El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que solicitó licencia temporal al cargo mientras se desarrolla la investigación en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos, relacionada con presuntos vínculos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, transmitido en el canal oficial de YouTube del Gobierno de Sinaloa, el mandatario estatal informó que presentó formalmente su solicitud ante el Congreso local.

"Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador mientras dure el proceso de investigación", expresó Rocha Moya.

El gobernador explicó que su decisión tiene como objetivo facilitar la actuación de las autoridades mexicanas durante el desarrollo de las indagatorias.

Rocha Moya fue señalado en una corte de Nueva York por presuntamente participar en operaciones relacionadas con tráfico de drogas y armas, en presunta colaboración con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Ante estas acusaciones, el mandatario negó categóricamente cualquier responsabilidad.

"Tengo la conciencia tranquila, una vida de trabajo respalda mis palabras; son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra", afirmó.

Asimismo, subrayó que no permitirá que la situación afecte a Morena, partido al que pertenece.

"No voy a permitir que me utilicen para dañar al movimiento al que pertenezco", puntualizó.

En el mismo contexto, autoridades estadounidenses solicitaron la extradición del mandatario estatal junto con otros nueve funcionarios, entre ellos el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, así como el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez.

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Autoridades de Estados Unidos presentaron una acusación formal contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil; y otros altos funcionarios y mandos policiales, a quienes señalan de presuntamente colaborar con el Cártel de Sinaloa en operaciones de narcotráfico y delitos relacionados con armas.

La acusación fue anunciada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Drug Enforcement Administration (DEA), que sostienen que los implicados habrían utilizado sus cargos para proteger las actividades del cártel, facilitar el tráfico de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina hacia Estados Unidos, además de recibir millonarios sobornos.

Según la acusación, Rocha Moya habría contado con el respaldo de la facción conocida como "Los Chapitos" durante su campaña a la gubernatura en 2021 y, una vez en el cargo, presuntamente les habría garantizado protección para operar en Sinaloa sin interferencias.

Entre los acusados también figuran funcionarios estatales, mandos de seguridad y autoridades municipales de Culiacán, quienes habrían proporcionado información confidencial, protegido cargamentos de droga y facilitado operaciones delictivas del grupo criminal.

Uno de los casos más graves involucra a Juan Valenzuela Millán, alias "Juanito", señalado por presuntamente participar en el secuestro, tortura y asesinato de una fuente confidencial de la DEA y un familiar en 2023.

El caso quedó asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla, mientras que todos los acusados permanecen en México y se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad en tribunales.

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El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirma la detención de Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa. El arresto se llevó a cabo durante un operativo en Badiraguato, Sinaloa.

De acuerdo con la información oficial, en el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la propia SSPC.

En un operativo realizado en Badiraguato, Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @FGRMexico y @SSPCMexico detuvieron a Juan Pablo “N”, alias “Chuki”, identificado como piloto aviador del Cártel de Sinaloa, quien cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada en… pic.twitter.com/k5YSvE6OXE

— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 30, 2025

Mediante su cuenta de X, García Harfuch detalló que “Chuki” cuenta con una orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada, específicamente en materia de tráfico de armas.

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) intensificó la presión contra “Los Chapitos” al promover en redes sociales la recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Alfredo Guzmán Salazar, alias “Alfredito”, e Iván Archivaldo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

La publicación advierte que Alfredo y sus hermanos tomaron el control de la facción del Cártel de Sinaloa que encabezaba su padre, por lo que deben ser considerados “armados y peligrosos”.

Fue en junio pasado cuando el gobierno estadounidense duplicó de cinco a diez millones de dólares la recompensa por ambos. En ese momento, el Departamento del Tesoro señaló que el liderazgo de Iván Guzmán ha generado “una alarmante ola de violencia en México y Estados Unidos contra civiles, fuerzas del orden y grupos rivales”.

El gobierno de EU identifica a Alfredo como el “teniente” de Iván, responsable de torturar a rivales para obtener información sobre infiltraciones en el territorio que controla el grupo.

Mientras tanto, otros dos hijos de “El Chapo” enfrentan procesos judiciales en Chicago. Ovidio Guzmán se declaró culpable de delitos de narcotráfico tras llegar a un acuerdo de cooperación con la justicia, mientras que Joaquín Guzmán negocia un pacto similar luego de ser detenido en 2024 junto con Ismael “El Mayo” Zambada en un aeropuerto cercano a El Paso, Texas.

Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa, acusó haber sido traicionado por Joaquín Guzmán y recientemente se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico en Nueva York. Su captura desató una guerra interna entre las facciones de “Los Chapitos” y la del “Mayo”, que mantiene a Sinaloa sumida en violencia desde hace un año.

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En la conferencia matutina de este miércoles desde Palacio Nacional, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, descartó que el Cártel de Sinaloa pueda considerarse extinto, pese a la captura de figuras históricas como Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

“No, el Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder único. Siempre ha operado con varias cabezas: El Mayo Zambada, El Chapo Guzmán, sus hijos, El Guano y otros líderes delictivos. No puede darse por terminado porque aún existen células activas que deben ser detenidas”, afirmó García Harfuch.

El funcionario destacó que aunque algunas facciones han sido debilitadas, la estructura criminal continúa operando en diversas regiones del país, por lo que las labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales siguen siendo prioritarias.

La presidenta Claudia Sheinbaum, por su parte, fue cuestionada sobre posibles vínculos de funcionarios con Ismael Zambada. La mandataria aclaró que las investigaciones se realizan de manera sistemática y no dependen de declaraciones recientes: “Si se encuentra alguna persona de algún gobierno involucrada, se presenta la denuncia a la Fiscalía General de la República. Esto no se hace por lo que alguien dijo, sino porque hay pruebas”, señaló.

Ambos funcionarios coincidieron en que cualquier indicio de participación de autoridades en actividades ilícitas será investigado sin privilegios ni encubrimientos. García Harfuch aseguró que hasta ahora las detenciones relacionadas con grupos delictivos han involucrado principalmente a policías municipales y estatales, sin participación detectada de militares o funcionarios de alto nivel.

Sheinbaum agregó que actualmente no existen pruebas que involucren a servidores públicos ni a miembros de las Fuerzas Armadas con el crimen organizado, y reiteró que el combate a los grupos delictivos se realiza de manera institucional y con base en inteligencia, coordinación y respaldo ciudadano.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) expuso hoy a Jesús Alfredo Beltrán Guzmán, conocido como "El Mochomito", miembro destacado de la Organización Beltrán Leyva (BLO), involucrada en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia Estados Unidos. 

La BLO, una de las organizaciones criminales más violentas de México, ha estado activa en el comercio de drogas mortales, siendo responsable de incautaciones récord de fentanilo. 

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que Beltrán Guzmán y la BLO operan con "violenta impunidad", dañando comunidades y amenazando a funcionarios. Además, el Departamento del Tesoro y el FBI han colaborado en esta investigación, la cual revela las operaciones de narcotráfico que contribuyen substancialmente a la crisis de opioides en EE.UU. Las sanciones resultan en el bloqueo de propiedades de Beltrán Guzmán en EE.UU., y quienes realicen transacciones con él pueden enfrentar acciones legales.

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