La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, debió haberse manejado de manera confidencial para garantizar el debido proceso.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que la difusión pública del caso vulneró la presunción de inocencia y derivó en lo que calificó como un “linchamiento mediático”.

“Dicha confidencialidad se violentó provocando que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las personas mencionadas”, expresó.

Alcalde Luján también indicó que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado los elementos probatorios necesarios para sustentar la solicitud de detención y extradición del mandatario estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Explicó que, ante la falta de pruebas, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe solicitar al país requirente la información correspondiente antes de que el caso pueda ser turnado a un juez.

“Será un juez quien determine la viabilidad, siempre y cuando existan los elementos probatorios necesarios”, precisó.

Asimismo, añadió que la Fiscalía General de la República no ha emitido un juicio anticipado sobre la posible comisión de delitos ni sobre la procedencia de una detención provisional en este caso.

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La permanencia de Rubén Rocha Moya al frente del Gobierno de Sinaloa depende de mecanismos legales establecidos en la Constitución y en las leyes locales, no de presiones políticas o manifestaciones públicas.

En México, un gobernador puede ser removido únicamente mediante procedimientos formales como el juicio político, la declaración de procedencia, la revocación de mandato o, en casos extraordinarios, la desaparición de poderes en la entidad.

El artículo 116 de la Constitución establece que los gobernadores están sujetos a las normas de sus respectivos estados, incluyendo la posibilidad de revocación de mandato. Asimismo, el artículo 76 faculta al Senado para declarar la desaparición de poderes cuando exista una ruptura del orden constitucional.

Para que Rocha Moya pudiera ser destituido, tendría que acreditarse alguna causa grave, como violaciones a la Constitución, afectaciones severas al interés público, incapacidad para ejercer el cargo o una crisis institucional que impida la gobernabilidad.

Cualquiera de estos escenarios requeriría investigaciones formales, pruebas suficientes y la aprobación de los órganos legislativos correspondientes, ya sea a nivel estatal o federal.

En caso de una ausencia definitiva, el Congreso del Estado de Sinaloa tendría la facultad de nombrar a un gobernador interino o sustituto, conforme a la legislación local.

Si restara un periodo considerable del mandato, podrían convocarse elecciones extraordinarias; de lo contrario, el sustituto concluiría el sexenio.

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Autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y otros altos funcionarios y mandos policiales, a quienes señalan de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en operaciones de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La acusación fue anunciada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Drug Enforcement Administration (DEA), que sostienen que los implicados habrían utilizado sus cargos para proteger las actividades del cártel, facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de recibir millonarios sobornos.

Según la acusación, Rocha Moya habría contado con el respaldo de la facción conocida como "Los Chapitos" durante su campaña a la gubernatura en 2021 y, una vez en el cargo, presuntamente les habría garantizado protección para operar en Sinaloa sin interferencias.

Entre los acusados también figuran funcionarios estatales, mandos de seguridad y autoridades municipales de Culiacán, quienes habrían proporcionado información confidencial, protegido cargamentos de droga y facilitado operaciones delictivas del grupo criminal.

Uno de los casos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", señalado por presuntamente participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que todos los acusados permanecen en México y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en tribunales.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el Gobierno federal no tenía conocimiento del operativo realizado en el estado de Chihuahua, en el que presuntamente participaron agentes vinculados a la Embajada de Estados Unidos y que derivó en un accidente con víctimas mortales.

Durante su conferencia matutina del 20 de abril, la mandataria señaló que esta acción fue determinada por autoridades estatales, por lo que se solicitó información tanto al gobierno de Chihuahua como a las autoridades estadounidenses para esclarecer lo ocurrido.

Sheinbaum puntualizó que la colaboración en materia de seguridad con Estados Unidos se realiza exclusivamente a nivel federal y bajo protocolos definidos, por lo que se analiza si existió alguna violación a la Ley de Seguridad Nacional. En ese sentido, reiteró que no hay operaciones conjuntas en territorio mexicano, ni en tierra ni en aire.

Asimismo, indicó que el gabinete de Seguridad mantiene comunicación con la representación diplomática estadounidense, encabezada por el embajador Ronald Johnson, con el objetivo de recabar información y determinar el alcance de la participación de personal extranjero.

La presidenta agregó que corresponde tanto al gobierno estatal como a la embajada de Estados Unidos proporcionar detalles sobre las agencias involucradas, en la medida en que no se comprometa la seguridad de las personas implicadas.

Finalmente, reiteró que cualquier tipo de cooperación internacional en temas de seguridad debe apegarse estrictamente a los mecanismos legales establecidos por el Estado mexicano, garantizando el respeto a la soberanía nacional.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la implementación del Servicio Universal de Salud tiene como objetivo fortalecer el sistema sanitario del país, sin afectar la atención que actualmente reciben los pacientes.

Durante su conferencia matutina de este 9 de abril, la mandataria subrayó que este modelo busca ampliar las opciones de atención médica y no reducir servicios. “Nadie debe temer que alguien va a ocupar su espacio, se atienden en su espacio de salud y además van a tener las otras oportunidades”, puntualizó.

El nuevo esquema permitirá el intercambio de servicios entre instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el IMSS-Bienestar y los Institutos Nacionales de Salud.

Sheinbaum explicó que esta coordinación facilitará que los pacientes puedan acceder a equipos o servicios disponibles en otras instituciones cuando no existan en su unidad de origen, lo que permitirá hacer más eficiente la atención.

Asimismo, recordó que el sistema de salud en México opera en tres niveles: el primero corresponde a centros de salud con atención básica; el segundo a hospitales; y el tercero a servicios de especialidad. En este sentido, destacó que se está reforzando el primer nivel para mejorar diagnósticos y ampliar la capacidad de atención.

Como parte de estas acciones, la presidenta anunció la creación de una unidad de interpretación de imagenología, la cual estará operando hacia finales de este año. Este espacio permitirá realizar estudios como tomografías y resonancias magnéticas, cuyos resultados serán enviados digitalmente a las unidades médicas correspondientes.

Finalmente, reiteró que los pacientes continuarán siendo atendidos dentro de sus sistemas actuales, pero con mayores facilidades para acceder a servicios en otras instituciones, lo que, aseguró, fortalecerá la cobertura y calidad del sistema de salud en el país.

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su llegada a la Presidencia no fue resultado de imposiciones de grupos de poder, sino de la decisión del pueblo, al tiempo que criticó a los gobiernos del periodo neoliberal.

Durante la Entrega de Certificados a Mujeres Campesinas, realizada en el Parque Ecoturístico de las Maravillas, en la alcaldía Tlalpan, la mandataria sostuvo que a diferencia de administraciones pasadas, su gobierno forma parte de un proyecto político surgido del respaldo popular.

“Nosotros no llegamos impuestos por alguien. No nos puso una élite allí en la Presidencia como a tantos presidentes”, afirmó.

Ante mujeres productoras y beneficiarias de programas agrarios, Sheinbaum señaló que México vivió seis sexenios neoliberales en los que —acusó— se privatizaron empresas públicas, carreteras y ejidos, además de que se gobernó sin atender a la mayoría de la población.

La Presidenta mencionó a exmandatarios de ese periodo y aseguró que dichas administraciones impulsaron la idea de que apoyar a los sectores económicos más altos generaría bienestar general, lo que, afirmó, terminó por empobrecer al país.

Recordó que en 2018 la ciudadanía optó por un cambio político con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, hecho que, dijo, marcó el inicio de la llamada Cuarta Transformación de la vida pública de México, la cual comparó con momentos históricos como la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana.

Entrega de títulos agrarios y apoyo a mujeres

En el acto, Sheinbaum destacó que su administración ha entregado 30 mil títulos agrarios en todo el país, con una meta de alcanzar 150 mil, especialmente para mujeres del campo, a fin de garantizar su derecho a la propiedad y participación en núcleos agrarios.

Subrayó que históricamente las mujeres enfrentaron obstáculos para acceder a derechos agrarios, por lo que su gobierno busca reconocerlas como ejidatarias y comuneras.

“Claro que podemos ser ejidatarias y comuneras. Tener los derechos agrarios”, expresó.

También evocó la figura de Margarita Maza, esposa de Benito Juárez, a quien calificó como una figura histórica que enfrentó persecución, exilio y pérdidas familiares durante los conflictos del siglo XIX, destacando su papel en la defensa de la República.

Asimismo, afirmó que uno de los ejes de su gobierno es la reivindicación de los derechos de las mujeres, tanto en la historia como en la actualidad, y defendió políticas sociales como pensiones, becas educativas, apoyos al campo y programas de bienestar.

Señaló que estos programas han contribuido, según su visión, a mejorar las condiciones económicas del país, incluyendo el aumento del salario mínimo respecto a 2018.

La Presidenta también destacó la creación de la cartilla de derechos de las mujeres y programas como pensiones para mujeres y el fortalecimiento del sistema de cuidados, con el objetivo de reconocer el trabajo doméstico y facilitar la participación laboral femenina.

Al concluir el evento, Sheinbaum reiteró su compromiso con los pueblos originarios, las mujeres rurales y los mexicanos en el exterior, y llamó a continuar fortaleciendo los derechos sociales en el país.

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