La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no existen pruebas que sustenten las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero para cárteles del narcotráfico.

“Son dichos, no hay ninguna prueba de dónde está el lavado de dinero”, declaró durante su conferencia matutina de este jueves 26 de junio, al tiempo que señaló que ya se solicitó más información al Departamento del Tesoro.

Sheinbaum reiteró que México no se subordina a ninguna nación: “Colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con Estados Unidos es de iguales”.

La mandataria informó que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como la Unidad de Inteligencia Financiera iniciaron investigaciones que solo hallaron faltas administrativas, sin evidencia de actividades ilícitas. Además, sostuvo que se revisa la participación de empresas chinas vinculadas a las transferencias cuestionadas, sin hallazgos irregulares hasta el momento.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa y calificó como “propaganda política” los rumores sobre una supuesta fuga del mandatario estatal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que existe una campaña de desinformación en torno al caso, luego de que Estados Unidos solicitara la detención y extradición de Rocha y otras nueve personas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria sostuvo que el gobierno mexicano no puede proceder únicamente con señalamientos y reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó pruebas formales a las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum explicó que la dependencia consultó a la Fiscalía General de la República y, hasta el momento, no existen elementos suficientes para ejecutar las solicitudes de extradición.

Entre las personas señaladas por el gobierno estadounidense también se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza, además de otros ocho ciudadanos mexicanos.

La presidenta insistió en que el caso debe manejarse dentro del marco jurídico y con respeto a la soberanía nacional, evitando decisiones basadas únicamente en presiones políticas o mediáticas.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que BTS regresará al país en 2027, luego de una reunión sostenida con los integrantes del grupo surcoreano en Palacio Nacional.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que aprovechó el encuentro para plantear la “demanda popular” de que la agrupación volviera a presentarse en México, propuesta que los propios integrantes discutieron y aceptaron en ese momento.

La mandataria destacó que, a diferencia de otros proyectos musicales, las decisiones del grupo son tomadas directamente por los jóvenes artistas y no únicamente por productores o representantes. También señaló que cuentan con una productora muy joven que definirá próximamente la agenda internacional de 2027 y la fecha de su visita a México.

Sheinbaum adelantó que enviará una carta al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, al considerar que su intervención fue clave para concretar el acercamiento con la agrupación.

Durante la reunión, los integrantes de BTS compartieron que la pausa reciente en sus actividades se debió al cumplimiento obligatorio del servicio militar en Corea del Sur y que ahora retomarán sus giras internacionales.

La presidenta también comentó que los artistas expresaron su cariño por México y aseguraron que el país tiene una energía “única en el mundo”. Asimismo, resaltó la respuesta de las seguidoras del grupo, quienes lograron reunir a miles de personas en el Zócalo capitalino en cuestión de horas.

Finalmente, Sheinbaum destacó que BTS transmite mensajes positivos relacionados con la paz, la salud mental y el amor, aspectos que calificó como valiosos para las nuevas generaciones.

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La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su gobierno mantendrá la cercanía y coordinación con las autoridades de Sinaloa, aunque reconoció que aún no se ha concretado una reunión con la gobernadora interina Yeraldine Bonilla.

Durante su conferencia, la mandataria explicó que el encuentro sigue pendiente debido a que no se han puesto de acuerdo en las agendas, pero reiteró su disposición para sostener el diálogo con el gobierno estatal.

En otro tema, Sheinbaum señaló que no le corresponde sugerir al senador Enrique Inzunza que solicite licencia, al subrayar que esa decisión depende exclusivamente del propio legislador.

Recordó que en su momento el exgobernador Rubén Rocha Moya solicitó licencia para no afectar a la población ni al movimiento político, al igual que el alcalde de Culiacán, por lo que insistió en que cada caso debe resolverse de manera individual.

Por otra parte, respecto al caso en Chihuahua sobre la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo, la presidenta indicó que corresponde a la Fiscalía General de la República esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Sheinbaum subrayó que los acuerdos en materia de seguridad con otros países deben contar con la autorización del gobierno federal, ya que se trata de asuntos de seguridad nacional, a diferencia de otros convenios estatales en ámbitos como el cultural o científico.

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, debió haberse manejado de manera confidencial para garantizar el debido proceso.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que la difusión pública del caso vulneró la presunción de inocencia y derivó en lo que calificó como un “linchamiento mediático”.

“Dicha confidencialidad se violentó provocando que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las personas mencionadas”, expresó.

Alcalde Luján también indicó que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado los elementos probatorios necesarios para sustentar la solicitud de detención y extradición del mandatario estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Explicó que, ante la falta de pruebas, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe solicitar al país requirente la información correspondiente antes de que el caso pueda ser turnado a un juez.

“Será un juez quien determine la viabilidad, siempre y cuando existan los elementos probatorios necesarios”, precisó.

Asimismo, añadió que la Fiscalía General de la República no ha emitido un juicio anticipado sobre la posible comisión de delitos ni sobre la procedencia de una detención provisional en este caso.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal no tenía conocimiento del operativo realizado en el estado de Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y que derivó en un accidente con víctimas mortales.

Durante su conferencia matutina del 20 de abril, la mandataria señaló que esta acción fue determinada por autoridades estatales, por lo que se solicitó información tanto al gobierno de Chihuahua como a las autoridades estadounidenses para esclarecer lo ocurrido.

Sheinbaum puntualizó que la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos se realiza exclusivamente a nivel federal y bajo protocolos definidos, por lo que se analiza si existió alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional. En ese sentido, reiteró que no hay operaciones conjuntas en territorio mexicano, ni en tierra ni en aire.

Asimismo, indicó que el gabinete de Seguridad mantiene comunicación con la representación diplomática estadounidense, encabezada por el embajador Ronald Johnson, con el objetivo de recabar información y determinar el alcance de la participación de personal extranjero.

La presidenta agregó que corresponde tanto al gobierno estatal como a la embajada de Estados Unidos proporcionar detalles sobre las agencias involucradas, en la medida en que no se comprometa la seguridad de las personas implicadas.

Finalmente, reiteró que cualquier tipo de cooperación internacional en temas de seguridad debe apegarse estrictamente a los mecanismos legales establecidos por el Estado mexicano, garantizando el respeto a la soberanía nacional.

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