La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el lunes que México va a esperar a ver qué pasa con los aranceles que Estados Unidos ha amenazado con aplicar a productos mexicanos a partir del martes, pero anunció que su administración tiene un plan si estos se dan.

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, ratificó el domingo que las tarifas comerciales contra Canadá y México entrarán en vigor en la fecha prevista, pero que el presidente Donald Trump determinará si mantiene el nivel planificado del 25%.

"Vamos a esperar qué pasa, en esto hay que tener temple, serenidad y paciencia, y tenemos Plan A, Plan B y Plan C", afirmó la mandataria en su rueda de prensa diaria, sin dar más detalles. En el pasado, el Gobierno ha dicho que podría tomar medidas espejo en respuesta a las de Estados Unidos.

Sheinbaum tampoco descartó conversar con Trump antes de que se cumpla el plazo límite para la imposición de los aranceles. "De nuestra parte hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias pero es una decisión que depende del gobierno de Estados Unidos".

El líder republicano ha amenazado con los aranceles desde antes incluso de llegar al poder, con el argumento de que ni México ni Canadá hacen lo suficiente para frenar el tráfico ilegal de drogas, sobre todo el mortal fentanilo, y el flujo de migrantes irregulares hacia Estados Unidos.

Las autoridades mexicanas enviaron el jueves a territorio estadounidense a 29 presuntos narcotraficantes, entre ellos Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato de un agente de la DEA hace 40 años, en una operación interpretada como una cesión en la negociación para evitar los aranceles, lo que el Gobierno mexicano niega.

"Ha sido muy bueno este mes en términos de la colaboración y la coordinación", dijo Sheinbaum, quien destacó también los resultados positivos de las reuniones sostenidas la semana pasada por miembros de su gabinete de las áreas de seguridad y comercio con sus pares de Estados Unidos.

Respecto al traslado de los presuntos narcotraficantes, afirmó que tenía información de que muchos de ellos iban a ser puestos en libertad por los jueces que ven sus casos a causa de la corrupción en el poder judicial, parte del cual será renovado en las primeras elecciones por voto popular en ese ámbito, previstas para junio e impulsadas por el oficialismo.

En materia de migración, la presidenta informó que Estados Unidos ha enviado a México a 19,663 deportados desde que Donald Trump llegó al poder el 20 de enero, 15,611 de ellos de nacionalidad mexicana y 4,052 de otros países. Agregó que muchos llegan en avión y que el domingo fueron 313 personas.

Más temprano el lunes, el asesor comercial de la Casa Blanca, Peter Navarro, dijo que no ve a Trump titubeando respecto a sus planes arancelarios para México y Canadá. "No veo al presidente vacilando en nada de esto", afirmó en una entrevista con CNBC.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bondi, en medio de diferencias sobre su desempeño al frente del Departamento de Justicia.

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión responde a la frustración del mandatario por lo que consideró una falta de agresividad en la persecución de adversarios políticos, así como por su manejo de los expedientes relacionados con el caso Epstein.

Tras su salida, el fiscal general adjunto Todd Blanche asumirá el cargo de manera interina, mientras se define un reemplazo permanente.

En los últimos días, Trump habría sostenido conversaciones con su equipo cercano sobre la posible destitución, e incluso dialogó directamente con Bondi en una reunión descrita como tensa, donde le adelantó su salida del cargo.

Aunque el presidente señaló que Bondi podría ocupar un nuevo puesto en el sector privado o dentro del ámbito judicial, aún no se ha confirmado su futuro. Entre los posibles sustitutos destaca Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

La destitución se da en un contexto de ajustes dentro de la administración republicana, siendo el segundo cambio relevante en el gabinete en menos de un mes.

Bondi, quien previamente fue fiscal general de Florida, había prometido mantener independencia al frente del Departamento de Justicia. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones polémicas, incluyendo investigaciones contra opositores políticos, lo que generó críticas sobre el uso de la institución con fines partidistas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, al tiempo que criticó a los gobiernos del periodo neoliberal.

Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, realizada en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la mandataria sostuvo que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno forma parte de un proyecto político surgido del respaldo popular.

“Nosotros no llegamos impuestos por alguien. No nos puso una élite allí en la Presidencia como a tantos presidentes”, afirmó.

Ante mujeres productoras y beneficiarias de programas agrarios, Sheinbaum señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que —acusó— se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos, además de que se gobernó sin atender a la mayoría de la población.

La Presidenta mencionó a exmandatarios de ese periodo y aseguró que dichas administraciones impulsaron la idea de que apoyar a los sectores económicos más altos generaría bienestar general, lo que, afirmó, terminó por empobrecer al país.

Recordó que en 2018 la ciudadanía optó por un cambio político con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hecho que, dijo, marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual comparó con momentos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

Entrega de títulos agrarios y apoyo a mujeres

En el acto, Sheinbaum destacó que su administración ha entregado 30 mil títulos agrarios en todo el país, con una meta de alcanzar 150 mil, especialmente para mujeres del campo, a fin de garantizar su derecho a la propiedad y participación en núcleos agrarios.

Subrayó que históricamente las mujeres enfrentaron obstáculos para acceder a derechos agrarios, por lo que su gobierno busca reconocerlas como ejidatarias y comuneras.

“Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras. Tener los derechos agrarios”, expresó.

También evocó la figura de Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, a quien calificó como una figura histórica que enfrentó persecución, exilio y pérdidas familiares durante los conflictos del siglo XIX, destacando su papel en la defensa de la República.

Asimismo, afirmó que uno de los ejes de su gobierno es la reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto en la historia como en la actualidad, y defendió políticas sociales como pensiones, becas educativas, apoyos al campo y programas de bienestar.

Señaló que estos programas han contribuido, según su visión, a mejorar las condiciones económicas del país, incluyendo el aumento del salario mínimo respecto a 2018.

La Presidenta también destacó la creación de la cartilla de derechos de las mujeres y programas como pensiones para mujeres y el fortalecimiento del sistema de cuidados, con el objetivo de reconocer el trabajo doméstico y facilitar la participación laboral femenina.

Al concluir el evento, Sheinbaum reiteró su compromiso con los pueblos originarios, las mujeres rurales y los mexicanos en el exterior, y llamó a continuar fortaleciendo los derechos sociales en el país.

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Luego de que el Senado de la República aprobara el llamado Plan B de reforma electoral sin incluir su propuesta sobre la revocación de mandato, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo consideró que, aunque se avalaron medidas clave para reducir privilegios en el servicio público, la decisión de excluir ese mecanismo no beneficia al país.

“Entonces, esa parte (de los privilegios) ya se aprobó, la otra… pues ya no se aprobó. Yo pienso que es malo para el país que no se haya aprobado. Pero bueno, así lo decidieron (los senadores)”, expresó.

Señaló que el Senado respaldó los cambios prioritarios de su iniciativa, enfocados en disminuir gastos y beneficios excesivos dentro de instituciones electorales y órganos públicos, pero dejó fuera la modificación relacionada con la consulta de revocación.

Sheinbaum explicó que la propuesta no buscaba obligar a realizar una revocación de mandato en 2027, sino ampliar la posibilidad de que este ejercicio democrático pudiera efectuarse en un momento distinto al cuarto año de gobierno.

Detalló que la intención era permitir que la consulta pudiera realizarse también en el tercer año del sexenio, coincidiendo con procesos electorales, siempre y cuando fuera solicitada mediante firmas ciudadanas.

“No es que la presidenta quiera necesariamente la revocación de mandato en el 27, sino abrir la posibilidad de que la revocación de mandato del presidente o la presidenta no sea necesariamente en el cuarto año, sino que también sea en el tercero… y no es obligatoria, tiene que solicitarse con firmas”, aclaró.

Sheinbaum considera que existió temor político en votación del Plan B

Desde su perspectiva, el rechazo legislativo respondió a temores políticos de los partidos, quienes consideraron que la presencia de la presidenta en la boleta podría influir en los resultados electorales, pero descartó que esto pudiera influir.

“Probablemente los partidos tenían temor a que si la presidenta va en la boleta… fueran a tener más votos algunos partidos que otros. Eso es lo que ellos decían… aunque en realidad no tienen razón, porque una cosa es la revocación de mandato y otra cosa es la votación constitucional”, sostuvo.

Añadió que, a su juicio, durante el debate legislativo no se presentaron argumentos sólidos para impedir que el mecanismo pudiera aplicarse en 2027 o en futuros gobiernos.

“De todos los argumentos que se dieron ayer no había uno solo… que tuviera argumentos suficientes para que la revocación no se hubiera podido hacer en el 2027 o para el siguiente presidente o presidenta en el 2033”, afirmó.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó como “muy doloroso” el doble homicidio de dos maestras ocurrido en una preparatoria del municipio de Lázaro Cárdenas, presuntamente a manos de un estudiante.

Durante su conferencia matutina de este 25 de marzo, la mandataria señaló que el caso debe analizarse a profundidad y atenderse de manera integral, al considerar que se trata de un hecho grave que no debe repetirse.

“Es algo que necesitamos hablar y debatir. Es muy doloroso en muchos sentidos, particularmente por la muerte de las maestras a manos de este jovencito con un arma larga. Todo parece indicar que ya lo había preparado”, expresó.

La presidenta indicó que, de acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría sido premeditado y dirigido específicamente contra las víctimas. En ese sentido, subrayó la importancia de abordar este tipo de situaciones desde distintos enfoques para prevenir futuros hechos similares.

Ante este contexto, Sheinbaum anunció que su gobierno trabaja en el fortalecimiento de programas de atención a la salud mental dirigidos a jóvenes, especialmente en niveles de secundaria y educación media superior.

Detalló que estas acciones contemplan la capacitación de docentes, la elaboración de guías para estudiantes y padres de familia, así como la contratación de personal especializado para brindar acompañamiento en los planteles educativos.

La mandataria reiteró que se busca que este caso sea un hecho aislado y destacó la necesidad de generar estrategias preventivas que atiendan tanto el entorno escolar como el bienestar emocional de las y los estudiantes.

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó el Plan B de su reforma electoral, el cual busca reducir privilegios en el sistema político y fortalecer mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato.

Durante su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria informó que la iniciativa será enviada al Senado de México e incluirá tanto cambios constitucionales como modificaciones a leyes secundarias, entre ellas la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la propuesta contempla reducir el número de regidurías en municipios —de siete a un máximo de 15— y establecer topes presupuestales en congresos locales equivalentes al 0.7% del gasto estatal.

Asimismo, se plantea limitar los salarios de funcionarios del Instituto Nacional Electoral y tribunales electorales, eliminando bonos y prestaciones adicionales, bajo el principio de que ningún servidor público gane más que la titular del Ejecutivo federal.

En cuanto a la revocación de mandato, la iniciativa propone que este ejercicio se realice el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno, con el objetivo de ampliar la participación ciudadana en la evaluación del mandato presidencial.

El proyecto también incluye medidas de fiscalización para partidos políticos, como la obligación de transparentar ingresos y reportar operaciones financieras en tiempo real, así como la prohibición de recibir recursos de origen ilícito, en efectivo o provenientes del extranjero.

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