Para diciembre, como parte de sueldos, aguinaldos y pagos de fin de año, una clase dorada de consejeros del INE, comisionados del Inai, diputados y senadores, así como funcionarios de Pemex y CFE, tendrán una jugosa gratificación que va desde los 350 mil a más de 800 mil pesos.

Por ejemplo, en el INE los 11 integrantes del Consejo General podrán disponer esta Navidad de una bolsa de 8 millones 805 mil 456 pesos brutos, por concepto de sueldos y aguinaldo, de la que cada uno cobrará 800 mil 496 pesos brutos: 262 mil 734 pesos, integrado por un salario base de 49 mil 34 más compensación garantizada de 213 mil 700, más un aguinaldo de 537 mil 762 pesos.

Los comisionados del Inai gozan de un bono de fin de año por 350 mil pesos, al que hay que sumar otros ingresos para llevarse en total más de 605 mil pesos.

En Pemex y la CFE sus respectivos directores se llevarán una bolsa de alrededor de 568 mil 592 pesos y 385 mil 710 pesos, respectivamente.

Asimismo, en el Congreso de la Unión, cada uno de los 128 senadores cobrará alrededor de 551 mil 400 pesos cada uno, en tanto que en la Cámara de Diputados cada uno de los 500 legisladores se llevará poco más de 387 mil 955 pesos.

“Porfirio Muñoz Ledo es buen político pero no sabe de derecho”, fue lo que le respondió Amador Rodríguez Lozano al Presidente de la Cámara de Diputados federales, después que mencionó que deberían de desaparecer los poderes en Baja California, tras la modificación del periodo de la próxima gubernatura de 2 a 5 años.

El encargado de la transición del gobernador electo, Jaime Bonilla habló sobre su posicionamiento tras las declaraciones del Muñoz Ledo, “supongo que lo agarraron saliendo del festejo del Día del Abogado, y no supo lo que dijo”, ya que la desaparición de poderes no se hace, sino que “se declara que ya desaparecieron”.

Asimismo, recordó que existe una Ley reglamentaria que data del sexenio del presidente José López Portillo y en ella quedó establecido las razones por la que pueden desaparecer los referidos poderes, “en el año 2014 lo intentó el PAN por el caso Ayotzinapan e iniciaron la investigación para hacerlo”, pero al final concluyeron que los tres poderes estaban funcionando de manera ordinaria.

“Y para poder desaparecer un poder, es necesario que uno de ellos no esté funcionando, se haya coludido, se haya caído un avión en donde iban todos y todos murieran, o terminando su periodo decidieran prorrogarse”, son los motivos por lo que pudieran darse tal acción.

Sobre la posibilidad de realizar una encuesta para conocer el sentir de los bajacalifornianos respecto a la permanencia del próximo gobernador por 5 años, Rodríguez manifestó que el propósito de estas (encuestas) no es tal, “imagínate deslegitimar a un órgano del poder solo porque una encuesta no estuvo bien levantada o el método, como ocurre en encuestas amañadas”.

Desde su punto de vista, en el mismo tema dijo que las encuetas deben de ser precisas y las preguntas bien analizadas, pero sobretodo el método para ser levantadas y tener una muestra metodológica “que es algo que solo los matemáticos saben”, pero desestimó poner a prueba un poder con esta opción.

Para finalizar, el encargado de la transición reiteró que se trata de un tema de derecho y de interpretación, pero si la corte federal dictamina lo contrario a la decisión del Congreso local, lo aceptarían.

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) perfila el endurecimiento de las declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, mejor conocida como 3de3, para funcionarios que van desde jefes de departamento hasta secretarios de Estado y que, además, se extenderá a sus cónyuges y dependientes económicos.

Hoy se presenta ante el Comité Coordinador del SNA la propuesta elaborada por un grupo de especialistas de siete dependencias vinculadas a la rendición de cuentas.

El proyecto plantea que los servidores públicos de primer nivel declaren de manera detallada sus empresas e inversiones, clientes, a qué personas o compañías han representado, de quiénes han recibido beneficios y la relación con cualquier fideicomiso al que pertenezcan.

El arzobispo Carlos Aguiar Retes pidió a los fieles católicos orar porque las diferentes órdenes del gobierno federal actúen en beneficio de los mexicanos. 

"Elevemos una súplica por las autoridades a nivel ejecutivo, legislativo y judicial; federales y locales para que con el don de consejo oigan la voz de Dios en situaciones difíciles de la vida; encuentren la sabia decisión y pronuncien la palabra justa para actuar correctamente en su gobierno", rogó Aguiar Retes. 

Durante la misa de Pentecostés celebrada en la Catedral Metropolitana, el cardenal rezó por los empresarios y aquellos que tienen el poder económico; "para que por medio del don de la piedad puedan perfeccionarse en el ejercicio de caridad y traten a sus subordinados con amor".

El prelado también dedicó sus oraciones a los estudiantes, académicos y científicos, "para que vean las cosas en relación con Dios y sigan dando frutos al país en un nivel internacional".

En la ceremonia religiosa Aguiar Retes invitó a los feligreses a aprovechar la fiesta de Pentecostés para renovar su fe, "hagamos comunión con Dios, cuya naturaleza es el amor y dejemos que nos ayude a superar las tentaciones provocadas por el miedo que nos genera no conocerlo".

Comentó que los miembros de la iglesia también deben reflexionar sobre su fe "porque hay tiempos y situaciones que vive la iglesia donde pareciera que no está presente el espíritu santo para acompañarnos, conducirnos, consolarnos, fortalecernos y ayudarnos a caminar en comunión".

Roberto Velasco, titular de comunicación social de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), aseguró que fue la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien les ofreció botana durante una reunión con funcionarios de EU, luego de que fue criticado en redes sociales por comer cacahuates.

La imagen de Velasco comiendo cacahuates en una servilleta fue criticada por tuiteros, quienes consideraron que esa conducta no es parte del protocolo en una reunión de ese nivel.

Ayer martes, funcionarios mexicanos y estadounidenses se reunieron, en el marco del anuncio del presidente de EU, Donald Trump, de imponer aranceles comerciales a México por cuestiones migratorias.

Entre los funcionarios se encontraba a Velasco, a quien llamaron "#LordCacahuates". Sin embargo, éste consideró "buenas puntadas" los comentarios sobre la botana.

La Sindicatura Procuradora presentará ante cabildo el primer código de ética para los servidores públicos del Ayuntamiento de Tijuana, el cual fue elaborado con el propósito de promover el correcto desempeño del personal que trabaja en el municipio y garantizar un trato digno a los ciudadanos.

De acuerdo a la Sindicatura, a través de este código se logrará el correcto desempeño de los funcionarios, ya que es una guía que fomenta una mejora continua en el servicio público municipal y motiva la práctica de principios y valores que ayudan al crecimiento humano y laboral de los Servidores Públicos. 

De esa manera, y mediante un compromiso de actuación apegado a principios y valores acordes a la Administración Pública Municipal, se podrán aplicar sanciones de acuerdo a lo que determine la autoridad competente a todo aquel servidor público que incumpla con el Código una vez que entre en vigor, por lo que se invita a la ciudadanía a denunciar cualquier trato irregular al solicitar algún servicio en el municipio.

La Dirección de Investigación y Determinación adscrita a esta dependencia dio a conocer que el documento se encuentra en etapa de aprobación, y en su momento, todos los funcionarios de las diferentes áreas deberán cumplir con este Código de Ética, y comportarse con apego a su contenido durante el desempeño del servicio público. 

Las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública demandan de los servidores que desempeñan un empleo, cargo, comisión o función, que se conduzcan con transparencia, honestidad, lealtad, cooperación, austeridad, sin ostentación y con una clara orientación al interés público.

Para finalizar, la dependencia puntualizó que el Artículo 16 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado establece que los Órganos de Control, como lo es la Sindicatura Procuradora, deberán de emitir un Código de Ética conforme a los lineamientos del Sistema Estatal Anticorrupción para que prevalezca una conducta digna, que responda a las necesidades de la sociedad.