La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, debió haberse manejado de manera confidencial para garantizar el debido proceso.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que la difusión pública del caso vulneró la presunción de inocencia y derivó en lo que calificó como un “linchamiento mediático”.

“Dicha confidencialidad se violentó provocando que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las personas mencionadas”, expresó.

Alcalde Luján también indicó que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado los elementos probatorios necesarios para sustentar la solicitud de detención y extradición del mandatario estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Explicó que, ante la falta de pruebas, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe solicitar al país requirente la información correspondiente antes de que el caso pueda ser turnado a un juez.

“Será un juez quien determine la viabilidad, siempre y cuando existan los elementos probatorios necesarios”, precisó.

Asimismo, añadió que la Fiscalía General de la República no ha emitido un juicio anticipado sobre la posible comisión de delitos ni sobre la procedencia de una detención provisional en este caso.

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El Dr. José Antonio Serratos García, presidente de la organización Unidos por Tijuana, manifestó que el país atraviesa una crisis y criticó la actuación del gobierno federal. Según Serratos García, el gobierno se está defendiendo ante lo indefendible y, en el caso de la posible extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Ruben Rocha Moya, las acciones del gobierno estadounidense y mexicano dejan en evidencia la necesidad de transparencia.

El líder social señaló que si Estados Unidos solicita la extradición de un gobernador, Rocha Moya, y la presidenta Claudia Sheinbaum pide pruebas, la principal evidencia sería esa misma extradición. “Que lo manden y que allá lo defiendan, y si no, que asuma las consecuencias”, expresó.

Desde el 1 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia y realizó su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), la cual solicitó reserva de cinco años sobre la información proporcionada, lo que, a juicio de Serratos García, atenta contra la transparencia que los mexicanos exigen. “Queremos saber qué declaró el gobernador con licencia para verificar sus actuaciones, porque dice ser transparente”, añadió.

Asimismo, criticó la falta de acciones contundentes contra el crimen organizado, señalando que esta situación afecta gravemente al país.

Refirió que la próxima semana se realizará una cumbre en Estados Unidos en la que participarán 60 países, pero México no ha sido invitado, lo cual considera un signo más de la situación actual del país.

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Tras el caso del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de la República, Max García, expresó su preocupación por la atención que el gobierno federal ha dedicado a la operación en la que fue detenido Mayo Zambada

García lamentó que la principal agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, parezca centrarse en la protección de Rocha Moya y en la situación del operativo, en lugar de abordar asuntos de mayor prioridad para el país.

El senador consideró que, aunque la acción contra Mayo Zambada fue considerada ilegal, la atención debería centrarse en la de funcionarios y personajes vinculados con el crimen organizado, en lugar de mantener una cortina de humo que distrae de los temas verdaderamente importantes.  

Asimismo, señaló que desde hace dos semanas, la agenda de la presidenta ha estado enfocada en la protección de Rocha Moya. 

El senador enfatizó que estos vínculos y protecciones deben ser revisados y que el país requiere una estrategia clara y efectiva para enfrentar la inseguridad y el crimen organizado, en lugar de acciones que aparentan ser distracciones o cortinas de humo.

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Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada acerca de la filtración de un audio en el que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, habla sobre una reunión con el consulado de Estados Unidos en México relacionada con su posible revocación de visa.

Sheinbaum puntualizó que ella no ha tenido ninguna conversación con la gobernadora sobre este asunto y que se trata de una situación personal de Ávila Olmeda. 

Además, la mandataria expresó su confianza en que fue la propia gobernadora quien salió a aclarar la situación ante los medios de comunicación, reafirmando que no hay ninguna comunicación oficial en torno a este tema.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que en México no se le cierra la puerta a nadie para participar en la vida política, al referirse a la controversia generada por la reforma electoral aprobada en Michoacán, la cual endurece las reglas para las candidaturas independientes.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal rechazó que exista una intención de bloquear la participación de nuevos actores políticos y destacó que actualmente hay diversas organizaciones que buscan obtener su registro para competir en las elecciones de 2027.

“Primero, no se le cierra la puerta a nadie. Tan es así que hay cuatro partidos buscando el registro para participar en la elección de 2027. Hay mecanismos de impugnación ante el Tribunal Electoral en caso de que haya algo que no corresponda a la Constitución o a las leyes electorales”, señaló.

Sheinbaum explicó que, de acuerdo con la información que le fue proporcionada, la intención de las modificaciones aprobadas en Michoacán es que las candidaturas independientes compitan bajo reglas similares a las de los partidos políticos, aunque aclaró que cualquier inconformidad puede ser revisada por las autoridades electorales competentes.

La presidenta también reconoció que no conoce a detalle la discusión legislativa que dio origen a la reforma y consideró que corresponde al Congreso de Michoacán y a los organismos electorales explicar el alcance de los cambios aprobados.

La polémica surgió luego de que el Congreso estatal modificara el Código Electoral de Michoacán para establecer que las candidaturas independientes deberán participar de manera estrictamente individual, sin coordinación entre sí ni el uso compartido de símbolos, colores, emblemas, lemas o estrategias que puedan proyectar la imagen de una agrupación política.

Las modificaciones han sido cuestionadas por integrantes del llamado Movimiento del Sombrero, encabezado por Grecia Quiroz García, quienes consideran que la reforma busca limitar la construcción de proyectos ciudadanos independientes rumbo a los comicios de 2027.

Desde finales de mayo, la alcaldesa de Uruapan ha sostenido que los cambios tienen una “dedicatoria” contra su movimiento, al impedir que candidatos independientes puedan organizarse colectivamente y mantener una identidad común. No obstante, ha reiterado que continuarán participando por la vía ciudadana y sin incorporarse a ningún partido político.

Mientras tanto, el debate sobre la reforma continúa y podría llegar a instancias jurisdiccionales en caso de que los inconformes decidan presentar recursos ante los tribunales electorales.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que el gobierno federal haya entregado 800 millones de pesos a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y afirmó que dichos recursos serán canalizados directamente a las escuelas de Oaxaca para fortalecer la infraestructura y mejorar las condiciones educativas.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal aclaró que el recurso no será administrado por ninguna organización sindical.

“Lo primero es que no se da ese dinero a la CNTE, al sindicato, nunca. Esos 800 millones no tienen absolutamente nada que ver con la CNTE”, sostuvo.

Sheinbaum explicó que los fondos forman parte de una estrategia para mejorar la educación en Oaxaca mediante la creación de plazas docentes, mejoras en planteles escolares y otras acciones enfocadas en beneficiar a estudiantes y comunidades educativas.

“No se entregan al sindicato para que el sindicato le entregue a las escuelas. Se entregan de manera directa a las escuelas”, enfatizó la presidenta.

La titular del Ejecutivo federal agregó que existe una percepción equivocada sobre el destino de los recursos y reiteró que el objetivo es fortalecer el sistema educativo en beneficio de niñas, niños y jóvenes de la entidad.

En otro tema relacionado con el magisterio, Sheinbaum afirmó que su administración mantiene abiertas las puertas al diálogo con los docentes, aunque subrayó que las negociaciones deben realizarse con las dirigencias sindicales que cuentan con representación legítima, elegida mediante procesos democráticos.

La mandataria recordó que la CNTE tiene representación formal en estados como Oaxaca, Chiapas y Zacatecas, por lo que las mesas de trabajo se desarrollan principalmente con esos liderazgos reconocidos por las bases magisteriales.

“Se llama democracia. No puedes hablar de democracia sindical, no tener la representación de los maestros y las maestras de tu sección sindical y querer seguir siendo representante”, señaló.

La presidenta reiteró que su gobierno continuará dialogando con el magisterio nacional para atender sus demandas, pero siempre respetando los mecanismos de representación establecidos por los propios trabajadores de la educación.

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