Ante la posibilidad de que la recién aprobada reforma judicial en el Senado pueda ser impugnada, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no existe fundamento legal para detenerla.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que la aprobación de reformas constitucionales es una facultad que tiene el Poder Legislativo, aunque reconoció que no faltan los intentos de querer violar las leyes y la Constitución.

“No hay fundamento legal para detener la reforma a la Constitución, no existe”, respondió en conferencia matutina.

“¿Eso le ha dicho la Consejería (Jurídica del Ejecutivo Federal) ?”, se le preguntó.

“Sí, pero además eso lo saben los constitucionalistas y hasta los estudiantes de derecho. Esa es una facultad que tiene el Poder Legislativo. Desde luego no faltan los intentos de querer violar las normas, leyes, la Constitución, bueno los integrantes actuales del Poder Judicial en especial los ministros violan la Constitución solo por mencionar lo que cobran”, respondió.

En Palacio Nacional, el presidente López Obrador llamó a la ministra presidenta de la Corte (SCJN) Norma Piña Hernández y al resto de los ministros a actuar con decoro y con responsabilidad ante la posibilidad de que esta reforma sea impugnada.

“Pero quién sabe hasta dónde estén dispuestos a llegar. Yo les aconsejaría a la ministra Piña, al resto de los ministros, que actúen con responsabilidad, porque es como el que está en un pantano, en arenas movedizas, siguen caminando y se siguen hundiendo.

“Entonces, también por decoro a la institución y a ellos mismos, que respeten la voluntad de los ciudadanos, que respeten la decisión del Poder Legislativo y que ayuden en la transición. Ellos saben perfectamente que está mal el Poder Judicial, ellos lo saben”, agregó.

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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, abrió nueva consulta al Pleno de ministros sobre la procedencia de una controversia que magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación interpusieron para suspender la aplicación de la reforma judicial por vicios en el proceso legislativo y su contenido.

El asunto se clasificó de urgencia y se turnó al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá para la elaboración de un proyecto que deberá someter al pleno de la SCJN.

“Se consulta al Tribunal Pleno sobre la procedencia de la controversia prevista en el artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para controvertir reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya sea respecto del cumplimiento de las formalidades del procedimiento legislativo respectivo, como de su contenido material, conforme al apartado III. - - - - - -“, señala el acuerdo publicado este miércoles.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado informó que presentaron ante la Corte la controversia con petición de suspensión de la reforma judicial, conforme al artículo 11, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, “por tratarse de un acto que desmantela un Poder constituido”.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió otra vez contra Genaro García Luna y le pidió presentar pruebas, luego de que el exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón escribió una carta desde la cárcel en Estados Unidos en la que vinculó al titular del Ejecutivo con grupos del narcotráfico.

“Ayer escribe una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico”, dijo López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles 18 de septiembre en Palacio Nacional.

“Que presente las pruebas, que hable con Anabel (Hernández, periodista). Si él no las tiene, la periodista; pero para que no falle, que le pida a sus amigos de la DEA la información, que le pida a sus abogados. Y para que no falle, que vaya al Departamento de Estado del Gobierno de Estados Unidos”, dijo el presidente López Obrador.

“Escribe que hay pruebas, hay videos, hay llamadas, hay audios. Es muy sencillo, que los dé a conocer, él tiene todo”, dijo.

En el Salón Tesorería, descartó tomar acciones por estados señalamientos del exsecretario de Seguridad: “Nada más es explicar de que están muy desesperados y son los jefes, los halcones mayores, son muy ingratos porque lo dejan solo a García Luna”.

“El primero de debería estar defendiéndolo es Calderón”, expresó.

Aseguró otra vez que García Luna comenzó su carrera en el Cisen durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, además que tuvo que ver con el asesinato de Luis Donaldo Colosio: “No es que haya participado directamente, pero lo mandaron a rescatar al segundo tirador”.

“Ahora en la carta de García Luna, hasta los defiende (a jueces)”, dijo al mencionar que el exsecretario de Seguridad está en contra de la reforma judicial.

“Sí está él en contra de la reforma al Poder Judicial, García Luna, como Zedillo, es que es al final de cuentas la misma asociación delictuosa, unos metidos en el crimen organizado y otros en la delincuencia de cuello blanco”, declaró.

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El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mantener vínculos con el narcotráfico. Mediante una carta escrita a mano desde la cárcel MDC Brooklyn en Nueva York, García Luna señaló que varios narcotraficantes que testificaron en su contra también habrían implicado al mandatario mexicano y a “sus operadores”.

La carta, revelada por el periodista Arturo Ángel, también hace referencia a la captura reciente de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, destacando que el narcotraficante corroboró los presuntos vínculos del gobierno actual con el crimen organizado. García Luna argumentó que el desmantelamiento del Poder Judicial en México ha beneficiado principalmente a criminales.

Rechazo de un acuerdo con las autoridades de EE.UU.

En la misma misiva, García Luna afirmó que tras su detención en 2019, las autoridades estadounidenses le ofrecieron un acuerdo para que se declarara culpable a cambio de solo seis meses de prisión y beneficios económicos. Sin embargo, aseguró que rechazó la oferta porque el objetivo del Gobierno de México no era imputar a narcotraficantes, sino debilitar la vida institucional y la paz pública del país.

García Luna también denunció las condiciones infrahumanas de su estancia en la prisión de Nueva York, afirmando haber sido testigo de homicidios, apuñalamientos y amenazas constantes a su integridad. Según su relato, pasó casi un año en celdas de castigo sin haber violado ninguna norma. También reveló que en dos ocasiones se le asignaron compañeros de celda que intentaron grabarlo e implicarlo en actividades delictivas.

ÚLTIMA HORA:

En una carta pública el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, acusa al presidente @lopezobrador_ y "sus operadores" de estar ligados con "líderes del narcotráfico"

Y lo acusa de "destruir el Poder Judicial" de México para beneficiar criminales: pic.twitter.com/4edjZyJUWD

— Arturo Ángel (@arturoangel20) September 17, 2024

Esta no es la primera vez que el presidente López Obrador es señalado de tener vínculos con el narcotráfico. El periodista Tim Golden ha publicado reportajes en los que detalla supuestas investigaciones de la DEA sobre los nexos del mandatario con líderes del tráfico de drogas. Sin embargo, López Obrador ha negado categóricamente dichas acusaciones, afirmando que estos señalamientos "le hicieron lo que el viento a Juárez".

El juicio de Genaro García Luna, acusado de colaborar con el Cártel de Sinaloa, concluirá con una sentencia programada para octubre. A pesar de las acusaciones en su contra, García Luna reafirmó en su carta ser una persona respetuosa de la ley y aseguró que agotará todos los recursos legales para demostrar su inocencia.

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Tras levantar el paro contra la reforma judicial, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) retomó este martes sus actividades jurisdiccionales sin abordar ese tema.

Pasadas las 13:00 horas, la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández, abrió la sesión para después ordenar al secretario del pleno someter a votación el acta de la última sesión pública que tuvieron, celebrada el 2 de septiembre del año en curso.

Acto seguido, los 11 ministros iniciaron la revisión de una acción de inconstitucionalidad presentada en 2023 por diputados del Congreso de Tamaulipas contra un decreto por el que se reformaron disposiciones de la Ley de Aguas y legislación diversa para dicha entidad.

Sin embargo, la ministra Loretta Ortiz Ahfl pidió retirar de la lista el proyecto en el que proponía declarar infundada la impugnación mencionada, y discutirlo hasta que se resolvieron otros relacionados.

“Como lo señala la ministra ponente esta acción (de inconstitucionalidad) depende de lo que se decide en diversas acciones de inconstitucionalidad, entre las 177/2023 y acumulada.

“En consecuencia, como lo solicita, queda retirado este asunto hasta que veamos las acciones mencionadas. En consecuencia, voy a proceder a levantar la sesión y convocó a las señoras ministras y a los señores ministros a nuestra próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el próximo jueves a la hora de costumbre. Se levanta la sesión”, señaló Piña Hernández, a las 13:21 horas de este martes.

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Al resolver un recurso de queja, un Tribunal Colegiado ordenó suspender la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hasta que un juez de Distrito resuelva si concede la suspensión definitiva a una asociación civil que impugnó el dictamen aprobado por las cámaras de Diputados y Senadores.

Por unanimidad de votos, los magistrados declararon fundada la queja de la Fundación Iris en promoción y defensa de los derechos humanos contra los efectos de la suspensión provisional que un juez les otorgó en el amparo que tramitó para que no se llevara a cabo la discusión y aprobación de la reforma judicial en el Congreso.

En consecuencia, los magistrados consideraron procedente modificar la resolución del juez y otorgarle a la asociación la medida cautelar, puesto que la publicación y entrada en vigor de la reforma ocasionaría daños y perjuicios de imposible reparación.

“Por resultar parcialmente fundados los agravios hechos valer, lo procedente es declarar fundado el presente recurso de queja y modificar los efectos de la suspensión, para que las autoridades responsables no materialicen los actos reclamados, esto es: que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las cámaras de Diputados y Senadores, que no se lleve a cabo la discusión y aprobación de la iniciativa de reforma a la Constitución en las legislaturas de los estados de la República Mexicana y de la Ciudad de México, en específico el tema jurídico relativo al Poder Judicial.

“En caso de que el procedimiento de reforma constitucional impugnado se apruebe [ver artículo 135 constitucional] por las autoridades responsables, el decreto respectivo no se publique en el DOF”.

Los magistrados señalaron que la pretención de la reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador es clara en cuanto a que tiene como fin o efecto “desaparecer el Poder Judicial de la Federación como fue establecido por el Poder Constituyente en la Carta Fundamental”.

El Tribunal Colegiado rechazó la solicitud de la fundación para que se pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ejerciera su facultad de atracción, toda vez que en este asunto se están analizando cuestiones relacionadas con la suspensión provisional, las cuales deben resolverse dentro del plazo legal de 48 horas.

Ven inminente publicación

Para el penalista Juan Velázquez es un hecho que el gobierno federal publicará cuanto antes la reforma en el Diario Oficial de la Federación, pese a que un Tribunal Colegiado ordenó la suspensión.

“La van a publicar y van a incurrir en desobediencia a esa suspensión, y van a incurrir en responsabilidades que podrían llevarlos a la remoción del puesto y la comisión de un delito. Nunca, en mis 54 años de ejercer como abogado, había visto que a las autoridades responsables simple y sencillamente les valiera el mandamiento de un juez federal. Pero son los nuevos tiempos, tiempos en los que dicen que ‘no nos vengan con el cuento de que la ley es la ley’”, dice en entrevista.

Desde su óptica, el proceso que derivó en la aprobación de la reforma judicial en el Congreso fue al vapor, al argumentar que los legisladores no leyeron ni analizaron lo que finalmente aprobaron.

“¿Cómo puede llamarse legal un procedimiento que fue absolutamente al vapor? Los legisladores que aprobaron no pudieron ni leer, ni mucho menos analizar lo que al final de cuentas dijeron que sí”.

Enfatiza que la aprobación de la reforma “es absolutamente grave para todos (...) porque ahora sí elimina la posibilidad de que quienes enjuicien y dicten sentencias sean personas de carrera judicial”.

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