La señora Patricia Susana Rivera Reyes de 61 años asesinada la noche del pasado sábado era abogada de profesión y defensora de los derechos humanos. 

El pasado sábado en la noche sujetos armados se introdujeron a un domicilio ubicado en la calle Blanca número 12530 de la colonia Terrazas de La Presa, para dispararle al catedrático del Instituto Tecnológico de Tijuana (ITT), José Félix Villarreal y a la abogada de profesión Patricia Susana Rivera Reyes. 

Quedando lesionado el catedrático y sin vida la abogada. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, lamentó lo sucedido a través de un comunicado. 

"La CEDHBC se solidariza con las familias de ambas víctimas y con la comunidad bajacaliforniana, uniéndose al reclamo de que este hecho no quede impune", escribió.

Tras el asesinato de la activista de personas desaparecidas, Ángela León, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) urgió a las autoridades de procuración de justicia a investigar y esclarecer el asesinato de la ctivista de búsqueda de personas desaparecidas.

El ombudsperson, Jorge Ochoa, emitió un llamado particularmente a la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias necesarias que permitan determinar el origen de esta agresión y evitar la impunidad.

Asimismo, el presidente de la CEDHBC subrayó que cualquier atentado a las personas defensoras de derechos humanos es un agravio a la totalidad del tejido social por sus implicaciones estructurales.

Para finalizar, Jorge Ochoa informó que el Organismo Público Autónomo abrió, de forma oficiosa, un expediente de investigación para revisar la actuación de las autoridades en la atención a este caso y por tratarse de un ataque a una persona defensora de los derechos humanos.

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El presidente de la CEDHBC, Miguel Mora, indicó, en el marco del Día Internacional del Migrante, que los retos en materia de movilidad humana son particulares para cada región del país y agregó que, en el caso de Baja California, se trata de un contexto aún más específico, ya que la entidad se ha desarrollado a través de la historia como un destino directo e indirecto de las poblaciones en movimiento.

En este tenor, el ombudsperson subrayó acontecimientos recientes que han modificado el panorama migratorio del estado: La llegada de más de 20 mil personas de países africanos, europeos y caribeños en 2016; el inicio de la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos en 2017, quien implementó el Título 42, herramienta que les permite a las autoridades migratorias deportar a personas en contexto de movilidad con mayor rapidez; la llegada de 6 mil personas de origen centroamericano en 2018; la instalación del campamento “El Chaparral” en la garita de San Ysidro, en 2021; el incremento de movilidad de connacionales por desplazamiento interno forzado; el registro de la mayor cifra histórica de solicitudes de refugio ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), principalmente de personas provenientes de Haití, así como Centro y Sudamérica; así como la llegada de personas rusas y ucranianas. 

Ante estas circunstancias, Miguel Mora hizo hincapié en que los organismos públicos de derechos humanos, junto con la sociedad civil organizada, han colaborado con las instituciones de gobierno para buscar disminuir los factores de riesgo que pudieran vulnerar los derechos humanos de las personas.

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Personal de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) documenta la contención del incidente registrado la noche del sábado 8 de octubre, en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Mesa. 

El titular de la CEDHBC, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que el Organismo Público Autónomo abrió un folio para revisar la actuación de las autoridades durante estos sucesos, entre ellas, las Secretarías de Seguridad Ciudadana Estatal y Municipal y la Fiscalía General del Estado (FGE), así como las condiciones al interior del Cereso.

Indicó que las visitadoras y visitadores de la CEDHBC han mantenido contacto con familiares de personas privadas de la libertad (PPL) para tener registro de sus inquietudes y gestionar información ante la autoridad penitenciaria.

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El líder transportista Rubén Quiñonez, quien en el 2018 le desfiguró el rostro a su pareja, no ha enfrentado a la justicia. 

A pregunta expresa de Cadena Noticias, sobre el proceso de investigación de este caso al fiscal central de Baja California Rafael Orozco, admitió que años atrás no se dió puntual seguimiento a la investigación. 

“Este tema lo identificamos y no es una justificación pero tenía mucho tiempo atorado por una administración anterior”, precisó. 

La Fiscalía General del Estado, informó que en las próximas horas se dará a conocer avance sobre esta investigación. 

“Lo estamos trabajando (el caso) ya tenemos el resultado, no lo podemos hacer público pero en las próximas horas se dará a conocer lo correspondiente a este hecho”, puntualizó Orozco. 

El fin de semana el excandidato del PRD por el Distrito 1 en la elección local de 2016 y 

Quiñonez es dirigente de una organización de taxis fue denunciado por su entonces pareja -veinte años menor que él- por ocasionarle heridas en el rostro con un arma punzo cortante. El ataque ocurrió en el 2018 En la Avenida Asturias, Fraccionamiento Villafontana de Mexicali. La agresión surgió luego de una discusión entre la pareja y fue ahí cuando el hombre presuntamente la agredió.

Con el fin de precisar el actuar de los elementos que estuvieron brindando seguridad a la periodista asesinada Lourdes Maldonado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC), abrió un expediente. 

Durante su exposición con los integrantes de Grupo 21, el secretario técnico de la SSPCM, Jorge Aguirre, confirmó que a dicho organismo le fue enviado un informe detallado respecto a 

Durante su participación con el Grupo 21, refirió que le enviaron un informe detallado sobre cuales eran los recorridos que realizaban los policías, las llamadas que hacían con la periodista, los horarios en que tenían que estar, entre otros aspectos que venían acordados en las medidas de protección. 

"La Secretaría de Seguridad dio las medidas de protección que se habían estipulado; se abrió un expediente en derechos humanos donde se nos pidió toda esa información y nosotros cumplimos con ello", declaró el funcionario. 

Mencionó que desde el 12 de abril de 2021 la corporación brindó la protección solicitada, y el 30 de abril del mismo año fue que se emitieron las medida. 

Sin embargo, para el 21 de octubre estas medidas fueron modificadas y son las que le brindaron hasta el 23 de enero a Maldonado.