Amnistía Internacional pidió que la crisis de desapariciones en México sea declarada como emergencia nacional, al respaldar la activación del Artículo 34 ante el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

La organización alertó que el país enfrenta más de 133 mil personas desaparecidas, más de 72 mil cuerpos sin identificar y altos niveles de impunidad.

Asimismo, destacó la existencia de miles de colectivos de familiares y fosas clandestinas, señalando que la activación del mecanismo internacional representa un paso relevante para atender la problemática.

La organización cuestionó la narrativa oficial que atribuye las desapariciones únicamente al crimen organizado y advirtió que existen múltiples casos en los que estos grupos actúan con autorización o aquiescencia de autoridades, así como otros donde servidores públicos participan directamente.

Entre sus principales exigencias, pidió:

• Declarar la crisis como emergencia nacional con resultados medibles.
• Reconocer y proteger a colectivos de búsqueda y familiares.
• Aceptar asistencia técnica internacional para fortalecer la justicia.

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La titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que en México existen 132 mil 534 personas desaparecidas desde 2006, de las cuales solo el 33% cuenta con información suficiente para poder ser buscadas de manera efectiva, lo que refleja una problemática estructural en la calidad de los registros

Durante la conferencia matutina se detalló que el 36% de los casos carece de datos básicos como nombre, lugar o contexto de desaparición, mientras que otro 31% corresponde a personas que sí tienen información suficiente, pero que presentan actividad posterior en registros oficiales, como trámites en el Instituto Nacional Electoral o el Servicio de Administración Tributaria, lo que obliga a las autoridades a verificar su estatus antes de confirmar su localización

El informe también revela que del total histórico de 394 mil 645 registros, el 66% ya ha sido localizado, es decir, más de 262 mil personas, de las cuales la gran mayoría fue encontrada con vida, lo que, según autoridades, refleja avances en los mecanismos de búsqueda y coordinación institucional

Como parte de la estrategia federal, se han implementado acciones como llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y cruces de información con distintas dependencias para confirmar si las personas siguen con vida o han fallecido, lo que ha permitido ubicar a más de cinco mil personas adicionales y actualizar su estatus en el registro nacional

No obstante, uno de los principales retos sigue siendo la falta de denuncias formales, ya que miles de casos permanecen únicamente como reportes sin carpeta de investigación, lo que limita las posibilidades de acción por parte de las autoridades y evidencia la necesidad de fortalecer los procesos de registro y seguimiento

Finalmente, la funcionaria destacó que, en promedio, 66 de cada 100 personas reportadas como desaparecidas son localizadas, y que desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum se ha logrado ubicar a más de 31 mil personas, aunque reconoció que aún existen importantes desafíos para garantizar información completa y atención efectiva a las familias afectadas

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Una familia compuesta por cuatro integrantes desapareció en Tijuana, Baja California, y la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió un llamado urgente a la ciudadanía para colaborar en su localización. La familia fue vista por última vez el pasado 4 de julio, aproximadamente a las 6 de la tarde, en el boulevard Bellas Artes, en la colonia Ciudad Industrial, y desde entonces no se tiene conocimiento de su paradero.

Se trata de Christian Daniel Pelcastre Abarca, de 46 años; Dulce María Magallanes Cardoso, de 43; su hijo Christian Daniel Pelcastre Magallanes, de 22 años; y su sobrino Leonardo Tadeo Pelcastre Magallanes, de 14 años. La fiscalía solicita ayuda de la comunidad para encontrarlos y asegura que cualquier información puede ser fundamental para su pronta localización.

Las características de cada uno de los familiares desaparecidos han sido difundidas para facilitar su identificación. Christian Daniel Pelcastre Abarca mide 1.65 metros, pesa 65 kilogramos, tiene tez morena, cabello rapado, ojos cafés claros y una barba. Tiene un lunar grande en el hombro derecho. Dulce María Magallanes Cardoso también mide 1.65 metros, pesa 67 kilos, tiene tez blanca, cabello lacio y negro, ojos verdes, y presenta tatuajes en el antebrazo con el nombre “Damián” y un símbolo de infinito en el brazo. 

Christian Daniel Pelcastre Magallanes, de 22 años, mide 1.70 metros, pesa 85 kilos, es de complexión robusta, tez morena clara, cabello rizado y ojos color miel, con barba. Por último, Leonardo Tadeo Pelcastre Magallanes, de 14 años, mide 1.74 metros, pesa 59 kilos, tiene tez morena blanca, cabello lacio y castaño, ojos cafés claros y un lunar en el cuello.

La Fiscalía hace un llamado a la población para que, en caso de contar con alguna información sobre su paradero, se comunique de inmediato a los teléfonos en Tijuana (664) 683-9643, o a las líneas de emergencia 911 y denuncia anónima 089. La colaboración ciudadana es esencial para garantizar la pronta recuperación de la familia y evitar posibles riesgos a su integridad.

Autoridades y comunidad trabajan en conjunto para encontrar a estos familiares desaparecidos, y se agradece cualquier ayuda que pueda contribuir a su pronta localización.

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Carlos Maldonado Buitmea, un albañil de contextura robusta y tez morena, fue visto por última vez el 14 de abril de 2023 en su hogar en Playas de Rosarito, donde realizaba trabajos de reparación. Su esposa, que prefiere permanecer en el anonimato, relata que desde entonces ha estado en busca de justicia mientras enfrenta una serie de amenazas.

Según su relato, el día de su desaparición, un grupo de hombres armados llegó a su vivienda, tocó la puerta y, tras ser recibidos, ultimaron a Carlos a balazos. Este trágico hecho fue corroborado por un vecino que mostró a la viuda videos de cámaras de seguridad, aunque se negó a entregarle las grabaciones por razones de seguridad personal.

“Era un sueño vivir en Rosarito y retirarnos, tener animales en el predio, pero se volvió una pesadilla”, expresó la esposa, quien ha buscado la ayuda de las autoridades, incluso acercándose a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda. La gobernadora le prometió resolver el caso y le entregó la carpeta de investigación al entonces fiscal general, Iván Carpio Sánchez. Sin embargo, tras la intervención de la gobernadora, aseguró que el exfiscal desechó la carpeta y únicamente le pidió el nombre de un estadounidense que sugiere podría estar involucrado en el asesinato.

A raíz de su búsqueda incansable, la esposa ha recibido numerosas amenazas, lo que la ha llevado a no poder regresar al terreno que compartían, donde planeaban construir su futuro juntos. Su único deseo es encontrar el cuerpo de su esposo y darle una sepultura digna.

Carlos Maldonado, de media afiliación, tenía una cicatriz en la frente y falta de un diente frontal. Las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que lleve a su paradero. Cualquier persona con información puede comunicarse al teléfono 664 683 9613, extensión 1029.

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La tarde de este sábado, integrantes de colectivos de personas desaparecidas se unieron a la marcha nacional en solidaridad con las familias de las víctimas del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, un lugar señalado como campo de exterminio y entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La movilización comenzó en la glorieta Cuauhtémoc, en la Zona Río de Tijuana, donde decenas de personas se congregaron con pancartas y consignas exigiendo justicia. Los participantes luego se dirigieron a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en el bulevar Sánchez Taboada, donde realizaron un emotivo homenaje a sus seres queridos desaparecidos. En el lugar, colocaron veladoras, flores, carteles y zapatos, simbolizando la ausencia de aquellos que aún esperan ser encontrados.

Durante la manifestación, Bárbara Martínez, integrante del colectivo “Buscando a Tolano”, expresó su profunda indignación ante el creciente número de desapariciones en la región. “Es doloroso saber que cada día hay más personas desaparecidas y que el mismo gobierno tenía conocimiento de las atrocidades que ocurrían en ese rancho y no hizo nada al respecto”, lamentó. Martínez también indicó que no descarta la posibilidad de que sus seres queridos desaparecidos puedan estar en el mismo lugar.

Además, la activista criticó la falta de acción por parte de la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade Ramírez al resaltar que hace caso omiso de los casos de desaparecidos en Baja California.

Desde el 23 de agosto, la desaparición de Servando Salazar Cano ha desconcertado a familiares, amigos y autoridades en un caso que ha captado la atención de la comunidad. El empleado de 35 años fue visto por última vez en las instalaciones de Prime Wheel, donde había asistido a un desayuno y a una reunión de trabajo. A pesar de los esfuerzos por esclarecer su paradero, hasta el momento no se han encontrado pistas que lleven a su localización.

En una reciente declaración, la Fiscal General del Estado, María Elena Andrade se refirió a las investigaciones en curso, describiendo la situación como un misterio, “Parece que se hubiera esfumado”, destacó, haciendo énfasis en la ausencia de evidencias concretas en el lugar de los hechos.

Durante el fin de semana, las autoridades realizaron intervenciones en las instalaciones de la empresa en búsqueda de posibles pistas. Se localizó el vehículo de Salazar dentro de la planta, que fue abierto en presencia de su familia para recolectar información relevante. La familia ha estado colaborando con la fiscalía, proporcionando datos que podrían ayudar a avanzar en la investigación.

La Fiscal General también mencionó que, hasta el momento, no se han encontrado irregularidades en la empresa Prime Wheel, y que se está trabajando en colaboración con la Secretaría del Trabajo para realizar acciones laborales que complementen la investigación penal. Esto incluye una revisión de las condiciones laborales y de los registros de empleados en el momento de la desaparición.

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