En los últimos meses se registraron denuncias de comercios por cobro de piso y extorsión por el crimen organizado en los municipios de Tijuana y Ensenada, ante esta situación el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, declaró que el líder del grupo delictivo fue detenido hace unos días en Baja California Sur.

"Lo detuvimos en una acción inteligente en otro estado de la República, estamos en proceso de traerlo a Baja California para que cumpla con su proceso aquí y nos pague aquí el daño que nos hizo a nosotros", expresó Carpio.

Señaló que la Fiscalía General del Estado cuenta con una línea de investigación con el fin de agregar el delito de extorsión al detenido pues fue aprehendido por delito de homicidio.

"No vamos a permitir ni que salga ni que tenga ningún beneficio", manifestó Carpio Sánchez.

En caso de ser víctimas de extorsión, recomendó denunciar al 911. 

Por su parte, el Fiscal Central del Estado, Rafael Orozco Vargas, detalló que el detenido apodado como "El Tamal" cuenta con seis carpetas de investigación.

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El Senador del Grupo Parlamentario del PAN, Max García hizo uso de la tribuna para mostrar su preocupación por el decrecimiento económico que registra Baja California y solicitar a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno, su intervención para evitar que esto siga sucediendo.

“Hoy en Baja California, tenemos 42 mil 556 empresas que se han dado de baja en el seguro social en los últimos 4 años, un promedio de 820 empresas que de manera mensual cierran sus operaciones, lo que significa 50 mil empleos menos y 3 millones de metros cuadrados de naves industriales vacíos”, señaló el Senador.

Por ello, dijo que la industria restaurantera, el comercio y todos los sectores productivos en Baja California muestran una tendencia a la baja, lo que debe de ser

“Solicitamos al Ejecutivo Federal, a la Gobernadora del Estado y al alcalde de Tijuana que se implementen medidas extraordinarias de incentivos que puedan beneficiar a la economía de nuestro Estado, además que la región está seriamente siendo afectada por algunas políticas públicas, pero sobre todo por la inseguridad, la delincuencia y la extorsión”

En este sentido, resaltó que desgraciadamente algunas autoridades locales son parte de esta terrible práctica de extorsión tanto a negocios, fábricas, empresas, restaurantes, impactando en su cierre, turismo e imagen de la ciudad.

“Solicitamos desde esta tribuna al alcalde, Ismael Burgueño que atienda de manera inmediata esta situación y aquellos funcionarios públicos que se están viendo involucrados en actos delictivos que tanto perjudican en la imagen y que han sido un detonante para el cierre de empresas en la ciudad”, finalizó.

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La Cámara de Comercio de Tijuana (Canaco), a través de su presidente Olivaldo Paz, declaró que han solicitado en múltiples ocasiones una reunión con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), José Alejandro Avilés Amezcua, sin éxito hasta la fecha.

Los comerciantes denuncian que la extorsión por parte de elementos policiales sigue afectando la economía local y la imagen de la ciudad.

El Licenciado Esteban Capella, enlace ejecutivo de seguridad de Canaco Tijuana, informó que en aproximadamente seis ocasiones han solicitado un encuentro con las autoridades de seguridad, pero estas solicitudes han sido negadas en repetidas ocasiones.

Por su parte, el presidente Canaco, señaló que durante la campaña electoral y el actual mandato del alcalde Ismael Burgueño ha sido informado en varias reuniones sobre la problemática, la cual afecta principalmente a los turistas, quienes son víctimas de extorsiones por parte de algunos elementos de seguridad. 

Los representantes de Canaco reiteraron su petición al secretario de Seguridad Pública para que brinde el apoyo necesario y permitan la realización de una reunión con el titular de la dependencia.

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La extorsión se ha convertido en el delito que más afecta al sector empresarial en México, con un récord de 5 mil 887 víctimas en el primer semestre de 2025. Entre los casos recientes destaca el de Moisés Muñiz, empresario de Ensenada, quien anunció el cierre de su restaurante de mariscos “El Compa Moy” tras denunciar amenazas del crimen organizado.

En un video de 13 minutos publicado en redes sociales, Muñiz lamentó tener que tomar esta decisión, argumentando que no podía poner en riesgo a su familia ni a sus clientes. Señaló que, además de la inseguridad, las autoridades han mostrado incapacidad e incluso complicidad con el crimen organizado.

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“Las extorsiones y el cobro de piso me llevaron al límite. No puedo exponerme a que un sicario llegue y nos asesine por vender comida”, expresó el empresario, cuyo testimonio se viralizó rápidamente y generó muestras de apoyo en la comunidad.

Ante la denuncia pública, la Fiscalía General del Estado informó que ya estableció contacto con Muñiz, aunque hasta el momento no existe denuncia formal. La institución aseguró que se iniciaron investigaciones de oficio, se brindaron medidas de protección y se comprometieron a esclarecer los hechos.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció este lunes que su gobierno tiene como asignatura pendiente reducir el delito de la extorsión y que la gente “no se va obligada a pagar cuotas”.

Este lunes, El Universal revela que en este sexenio que está por concluir, se han abierto 299 carpetas por el delito de extorsión y 12 por cobro de derecho de piso a maestros.

En su conferencia mañanera de este 22 de julio en Palacio Nacional, López Obrador indicó que en el gabinete de seguridad federal no se tiene identificada la extorsión a maestros, pero sí a comerciantes y a transportistas.

“¿En el gabinete de seguridad se han identificado estos casos de extorsión al magisterio?”, se le cuestionó.

“Sobre extorsión a maestros no, particular no, pero sí a comerciantes, a pequeños empresarios, medianos empresarios, transportistas, y estamos trabajando para enfrentar este delito de extorsión.

“Comentaba yo de que desde que estoy en la Presidencia, hemos logrado reducir todos los delitos, todos y lo podemos probar: homicidios, robos en todas sus expresiones -robo a casa habitación, robo a transeúntes, robo a vehículos-, desde luego los feminicidios, los secuestros, mucho el secuestro. Se ha disminuido en cuanto a incidencia alrededor del 70% desde que llegamos. Nada de lo que sucedía anteriormente”, indicó.

“Tenemos como asignatura pendiente, en efecto, lo de la extorsión y vamos a seguir trabajando para que la gente no se vea obligada a pagar cuotas, todo esto que significa un delito que afecta mucho a la gente, sobre todo a los comerciantes y pequeños comerciantes y no vamos a permitir que haya impunidad”, añadió.

El Gran Diario de México revela hoy que la extorsión y el cobro de piso también alcanza a maestros y maestras de escuelas públicas y privadas de todo el país, incluso a familiares de alumnos.

En este sexenio que está a punto de concluir, se han abierto 299 carpetas por el delito de extorsión y 12 por cobro de derecho de piso.

De acuerdo con respuestas a solicitudes de información a las fiscalías de las 32 entidades, Oaxaca es el estado que suma más carpetas de investigación por extorsión, al contar con 91, seguido por Nuevo León, con 53; Chihuahua, 36; Baja California, 27; Guerrero, 20; Tamaulipas. 19, y Puebla 12.

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La Fiscalía Regional de Tecate informó que Andrés "N" quedó sujeto a proceso penal por su presunta participación en el delito de violencia familiar.

Según el expediente penal, el 5 de abril de 2024, el hoy imputado se encontraba en el interior del domicilio ubicado en la colonia Downey de esta ciudad, en compañía de la víctima y dos menores de edad. Estando en el área de la cocina, Andrés "N" insultó a la víctima con palabras altisonantes y ofensivas, además de empujarla contra un refrigerador.

Posteriormente, la tomó con fuerza del cuello y le propinó bofetadas. La víctima salió del domicilio para reportar lo sucedido marcando al 9-1-1, y momentos después arribaron oficiales de la Policía Municipal, quienes detuvieron al imputado en el lugar.

En días pasados, se llevó a cabo una audiencia inicial para el control de la detención, en la cual el juez ratificó su legalidad y dictó auto de vinculación a proceso, además de fijar dos meses como plazo para la investigación complementaria.