Tras casi 14 horas de discusión, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada las reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, que restablecen la denominación de "empresas públicas" del Estado para Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). La votación fue aprobada en lo particular con 350 votos a favor, 111 en contra y una abstención.

El dictamen, avalado por las bancadas de Morena, PVEM y PT, suprime el carácter de "empresas productivas" del Estado que la reforma energética de 2014 había otorgado a Pemex y CFE, devolviéndoles su carácter de empresas públicas. Asimismo, otorga a la CFE una prevalencia sobre las empresas privadas en el sector eléctrico, consolidando su papel dominante.

El decreto fue turnado al Senado de la República para su análisis y ratificación.

Prevalencia de la CFE y liberación del Estado en la transición energética

Una de las reservas aceptadas durante el debate, propuesta por los morenistas Ricardo Monreal y Ana Elizabeth Ayala, elimina la responsabilidad del Estado mexicano en la transición hacia energías limpias, previamente contemplada en la reforma. La reserva suprime el párrafo que establecía que el Estado debía encargarse de la transición energética y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El documento aprobado también indica que las leyes secundarias definirán la participación de las empresas privadas en la industria eléctrica, pero estas "en ningún caso tendrán prevalencia sobre la empresa pública del Estado".

Posturas durante el debate

El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, defendió la reforma argumentando que permitiría recuperar la rectoría del Estado en áreas estratégicas como la electricidad y los hidrocarburos. Asimismo, anticipó que las leyes secundarias garantizarán la prevalencia de la CFE con al menos el 54% de participación en el sector eléctrico, dejando el 46% restante para inversionistas privados, tanto nacionales como extranjeros.

Sin embargo, la reforma no estuvo exenta de polémicas y enfrentamientos verbales. Durante la discusión, legisladores del PAN y Morena intercambiaron acusaciones. En un momento particularmente tenso, un grupo de diputados panistas gritó “¡fuera, fuera!” a la morenista Dolores Padierna, quien los reprendió por exceder su tiempo en la tribuna.

La diputada de Morena, Rocío Abreu, también tuvo un acalorado intercambio con legisladoras del PAN, defendiendo la reforma al señalar que "no estamos aquí para arrodillarnos ante intereses privados".

Por su parte, la diputada Josefina Gamboa del PAN criticó a Abreu por su cambio de postura respecto a la reforma energética de 2013, acusándola de haber votado a favor de aquella reforma y ahora defender lo contrario. Gamboa argumentó que el actual dictamen está lleno de "mentiras" y que las medidas adoptadas afectan los tratados comerciales de México con Estados Unidos y Canadá.

Desde el PRI, el diputado Arturo Zamora advirtió que la reforma "violenta los principios constitucionales" en materia de derechos humanos y la no retroactividad de la ley, además de crear monopolios en el sector energético.

Objetivos de la reforma

La reforma aprobada subraya que la planeación y control del sistema eléctrico nacional buscarán asegurar el servicio de electricidad en todas sus fases, preservar la seguridad energética, y proveer electricidad a precios accesibles, priorizando la seguridad nacional y la soberanía a través de las empresas públicas del Estado.

El debate, que generó momentos de alta tensión, concluyó con la aprobación del dictamen y su envío al Senado para el siguiente paso legislativo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló este jueves que ayer fue detenido en Estados Unidos Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector de Pemex involucrado en actos de corrupción.

En conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal detalló que el exdirector de Pemex será deportado a México.

“El día de ayer se detuvo a un director, exdirector de Pemex que era parte pues de las alertas que existían y es bueno, lo van a deportar y pues ya será juzgado aquí en México por temas de corrupción. Entonces también hay que resaltar, aunque queremos que hagan más, pues acciones que también han llevado a cabo”, informó la Presidenta.

Carlos Alberto Treviño será deportado a México

Sheinbaum Pardo mencionó que Treviño Medina va a ser deportado en los próximos días.

“Lo que sí, está relacionado es con una denuncia de Lozoya, eso sí”, dijo.

“Es una solicitud de extradición que había desde hace como cinco años más o menos. Finalmente se encuentra y va a ser deportado en los próximos días, y tiene que llevar su juicio en México”, dijo la Presidenta.

Refirió que está acusado por sobornos en el caso Odebrecht, “entre otras cosas”.

Apuntó que se pediría información a la Fiscalía General de la República.

Carlos Alberto Treviño Medina fue el último director de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la operación financiera anunciada por su gobierno para Petróleos Mexicanos (Pemex) busca cubrir vencimientos, amortizaciones e intereses de la petrolera previstos para este año. El monto del respaldo asciende a 9 mil 500 millones de dólares.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum destacó que la medida, promovida por la Secretaría de Hacienda, está “muy trabajada” y responde al objetivo de fortalecer a Pemex como parte del compromiso del Ejecutivo con la seguridad energética y el desarrollo económico.

La Secretaría de Hacienda detalló que se emitirán notas pre-capitalizadas para atender los vencimientos de corto plazo de la empresa. La medida se enmarca dentro de la Ley Federal de Deuda Pública y otras disposiciones legales vigentes.

Tras el anuncio, la calificadora Fitch Ratings colocó en observación positiva las calificaciones internacionales de Pemex, aunque mantuvo su evaluación del perfil crediticio individual en “ccc-” por preocupaciones sobre su alta deuda, bajo flujo de efectivo y pérdidas operativas.

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En medio de una ola de calor que ha dejado temperaturas superiores a los 50 grados, el senador Gustavo Sánchez Vázquez lanzó un llamado urgente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para resolver los apagones constantes y los cobros excesivos que afectan a miles de mexicalenses.

Desde la Comisión Permanente del Senado, el legislador panista calificó la situación como una crisis eléctrica que cada verano se repite sin soluciones efectivas. Advirtió que la infraestructura está rebasada, con subestaciones y transformadores que llevan hasta 40 años sin mantenimiento, afectando tanto a viviendas como a hospitales, comercios e industrias.

"Mexicali se encuentra atravesando hoy por una crisis en materia de electricidad que en los últimos meses se ha acentuado gravemente en una serie de apagones y recibos locos que terminan afectando considerablemente la calidad de vida de miles de mexicalenses en la temporada de calor extremo que se vive actualmente en la capital de Baja California, de ahí la urgencia que la CFE resuelva esta situación". señaló el Senador bajacaliforniano.

El Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali reportó pérdidas millonarias cada verano por los apagones, y criticó que ni la CFE ni el gobierno local han presentado un plan claro de inversión o modernización del sistema eléctrico.

Sánchez Vázquez pidió al Gobierno del Estado asumir un papel activo frente a la federación y la CFE. “No puede seguir esperando a que vuelva la luz cada vez que ocurre un apagón. Ya van más de 30 en lo que va del verano”, puntualizó.

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Once oficiales de la Guardia Nacional fueron detenidos por policías municipales presuntamente por el robo de combustible de un ducto de Pemex, en la comunidad El Espejo, en el municipio de Apaseo el Alto.

Las detenciones se registraron la medianoche de este sábado 24 de mayo, luego de que la autoridad fue alertada por medio del Sistema 911 sobre actividades sospechosas, en las que estaba involucrada una pipa.

Al llegar al sitio indicado, elementos de la Policía encontraron una toma conectada a un ducto de Pemex y el camión cisterna con un guardia a bordo y otros agentes federales y patrullas en torno del vehículo.

Algunos elementos de la GN lograron alejarse del lugar, por lo que los policías municipales solo lograron la detención de once oficiales que se identificaron como Erick “N”, Cristian “N”, Daniel “N”, Josué “N”, Miguel “N”, Fernando “N”, Julio César “N”, Juan “N”, Iván “N”, Carlos “N” y Brayan “N”.

El personal de la Guardia Nacional aseguró que tenía bajo custodia la pipa, sin embargo, al hacer una inspección corroboraron que se trataba de un probable delito de huachicol.

Fueron aseguradas dos patrullas, camionetas tipo Pick Up Silverado, una camioneta particular Nissan Rogue y la pipa, al igual que las armas de cargo de los detenidos, y puestas a disposición del Ministerio Público.

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Texas no es sólo un productor y receptor de petróleo, es el corazón operativo donde se lava, legaliza y redistribuye el crudo robado en México, conocido como huachicol. No se trata de un comercio informal ni de un contrabando menor, sino “de una estructura trasnacional que implica complicidades institucionales, permisos falsificados, omisiones selectivas y flujos financieros que atraviesan las fronteras al amparo de documentos en regla. Ahora lo sabemos mejor y estamos averiguando todo”, confirma el Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos a El Universal.

El crudo hurtado a Pemex por grupos criminales coludidos con funcionarios en ambos lados de la frontera sale de México disfrazado de residuos industriales, cruza sin resistencia las aduanas de ambos países y es reintroducido en el mercado estadounidense como si se tratara de petróleo texano legal.

El caso de la empresa texana Arroyo Terminals, propiedad de la familia Jensen, dado a conocer en abril pasado por autoridades estadounidenses y presentado detalladamente por EL UNIVERSAL, expuso la arquitectura de un esquema que venía funcionando impunemente desde al menos 2019. “Ese caso es apenas un ejemplo, pero nos dio mucha información muy valiosa”, comenta la fuente del DoJ.

Arroyo Terminals no fue una situación excepcional, sino la expresión más visible de un sistema mucho más profundo, que sólo puede sostenerse en función de corrupción o colusión de múltiples autoridades en México y Estados Unidos.

Greg Abbott, como gobernador texano, nunca ha hecho una declaración pública reconociendo que Texas funcione como plataforma de legalización de crudo robado a Pemex. Su silencio frente a investigaciones federales que ya documentan la operación sistemática de empresas desde 2019 y hasta 2025, como Arroyo Terminals, lo convierte en un actor políticamente responsable por omisión, coinciden varios analistas.

Mano dura... pero no en todo

Abbott ha hecho de una aparente “mano dura” su sello político, sobre todo en temas de migración y fentanilo. Sin embargo, nunca ha incluido el contrabando de hidrocarburos en su discurso de seguridad, a pesar de que este financia directamente a los mismos cárteles que dice combatir. Su narrativa sobre seguridad fronteriza es selectiva y omite el papel de actores económicos texanos que se benefician del crudo ilegal.

En su respuesta, la Oficina se limita a insistir en que “ha tomado medidas sin precedente para proteger a los texanos de los cárteles, incluido el Jalisco Nueva Generación”, sin dar a conocer a cuáles medidas se refiere en lo referente al huachicol mexicano en Texas.

La oficina subraya que Abbott “designó a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, permitiendo a Texas frenar sus operaciones criminales, utilizar el decomiso de bienes civiles para tomar sus propiedades y aumentar las sanciones penales durante un enjuiciamiento”, pero olvida mencionar que la declaración de los cárteles como “terroristas” es un asunto federal y no estatal.

Luego habla de operaciones de seguridad nacional para realizar arrestos de inmigración, lo cual no tiene que ver con el cuestionamiento del huachicol, y ya al final de su respuesta, afirma que “continuará trabajando con el Congreso —estatal— para detener el robo de petróleo por parte de los cárteles”.

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