El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó apoyar la suspensión de actividades de trabajadores del Alto Tribunal, lo que traerá como consecuencia una parálisis operativa.

En sesión privada, ocho ministros se pronunciaron a favor de suspender labores, mientras que las ministras Loretta Ortiz Ahfl, Lenia Batres Guadarrama y Yasmín Esquivel Mossa votaron en contra.

En estos momentos, la ministras que se opusieron se encuentran reunidas en el despacho de Yasmín Esquivel para fijar una postura conjunta.

Todavía está pendiente que se realice la sesión pública.

Trabajadores de la SCJN dicen "sí" a suspensión 

Ayer, trabajadores de la SCJN votaron a favor de suspender actividades y sumarse al movimiento de resistencia que mantienen desde hace dos semanas empleados, jueces federales y magistrados de todo el país en protesta por la reforma al Poder Judicial.

De los 3 mil 647 trabajadores que tiene la Corte, mil 72 participaron en la votación, de los cuales 951 decidieron frenar labores, 116 se manifestaron en contra y cinco más se abstuvieron.

Ministra pide revisar caso de jueces que quieren trabajar 

La ministra Yasmín Esquivel entregó un oficio en el que planteó al Pleno de la SCJN que intervenga para resolver la controversia suscitada por el conflicto entre juzgadores federales y trabajadores que optaron por no suspender labores.

Lo anterior, derivado de la votación dividida entre los juzgadores, en la que 201 decidieron no suspender actividades.

Esquivel Mossa, dijo que lo anterior violenta la independencia con la que se deben conducir, al obligar a suspender actividades a los juzgadores y trabajadores que sí quieren desarrollar su función como lo marca la Constitución.

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El coordinador estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California, Marco Antonio Pacheco Peña, anunció un paro laboral de 72 horas que se llevará a cabo del 18 al 20 de marzo en defensa de los derechos del magisterio y en protesta contra la Ley del Issste. 

Pacheco lamentó que, además de las condiciones laborales precarias, no exista suficiente plazas para los docentes ni pagos justos, agravando la situación en la entidad.

Asimismo, señaló que en Baja California persiste un problema grave relacionado con la Ley de Acción Rápida y los protocolos que criminalizan a los maestros. Algunas y algunos docentes se encuentran presos sin pruebas ni juicios, debido a la falta de una certidumbre jurídica clara, situación que calificó como una violación a los derechos del magisterio.

El líder sindical resaltó que los maestros están obligados a trabajar hasta los 65 años sin la posibilidad de acceder a una jubilación digna. El paro, que es de carácter nacional, contempla acciones específicas en Baja California. El 18 de marzo, bloquearán de manera intermitente la garita de San Ysidro en la salida a Tijuana, impidiendo el paso a la ciudad fronteriza.

El 19 de marzo, se liberarán las casetas de cobro en todo el estado, y el 20 de marzo, bloquearán la carretera transpeninsular en San Quintín, restringiendo el flujo comercial y permitiendo únicamente el paso del tráfico local.

Pacheco aseguró que si el gobierno atiende las demandas y ofrece una respuesta favorable antes del inicio del paro, este sería suspendido. Invitó a toda la burocracia del ISSSTE a sumarse a la protesta, ya que también son afectados por las condiciones laborales y las reformas.

Finalmente, mencionó que, pese a la movilización, los padres de familia no consideran la afectación como tal, sino que muestran su apoyo a los maestros, incluso si no hay clases durante los días de protesta.

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El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas blindadas, Grand Cherokee que se adquirieron, (con un costo de hasta 2.4 millones de pesos blindada cada una), además, enfatizó que la seguridad no implica lujo.

“Hemos estado nosotros escuchando las críticas, los cuestionamientos que se nos hace, que, hay que decirlo, no es sobre la función jurisdiccional, sobre la función sustantiva de este pleno de la suprema Corte de Justicia de la Nación”.

“Por esa razón, en diálogo con los ministros y ministras, hemos tomado la decisión de no utilizar los vehículos blindados recientemente adquiridos.”

“Afortunadamente, no tenemos alguna noticia de riesgo de seguridad de los ministros y ministras y todos ellos han decidido que vamos a funcionar con la debida austeridad en nuestras actividades cotidianas”, subrayó Aguilar Ortiz en conferencia de prensa en el área de Murales en la sede del Máximo Tribunal del país.

Aseveró que la austeridad que asumieron busca ser compatible con la eficiencia, la protección de quienes se desempeñan realizando tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México.

Aguilar Ortiz comentó que, desde agosto de 2010, el Máximo Tribunal decidió que las y los ministros contarán con medidas de seguridad por la responsabilidad de estado que desempeña, incluyendo el uso de vehículos blindados.

“En primer lugar, quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales.”

“La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto a los recursos del pueblo de México”, argumentó el ministro presidente.

Aguilar Ortiz destacó que desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñen, incluyendo el uso de vehículos blindados, al 1 de septiembre de 2025, se adquirieron 43 vehículos blindados.

“De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, cada vez que cuatro vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones y ellos en anterior integración tomaron el acuerdo en el pleno, que como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra, entonces cuatro vehículos entre los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, cuatro de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros”, refirió Aguilar Ortiz.

Enfatizó que, desde el inicio de su tarea, cada uno de los ministros y ministras, decidió no usar la suburban, porque son precisamente ostentosos y se decidió usar las camionetas jeep.

Aguilar Ortiz indicó que los vehículos por el tiempo de su adquisición ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso con dificultades en su sistema de tracción en el motor.

“Durante estos cuatro meses se tuvieron algunos incidentes… Los vehículos se quedaron varados varios de estos vehículos y, por lo tanto, tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del gobierno de México se hicieron evaluaciones físico- mecánicas, nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo que es recomendable utilizarlo”, expuso.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por unanimidad un amparo promovido por Grupo Elektra, propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, contra el pago de un crédito fiscal de 33 mil millones de pesos determinado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con esta decisión, la Corte dejó firme la obligación de la empresa de cubrir 33,306 millones 476 mil pesos correspondientes a adeudos de ISR, multas, recargos y actualizaciones.

El proyecto, presentado por el ministro Arístides Guerrero García, fue respaldado por todos los integrantes del pleno. La nueva integración de la SCJN concluyó que la reclamación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era fundada, por lo que el amparo solicitado por Elektra fue desechado. Se trata del adeudo fiscal más elevado que mantiene Salinas Pliego en litigio ante el máximo tribunal.

Previo a la discusión del caso, la Corte resolvió otro tema pendiente: el impedimento contra la ministra Lenia Batres, quien había sido excluida de votaciones anteriores relacionadas con Elektra debido a publicaciones críticas que realizó en redes sociales entre 2020 y 2021. Sin embargo, el pleno determinó que dichas expresiones ocurrieron antes de asumir su cargo y no ponían en duda su imparcialidad, por lo que fue autorizada para participar.

La sentencia señala que “no existe elemento objetivo que permita vincular dichas manifestaciones con el ejercicio de su función jurisdiccional”, por lo que Batres pudo votar en el caso fiscal de Elektra. Con esta resolución, la Corte cerró uno de los litigios más relevantes entre el SAT y el conglomerado de Salinas Pliego, quien aún enfrenta otros procesos tributarios y financieros ante autoridades federales.

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La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició formalmente actividades este lunes por la noche con una sesión solemne de instalación, a la que asistieron la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, representantes del Senado y la Cámara de Diputados, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como integrantes del gabinete federal.

Durante su mensaje, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz anunció un plan de austeridad que contempla la reducción de salarios de las y los ministros, la revisión de las remuneraciones de los ministros en retiro y la eliminación del seguro de gastos médicos mayores.

“No puede haber justicia con privilegios. Implementaremos un plan de austeridad que contemple, entre otros aspectos, que todos los juzgadores electos ganemos menos que la presidenta de la República, lo que permitirá un ahorro inicial de 300 millones de pesos anuales”, señaló.

Aguilar Ortiz detalló que los ministros en retiro perciben actualmente entre 205 mil y 385 mil pesos mensuales, montos superiores al salario de la titular del Ejecutivo. De confirmarse los ajustes, la SCJN podría alcanzar ahorros de hasta 800 millones de pesos.

El ministro oaxaqueño de origen mixteco adelantó también que impulsará la eliminación de gastos superfluos y apoyos adicionales que generaban excesos en el presupuesto del Poder Judicial.

“La austeridad no significa condenar a la precariedad a los tribunales, significa erradicar el dispendio, los privilegios indebidos y el nepotismo”, afirmó.

Agregó que la nueva Corte hará valer las facultades del Tribunal de Disciplina Judicial para combatir la corrupción y garantizar que los recursos se destinen a lo esencial: el funcionamiento de los juzgados, la resolución de expedientes y el acceso a la justicia en todo el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estrenará logotipo oficial este lunes, con la incorporación de un bastón de mando indígena al tradicional águila juarista. La decisión marca el inicio de una nueva etapa para el máximo tribunal, ahora encabezado por el ministro Hugo Aguilar Ortiz, mixteco de Oaxaca, quien presidirá por los próximos dos años.

El nuevo emblema, ya aprobado por los ministros electos, busca rendir homenaje a los pueblos originarios y subraya la relevancia histórica de que, por primera vez, un integrante de origen indígena asuma la presidencia de la Corte. A partir del 1 de septiembre, aparecerá en toda la papelería y documentos oficiales de la institución.

Previo a rendir protesta en el Senado y en sesión solemne del Pleno, Aguilar Ortiz y los demás ministros electos —Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres Guadarrama, Giovanni Azael Figueroa, Loretta Ortiz Ahlf, Irving Espinosa Betanzo y María Estela Ríos González— participarán en una ceremonia de purificación y entrega del bastón de mando en el Zócalo capitalino.

“Este acto constituye una oportunidad histórica para consolidar un nuevo pacto de justicia y dignidad para nuestro país, en el que la Nueva Suprema Corte refrenda su compromiso de acercar la justicia a todas las personas y fortalecer su vínculo con la sociedad”, expresó Aguilar Ortiz en una carta enviada a medios.

Cabe señalar que el ministro Arístides Rodrigo Guerrero se incorporará una vez que se recupere del accidente automovilístico que sufrió la semana pasada en la Ciudad de México.

Tras la ceremonia, los ministros abrirán la puerta principal de la SCJN y asistirán al Senado para la toma de protesta, concluyendo con la sesión de instalación de la nueva Corte.

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