corrupción, el nepotismo y los privilegios de administraciones anteriores.

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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, denunció que los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF) han sido víctimas de amenazas, agresiones y de una falsa narrativa que fue impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, solo porque el Alto Tribunal recuperó su papel autónomo hace dos años.

En su segundo y último Informe de Labores, dijo que el gobierno federal enfocó su ataque contra el PJ, pero no propuso una reforma para las policías, para las fiscalías, para las comisiones de víctimas, para el sistema penitenciario que se encuentra actualmente en ruinas.

Aseguró que el punto de quiebre fue el tema de la Guardia Nacional (GN), ya que se intensificaron las amenazas y agresiones hacia los ministros del máximo tribunal de justicia, por invalidar el traslado de dicho cuerpo policiaco a la Secretaría de la Defensa Nacional.

Ante los Plenos de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informe al que también asistieron la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), además de César Yáñez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob), la ministra dedicó alrededor de 30, de los casi 40 minutos de su discurso, para denunciar diversos actos.

“Las coincidencias entre ataques y amenazas a la judicatura federal y sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’, y abiertamente se nos acusó de no ser parte —como debería corresponder a cada juez— de un proyecto político dominante”, expresó.

En segundo lugar, se refirió al decreto presidencial a través del cual se intentaron clasificar como de interés público y seguridad nacional todos los proyectos y las obras que el propio gobierno denominó prioritarios, tema discutido en mayo de 2023.

“Vale la pena recordar que el mismo día que la mayoría en el Pleno de la Corte votó por su invalidez, apenas unas horas más tarde, se publicó otro acuerdo reiterando el ‘escudo de seguridad nacional’, y con ello, los mecanismos contra la transparencia, información y participación para obras y megaproyectos del gobierno federal”, manifestó.

En tercer lugar, citó al denominado “Plan B”, cuando el 22 de junio de 2023 el Pleno, por mayoría de nueve votos, invalidó la segunda parte del paquete de reformas político electorales 2022-2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo.

“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales, de cara a la sociedad.

“En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y, en estas ocasiones, se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando por no alcanzarse una mayoría calificada en el Pleno para declarar su invalidez en acciones de inconstitucionalidad, quedó vigente la reforma en materia de industria eléctrica”, enfatizó.

REFORMA JUDICIAL

Después, agregó, se impulsó la reforma judicial en 2024, y desde entonces se volvió una práctica generalizada violar abiertamente las suspensiones dictadas por los jueces federales en contravención directa de nuestra Constitución.

“Desestimar la autoridad del Poder Judicial Federal y de los jueces y magistrados en particular. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos”.

Piña Hernández admitió que se necesitaba una reforma, pero enfatizó que no se podía caer en la salida fácil.

“El contexto tan complejo que se vive en México no se lo merece, y mucho menos, sus consecuencias, insisto: hoy impredecibles. A mi juicio, ninguna falla justifica la eliminación, de tajo, de la carrera judicial; menos aún, el establecimiento de un sistema que, según la experiencia comparada, no solo no abona a la impartición de justicia, sino que la politiza.

“Por ello, siempre sostendré que la existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente -ajeno a los vaivenes de la política- es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto trabajo nos ha costado construir”.

Antes de culminar el evento, la ministra Lenia Batres Guadarrama escribió en redes sociales que el informe de Piña Hernández, eran los “últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad”.

Al informe acudieron los ex presidentes de la Corte, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo Ortiz Mayagoitia, y los ministros en retiro Fernando Franco González Salas, Eduardo Medina Mora y la ministra Margarita Luna Ramos.

Tres magistraturas del Tribunal Electoral determinaron, en definitiva, que ninguna autoridad o Poder de la Unión puede paralizar la elección judicial, por lo que las 280 suspensiones y las sanciones que implicaría para el INE “no tienen ningún efecto”, decisión con la que blindaron al Consejo General y al Senado para continuar de inmediato.

“Es constitucionalmente inviable suspender la realización del procedimiento electoral de personas juzgadoras o de algunas de las etapas. El Senado de la República, el INE y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos vigente.

“Por lo que, ninguna autoridad, Poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral judicial. Por tanto, las autoridades, poderes y órganos del Estado quedan vinculadas en términos de esta ejecutoria”, sentenció la Sala Superior de manera definitiva e inatacable.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y el Instituto Nacional Electoral solicitaron a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación una nueva sentencia de acción declarativa, en la que se posicionaran sobre las suspensiones que tienen paralizada la elección judicial, y las consecuencias económicas y penales con las que los jueces de distrito han amagado al Consejo General en caso de reactivarla.

Con un proyecto del magistrado Felipe Fuentes, la mayoría de la Sala Superior determinó otorgar una medida cautelar declarando que estas suspensiones no tienen ningún efecto electoral, por lo que el INE debe retomar la organización pues de lo contrario, estaría incumpliendo sus obligaciones constitucionales.

“Para responder la pregunta a si tienen efectos las suspensiones decretadas que pretenden paralizar la organización del proceso electoral, la respuesta es que no tienen ningún efecto.

“Las y los juzgadores de amparo no deben intervenir en una cuestión que está reservada para este Tribunal Electoral y, en consecuencia, sus determinaciones carecen de validez en este campo, ya que van en contra del mandato constitucional”.

Fuentes Barrera expuso que ninguna de las sanciones que los jueces han advertido pueden ser un motivo para que las autoridades ordenadas constitucionalmente a realizar el proceso judicial, incumplan sus obligaciones.

“Las medidas o sanciones decretada para inhibir las atribuciones que tienen encomendados el senado, el INE y otras autoridades, no pueden tener un impacto en materia electoral ni pueden configurar un obstáculo para impedir que la elección siga su curso, por ello, este Tribunal debe resolverlo para que siga. Debemos ser claros, en esta materia, un proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad”.

Sin embargo, la magistrada presidenta, Mónica Soto, aseguró que su voto no implicaba pronunciarse sobre la validez de las suspensiones judiciales, sino únicamente abarca un pronunciamiento en cuanto a las obligaciones constitucionales en materia electoral que tiene el INE.

“De manera preliminar pero enfática, quiero señalar que las razones que sustentan el sentido de mi voto no implican un análisis y menos aún un posicionamiento sobre la constitucionalidad, legalidad o validez de las determinaciones emitidas por diversas autoridades no electorales, pues su revisión compete a otras autoridades a través de las vías correspondientes.

“En lo que aquí nos pronunciamos es en lo que tiene qué ver con procesos electorales”.

Y pidió “dejar claro” que “la reforma constitucional ya se dio, la Constitución es vigente, es un proceso en desarrollo y ya no es viable detenerlo”, por lo que ninguna autoridad puede “pretender incumplir o retrasar” las obligaciones que la Carta Magda le impone al INE.

En lo que coincidió el magistrado Felipe de la Mata quien además citó el reciente decreto de supremacía constitucional, con lo que dijo, es inviable cualquier acción que busque suspender la reforma judicial.

“A partir de la publicación de la supremacía constitucional en la que se impuso la no impugnabilidad, resuelta inviable constitucionalmente que a través de suspensiones se genere una situación de incertidumbre y afectación generalizada del proceso electoral. Esto es, resulta inviable que por la acción suspensiva o cautelar a través de acciones improcedentes.

“Todas las autoridades implicadas se encuentran impedidas constitucionalmente para frenar el proceso porque están obligados constitucionalmente a hacerlo y a hacerlo en los términos precisados en la misma, que resuelva además, inimpugnable y así ya lo determinó la Suprema Corte al sobreseer siete controversias constitucionales”.

Janine y Reyes acusan a TEPJF de extralimitarse y caer en contradicciones 

La magistrada Janine Otálora fue la primera en pronunciarse en contra, al reiterar su posicionamiento de la primera acción declarativa emitida por la Sala Superior, en donde consideró que el Tribunal Electoral debía esperar al pronunciamiento de las acciones de inconstitucionalidad que todavía tiene en trámite al Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pues sostuvo a diferencia del Tribunal Electoral, la Corte sí tiene competencia para opinar sobre suspensiones judiciales, por lo que sostuvo, que al Sala Superior en lugar de resolver, sólo agrava el enredo litigioso.

“El aplazamiento permitiría que la Corte se pronuncie como máxima intérprete de la Constitución par establecer con carácter vinculante el criterio que debe ceñir y al que deben apegarse el resto de autoridades, incluida esta Sala Superior. La propuesta busca dejar sin efectos las suspensiones y a la vez sin viabilidad de acatamiento, pero a su vez, sin tocarlas porque este Tribunal no tiene competencia para revocarlas, por lo tanto, es que sólo la Suprema Corte puede resolver.

“El proyecto propone abrir la posibilidad de que el INE deje de observar las determinaciones y atribuciones de órganos jurisdiccionales competentes, de aprobarse, esta decisión abonará al entramado litigioso en materia del Poder Judicial”.

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que este pronunciamiento de la Sala Superior “propicia la incertidumbre jurídica” y además, exhibió es contraria a lo que esta misma mayoría ha resuelto desechando decenas de demandas de jueces alegando que el Tribunal Electoral no tiene competencia, pero en este caso, sí entra al fondo y se posiciona.

“La propuesta está extralimitando las competencias de la Sala Superior al conocer de manera directa o indirecta, las suspensiones en materia de amparo y esa determinación es equivalente a invalidar las decisiones de jueces de distrito, lo que claramente escapa de las competencias de este tribunal e implicar en ello a este pleno es no atender el mecanismo legal para contravenir ese tipo de determinaciones.

“Mientras se han desechado demandas de juzgadores o del propio Consejo de la Judicatura, a las que no se les dio trámite porque el Tribunal no es competente para conocer este tipo de controversias o demandas de suspensiones de amparos. Así, no se pueden emitir medidas cautelares como lo pide el INE, sus pretensiones no son viables pero lo que hace el proyecto es entrar al análisis de manera directa”.

Ambas magistraturas tuvieron respuesta de Mónica Soto quien rechazó los señalamientos y defendió que la sentencia de la Sala Superior se apegaría a la materia electoral.

“Contrario a lo que se ha manifestado aquí, de manera alguna considero que este Tribunal esté excediendo sus atribuciones, pues la existencia de esta institución es atender los temas que tengan qué ver con cualquier elección.

“Quiero reiterar hoy, como en ocasiones anteriores, este Tribunal está resolviendo con estricto apego a la letra de nuestra Carta Magna, no concibo una duda siquiera, de que una sentencia pueda afectar el entramado litigioso, cuando el objetivo es resolver ese entramado con apego a nuestras competencias. Pretender esperar a otra instancia no compete porque nosotros tenemos nuestros propios tiempos, estaríamos violentando las obligaciones que tenemos”.

Así, nuevamente con una sentencia apenas con tres votos a favor, se determinó que el INE puede reactivar la elección judicial de inmediato, sin que lo limite alguna suspensión judicial y sin que puedan aplicarle las consecuencias administrativas, económicas o penales que los jueces han impuesto.

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Dr. José Antonio Serratos García, Presidente del Grupo Unidos por Tijuana A.C. critico de nueva cuenta el proceso que habrá que llevar a cabo para la elección de quienes impartirán justicia en nuestro país.

“En Tijuana se van a elegir aproximadamente 35 personas, 35 boletas e igual número de cruces estampar el día primero de junio, lo que será una locura, hará unas filas enormes, la gente se va inhibir y se va a retirar mejor sin votar”.

Al instituto Electoral ya le autorizaron el presupuesto 13 mil millones de pesos para organizar las elecciones, por lo que ya está listo para dar trámite a la elección, puesto que no ira contra las ordenes de la presidencia.

El ex ministro Saldívar forma parte del comité evaluador y dijo hoy mismo, que hay un correo electrónico para enviar tu título, cédula profesional y tus cinco cartas de recomendación para quedar registrado como candidato hasta el 24 de noviembre del año en curso, por lo que el doctor hace el llamado a los juristas del Poder Judicial, para que participen y sean los vencedores en la elección y mantengan con esa línea a la institución.

“Es una clara señal que quiere regresar a la Corte, quizá no en este periodo, pero si en el año del 2027 y misteriosamente ganará las elecciones, se ve muy franca su candidatura, así como las tres ministras de MORENA que se quedan”

Serratos García dijo que se tendrán jueces electos por menos de 100 votos, elecciones muy cortas de muy poca ciudadanía que vaya a votar sobre un cargo tan relevante para impartir justicia.

“En el estado sabemos que la gobernadora había manifestado que quería ser de los primeros estados que publicara la reforma, pero hasta ahorita no sabemos nada, lo que vemos bien, que es mejor que dejen que avance a nivel nacional”.

El también catedrático recordó que mañana será un día clave ya que será la audiencia con la comisión interamericana de derechos humanos porque encontraron vestigios que dicha reforma viola los derechos humanos de los mexicanos, por lo que podría ser un día histórico, todavía es hay una velita prendida y podría tener un efecto y que le imponga al estado mexicano anularla, el problema, sin embargo, habría que ver de qué manera se cumpliría la posible resolución que dicte la Corte Interamericana, y podría ocurrir que no haya un acatamiento, ya que no se percibe así por los mandatarios del estado mexicano.

“Pero tenemos fe, porque podría haber un reclamo de todos los países que forman parte de la convención y que empujen para que respeten esta resolución, por lo que estaremos muy atentos a lo que sucede”, finalizó.

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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