La Fiscalía General del Estado (FGE) logró presentar las pruebas para que dos personas fueras vinculadas por el delito de explotación infantil  y violencia familiar en la ciudad de Tijuana.

El reporte indica que Daniela "N" y Jorge Luis "N" obligaban a dos menores de edad a trabajar en la garita de Otay vendiendo frituras y galletas, esto bajo la amenaza de que serían sujetos a violencia física y agresiones verbales.

Investigaciones arrojan que las víctimas vendían diferentes productos en las canchas deportivas Bondojo, ubicadas entre la Mesa de Otay y el carril de la línea Sentri de la Garita de Otay. 

Esta actividad la realizaban de lunes a domingo, desde el mes de abril del año 2020 hasta diciembre de 2021, sin días de descanso y sin pagarles ninguna cantidad de dinero. 

 Elementos de la Agencia Estatal de Investigación lograron capturar a los sujetos el pasado 22 de marzo de 2022 y fueron sujetos a un proceso legal por los delitos de trata de personas en la modalidad de trabajos forzados y violencia familiar.

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La Fiscalía Regional de Tecate informó que Andrés "N" quedó sujeto a proceso penal por su presunta participación en el delito de violencia familiar.

Según el expediente penal, el 5 de abril de 2024, el hoy imputado se encontraba en el interior del domicilio ubicado en la colonia Downey de esta ciudad, en compañía de la víctima y dos menores de edad. Estando en el área de la cocina, Andrés "N" insultó a la víctima con palabras altisonantes y ofensivas, además de empujarla contra un refrigerador.

Posteriormente, la tomó con fuerza del cuello y le propinó bofetadas. La víctima salió del domicilio para reportar lo sucedido marcando al 9-1-1, y momentos después arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes detuvieron al imputado en el lugar.

En días pasados, se llevó a cabo una audiencia inicial para el control de la detención, en la cual el juez ratificó su legalidad y dictó auto de vinculación a proceso, además de fijar dos meses como plazo para la investigación complementaria.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) detuvo a tres jóvenes en posesión de un arma de fuego luego de una persecución en Tijuana. 

Los individuos identificados como Richard Paul “N” de 19 años, Mía “N” de 18 años y Ramón “N” de 25 años, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de Portación de Arma.

La detención se produjo luego de que los jóvenes, a bordo de un vehículo Mercedes Benz, se negaron a detener la marcha cuando los agentes de la FESC intentaron detenerlos usando códigos y luces estroboscópicas. 

Tras una persecución que involucró a varias unidades policiales, los jóvenes fueron intervenidos en la glorieta Monumento a Diana Cazadora.

Lugar en donde se automovilistas captaron el momento en que los presuntos estudiantes de medicina fueron detenidos por los agentes que viajaban a bordo de unidades sin logos que los identificara como autoridad. 

De acuerdo al reporte policial, en el vehículo se encontró un arma de fuego corta tipo revolver no abastecida debajo del asiento del conductor.

Norberto Olivares, dueño del centro de tratamiento de adicciones llamado Casa Alma, en Playas de Tijuana, retuvo por la fuerza, auxiliado por un guardia de seguridad a una de las víctimas para obligarla a firmar su renuncia.

Una de las ex trabajadoras sufrió agresiones físicas, verbales y fue retenida, mostró audios en los que se escucha a Norberto Olivares gritar, ofender y golpear muebles.

Al momento la Secretaría del Trabajo y Prevención Social (STPS) inició una investigación en el centro de tratamiento de adicciones, el titular de la secretaría informó que la investigación inició luego de dos denuncias presentadas por maltrato y violación a los derechos laborales de dos empleados que se desempeñaban como psicólogos.

 Nosotros iniciamos un proceso de investigación, de inspección y sancionador que seguramente derivará en una sanción qué tiene que ser una sanción con base a la Ley pero tiene que ser una sanción ejemplar”, advirtió Arregui Ibarra.

La denuncia por la privación de la libertad y agresiones físicas fue llevada tanto ante el Ministerio Público bajo el Número Único de Caso (NUC) 0204-2023-01932.

Arregui declaró ante medios de comunicación que inspectores laborales, quienes acudieron de inmediato para auxiliar a las víctimas.  

“Desde el momento en que tuvimos conocimiento de que se tenía separados a estos trabajadores con presuntas amenazas por parte del patrón, giré instrucciones para que personal de la dirección de Inspección se trasladara en ese mismo momento y tuvimos una oportuna intervención”, dijo el secretario Arregui.

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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que logró una sentencia de 33 años a una mujer identificada como Elvira Segundo García, quien obligaba a sus hijas a vender frutas y verduras en un tianguis.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la mujer fue sentenciada por el delito de trata de personas, en la modalidad de trabajos forzados, con la modificativa agravante de tratarse de menores de edad y que fueran sus hijas.

La mujer obligaba a sus dos hijas a vender verduras y condimentos en el tianguis del municipio de San Felipe del Progreso, los fines de semana, días festivos y durante los periodos vacacionales.

Obligaba a sus hijas a trabajar en tianguis sin comer

En el mes de agosto del año 2016, cuando una de las víctimas tenía 9 años, Elvira comenzó a obligarla a realizar dicha actividad. Posteriormente, en enero del año 2017, esta mujer de igual forma obligó a otra de sus hijas de entonces 6 años, a comercializar las verduras.

Ambas menores no eran alimentadas mientras se encontraban trabajando en un horario de 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, además de que también eran golpeadas por la ahora sentenciada.

Niñas fueron rescatadas por su papá de explotación

El 5 de septiembre de 2019, las dos víctimas fueron rescatadas por su padre, por lo que éste acudió a denunciar los hechos , lo que llevó a un juez a librar orden de aprehensión en contra de ella.

En septiembre de 2020 esta mujer fue detenida por Policías de Investigación (PDI) por lo que fue ingresada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, en donde quedó a disposición.

Con las pruebas aportadas un Juez dictó la condena de 33 años y 4 meses, además deberá pagar multa de 73 mil 040 pesos y 197 mil 760 pesos como reparación del daño.

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Haciendo malabares en semáforos, ofreciendo limpiar parabrisas o pidiendo dinero, un total de 91 niñas y niños han sido detectados laborando en calles de Mexicali, sostuvo la directora de DIF en la capital del estado, Elba Cornejo Arminio.

Atacar el problema es complejo, pues en primer lugar cambian constantemente de sitio y si se localizan en algún crucero, por ejemplo, el mismo día ya no están ahí. 

Otro dilema es que muchos de estos niños no están solos, sino que trabajan junto a sus familias y aún cuando su trabajo puede ponerlos en riesgo, no se puede separar de sus padres tan fácilmente, pues se tiene que iniciar una ruta legal para hacerlo.

La funcionaria municipal sostuvo que este mismo año se llevó a cabo un operativo para rescatar niños que venían del sur del país y estaban trabajando en cruceros viales; la intención era protegerlos de las altas temperaturas. Sin embargo, y luego de la intervención de la diputada Evelyn Sánchez, se tuvo que regresar a los menores a sus familias porque se violaron los derechos humanos ya que los trabajadores del DIF no le hablaron a los niños en su lengua nativa. 

Ante ello se está buscando asesores que apoyen en el manejo de estos lenguajes originarios.