Yeraldine Bonilla Valverde, fue designada como gobernadora interina de Sinaloa, por el Congreso del estado, en sustitución de Rubén Rocha Moya. Su nombramiento fue avalado con el voto en contra del PRI y la abstención del PAN.

El pleno fue dominado por Morena y con esta decisión, Bonilla Valverde, quien desde hace seis meses se incorporó al gabinete estatal como secretaria de Gobierno, se convirtió en la primera mujer gobernadora de la convulsionada entidad.

Minutos después de su nombramiento, la funcionaria tomó protesta ante los diputados locales. La designación tuvo el respaldo de treinta y tres votos, de los cuarenta miembros del Poder Legislativo.

Irma Moreno, diputada del PAN, afirmó que la separación del cargo de Rocha Moya llegó tarde ante la crisis que vive Sinaloa, la cual, dijo, no se resolverá nombrando a alguien del mismo partido político.

“Nombrar a alguien del mismo grupo no resuelve la crisis, la agrava”, sentenció la panista.

Durante la sesión extraordinaria, los miembros del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, Paola Ivet Gárate Valenzuela y Lauro Gallardo Castro, votaron en contra del dictamen.

En la discusión del dictamen de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales que presentó la propuesta, la diputada del grupo parlamentario del PRI, Paola Garate Valenzuela dijo que esta salida cómoda, no absuelve, ni borra las sospechas y las imputaciones que pesan sobre el gobernador Rubén Rocha Moya.

Durante su intervención, aludió a los hechos de violencia que se viven, como resultado de las acciones del gobierno en turno, a cuyos críticos se les atacó y se les tacho de ejercer la politiqueria por sus señalamientos.

Puntualizó en tribuna que fue necesario que un tribunal judicial extranjero exhibiera lo que esta podrido, pero aclaro que no son jueces, para condenar a nadie, ni emitir sentencias, lo que se busca es que no haya impunidad.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Rubén Rocha Moya permanece en Sinaloa y calificó como “propaganda política” los rumores sobre una supuesta fuga del mandatario estatal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum señaló que existe una campaña de desinformación en torno al caso, luego de que Estados Unidos solicitara la detención y extradición de Rocha y otras nueve personas por presuntos vínculos con el narcotráfico.

La mandataria sostuvo que el gobierno mexicano no puede proceder únicamente con señalamientos y reiteró que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitó pruebas formales a las autoridades estadounidenses.

Sheinbaum explicó que la dependencia consultó a la Fiscalía General de la República y, hasta el momento, no existen elementos suficientes para ejecutar las solicitudes de extradición.

Entre las personas señaladas por el gobierno estadounidense también se encuentra el senador morenista Enrique Inzunza, además de otros ocho ciudadanos mexicanos.

La presidenta insistió en que el caso debe manejarse dentro del marco jurídico y con respeto a la soberanía nacional, evitando decisiones basadas únicamente en presiones políticas o mediáticas.

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La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por parte de Estados Unidos, debió haberse manejado de manera confidencial para garantizar el debido proceso.

Durante una conferencia en Palacio Nacional, la funcionaria señaló que la difusión pública del caso vulneró la presunción de inocencia y derivó en lo que calificó como un “linchamiento mediático”.

“Dicha confidencialidad se violentó provocando que los medios de comunicación hayan emitido ya un juicio sobre las personas mencionadas”, expresó.

Alcalde Luján también indicó que, hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha presentado los elementos probatorios necesarios para sustentar la solicitud de detención y extradición del mandatario estatal por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Explicó que, ante la falta de pruebas, la Secretaría de Relaciones Exteriores debe solicitar al país requirente la información correspondiente antes de que el caso pueda ser turnado a un juez.

“Será un juez quien determine la viabilidad, siempre y cuando existan los elementos probatorios necesarios”, precisó.

Asimismo, añadió que la Fiscalía General de la República no ha emitido un juicio anticipado sobre la posible comisión de delitos ni sobre la procedencia de una detención provisional en este caso.

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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que solicitó licencia temporal al cargo mientras se desarrolla la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, relacionada con presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, transmitido en el canal oficial de YouTube del Gobierno de Sinaloa, el mandatario estatal informó que presentó formalmente su solicitud ante el Congreso local.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación", expresó Rocha Moya.

El gobernador explicó que su decisión tiene como objetivo facilitar la actuación de las autoridades mexicanas durante el desarrollo de las indagatorias.

Rocha Moya fue señalado en una corte de Nueva York por presuntamente participar en operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas, en presunta colaboración con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ante estas acusaciones, el mandatario negó categóricamente cualquier responsabilidad.

"Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras; son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", afirmó.

Asimismo, subrayó que no permitirá que la situación afecte a Morena, partido al que pertenece.

"No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco", puntualizó.

En el mismo contexto, autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del mandatario estatal junto con otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

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La permanencia de Rubén Rocha Moya al frente del Gobierno de Sinaloa depende de mecanismos legales establecidos en la Constitución y en las leyes locales, no de presiones políticas o manifestaciones públicas.

En México, un gobernador puede ser removido únicamente mediante procedimientos formales como el juicio político, la declaración de procedencia, la revocación de mandato o, en casos extraordinarios, la desaparición de poderes en la entidad.

El artículo 116 de la Constitución establece que los gobernadores están sujetos a las normas de sus respectivos estados, incluyendo la posibilidad de revocación de mandato. Asimismo, el artículo 76 faculta al Senado para declarar la desaparición de poderes cuando exista una ruptura del orden constitucional.

Para que Rocha Moya pudiera ser destituido, tendría que acreditarse alguna causa grave, como violaciones a la Constitución, afectaciones severas al interés público, incapacidad para ejercer el cargo o una crisis institucional que impida la gobernabilidad.

Cualquiera de estos escenarios requeriría investigaciones formales, pruebas suficientes y la aprobación de los órganos legislativos correspondientes, ya sea a nivel estatal o federal.

En caso de una ausencia definitiva, el Congreso del Estado de Sinaloa tendría la facultad de nombrar a un gobernador interino o sustituto, conforme a la legislación local.

Si restara un periodo considerable del mandato, podrían convocarse elecciones extraordinarias; de lo contrario, el sustituto concluiría el sexenio.

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La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que recibió del Gobierno de Estados Unidos solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios señalados por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con la dependencia, la documentación fue remitida a la Fiscalía General de la República, que será la encargada de determinar si existen elementos suficientes para proceder conforme al marco jurídico mexicano y evaluar la viabilidad de las solicitudes de extradición.

La Cancillería precisó que, tras una revisión inicial, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no contienen, por ahora, pruebas suficientes para determinar la responsabilidad de los señalados, aunque subrayó que corresponde a la FGR realizar el análisis correspondiente.

COMUNICADO. “La Secretaría de Relaciones Exteriores recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición que serán turnadas a la FGR. En los documentos no se anexan pruebas”.https://t.co/frxQvi0qjb pic.twitter.com/HSn3bi4PeT

— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 29, 2026

Además, la SRE anunció que enviará un extrañamiento diplomático a la Embajada estadounidense por la difusión pública del caso, al considerar que los tratados bilaterales contemplan cláusulas de confidencialidad en este tipo de procedimientos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusa a Rocha Moya, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y a otros funcionarios de conspirar con Los Chapitos para traficar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.

Entre los implicados también figuran el senador Enrique Inzunza Cázarez y el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quienes presuntamente habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección a la organización criminal.

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