Alejandro Gertz Manero presentó ante el Senado de la República su renuncia como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), cargo que ocupó desde 2019 tras convertirse en el primer fiscal de la República bajo el nuevo modelo de justicia penal.

Gertz Manero había sido designado para un periodo de nueve años, como establece la Ley Orgánica de la institución, sin embargo, decidió concluir su gestión de forma anticipada. Su salida abre el proceso para que la Cámara Alta analice y nombre a la persona que encabezará la institución autónoma.

Ernestina Godoy y Arturo Zaldívar, entre los posibles candidatos

Aunque aún no se ha presentado formalmente la terna, entre los perfiles que podrían ser considerados destacan Ernestina Godoy, exfiscal de la Ciudad de México, y Arturo Zaldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Será la presidenta de México quien envíe al Senado la lista de tres aspirantes para la evaluación y posterior votación.

Trayectoria de Alejandro Gertz Manero

Gertz Manero es licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su carrera en el servicio público incluye cargos como:

• Rector de la Universidad de las Américas
• Secretario de Seguridad Pública del entonces Distrito Federal (1998–2000)
• Secretario de Seguridad Pública federal durante el sexenio de Vicente Fox
• Diputado federal
• Oficial mayor de la Presidencia
• Vicepresidente de la Federación Mexicana de Instituciones Particulares de Educación Superior

Su vínculo con el actual movimiento gubernamental inició en 2018, cuando se incorporó al equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gertz también tiene una larga trayectoria en el ámbito de la procuración de justicia, que comenzó en 1974, durante el sexenio de Luis Echeverría, con la fundación del Instituto Técnico de la Procuraduría General de la República.

¿Quién designa al nuevo titular de la FGR?

De acuerdo con el artículo 102 de la Constitución, el proceso para designar al nuevo fiscal general funciona de la siguiente manera:

1. La titular del Poder Ejecutivo enviará una terna de candidatos al Senado.
2. El Senado de la República deberá elegir al próximo fiscal con el voto de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
3. Si el Senado no cumple con los plazos establecidos, el Ejecutivo federal podrá designar al titular de la FGR entre las personas propuestas en la terna.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de las Comandancias de la IV Región Militar y de la 48/a. Zona Militar, informó que la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia Militar investigan los hechos en los que fallecieron seis personas, con la participación de personal militar.

A través de un comunicado se indica que, aproximadamente a las 20:00 horas del 6 de octubre de 2025, sobre la carretera de Ciudad Mante-Tampico, a la altura del kilómetro 71, personal militar se desplazaba en un convoy de tres vehículos.

De acuerdo con el comunicado, “personal militar que se desplazaba en un convoy de tres vehículos refiere que una camioneta color blanco trató de embestir a uno” de los vehículos de la Defensa, por lo que, “al percibir una amenaza a su integridad física y después de algunas maniobras, hicieron uso de sus armas y lamentablemente 5 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas”.

La información añade que, a los heridos se les proporcionaron los primeros auxilios y fueron trasladados de inmediato al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, Tamaulipas; y durante el traslado al nosocomio, uno de los heridos perdió la vida.

“Los hechos se hicieron del conocimiento de forma inmediata a la Fiscalía General de la República, la que abrió una carpeta de investigación, con objeto de que se realicen las diligencias necesarias y se determinen las responsabilidades que correspondan”.

En la jurisdicción militar, también se informó a la Fiscalía General de Justicia Militar, la que inició una carpeta de investigación, para que en el ámbito de su competencia se efectúen las investigaciones correspondientes.

El personal militar implicado, fue relevado de sus tareas y se encuentra actualmente en calidad de presentado en las instalaciones de la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de Tampico, Tamaulipas.

Al final del comunicado se indica que, la Secretaría de la Defensa Nacional refrenda su compromiso de actuar con estricto apego al estado de derecho, bajo una política de cero impunidad y está atenta a requerimientos por parte de las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.

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El titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, informó este lunes que la institución apelará la decisión judicial que otorgó la libertad a Israel Vallarta, quien estuvo preso durante 20 años sin recibir sentencia por su presunta participación en la banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

En conferencia desde Palacio Nacional, el fiscal precisó que, más allá del polémico montaje televisivo de 2005 —organizado por policías bajo el mando de Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública— existen seis víctimas de secuestro cuyas denuncias no están relacionadas con ese hecho.

“En este caso particular hay seis personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión”, subrayó Gertz Manero.

El funcionario sostuvo que la FGR tiene el compromiso de garantizar que las víctimas reciban justicia y reparación del daño. “Es una obligación moral, ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro, y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación”, enfatizó.

La apelación buscará revertir la resolución que permitió la liberación de Vallarta, quien fue detenido en 2005 junto con Florence Cassez, en un caso que generó controversia nacional e internacional por las irregularidades en su proceso judicial.

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La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, la existencia de una orden de aprehensión contra el boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., por los delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas.

El pronunciamiento se dio luego de que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos informara sobre la detención del deportista en Los Ángeles, California, por sus presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización señalada como grupo terrorista extranjero.

#FGRInforma | Julio “C”, quien cuenta con una orden de aprehensión en México, desde marzo de 2023, por delincuencia organizada y tráfico de armas, fue detenido este día por las autoridades norteamericanas, en la ciudad de Los Ángeles, California. 1/2 pic.twitter.com/jkawkeuD2N

— FGR México (@FGRMexico) July 3, 2025

Según la FGR, la orden de captura en México data de marzo de 2023 y ya se ha establecido contacto con las autoridades estadounidenses para avanzar en el proceso de deportación del hijo del exboxeador Julio César Chávez.

Cabe recordar que Chávez Jr. había perdido recientemente una pelea ante Jake Paul en el Honda Center de Anaheim. Su situación legal se complica tras ser vinculado con actividades delictivas que podrían derivar en su extradición a México.

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En un operativo conjunto que involucra diversas instituciones de seguridad, la Fiscalía General de la República (FGR) logró vincular a proceso a María “N” y Moisés “N” por su presunta implicación en delitos relacionados con armas y drogas en Jalisco.

El pasado fin de semana, agentes de la Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Federal Ministerial y el Centro Federal Pericial Forense llevaron a cabo un cateo en un inmueble de Magdalena, Jalisco, tras una exhaustiva investigación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Durante la diligencia, arrestaron a los sospechosos y aseguraron armas de fuego cortas y largas, 65 cartuchos de diferentes calibres, así como una significativa cantidad de drogas, entre ellas 17 gramos de marihuana y 960 pastillas de fentanilo.

La acción judicial forma parte de los esfuerzos constantes para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada en la región. El Ministerio Público Federal presentó pruebas sólidas ante un juez de control en Puente Grande, quien decretó la vinculación a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva en la prisión de la Comisaría y en el Reclusorio Femenil, además de establecer un plazo de un mes para la investigación complementaria.

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La Fiscalía General de la República (FGR), entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a dos personas acusadas por delitos de abuso sexual requeridas en distintas Cortes.

En la primera causa penal, Iris Rodríguez, fue requerida por la Corte Superior de Texas, para el Condado de Webb, por los delitos de privación ilegal de la libertad y abuso sexual de una menor de edad. En diciembre de 2023 fue detenida en Jalostotitlán, Jalisco.

En la segunda causa penal, Hugo Domínguez, fue requerido por la Corte Superior de California, para el Condado de San Diego, derivado del delito de abuso sexual infantil. Fue detenido en enero pasado en Cosoleacaque, Veracruz.

Luego de las gestiones efectuadas por la FGR, el gobierno federal concedió la extradición de los reclamados a Estados Unidos. La entrega se efectuó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), a los agentes designados para su traslado a ese país.

Por otra parte, el viernes pasado la FGR entregó en extradición a Estados Unidos a Francisco Pulido Coracero, alias “Don Puli”, por su responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, fue uno de los principales abastecedores de precursores químicos para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En febrero de 2023, la FGR solicitó al Juez de Distrito del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Sur, la orden de detención con fines de extradición en contra “Don Puli”, que fue cumplimentada en octubre de ese mismo año en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Tras las gestiones y procedimientos conjuntos, se aprobó la extradición y fue entregado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Tijuana, Baja California a los agentes policiales del gobierno estadounidense, quienes lo trasladaron a Washington.

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