Para el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana, la conclusión jurídica del caso de asesinato de la periodista Lourdes Maldonado López, podría significar una oportunidad para el gobierno del estado de que no hubo impunidad. 

El presidente de ese consejo Francisco Rubio Rangel, comentó a través de un comunicado que de resolverse este caso, podría permitir que se esclarezcan crímenes de personas cuyas familias también esperan justicia, ya que se busca que haya igualdad en este y todos los casos pendientes que tienen las autoridades investigadoras. 

"Esta investigación, si se lleva hasta sus últimas consecuencias jurídicas, podrá demostrar que el estado va por terminar con la impunidad que ha prevalecido durante varios años", expuso Rubio Rangel. 

 El presidente del CCE subrayó la necesidad de que las corporaciones de los tres niveles de gobierno trabajen de manera coordinada, a fin de ofrecer los resultados que la población espera.

 Durante la semana pasada el gobierno federal dio a conocer durante la conferencia mañanera del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que se había logrado la detención de los tres autores materiales del asesinato de la periodista.

De igual manera en el transcurso de esa semana el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Iván Carpio, aseguró que no descartan el mandar a llamar a declarar al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez, debido al tema jurídico que sostenía con Maldonado López.

México contabilizó a cinco periodistas asesinados en lo que va de 2024, uno más que el año pasado, y es el país de América Latina que concentra un mayor número de muertes por ejercer la labor periodística, según el balance anual de Reporteros Sin Fronteras (RSF) difundido este jueves.

En el ranking mundial, se sitúa en el tercer lugar empatado con Bangladesh (5 muertes) y detrás de los territorios palestinos (16) y Pakistán (7).

En el último lustro, México se ha saldado con la vida de 37 periodistas, tan solo dos menos que las víctimas en los territorios palestinos durante el mismo período.

En todo caso, México deja de ser, por primera vez en cinco años, la región en paz con mayor número de periodistas asesinados, debido a la difícil situación política y social de Pakistán y Bangladesh.

En Latinoamérica, también destacan negativamente Colombia (2 informadores fallecidos) y Honduras (1).

Alrededor de 650 periodistas mexicanos se benefician actualmente de un mecanismo de protección estatal que busca evitar ataques por parte del crimen organizado hacia los profesionales que cubren esta información.

Casos como el del periodista Alejandro Martínez Noguez, quien fue asesinado en su vehículo de protección acompañado por un escolta, demuestran, según detalló a EFE una portavoz de RSF, la "fragilidad" de estas medidas y la necesidad de reforzarlas.

También fueron asesinados este año Mauricio Cruz Solís (director de Minuto x Minuto), Roberto Carlos Figueroa ('Acá en el Show'), Víctor Alfonso Culebro ('Realidades') y Víctor Manuel Jiménez ('Rotativa Digital').

Todos ellos perdieron la vida a manos del crimen organizado entre abril y octubre.

La organización sin ánimo de lucro denuncia esta insuficiencia de los mecanismos estatales de protección y la "retórica violenta y estigmatizante" empleada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien fue sucedido por Claudia Sheinbaum.

La nueva presidenta, cuando era candidata, se había comprometido con RSF a "combatir la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas", según asegura la oenegé, que estima que el gobierno mexicano "debe responsabilizarse" del gran número de desaparecidos.

México concentra el 30 % de las desapariciones de periodistas en todo el mundo y 30 de los 39 desaparecidos en todo el continente americano.

Colombia y Honduras

En Colombia, dos hombres armados en moto mataron a Mardonio Mejía Mendoza, el director de la emisora Sonora Estéreo que había informado de problemas de seguridad local; y Jaime Vásquez, periodista de investigación independiente.

La víctima en Honduras fue Luis Alonso Teruel, presentador de Pencaligüe Televisión, asesinado el 28 de enero.

Aunque las ocho víctimas mortales registradas en el continente americano en 2024 suponen un descenso respecto al pico de las 26 muertes del 2022, RSF insiste en los problemas de seguridad "estructurales" en la profesión periodística en América Latina.

El último balance anual de RSF contabiliza las cifras de 11 meses, del el 1 de enero hasta el 1 de diciembre de 2024.

La noche de este martes 29 de octubre, fue asesinado Mauricio Cruz Solís, periodista del municipio de Uruapan, Michoacán, quien momentos antes había realizado una entrevista al alcalde Carlos Manzo.

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se registró en el primer cuadro de la zona centro del municipio de Uruapan, tras un ataque armado.

El cuerpo de Solís fue encontrado a escasos metros de la Casa de la Cultura.

Mauricio Cruz Solís dirigía el portal Minuto por Minuto, donde informaba sobre el acontecer regional y estatal, abordando principalmente temas de seguridad.

Minutos antes de su muerte, el periodista transmitió en vivo desde sus redes sociales una entrevista con el alcalde, en la que abordaron temas de interés local.

Además, fungía como director de noticias en la estación radiofónica Radiorama y colaboraba en otros medios locales.

Su gusto por el oficio periodístico lo había heredado de su padre, Martín Cruz Baca, quien se desempeñó como fotógrafo y reportero.

Ante estos hechos, la Fiscalía de Michoacán informó que se abrió una carpeta de investigación en apego al protocolo en materia de delitos cometidos en agravio de periodistas y defensores de derechos humanos.

Por otra parte, informó que una segunda persona resultó herida en este mismo ataque. 

Implementan operativo en Uruapan

Carlos Torres Piña, secretario de gobierno de Michoacán, lamentó el asesinato de Mauricio Solís, e informó que implementaron un operativo en el municipio para poder dar con los que resulten responsables de su muerte.

"El gobierno de Michoacán condena el homicidio del comunicador Mauricio Solís", escribió Torres Piña en redes sociales. 

Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien encabeza una gira de trabajo por Europa, también se pronunció ante el homicidio del periodista, el cual condenó.

A través de sus redes sociales, indicó que que "se ha puesto en marcha un operativo coordinado con las corporaciones de seguridad estatales y federales para identificar a quienes resulten responsables y llevarlos ante la justicia".

En Michoacán, agregó, "no cabe la impunidad y el que la hace, la paga, que se escuche fuerte y claro".

Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, la situación para los periodistas en México ha empeorado, según revela un informe de la organización Artículo 19. Desde el inicio de su mandato, se han documentado un total de 43 asesinatos de comunicadores en función de su labor, lo que representa un aumento alarmante en comparación con los gobiernos anteriores.

En un periodo de seis años, se han perdido nueve vidas en 2018, diez en 2019, siete en 2020, siete en 2021, 13 en 2022 y cinco en 2023. Estas cifras revelan una tendencia preocupante de violencia contra los periodistas en México.

En total, desde el año 2000 hasta 2023, se han registrado 163 asesinatos de comunicadores, con 151 hombres y 12 mujeres entre las víctimas. La mayoría de las agresiones provienen del Estado mexicano, seguidas por particulares y grupos delincuenciales.

Las áreas de cobertura más peligrosas incluyen asuntos de corrupción y política, así como seguridad y justicia. En 2023, se registraron 561 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una agresión cada 16 horas a periodistas o medios de comunicación en función de sus labores.

Ante este panorama, el presidente López Obrador ha rechazado que su administración sea la más letal para los periodistas en México. Sin embargo, prometió presentar un informe comparativo en los próximos días para analizar la situación y los cambios en la violencia contra la prensa durante su gobierno.

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La periodista Yolanda Caballero fue víctima de un ataque, sujetos aún no identificados lanzaron bombas molotov a su automóvil que estuvo a punto de incendiarse.

F a un costado del bulevar Casablanca, los sujetos quebraron el vidrio de la ventanilla del copiloto de su automóvil y dejaron los artefactos explosivos.

Afortunadamente Bomberos Tijuana lograron contener el connato de incendio y hasta el momento se desconoce la causa del atentado y de los presuntos responsables. Cabe mencionar que la periodista Caballero Jacobo ha sido señalada por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez debido a su estilo de publicar las noticias y la acusó de querer dinero del erario.

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Tras dos años de la muerte de los periodistas Margarito Martinez y Lourdes Maldonado, el gremio periodístico de Baja California, exige justicia a las autoridades. 

Hoy 17 de enero se cumple dos años del asesinato de Margarito Martínez y el próximo 23 de enero del asesinato de la periodista Lourdes Maldonado, por ello, el gremio periodístico se manifestó esta mañana durante la conferencia mañanera de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda en el Centro Estatal de Artes Tijuana. 

En ambos casos, los autores materiales han sido sentenciados, sin embargo, los intelectuales siguen sin enfrentar un proceso penal.

En el caso de Margarito Martínez, la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha logrado que sea sentenciado David López Jiménez apodado "Cabo 20" como presunto asesino intelectual pues fueron las autoridades quienes lo señalaron como presunto responsable. 

Mientras que en el caso de la periodista Lourdes Maldonado López, tres hombres fueron sentenciados como asesinos materiales sin que hasta la fecha sea detenido el asesino intelectual.  

La titular de la Fiscalía General del Estado, Ma. Elena Andrade Ramírez justifica la falta de efectividad y afirma que estos crímenes son investigaciones complejas, que no están cerradas y aún tiene tiempo. 

La agrupación "Yo Si Soy Periodista", envió un comunicado a las autoridades del gobierno estatal que dice lo siguiente. 

"Nos sentimos indignados y agraviados ante la falta de una real justicia para ambos comunicadores y por la subsistente impunidad que provoca agresiones sistemáticas contra quienes ejercemos este oficio, lo que también es una trasgresión hacia la ciudadanía, porque se violenta su derecho a ser informado".

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