El Senado de la República declaró la validez constitucional de la reforma que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, con lo que, al concluir el proceso legislativo, el Ejecutivo podrá publicarla en el Diario Oficial de la Federación.

Al finalizar la sesión de este martes, la Cámara alta recibió las aprobaciones de 23 congresos estatales necesarias para avalar la modificación al artículo 123 constitucional y remitió el decreto al DOF para su publicación oficial.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, solicitó la lectura de las entidades que respaldaron la reforma, con lo que se formalizó la declaratoria de constitucionalidad.

La reforma establece que “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley” y que por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar al menos de un día de descanso con goce de salario íntegro.

Aplicación gradual hasta 2030

La reducción será progresiva. En 2026 se mantendrá la jornada de 48 horas como periodo de adecuación. A partir de 2027 comenzará a disminuir dos horas por año: 46 horas en 2027, 44 en 2028, 42 en 2029 y finalmente 40 horas desde enero de 2030.

Además, se fija un máximo de 12 horas extraordinarias semanales con pago doble, con la posibilidad de cuatro horas adicionales con salario triple. La reforma también prohíbe que menores de edad realicen horas extra.

El texto aprobado señala que la disminución de la jornada no implicará reducción de sueldos, salarios ni prestaciones, y quedará incorporada tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo.

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La presidenta Claudia Sheinbaum publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el que se reforma el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

La iniciativa, aprobada previamente en la Cámara de Diputados y el Senado, contempla una implementación gradual de 2027 a 2030. El documento precisa que la reforma modifica las fracciones IV y XI del artículo 123 en materia de jornada laboral y establece que el decreto entra en vigor el día de su publicación.

De acuerdo con el esquema planteado, la reducción será de dos horas por año a partir de 2027, hasta alcanzar las 40 horas semanales en enero de 2030. El año 2026 funcionará como periodo de adecuación para empresas y trabajadores.

La reforma también establece que la nueva jornada quedará definida tanto en la Constitución como en la Ley Federal del Trabajo, sin que implique reducción de sueldos, salarios o prestaciones, además de reforzar la prohibición de que menores de edad laboren horas extra.

Actualmente, el artículo 123 constitucional y la legislación laboral vigente fijan una jornada máxima de 48 horas semanales, equivalentes a ocho horas diarias durante seis días, con al menos un día de descanso obligatorio. Entre los objetivos de la reforma se señalan el fortalecimiento del equilibrio entre vida personal y trabajo, el aumento de la productividad y la mejora en la salud de las y los trabajadores.

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Tras una discusión de más de doce horas marcada por pancartas y reclamos desde tribuna, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, aunque de manera gradual a partir de 2027 y hasta 2030.

El dictamen fue avalado en lo general con 469 votos y turnado a los congresos de los estados para su discusión y eventual aprobación. En lo particular, la votación fue de 411 votos a favor por parte de Morena, PAN, PVEM y PT, y 58 en contra del PRI y MC.

De acuerdo con el proyecto, “la jornada laboral será de 40 horas semanales en los términos que establezca la ley. Por cada seis días de trabajo, las personas trabajadoras deberán disfrutar por lo menos de un día de descanso con goce de salario íntegro”, pese a la exigencia de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano de establecer cinco días de trabajo y dos de descanso.

La reducción será escalonada. En 2026 se mantendrá en 48 horas; en 2027 bajará a 46; en 2028 a 44; en 2029 a 42, y finalmente en 2030 quedará en 40 horas semanales.

La reforma también prevé un máximo de doce horas extraordinarias con pago doble por semana, con posibilidad de cuatro horas adicionales con salario triple en el mismo periodo. El dictamen puntualiza que en ningún caso la disminución de la jornada implicará reducción de sueldos, salarios o prestaciones.

Al presentar el dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo, el legislador morenista Pedro Haces subrayó que México se encuentra entre los países con más horas trabajadas al año, con alrededor de 2 mil 200, por encima del promedio de mil 750 horas de los países de la OCDE.

Desde la oposición, el PRI acusó al gobierno federal de incumplir la promesa hecha el 1 de mayo de 2025 sobre una jornada inmediata de 40 horas con dos días de descanso. El PAN respaldó la reducción, pero rechazó su aplicación gradual y criticó la negativa a establecer dos días de descanso semanales.

Movimiento Ciudadano también descalificó el esquema aprobado, al considerar que no responde a la exigencia de una aplicación inmediata y que no representa una justicia laboral plena para los trabajadores.

Con la aprobación en San Lázaro, la reforma inicia ahora su tránsito por los congresos estatales para completar el proceso constitucional antes de su entrada en vigor.

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La propuesta de reforma laboral que busca reducir la jornada de trabajo de 48 a 40 horas semanales ha generado preocupación en el sector terciario en México, particularmente en comercio, servicios y turismo. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur México) alertó que, de implementarse sin un análisis técnico adecuado y sin consulta previa a los actores del sector, esta medida podría desencadenar un aumento en la informalidad laboral y poner en riesgo la estabilidad de miles de negocios.

Desde Baja California, donde la informalidad laboral se mantiene por debajo del promedio nacional, el presidente de Concanaco, Dr. Octavio de la Torre de Stéffano, expresó su preocupación por la falta de respaldo técnico y la ausencia de un diálogo real con los sectores productivos. “No hay condiciones reales para aplicar esta reforma. No se trata de frenar el cambio, sino de evitar que el cambio destruya lo que funciona. El comercio, los servicios y el turismo no pueden sostener una medida que incrementa costos, reduce cobertura y empuja a la informalidad”, afirmó.

Según un estudio conjunto realizado por Concanaco Servytur y Canacintra a más de 1,200 empresas en todo el país, el 64 % considera inviable la reducción de jornada sin afectar su operación, y el 71.4 % prevé un aumento significativo en los costos operativos anuales. Además, el 58.85 % anticipa dificultades para mantener niveles adecuados de servicio y cubrir turnos, lo cual podría traducirse en pérdidas económicas de hasta 65,793 pesos por trabajador al año, poniendo en riesgo la supervivencia de microempresas y la generación de empleos formales.

En Baja California, donde la informalidad laboral oscila entre el 32.5 % y 37.5 %, el riesgo de que esta reforma mal diseñada provoque una mayor migración hacia la informalidad es alto. “Ser formal es caro y mantenerse en la formalidad es más caro aún; mientras tanto, la informalidad crece sin consecuencias, sin cuotas patronales, sin declaraciones y sin inspecciones. ¿Qué va a pasar? Va a crecer la informalidad”, advirtió De la Torre.

Frente a este escenario, Concanaco propuso una ruta alternativa basada en evidencia y diálogo, que incluye incentivos fiscales y tecnológicos, además de apoyar a los negocios familiares mediante la deducción total de la nómina laboral. También sugirió la creación de un Observatorio Nacional de Transición Laboral con participación tripartita gobierno, sector privado y sindicatos y la implementación de reformas laborales diferenciadas por sector, tamaño y región, en lugar de decisiones desde un enfoque político y electoral.

“El trabajo digno no se decreta, se construye con productividad, condiciones reales y políticas que respalden el crecimiento de cada sector. Desde Baja California reiteramos que esta reforma no es viable para el comercio, los servicios y el turismo”, concluyó el dirigente empresarial.

Desde el norte del país, se hizo un llamado a que las reformas laborales sean diseñadas con sensibilidad territorial y responsabilidad nacional, enfatizando que las decisiones deben tomarse desde la realidad del territorio y no desde decisiones unilaterales en oficinas alejada de la realidad empresarial.

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La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Baja California expresó su preocupación ante la posible reducción de la jornada laboral, debido a los impactos que podría generar en la operación de miles de micro y pequeñas empresas (Mipymes) del sector.

Iván Nolasco, presidente estatal de Canirac BC, señaló que el organismo a nivel nacional a participado activamente en las mesas de diálogo convocadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), previstas del 19 de junio al 7 de julio, con el objetivo de hacer valer su postura basada en la realidad operativa de los negocios restauranteros.

“El 96% de los establecimientos del sector son microempresas, muchas de ellas familiares, y operamos los 365 días del año con horarios extendidos, lo cual hace indispensable que cualquier reforma considere esquemas flexibles y realistas”, apuntó.

Entre los temas que Canirac ha planteado en reuniones con la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, dijo, se trata de defender los empleos que se generan desde la iniciativa privada, la necesidad de evitar un aumento súbito en los costos operativos, que se suman a pago de cuotas al seguro social, impuestos y derechos diversos, una nueva dinámica salarial y movimientos inflacionarios que pondrían en riesgo la viabilidad financiera de pequeños negocios.

El dirigente subrayó que la industria restaurantera representa el primer empleo para 1 de cada 5 jóvenes en México, quienes ven en los horarios flexibles y las jornadas extendidas, una oportunidad para estudiar y trabajar al mismo tiempo.

Por ello, subrayó el líder empresarial, Canirac propuso una reforma con tres ejes: un marco normativo flexible que incluya contratación por hora y jornadas divididas, una implementación gradual con incentivos fiscales, y un reconocimiento al sector como generador de primer empleo y promotor de inclusión laboral.

“Estamos a favor de una reforma que mejore la calidad de vida, pero insistimos en que debe ser viable y sostenible para los negocios, y con ello no comprometer la continuidad ni la permanencia del empleo formal”, afirmó Nolasco.

Además, alertó que la reducción de horas podría impactar negativamente los ingresos de miles de trabajadores, especialmente aquellos que dependen de las propinas como complemento esencial de su salario base.

En ese sentido, el líder restaurantero aseguró que la Canirac BC mantendrá una postura propositiva y abierta al diálogo, con la disposición de colaborar con el gobierno para construir un modelo laboral justo, defendiendo siempre los empleos que se generan desde la iniciativa privada como pilar del funcionamiento de nuestras comunidades, que no frene la productividad o las oportunidades para los jóvenes y grupos vulnerables.

Finalmente, reafirmó que el objetivo del sector es claro: una reforma laboral que beneficie a los trabajadores sin debilitar a las empresas que sostienen el empleo formal y el crecimiento de la economía local y nacional.

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